Para ese día se convocó a una asamblea general extraordinaria de accionistas en el salón Europa del Centro Comercial El Indio, en Acarigua, estado Portuguesa. El fin era someter a votación, una vez más, una propuesta inusual que permanecía desde hace semanas sobre la mesa: entregar a otra empresa privada casi la mitad de las acciones de Coposa como pago de una deuda que esta última, por su parte, contrajo con una institución pública. 

La propuesta ya había sido sometida a consulta el 24 de septiembre, aunque no era uno de los puntos a discutir en la agenda original de ese día. El tema, coinciden diversos testimonios, surgió de repente.

Entonces, la representación de más de la mitad del capital accionario, que hasta esta fecha desconocía de lo que estaba en marcha, se negó de manera rotunda a aceptar la propuesta por considerar que se trata de una trampa con la que perderían la empresa. El restante grupo de accionistas, que lideraba la anterior junta directiva, con un administrador de nombre Antonio Rodríguez como su presidente, no solo estaba de acuerdo, sino que había participado en el diseño de esta fórmula. 

El acuerdo establece que Coposa, representada por Rodríguez, acepta ceder 45% de sus acciones a una compañía de nombre Envasadora de Alimentos (Evalsa) como pago de una deuda que había contraído en 2013 con el estatal Banco de Comercio Exterior (Bancoex), y que este habría traspasado a Evalsa a través de un mecanismo cuyos detalles no se conocen.

“Nos quieren imponer un socio y por una cantidad de dinero muy poca. Nosotros hemos conseguido otros posibles inversionistas, pero desde la vicepresidencia de la República hay una orden”, dijo a Armando.info una fuente que integra la junta directiva de Coposa, quien, por temor a represalias, pidió no ser identificado. De acuerdo a fuentes internas de la empresa, el monto de la deuda, un poco más de 10 millones de dólares, por la cual se quiere ejecutar la toma de 45% de la compañía, puesta a manera de prenda, no corresponde ni a 5% del valor de sus activos, que un avalúo de septiembre de 2020 fijó en unos 217,39 millones de dólares.

Por falta de quórum, en la cita de diciembre ni siquiera se pudo instalar la reunión. Una gran parte del capital accionario se abstuvo de inscribirse, para así manifestar su desacuerdo con la propuesta. Solo quedó la opción de celebrar, tres horas después de lo pautado, una reunión informativa. Se permitió el paso a una parte de los accionistas que protestaban a las afueras.

En medio de la reunión y de forma repentina, aparecieron los representantes de Evalsa y el consultor jurídico del Ministerio de Alimentación, el abogado Gabriel Pérez, además de Majed Khalil, venezolano de origen libanés que, junto con su hermano Khaled, se encuentran entre los contratistas favoritos del chavismo.

Ni siquiera pudieron sentarse. De manera inmediata, fueron abucheados y pitados por la multitud. Los accionistas de Coposa ratificaron su negativa a aceptar la propuesta: “No queremos esta trampa que nos montaron. No somos chigüires ni somos venados para que los señores del Ministerio nos estén poniendo trampas”, dijo uno de los accionistas durante la asamblea. En medio de los abucheos, registrados en videos por teléfonos celulares, los funcionarios del Ministerio, Evalsa y Khalil se retiraron en fila hacia la salida. 

Accionistas que están en contra de entregar casi la mitad de la empresa a Evalsa han propuesto como alternativa el pago de la deuda a Bancoex o su tenedor final. Consideran que, aumentando la capacidad utilizada a 60%, y con acceso a financiamiento o a una asociación en mejores términos, se podría honrar en no más de dos años. Hoy Coposa no trabaja a más de 20% de su capacidad debido a la falta de materia prima, la escasez de diésel y la crisis del servicio eléctrico.

Evalsa, por su parte, no acepta el pago de la deuda. “Es obligado que le tenemos que vender a Evalsa. No dejan ni que se pague, nos lo dijo el ministro de Alimentación [Carlos Augusto Leal], tenemos que vender a juro”, dijo a Armando.info un exgerente de Coposa que solicitó no ser nombrado.

Por su parte, otra fuente de la directiva que está de acuerdo con la cesión de la deuda, a pesar de lo cual pide mantener su identidad en reserva, asegura que esta es la única forma de honrar el compromiso y que el valor de Coposa no es de 200 millones de dólares -dice que, de ser así, ya se habría podido pagar la deuda-, por lo cual rechaza que todo el movimiento se trate de una toma hostil: No se trata de la venta de la empresa, se trata de una emisión de nuevas acciones, de pagar una deuda y de inyectar capital de trabajo a la misma”. 

Una OPA opaca

La historia comenzó con la solicitud de un crédito hecha por Coposa en 2013 por un monto de 15,68 millones de dólares a Bancoex —institución financiera adscrita al Ministerio de Economía— que tenía como objeto invertir en la ampliación y modernización de la capacidad de procesamiento de semillas de girasol.

Uno de los activos que la empresa adquirió fue una planta completa de descascarado de semilla de girasol, con una capacidad instalada de 600 toneladas métricas al día, por un valor CIF (siglas en inglés de “costo, seguro y flete”) de 5,73 millones de dólares. El otro activo fue una planta de refinación/planta de desencerado, con una capacidad de 300 toneladas métricas diarias, por un valor CIF de 9,95 millones de dólares.

Además de esto, se construyeron tanques para almacenar aceites crudos por el orden de los 14 millones de kilos.

De acuerdo con los accionistas mayoritarios, factores como la prolongada crisis económica, el control de cambio, las asignaciones de cupo para la importación de materia prima y la escasez de combustibles, se conjugaron para hacer prácticamente imposible la amortización final de la deuda, que a mediados de 2019 estaba de plazo vencido y había ascendido a 21,54 millones de dólares, por la suma de intereses convencionales e intereses de mora (netos). 

Luego de reuniones y análisis de escenarios, en enero de 2020 se suscribió un convenio transaccional de pago del contrato de crédito en el que la deuda bajaba a 18,85 millones de dólares. Coposa pagó en esa oportunidad la cantidad de 2,125 millones de dólares. Además, Bancoex dio un plazo de seis años para el pago de la deuda mediante 24 cuotas trimestrales, que empezarían a contarse desde el 1º de febrero de 2020.

Pero sin esperar la fecha establecida para el pago de la primera cuota trimestral, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció, el 24 de abril de 2020, la intervención de Coposa por 180 días prorrogables por “irrespetar los precios acordados y caer en prácticas especulativas”, como parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para retomar el control de precios.

El Ministerio de Alimentación y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ocuparon las instalaciones de Coposa y tomaron el control de la producción, que casi en su totalidad se destinó, desde entonces y durante los siete meses que duró la ocupación, a suplir a las cajas CLAP. Al principal programa social-clientelar del gobierno se despachó mercancía por un valor de 7,86 millones de dólares, según indica un informe preparado por la directiva actual de Coposa. También se suministraron aceites envasados y margarina a Red Venezuela —empresa adscrita al Ministerio de Alimentación—, Mercal y el Instituto Nacional de Nutrición, por un valor equivalente a poco más de 212.000 dólares. De ese monto total de 8,07 millones de dólares, siempre de acuerdo a la directiva actual, ni un céntimo ingresó a las arcas de la empresa. 

En medio de la ocupación gubernamental de Coposa, el 10 de agosto de 2020, el entonces presidente de la junta directiva, Antonio Rodríguez, solicitó al Ministerio de Alimentación que la deuda que tenía la compañía con Bancoex fuera cedida a Evalsa.

Casi un año después, el 25 de agosto de 2021, Bancoex cedió a la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios C.A (Cuspal), ente adscrito al Ministerio de Alimentación, los derechos del crédito que en su oportunidad otorgó a Coposa. Acto seguido, Cuspal suscribió otro contrato de cesión a favor de Evalsa con todas sus garantías.

“Es legítimo que un sujeto de derecho público haga una cesión de deuda, siempre y cuando respete los procedimientos establecidos para ello”, explica a Armando.info la abogada Andrea Rondón, miembro del comité académico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad). Dce que es claro que “por tratarse de un organismo público [Bancoex], debe regirse no solo por los propios términos del contrato de deuda -que pudieran prohibir la cesión, o permitirla siempre y cuando se notifique al deudor bajo determinadas condiciones, por ejemplo-, sino ceñirse además a unos controles previos y posteriores, sobre todo por parte de la Contraloría General de la República, que debe establecer que esa cesión de deuda no signifique una merma del patrimonio público”.

Con la información disponible al momento de hacer este reportaje, no quedaba claro que tales extremos se hayan cumplido. El consultor jurídico del Ministerio de Alimentación, Gabriel Pérez, fue contactado en dos oportunidades para este reportaje, pero no respondió los mensajes enviados.

De acuerdo con una de las accionistas consultadas por Armando.info, quien solicitó el anonimato, la cesión de la deuda se hizo sin el conocimiento de los accionistas. “Hay muchos intereses, estamos luchando contra una mafia muy grande”. Explicó que en los últimos años Coposa “se vino a menos”, entre otros factores, por la competencia de productos traídos de Brasil y de Turquía que comenzaron a llenar los anaqueles. Incluso, asegura la fuente, los accionistas estaban buscando asociarse con otra empresa privada para aumentar el capital, luego de los efectos de la ocupación de Coposa por órdenes del Gobierno. Pero la decisión de asociar a Coposa con Evalsa ya estaba tomada. Pasó a ser un tema de “interés político”, refiere esta accionista.

De nuevo, en la guerra de versiones, otro miembro cercano a aquella junta directiva aseguró que esa decisión “fue tomada y aprobada en la Junta Directiva Anterior, con el fin de evitar la ejecución por parte del estado de la hipoteca sobre el crédito de Bancoex. Y tratar de obtener oxígeno, por así decirlo, ante la grave situación financiera de la empresa y de  la ocupación de la cual éramos objeto en aquel entonces”.

Ese mismo 25 de agosto de 2021, se suscribió un “Acuerdo de Cooperación Mutua” entre el Ministerio de Alimentación, la junta directiva de Coposa, y Evalsa. El documento reconoce el costo de despachos de aceite hechos durante la ocupación a Coposa por un monto de 3,36 millones de dólares, además de otro tanto efectuado a Evalsa, y que estaban pendientes de pago por un valor de 4,55 millones de dólares. Tras esas deducciones, la deuda de Coposa quedó en 10,07 millones de dólares.

Estos descuentos, sin embargo, no se aplicarían en el caso de que Coposa “no cuente con el voto favorable en Asamblea de Accionistas para la aprobación de la propuesta de acuerdo".

El 27 de agosto de 2021, un mes antes de la asamblea donde la mayoría accionaria conoció y rechazó el convenio, Acranan Karouni, director-gerente de Evalsa, envió una carta a la apoderada especial de Antonio Rodríguez, Zulma Beatriz Bello Cabrera, en la que notificó su “cualidad de cesionario de los derechos” de la deuda.

De acuerdo con el petitorio redactado en noviembre de 2021 por Antonio Rodríguez, presidente de la junta hasta septiembre de 2021, y demás representantes, el objetivo de la negociación entre el Ministerio de Alimentación, Coposa y Evalsa fue darle un “alivio financiero a la empresa” ya que “el destino de más de 1.100 personas entre trabajadores y accionistas de Coposa está en juego”.

El documento insiste en que la asociación con Evalsa permitiría a Coposa participar en el mercado público a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa de distribución de alimentos subsidiados, lo que consideran “vital”.

Según el documento, en el momento en que se contrajo la deuda, Coposa facturaba en un mes el equivalente al monto total de la deuda, entonces pagadera en seis años. Ahora la empresa facturaba 15% de lo que había ingresado, y la siembra de girasol era casi nula, cuando en el año en que se instaló la planta la cosecha de girasol fue casi de 60.000 toneladas métricas.

Vivos útiles

Detrás de la artimaña jurídica para hacerse de la mitad de una empresa privada aparecen unos viejos contratistas del chavismo, hoy parte de la constelación de empresarios que ha crecido a la sombra de la autodenominada Revolución Bolivariana: los hermanos Majed y Khaled Khalil, cuya cercanía con el gobierno les ha llevado incluso a actuar como agentes para evadir las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra el régimen de Maduro.

La más reciente expansión de su red de negocios —tienen presencia en los sectores informático, construcción, turismo, energético y alimentación— se había cristalizado a través de maniobras que le otorgaban activos que la administración Maduro, sobre todo a través del ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, decidía reprivatizar y poner en manos de allegados. Un ejemplo de ello fue la toma de control sobre Lácteos Los Andes en 2020. Pero el take over de Coposa les ha reservado un rol distinto. 

De acuerdo con fuentes del sector de alimentos consultadas para este reportaje, los hermanos Khalil son el músculo financiero detrás de Evalsa, empresa del estado Portuguesa que en los papeles aparece dirigida por Kontar Acranan Karcuni y Raad Karouni El Kontar, como gerente y director principal, respectivamente, al menos hasta 2020. Ese año, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC),  hicieron negocios con el Ministerio de Alimentación a través de un contrato con Cuspal para la producción, procesamiento y distribución de todo tipo de alimentos destinados al consumo humano.

Evalsa, que nació en los tiempos de Hugo Chávez, en 2008, ha participado en la producción y distribución de las bolsas de alimentos subsidiados del programa gubernamental CLAP en el estado Portuguesa, de donde el ministro Castro Soteldo, excomandante de la Aviación Militar, es oriundo y donde sirvió por ocho años como gobernador. Kontar Acranan Karcuni y Raad Karouni El Kontar son vistos como "fieles hombres de la revolución chavista y madurista" que, como muchos de ellos, gustan anclar sus inversiones en el estado de Florida, Estados Unidos.

Karouni aparece como presidente de una empresa registrada en Miami en 2012, llamada Envasadora de Alimentos S.A., homónima de la compañía venezolana que está presionando junto con el Gobierno para hacerse de casi con la mitad de Coposa. El domicilio es un conjunto residencial privado de mansiones lujosas, donde se han constituido al menos otras diez empresas (The World of Spices, Corp., Trenyba International LLC, Sorobello International, Corp., Touram Spices, Corp., House of Spices and Chiles Corp., Yaly Corp., Santa Ramzie Corp., Romanelli, Corp., Olimpic International, Corp. y Kukitos, Corp), de acuerdo con el registro mercantil del estado de Florida en Estados Unidos. En todas las compañías aparecen miembros de la familia Yarbouh, a la que pertenece Nedal Yarbout, uno de los que han sido socios de la Envasadora de Alimentos venezolana, y un Cabello de Monagas (Sorocaima José Ascanio Cabello), quien además de ser presidente al menos hasta 2010 de cuatro empresas en Panamá, es un presunto primo de Diosdado Cabello, como ha señalado el abogado y político panameño Guillermo Cochez. 

 Ahora por las malas

Tras el naufragio de la asamblea del 14 de diciembre, los accionistas mayoritarios de Coposa no recibieron una réplica por parte del gobierno sino hasta el día 16 y en forma de una inspección. En horas de la noche de la misma jornada, representantes oficiales tomaron la planta y prohibieron la entrada a siete directivos, incluyendo al presidente de la junta actual, Alejandro Quijada. Lució como un mensaje inequívoco de que la hora de las negociaciones estaba por terminar.

Ese mismo día, el Superintendente Nacional de Gestión Agroalimentaria, Menry Rafael Fernández Pereira, ordenó aplicar una medida preventiva de ocupación temporal  de Coposa por 180 días y designó como miembros de la junta administradora encargada a dos funcionarios del Ministerio de Alimentación, uno de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) y otro de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal). 

Se trata de una medida que los trabajadores de Coposa -582, ya no los 1.100 que Antonio Rodríguez decía proteger con su propuesta de alianza con Evalsa- rechazan por ser, en la práctica, un cierre técnico. Representantes del sindicato Unstracoposa y de los consejos productivos de trabajadores (CTP) de la empresa, en contacto con Armando.info, manifestaron estar preocupados por la eventual entrega del 45% de las acciones de Coposa a Evalsa. Temen correr con la misma suerte de los trabajadores de Lácteos Los Andes y de la envasadora de productos del mar, Eveba, ambas pertenecientes a los hermanos Khalil. Recuerdan que, en ambos casos, luego del cambio de dueños, extinguieron los contratos colectivos y los sindicatos, violentando derechos laborales. Por esos antecedentes piden resguardar su identidad. 

El take over de Coposa está en desarrollo mientras 585 trabajadores viven la incertidumbre de cómo será, laboralmente para ellos, este 2022, los accionistas de la empresa tienen prohibida la entrada a las instalaciones y otras compañías privadas ven los toros desde la barrera. 

“Rescatar” es el eufemismo con el que la autodenominada Revolución Bolivariana llama a la toma de predios sin reconocimiento de la propiedad privada y sin pagar la indemnización obligatoria en una expropiación ya que, luego de la reforma de la Ley de Tierras de 2005, todas las tierras de Venezuela se consideran públicas hasta que los propietarios obtengan el Registro Agrario Simple tras presentar la cadena titulativa completa.

El entonces presidente del organismo, Luis Fernando Soteldo, ordenó rescatar las 286 hectáreas del Rancho Moderno para entregárselas a unas personas que se decían campesinos y que habían ocupado y reclamado el predio. En el ínterin, saquearon las instalaciones y afectaron la producción de la finca. Es el mismo modus operandi que, según la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), ha ocurrido en al menos otros 500 predios.

La orden de Soteldo desconocía el Título de Adjudicación de Tierras y la Carta de Registro Agrario emitidas por el mismo INTI en 2012, documentos que certifican no sólo la propiedad, sino también la producción del predio.

Pero aún antes de la orden y de su notificación a los propietarios -quienes, a la postre, no pudieron ejercer su defensa por la paralización de los tribunales, apenas días después del anuncio y por siete meses, durante la cuarentena de la Covid-19-, desde el INTI trazaban planes para tomar y seccionar Rancho Moderno. De ello hay constancia en un documento, fechado el 28 de enero de 2020, donde Soteldo había dividido la finca en 148 partes y aprobado de antemano los respectivos títulos de adjudicación de tierras. El documento lleva la firma del abogado Luis Alfredo Rivero González, consultor jurídico del INTI durante la gestión de Soteldo.

En abril de 2020, Luis Soteldo entregó el timón del organismo a otro Luis: Luis Alfonzo Mendoza Jáuregui, quien en el equipo de Soteldo había figurado como Gerente de Registro Agrario. Su gestión fue de continuidad con respecto a la de su predecesor. En diciembre de 2020, Mendoza entregó los títulos individuales sobre las tierras de Rancho Moderno. Uno de ellos fue otorgado a una mujer de nombre Nereida Hortencia Ángel Berrios, pareja del ingeniero Alex Omar Moreno Rondón, entonces coordinador de la Oficina Regional de Tierras (ORT) de Barinas, a quien adjudicaron una superficie de un poco más de cinco hectáreas.

El actual presidente del INTI, David José Hernández Giménez, quien en febrero de 2021 sustituyó a Mendoza, no ha revertido el destino de Rancho Moderno, a pesar de que en abril de este año prometió a los propietarios y al equipo legal que lo haría. Dejó de responder las comunicaciones hechas a través del coordinador de la ORT Barinas, Carlos Márquez. Un silencio total que mantiene la actual directiva del ente en relación con los rescates previos a la actual gestión. Hernández apenas se manifiesta por Twitter, y solo para responder a mensajes de personas que piden tierras.

Mientras, los dueños de Rancho Moderno apenas mantienen el control sobre ocho hectáreas, menos de 3% de lo que era su propiedad original: 286 hectáreas que en los hechos se sumaron a las 3,7 millones que el INTI asegura haber entregado entre 2016 y agosto de 2020.

En otras palabras, en ese periodo de cuatro años se intervinieron 41% del total de tierras entregadas desde 2001, cuando el entonces presidente Hugo Chávez declaró la “guerra contra el latifundio”. Las nueve millones de hectáreas repartidas en las últimas dos décadas equivalen, en palabras del ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, a casi la mitad de las tierras aptas para la actividad agropecuaria en la región de Los Llanos. 

En suma: en el último quinquenio se recrudeció la política oficial de toma de tierras. Y esa política adquirió tonalidades de una verdadera razzia durante la gestión de Luis Soteldo, con carácter de viceministro, en el INTI.

“Las intervenciones nunca se han detenido, pero recrudecieron de manera delincuencial a partir de la llegada de Luis Soteldo al INTI”, aseguró una fuente del estado Yaracuy, en el centro occidente del país. “Yo tengo una vida relacionada con el INTI. Yo viví lo que fue Juan Carlos Loyo y la era de Elías Jaua [antiguos encargados chavistas del área, distinguidos por su fundamentalismo], y puedo decir que no ha habido un periodo de más malandraje en el INTI como el de Luis Soteldo y Luis Mendoza”, sentencia el declarante, quien sufrió en carne propia ese expolio y pide mantenerse en el anonimato.

Armando.info trató de comunicarse por vía telefónica con Luis Soteldo pero no respondió las llamadas. Mendoza, por su parte, respondió a la llamada y pidió que se le enviara por correo electrónico las preguntas, pero luego no emitió respuesta alguna. Castro Soteldo tampoco contestó las llamadas telefónicas.

Resulta llamativo, pero la intensificación de esa política de tierra conquistada parece representar lo opuesto de la política de reprivatización de activos estatizados por el régimen, que bajo la admonición de una supuesta “burguesía revolucionaria” -al parecer, constituida por sus más allegados- adelanta desde su despacho el ministro Castro Soteldo, ex comandante de la Aviación y uno de los oficiales del grupo golpista original de Chávez en 1992. Castro Soteldo, además, es tío de Luis Soteldo; es decir que, en medio del paroxismo expropiador del sobrino, el viceministro, este reportaba a su tío, el ministro.

Armando.info cubrió las historias de 17 fundos privados ubicados en los estados Barinas, Zulia, Mérida y Lara, afectados desde el inicio de la administración de Luis Soteldo al frente del INTI, en octubre de 2017.

En casi todos se comprueba una realidad que el propio ministro Castro Soteldo ha reconocido en público: la mitad de las áreas rescatadas permanecen improductivas. Pero se agrega un aspecto particular de esa gestión: de los 17 casos, 14 fueron resultados de la intervención oficial, con órdenes de rescate firmadas en Caracas, sobre predios que estaban productivos para el momento.

El loto de las tierras

En estos días, como si de los resultados de la lotería se tratara, el INTI publica frecuentemente en Instagram los números de cédulas de identidad de quienes han sido beneficiados con una adjudicación de tierras, culminación de un proceso que comienza en las oficinas de esa institución en Caracas.

Así lo explicó a Armando.info una exfuncionaria del INTI del periodo de Soteldo, que también solicitó mantener su nombre en reserva: entonces el instituto enviaba desde Caracas comisiones de técnicos a inspeccionar fincas que habían sido invadidas, saqueadas y denunciadas como tierras ociosas, a pesar de que las oficinas regionales del INTI habían realizado informes que a menudo constataban la producción de los predios. “Nosotros enviábamos todos los informes como eran, pero si Caracas tomaba una decisión, ya era Caracas, no era regional”.

“Hubo muchas tierras que supuestos campesinos invadieron y dejaron improductivas. El INTI desde Caracas mandaba comisiones y comisiones y comisiones que no reconocían las invasiones ni las acciones de los supuestos campesinos dentro de las fincas. No sé con qué fin, pero primero prevalece el campesino, no importa qué tan productiva sea la finca. Incluso tomaron una decisión de rescatar una finca que estaba en producción. Fue a nivel de Caracas, no fue a nivel regional la decisión de ese rescate", agregó la fuente.

En otros tres fundos afectados de los 17 estudiados ni siquiera hubo procedimiento administrativo previo de rescate. De una vez, el INTI autorizó a los ocupantes el uso de las tierras invadidas, como sucedió en la Agropecuaria La Central, en Quebrada Arriba, municipio Torres del estado Lara, ocupada en julio de 2020. Un año después, el instituto autorizó a los invasores a que usaran las 62 hectáreas tomadas por vía de hecho de las 512 hectáreas que tiene la unidad, donde se producían 1.200 litros de leche al día y animales para el engorde.

En otras diez de las 17 fincas documentadas por Armando.info afirman haber sido extorsionados: siete por funcionarios del INTI, dos por invasores y uno por un oficial de la Guardia Nacional y una funcionaria del sistema judicial agrario. En tres de estos predios (uno en Zulia y dos en Barinas) coinciden en que fueron contactados por personas que se identificaron como funcionarios del INTI y que se presentaron como enviados de Luis Soteldo y Luis Mendoza.

Armando.info se comunicó con el actual presidente del INTI para consultarle sobre estas y otras denuncias, y aunque se recibió respuesta al saludo por WhatsApp, no contestó a las cuatro solicitudes de entrevista que se le hicieron y bloqueó al periodista.

Porque así se decidió

Los testimonios de los productores muestran un patrón que se repite en los estados llaneros del occidente de Venezuela, donde se ubican las tierras más valiosas y donde se concentran la agroindustria y 70% del rebaño nacional. Explican que sus unidades son invadidas y saqueadas hasta dejarlas con un aspecto de improductividad por parte de grupos de supuestos campesinos que, al mismo tiempo, denuncian las tierras como ociosas.

Enseguida, el INTI envía técnicos para realizar una inspección que deriva luego en una serie de atropellos. Los propietarios no reciben los informes de las inspecciones y desconocen los resultados de los estudios hasta que llega la orden de rescate firmada por el presidente de la institución. También se encuentran con que los daños patrimoniales ocasionados por los destrozos no fueron reflejados en los informes. Además, los datos que aparecen en la notificación para justificar el rescate son incorrectos e imprecisos, no solo los de la producción, incluso la información básica de las fincas. 

Así le sucedió a Rogelio Enrique Arteaga Parra, propietario de Buena Esperanza, en el estado Zulia. De acuerdo a la notificación de rescate, la finca se ubicaba en el sector km 27, parroquia Moralito, municipio Colón; en realidad, se sitúa en el sector Chimomó, zona San Francisco del Pino, parroquia Monseñor Arturo Celestino Álvarez, municipio Sucre. Además, señalaba que el 5 de mayo de 2018 los ingenieros Sonia Muñoz y Wilmer Contreras y el gerente de técnica agraria, Hugo Díaz, enviados por Soteldo desde Caracas, habían realizado una inspección técnica en la que se conversó con el "representante" Mario José Leal Reyes y el “encargado” Ángel Avendaño, a quienes el propietario de la finca asegura desconocer.

Los “Luises” —Soteldo y Mendoza— ignoraron cadenas titulativas presentadas por los dueños de las fincas, se llevaron por delante disposiciones del mismo INTI que constataban la producción y el aporte al abastecimiento nacional de las fincas, y violaron sentencias judiciales tomadas por tribunales agrarios a favor de los predios.

Cinco días antes de que Soteldo firmara la orden de inicio de rescate del fundo Buena Esperanza, el 17 de mayo de 2018, el Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial de Zulia había dictaminado que la unidad, de 993 hectáreas, se encontraba “alineada a los parámetros exigibles por el Estado” con una producción anual de 3.113,75 kilos de carne, 9,36 hectáreas de superficie dedicadas plátano, 3,64 hectáreas de yuca y 1,57 hectáreas de ocumo “para el consumo de los venezolanos”.

El tribunal también denunció la invasión “por parte de terceros” que cometieron “robo y sacrificio de ganado vacuno y hurto de diferentes bienes muebles de la propiedad”. Por esta razón, otorgó una medida de protección de la actividad agropecuaria por una vigencia de dos años, hasta 2021, y ordenó notificar la decisión a la Oficina Regional de Tierras del municipio Maracaibo y a la Presidencia del INTI en Caracas. 

Pero nada de eso fue acatado por Soteldo. Ordenó la intervención de la tierra alegando que tenía “una improductividad de 70% de la superficie total” y, en agosto de 2018, fue personalmente al fundo a entregar la orden de rescate, cuenta el propietario. Soteldo entregó títulos sobre 625 hectáreas de la finca, también redactados y firmados por el abogado Luis Rivero.

En sus redes sociales publicó una foto del acto de entrega de documentos.

A finales de 2021 a Arteaga, el dueño de la finca Buena Esperanza, solo le quedaron 288 hectáreas, 29% del total del predio. La producción de leche y carne se perdió.

Como funcionario y a pesar de lo dispuesto por la ley, Luis Soteldo nunca ha sido sometido al control del Ministerio de Agricultura y Tierras. En enero de 2018, tres meses después de haber sido designado presidente del INTI, Castro Soteldo lo nombró viceministro de Tierras, cargo al que, según el organigrama del Ministerio, le compete la contraloría del Instituto de Tierras.

La designación contravino el artículo 35 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, que establece que los funcionarios no pueden desempeñar más de un cargo público remunerado. Pero no era la primera vez que Soteldo se saltaba las leyes venezolanas, pues al ser nombrado presidente del INTI, en octubre de 2017, también violó el artículo 197 de la Constitución que establece que ningún parlamentario puede ejercer un cargo público. Había ganado un curul en las listas oficialistas para las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.

Apenas después de haber sido designado presidente del INTI, Luis Soteldo formó el equipo que se encargó de abrir procedimientos de rescates de tierras a predios productivos con Alexis José Fernández Romero, gerente de la oficina secretaría de la presidencia; Luis Mendoza, gerente de registro agrario nacional y sucesor de Soteldo; y Luis Alfredo Rivero González, consultor jurídico y redactor y firmante de títulos de adjudicación de tierras a presuntos campesinos y familiares de funcionarios.

La mandamás de Barinas

La corrupción que existe dentro del INTI es tanto en Caracas como en todo el país a través de las oficinas regionales de tierras, afirma Danny González, presidente del Frente Nacional Campesino Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y de acuerdo con los testimonios de productores agropecuarios, dirigentes del sector ganadero y abogados consultados para este reportaje, en Barinas la extorsión tiene nombre y apellido: Lesbia Margarita Solórzano García, ya vista como el terror del llano. Su oficio es la invasión de tierras privadas productivas y se la ha visto operar desde el asiento del coordinador de la ORT Barinas, como si fuera la jefa.

Armando.info intentó comunicarse con Solórzano pero no respondió a las llamadas telefónicas hechas durante tres días continuos.

Solórzano ha sido señalada no solo de invadir fincas privadas que están productivas, sino también de promover los saqueos de los predios y hasta de amenazar con muerte a los propietarios de las unidades de producción. En medio de los señalamientos, la líder de los invasores participaba en actividades organizadas por el gobierno donde conversaba con Maduro, quien insistía en garantizar protección a ella y al “movimiento campesino”. “Vamos a darle duro, Lesbia”, le expresó el mandatario a Solórzano en agosto de 2020.

Sin embargo, Solórzano no cuenta con todo el respaldo revolucionario. En un encuentro con productores de Barinas realizado en octubre de 2021, la diputada Iris Valera, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional instalada en enero de ese año, indicó que al menos 12 personas están “sufriendo por una viva que, de paso, se está amparando en una de las mafiosas que aquí ha salido a relucir, una gestora del INTI”, refiriéndose a Lesbia Solórzano, a quien “claman que se le pongan los ganchos”.

De mal en peor

La notoriedad de Solórzano se incrementó durante el año 2020. Para entonces, Luis Soteldo había dejado el INTI para pasar a la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), y en su lugar entró Luis Mendoza, en abril del año pasado. En su gestión se repitió, y hasta se intensificó, el libreto de los tiempos de su antecesor.

Estas acciones no pasaron tampoco por un proceso independiente de contraloría por parte del Ministerio de Agricultura y Tierras. Mendoza contaba con el apoyo del aún viceministro del MAT, Faiez Kassen Castillo, quien, según las fuentes, tenía una excelente relación con todos los grupos “campesinos”. “Él es el paladín, representante, padrino, referente y protector de todos ellos”, afirma la fuente del sector ganadero de Yaracuy, que pidió no ser identificada.

Mendoza se estrenó en el cargo en su primera reunión de trabajo, según lo reseñado en una nota de prensa del INTI, aprobando un plan de acción en contingencia para garantizar la ejecución de los procedimientos pendientes de adjudicación de predios. Dijo que “regularizaría” 399.414 hectáreas y que entregaría 6.621 títulos de adjudicación que reposan en las sedes regionales sobre una superficie de otras 205.000 hectáreas. También anunció que otorgaría 11.579 instrumentos agrarios de manera progresiva y en tres fases: en abril en los estados Miranda, Anzoátegui, Monagas, Sucre y Bolívar; en mayo en Apure, Guárico, Aragua, Carabobo, Yaracuy y Trujillo; y en junio en Cojedes, Portuguesa, Barinas, Mérida y Zulia.

“El INTI es la casa del campesino”, dijo Mendoza.

A juicio de Danny González, presidente del Frente Nacional Campesino Luis Beltrán Prieto Figueroa, el INTI tiene la particularidad de que un gerente o un presidente es peor que el otro. “De las últimas dos gestiones, la más nefasta fue la de Luis Mendoza. Fue él quien nos dejó más perplejos. Incluso faltando menos de 15 días para abandonar el cargo, se dio a la tarea de firmar una serie de rescates que carecían de todos los lapsos del procedimiento administrativo y de pasos como la inspección técnica”.

La Agropecuaria San Roque, al Sur del Lago de Maracaibo, es un claro ejemplo de la irregularidad referida por González.

En mayo de 2018, Luis Soteldo había aprobado una orden de inicio de rescate sobre las 56 hectáreas ocupadas de las 176 hectáreas que tiene el predio en total. Los propietarios se movieron con sus abogados para constatar que la finca estaba productiva y lograron que, en enero de 2020, Soteldo declarara improcedente el rescate y otorgara un certificado de finca mejorable. Asimismo, ordenó a la ORT del Sur del Lago que desocupara a los que “ocupan de manera ilegal el referido predio”.

Pero, para sorpresa de los dueños de San Roque, nueve meses después, el 24 de octubre de 2020, en medio de la pandemia, Luis Mendoza visitó el predio y, en lugar de dirigirse hacia los propietarios, cruzó la finca a través del camino hecho por los invasores y llegó al fondo donde se encontraban las 56 hectáreas ocupadas ilegalmente. Al llegar, les anunció a los ocupantes que les otorgaría a todos títulos agrarios sobre esas tierras. Un año después, en octubre de 2021, las 56 hectáreas siguen invadidas.

Los propietarios de las fincas no han podido recuperar los lotes de terrenos invadidos e intervenidos por el INTI. Aún en 2021, ya con David Hernández frente al INTI, siguen siendo víctimas de invasiones de otras porciones de tierras, como le sucedió a la Finca San Francisco y Altagracia en el municipio Torres del estado Lara.

“El INTI hace lo que le da la gana. Ha hecho informes, ha visitado la finca sin notificar a la dueña y autorizó a los invasores a permanecer dentro de las tierras. Dicen que supuestamente tienen carta agraria y adjudicación de tierras. Están violando el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso. Todo esto lo sabe el presidente del INTI. Tenemos un año sin poder entrar a la finca, los campesinos no han sembrado absolutamente nada y robaron el trapiche”, denuncia el abogado Óscar Leonardo, que lleva el caso del predio ubicado en Lara.

Las redes sociales del INTI y del mismo presidente actual del organismo demuestran que el ente no ha parado su política de intervención de tierras. A diario publican en Twitter y en Facebook información sobre rescates de tierras y entregas de títulos sin especificar a quienes les pertenecían esos terrenos.

Enmendar el capote

Informes elaborados por ex coordinadores de las oficinas regionales del INTI dan testimonio de que intervinieron tierras que eran productivas y que luego de los rescates y reparticiones no cumplieron con el objetivo principal de la Ley de Tierras: incrementar la productividad.

En un informe elaborado en 2018, el entonces coordinador de la ORT Sur del Lago, José González, reconoce que, seis fincas intervenidas en esas zona, así como dos del norte de Zulia y una de Mérida, no alcanzaron “niveles de producción que nos permitan mostrar como bandera política los objetivos de tales procedimientos” y que, por el contrario, “hemos cometido con algunas de esas actuaciones una acción perjudicial al aparato productivo”.

González propone en el papel lo que denominó “rescate sobre rescate”, que consistía en revisar “predios rescatados en mano de empresas del Estado que no han alcanzado su objetivo” para ubicar a los supuestos campesinos que exigen la intervención de las fincas privadas.

Las fincas son: El Carmen en Mérida, La Esperanza y Las Acacias en el norte de Zulia, y San Roque, La Victoria, Santa María, El Consuelo, Santa Rosa y Buena Esperanza en el Sur del Lago. De acuerdo con el excoordinador de tierras, todas estas unidades cuentan con al menos dos informes de inspección por denuncias de tierras ociosas, cuyos resultados “siempre han arrojado indicadores superiores o iguales a fincas mejorables”.

Luis Morales, presidente de la Asociación de Ganaderos del Sur del Lago (Agasur), sostiene que el Sur del Lago ha sido muy vulnerable a las invasiones hechas por supuestos campesinos que en, realidad, son negociadores de tierras, en complicidad con funcionarios de la ORT del Sur del Lago. “La gestión de Luis Soteldo fue bastante dura, en ese periodo cayó la producción. Ahora hay zafras que ya no son de seis meses sino de un mes. En la parroquia Monseñor Álvarez, del municipio Sucre, nos quitaron cuatro fincas, entre ellas la mía, durante el mandato de Luis Soteldo”.

El 28 de diciembre de 2018, una vocera de los campesinos del llamado Eje Panamericano, de nombre Yeisy Erazo, beneficiaria de los procesos de parcelación y repartición de tierras, grabó un mensaje en video para Nicolás Maduro en el que denunció que hay funcionarios dentro del INTI que vieron los rescates como negocios y que se dedicaron a acabar con fundos productivos como Buena Esperanza. Erazo mencionó a Eduardo Chourio, excoordinador de tierras en Mérida, y al gerente de técnica agraria del INTI, Hugo Díaz, mano derecha de Luis Soteldo y quien había liderado la inspección de Buena Esperanza en mayo de 2018.

“Sí, estamos a favor de los rescates, pero al mismo tiempo estamos a favor de la producción que está dentro de estos fundos. Por eso aplicamos las tres R: revisión, reimpulso y rectificación. Si tenemos que ubicar a nuestros compañeros y camaradas que están en busca de un puñado de tierras para aportar un granito de arena a la producción nacional, revisemos los fundos y busquémosles un espacio para que siembren y produzcan, pero no acabemos con fundos propios como este (Buena Esperanza)”, expresó Erazo.

Erazo indicó que Chourio y Díaz mintieron al afirmar en un rescate de tierras que supuestamente la finca tenía apenas 72 reses, cuando “vemos que en este predio hay aproximadamente 1.800 cabezas de reses”.

Jesús Eduardo Chourio Vielma, entonces empleado de la Corporación Socialista del Cacao Venezolano y militante en la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv), fue designado en abril de 2018 por Luis Soteldo como coordinador de la ORT de Mérida.

Con Chourio en la oficina merideña, Soteldo intervino 11 predios que habían sido ocupados en los últimos meses de gestión de su predecesor, José Rafael Ávila Bello, en cinco municipios del estado andino: Obispo Ramos de Lora, Alberto Adriani, Julio César Salas, Caracciolo Parra Olmedo y Tulio Febres Cordero.

En agosto de 2017, dos meses antes de que Soteldo entrara al INTI, el entonces coordinador de la ORT Mérida, José Gregorio Rodríguez, denunció en un informe enviado a Caracas que las fincas El Zapotal, Santa Rita, Los Gavilanes, Buena Esperanza, El Carmen, Fundo Zamorano Andrés Bello, Cristo y El Trébol, Río Abajo, Palmira, Las Delicias y La Chavela, habían sido ocupadas de manera ilegal y que estas invasiones no solo tenían “un patrón de organización y dirección, sino que además están acompañadas de la venta de lotes de tierras (de una a dos hectáreas)” y la “permanente solicitud de dinero so pretexto de gestionar ante los entes gubernamentales la regularización respectiva de la tierra”.

Soteldo también firmó los títulos de garantía de permanencia —documento especial que garantiza la posesión de la tierra ocupada e impide que sean perturbados o desalojados— y Carta de Registro Agrario a los invasores de El Amparo, una finca en Mérida que había sido rescatada durante la gestión de José Ávila como presidente del INTI, quien después pasó a formar parte del equipo de gobierno del gobernador Rafael Lacava en Carabobo, como presidente de Alimentos Carabobo (Alimca) y luego fue nombrado Secretario de Seguridad Ciudadana del estado Carabobo.

Por órdenes de Luis Soteldo, Chourio fue a la finca El Carmen para notificar el rescate de tierras, medida que desconocía el informe elaborado previamente por el anterior coordinador de la ORT Mérida y desacataba una medida de protección ambiental y de producción agropecuaria emitida por el Tribunal Superior Agrario.

El Carmen, de 966 hectáreas y ubicada en el municipio Obispo Ramos de Lora de Mérida, tenía 2.500 reses y arrimaba 1.000 reses al año a los mataderos del estado. Según el informe del excoordinador de la ORT Mérida, la ocupación había sido liderada por la actual diputada oficialista a la Asamblea Nacional (AN), electa en diciembre de 2020, Yanetzy Josefina Urbina Martínez, también miembro del Frente Campesino Resistencia Unidad Bolívar y Zamora. Desde 2017 los propietarios no han podido recuperar sus tierras.

El INTI no ha publicado balances sobre el destino de los rescates de las nueve millones de hectáreas, otro ejemplo de la opacidad que caracteriza al Estado venezolano. Pero la realidad del campo muestra de forma clara el fracaso de estas acciones sistemáticas. Según la ONG Ciudadanía en Acción, solo 18% de los alimentos que se consumen en el país los aporta el agro venezolano, el resto es importado, tanto materia prima para la agroindustria como productos terminados. Al final lo que realmente consiguió la Revolución fue la soberanía portuaria.