En esa provincia de los llanos occidentales las desapariciones de jóvenes sin aparente motivo se incrementaron en 2009. En aquel año se supo del rapto de dos infantes. El del pequeño Ben Jing Shoung Cano, de tres años de edad, hijo del conocido comerciante de origen chino Leo Shoung –rescatado sano y salvo luego de permanecer varios días en poder de un grupo de bandoleros colombianos y venezolanos– fue quizá el más relevante porque provocó una protesta de 24 horas, que incluyó el cierre de comercios regentados por chinos y árabes, que suelen darle la espalda a esta clase de manifestaciones cuando son convocadas por partidos políticos.

Fue un hito en la historia reciente de la región. Docenas de personas se apostaron con pancartas en la conocida redoma de Cada, el viejo supermercado ya desaparecido, para exigir la liberación de los menores. De pronto la comunidad caía en cuenta de lo que venía pasando. Muchos jóvenes desaparecían y nunca más se volvía a saber de ellos. Semana tras semana se conocía de uno y otro caso. Llegaban noticias de jóvenes muertos. El mismo patrón.

La noticia, de tan recurrente, dejó de tener impacto para algunos, pero no para Oscar Pineda, un jubilado que entonces tenía 60 años de edad. Con el paso de los meses Pineda se pondría al frente de una ONG llamada Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos. Olía algo en el ambiente. Algunos llegarían a tildarlo de loco cuando lo veían con su maletín color marrón lleno de recortes de periódicos y la lista de cada desaparición reseñada en los medios de comunicación de la región.

Pineda encontró que las varias desapariciones no solo podían atribuirse a la acción de los mafiosos sindicatos de la construcción, o a individuos que actuaban al margen de la ley aprovechando sus vínculos con el gobierno local. Muchos de esos desaparecidos terminaban en las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que entonces encontraban en el aliviadero de Venezuela la tranquilidad que no tenían en su país. Con la ayuda de Estados Unidos el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) inició una guerra sin cuartel contra la guerrilla que diezmó sus efectivos y redujo su área de influencia.

Pineda, siempre con su maletín marrón, incluso quiso plantearle en 2015 el caso de los desaparecidos en Barinas a la exsenadora colombiana Piedad Córdova. El 23 de marzo de ese año la líder Movimiento Poder Ciudadano Siglo XXI, la del eterno turbante, conocida por su estrecha amistad con Hugo Chávez, estaba en el mismo avión que esa tarde abordaría Pineda.

Allí estaba ella rodeada de miradas camino a su asiento. Pineda la reconoció al instante. Tratar de acercarse a Piedad Córdova parecía fácil hasta que se atravesaron unos escoltas. “Usted qué desea”, le preguntaron. “Yo quiero hablar con la Senadora de los casos de secuestros en Barinas”. Al escucharlo Córdova le dijo: “en Caracas hablamos”. Nunca lo recibió.

Una foto. ¡La foto!

Quizás Pineda le habría mostrado la foto que circuló en el diario De Frente (de tendencia pro gobierno y hoy fuera de circulación), en Barinas. Quiso el destino que una información sobre las FARC fuese ilustrada con una imagen del archivo de agencia AFP, y que la jefa de redacción de aquel entonces escogiera la fotografía. Allí estaba el hijo perdido de una humilde mujer.

Wilfredo Valero Díaz fue raptado el 06 de abril de 2009 a sus 19 años. Fue un día lunes, a las 12:36 pm, cuando el joven se encontraba en una peluquería cercana a su hogar. Cuatro sujetos armados descendieron de una camioneta para llevárselo a la fuerza. Nadie pudo hacer nada.

“Vimos la foto que estaba en el periódico y aparecía mi hijo con traje militar. Me dirigí al Comando de la Policía y hablé con el comandante Cacioppo, con el gobernador Adán Chávez, con el alcalde Abundio Sánchez, le entregué una carta al presidente Chávez en sus manos y hasta la fecha nunca tuve respuesta de mi hijo”, recuerda Zaida.

Esta mujer recibió la llamada de un desconocido manifestándole que no perdiera las esperanzas de ver a su hijo. Recuerda que llegó a pagar por el rescate unos 40 millones de bolívares (Bs. 40.000 después del cambio del cono monetario).

Aunque han pasado siete años la tristeza sigue igual. El relato de su drama es conmovedor. A pocos meses de la desaparición de su hijo, la depresión la atacó hasta el punto de perder por completo su cabello, soportar la descamación de la piel y no poder dormir. “Fueron dos años sin poder trabajar, mientras no lo vea muerto está vivo para mí”.

El ansiado acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC también es un alivio en muchas familias venezolanas. “Le hago un llamado al presidente Santos para que por favor haya paz, para que nos entreguen a nuestros familiares. En ese año 2009 no sólo fue mi hijo. Muchas otras madres también vivieron el dolor de su desaparición. Y al presidente Maduro que también nos ayude, aquí hubo muchos desaparecidos y de ninguno tenemos respuesta”.

Al día siguiente de aquella famosa foto, varios programas de radio hicieron mención de esta novedad, de esta noticia que removió las entrañas de una ciudad. Oscar Pineda se acercó a la emisora de mayor alcance para aquel momento en el Estado, Radio Sensacional 94.7 FM (la Comisión Nacional de Telecomunicaciones la suspendería en agosto de 2014) y ofreció detalles de lo que estaba ocurriendo en Barinas.

Pero no sólo fue Wilfredo Valero. Muchos casos comenzaron a ser reportados, la lista crecía todas las semanas y también las sospechas de que algunos desaparecidos podían estar en poder de la guerrilla colombiana.

Unos zapatos como prueba de vida Alfonso Alejandro Briceño Piña fue secuestrado el 29 de enero de 2010. Tenía entonces 20 años y estudiaba tercer semestre de Administración Tributaria. Es el hijo mayor de Rosa Gisela Piña. A ella le ha tocado sobrellevar la viudez en ausencia de Alfonso, su columna de apoyo.

“Nos dijeron que buscáramos nosotros, que llamáramos a los del taller para que declararan, pero no hemos sabido nada”, recordó. A Alfonso se lo llevaron de un taller de latonería y pintura muy cercano al Aeropuerto de Barinas. Estando en el lugar cuatro hombres lo amenazaron con pistola delante del dueño del local. Esa tarde coincidió en el negocio con un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Civiles, Penales y Criminalísticas (CICPC) a quien le reparaban el carro.

Alfonso, muy dado a hacer alardes de su pequeña “chimonera”, predio donde se prepara el chimo, producto a base de tabaco, de consumo muy común en los estados andinos y llaneros) no parecía ser una víctima propicia para que lo raptaran. “Quizá pensaron que teníamos plata”, especula Rosa.

Después de tres días comenzaron a recibir llamadas a diario. Le describían cómo estaba vestida, le dejaron los zapatos de Alfonzo en la entrada de la vivienda. Tenían claves de una tarjeta de débito y conocían el día de la graduación de bachiller de su hijo.

Esa Semana Santa entregó 300 mil bolívares, pero “Alfonsito” no apareció. “Me dijeron que me fuera, que diera no sé cuántas vueltas, vía Barrancas, cerca de río La Yuca. Y que lanzara el dinero en el puente por donde pasa la carretera a San José Obrero”.

Siete meses después recibió una llamada a las 10:00 pm. “¡Madre, madre!”, exclamó una voz al otro lado de la bocina. Solo Alfonso solía llamarla así. El número comenzaba con el código de área del estado Delta Amacuro, provincia más oriental de Venezuela). Luego Rosa se enteró que el teléfono pertenecía a una reclusa y que había pasado por varias manos antes de que escuchara la voz de su hijo.

Vendido a las FARC

El 9 de junio de 2009 ocurrió el rapto de Luis José Barrios Silva, de 19 años. El caso fue denunciado por su madre Livia Silva ante la Ong, Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos. El hecho ocurrió en una conocida avenida del Municipio Barinas, como en el caso de Wilfredo, frente al Aeropuerto de la ciudad. Ese día se encontraba con su amigo Adrián Arturo Moreno Rodríguez, de la misma edad.

Al parecer habrían sido detenidos por unos motorizados de la Guardia Nacional, quienes le pidieron sus identificaciones. Luego, siempre según el relato de Livia, los funcionarios llamaron por teléfono. Al cabo de un rato aparecieron dos grandes camionetas. Se bajaron alrededor de seis personas vestidas de civil y hablaron con los jóvenes. A Adrián lo montaron en uno de los vehículos y a Luis lo trasladaron en una moto de parrillero. El único testigo que se encontraba de faenas esa tarde observó cuando se los llevaban. “No sabemos si realmente eran funcionarios o no”.

Esto aconteció un día martes. “El viernes”, cuenta Livia, “me llamaron a las 5:00 pm. Era un hombre con acento colombiano y me dijo que si quería saber de mi hijo teníamos que entrevistarnos. Que habían sido llevados por un teniente y cuatro funcionarios más. Se encontraba en una finca en San Silvestre, debía pagar” explica esta mujer, rememorando aquel día en que todo cambió para ella.

Nunca más pudo comunicarse con aquel hombre y perdió la única pista. Una persona de su confianza se acercó hasta Arauca, estado Apure (fronterizo con Colombia), y le informaron que el joven había sido vendido a un grupo irregular.

A los días recibió otra llamada con código del estado Táchira y le informaron que su hijo iba a ser vendido a las FARC porque no había pagado.

Livia habla de sus visiones, como mujer cristiana ha pedido revelaciones, algún indicio. “Observé a un helicóptero cuando lanzaba a esos muchachos en alguna parte montañosa donde había un camión cava, allí los metían”.

Luego de la publicación de la fotografía de Wilfredo Valero trataron de comunicarse con “Voces del Secuestro”, el muy sintonizado programa de Herbin Hoyos que escuchan los cautivos en la selva colombiana. “Le mande mensajes a mi hijo, a la FARC y al Noticiero de Colombia, a los meses de ocurrido los hechos”. Hasta el día de hoy ni la policía judicial venezolana ni en el Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) le han dado alguna noticia sobre su paradero.

El brazalete

Miletza Sosa, hermana de Rodolfo Antonio Meléndez Sosa, desapareció cuando tenía 32 años, un 20 de septiembre de 2008. Es ella quien ha asumido la búsqueda desde el principio. Sus mensajes en la red social Facebook siempre son un recordatorio de los años que transcurren, de los cumpleaños y las ausencias de Rodolfo.

El día de su secuestro se dirigían a una finca de su propiedad cuando fueron interceptados por unos funcionarios, presuntamente del Cicpc (policía de investigación criminal), ubicados en una alcabala móvil. En el vehículo se encontraban Rodolfo, un tío, la esposa, la novia de su hermano y cuatro (4) niñas. Las mujeres fueron liberadas a las 11 p.m. y el tío dos días después. A todos los llevaron a una casa. Uno de los sujetos portaba un brazalete en uno de sus brazos con las siglas del Frente 10, donde figuraba un fusil con una bandera cruzada.

"Solicité una fe de vida y nunca me la dieron”

A los hombres los mantuvieron dos días en una finca en San Silvestre, municipio Barinas. Luego los sacaron del país a través del estado Apure. Sólo Rodolfo permanece en poder de ese grupo. Pero cuando estaban en San Silvestre el tío pudo registrar el sitio donde se encontraban aprovechando un descuido para correrse la venda. Muchas botas largas negras, una vivienda bonita, con mucha logística. Un joven que se encontraba en el lugar les dijo que se portaran bien, que no les pasaría nada, que él también era cautivo. A todos les tomaron fotos.

“Al mes un hombre al que llamaban “comandante” se puso al teléfono para pedirle 500 millones de bolívares. Solicité una fe de vida y nunca me la dieron”, explica Miletza. 

De izquierda de derecha: Miletza Sosa, Livia Silva y Rosa Piña

Son tantos y tantos casos. Andrés Eloy Blanco Fernández, de 26 años, secuestrado un 1 de diciembre de 2009, en la población de La Luz, Municipio Obispos. El rescate fue pagado, pero nunca ha llegado al hogar. Sus padres han hecho esfuerzos infructuosos.

Según una leyenda urbana extendida en la zona por esos años, habría sido lanzado al caimán Pepito, una mascota de uno de los poderosos sindicatos de la construcción en aquel tiempo. Un testigo protegido ofreció unas declaraciones en su momento, para luego retractarse al ser amenazado y chantajeado y más nunca habló de lo ocurrido. Al ser entrevistado por primera vez llegó a decir –recorte de periódico en mano– que el joven habría sido asesinado. Pero nunca ha habido indicios.

Pero hay secuestros que se extienden en el tiempo, como el de Pedro Antonio Zambrano, ocurrido el 9 de septiembre de 2006 a sus 42 años, productor, oriundo de la población del Municipio Pedraza. Como fe de vida enviaron un dedo a la madre y luego un video donde mostraba la extremidad faltante.

Nelson Alí Sánchez, desaparecido un 25 de diciembre de 2009, tenía 38 años. Se dedicaba a la venta de pescado. Seis hombres encapuchados, con armas cortas ingresaron a su vivienda y se lo llevaron sin decir una sola palabra. Gritaba que no se lo llevaran, que no había hecho nada. Los hombres llegaron en una camioneta de cuatro puertas, doble cabina y pequeño carro.

Su padre, Jacinto González se acercaría ese día a conversar con los vecinos y determinar si había algo extraño. “Tanto ellos como yo estaban sorprendidos. ¿Por qué le pasó eso si él era un hombre tranquilo, que llegaba del río con los pescados?”.

Nunca llamaron a Jacinto. Las autoridades, mutis total. “La esperanza de uno es esa, que los cuerpos de seguridad traigan a mi hijo vivo o muerto, así sea los huesos, esa es la esperanza que yo tengo”.

Hace un par de años, Oscar Pineda aseguró –en una entrevista concedida a la prensa– que los guerrilleros colombianos tendrían por lo menos a cinco rehenes que residían en Barinas cuando fueron secuestrados. Hoy lo reitera y pide apuntar el caso de una joven enfermera oriunda de Táchira con varios años en poder de la guerrilla. “Sólo recuerdo que se llama María y ha sido reseñado por los medios tachirenses”. Mientras tanto, siguen transcurriendo los días y el acuerdo de paz, con sus tropiezos, es el tema del momento en Colombia. Pero nadie les da respuestas a esas familias.

Ahora Lamartino ha sido destituido de su cargo por la fiscal general Luisa Ortega Díaz y Chávez, Francisco Chávez, director de Desarrollo Social de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), quien es sobrino del fallecido presidente Hugo Chávez y del gobernador del estado Barinas Adán Chávez, y que está en libertad plena después de que se le detuviera en flagrancia por comandar la toma ilegal de los terrenos de la escuela junto a otras once personas, que deben presentarse periódicamente ante el tribunal que lleva la causa. 
Pero antes de que se tropezara con ese nombre Lamartino pensaba que tenía no solo la ley de su lado, sino el respaldo político del gobierno regional. En febrero de 2011 el gobernador Adán Chávez anunció en su programa de radio la firma de un decreto -número 020- que ratificaba una directiva anterior que prohibía la invasión de predios urbanos y rurales en toda la provincia. Al mismo tiempo, Chávez daba a entender que atendería todas las tentativas frustradas a través de una Comisión de Manejo de Conflictos. Advirtió entonces: “toda persona que ocupe terrenos, edificios desocupados, predios urbanos, rurales o habitaciones está violentando la Ley y la Constitución”. “La persona que necesite tierra para cultivar debe denunciar el terreno como ocioso ante el Estado que luego tomará una decisión”.

Lamartino actuó como en otros casos: acompañado por la Policía del Estado Barinas, otros expertos y el personal docente de la institución se presentó en el sitio a comprobar el supuesto daño ambiental denunciado por los Salesianos y vio cómo un grupo de doce personas armaban dormitorios improvisados en medio de la sabana. A los alumnos les tocaba compartir sus labores con el desorden propio de las tomas aluvionales y de las jerarquías que se establecen. En el lance los invasores habían destruido bosques naturales, 17 hectáreas de plantación y la zona proyectora del caño Morrocoy.

De acuerdo con la acusación, Francisco Chávez utilizaba vehículos rotulados con el logo de Corpoelec para movilizar a los invasores. Lamartino no cedió a las presiones: entre el 5 y el 6 de febrero lo llamaron, según fuentes versadas en la investigación, desde la oficina de la Secretaría General de Gobierno de Estado Barinas, en nombre de la Presidencia del Circuito Judicial de la entidad y del Comandante de la Policía del estado Barinas.

El fiscal decidió continuar con el procedimiento. Al día siguiente presentaron a los invasores ante el tribunal para que el juez decidiera si éstos debían seguir en libertad, mientras esperaban la audiencia preliminar, o se mantenían tras las rejas alegando peligro de fuga. A Francisco Chávez le dieron libertad plena y a los otros once los dejaron bajo régimen de presentación.

Remate final

Los invasores volvieron al terreno para destruir los bosques de galería que quedaban. Más tarde declararon en los medios de comunicación locales que habían sido agredidos. Del Despacho de la Fiscal Luisa Ortega solicitaron entonces un informe a la Fiscal Superior encargada del estado Barinas, Carolina Merchán, donde se ordenaba que levantara un acta en razón de las agresiones que sufrió el grupo de invasores.

Merchán comprobó que jamás hubo tal agresión y se negó a suscribir un documento forjado. Pero la decisión estaba tomada y la suerte de Lamartino sellada. Cuatro horas después de informar que no firmaría, a Merchán le entregaron la orden de remoción de Lamartino –que no especificaba motivos– firmada por Luisa Ortega Díaz. Lo que muchos barineses lamentan es el silencio del Ministerio Público ante los supuestos delitos de peculado de uso y corrupción que habría cometido Francisco Chávez al mando de la turba que destruyó la sabana y una institución declarada Patrimonio Cultural de Barinas en el año 2005.

Lamartino, detallista, exigente, y con un alto sentido del deber según testimonios de sus alumnos de la Universidad Santa María, ha recibido llamadas de personas que se solidarizan con su causa. Que haya sido removido por un problema que, según las autoridades locales, había disminuido, como lo declaró en marzo de 2014 el comisario Otto Salinas, entonces secretario ejecutivo de Seguridad Ciudadana, no ha dejado de llamar la atención.

Un equipo de abogados de la Asamblea Nacional ha evaluado los daños causados y se ha comprometido a tramitar un derecho de palabra de los directivos de la Escuela Agronómica Salesiana en la Comisión de Ambiente del poder legislativo, que preside el opositor Julio César Reyes. Su director, el sacerdote Rafael Montenegro, asegura que los invasores se mantienen dentro de los terrenos de la institución y que el daño ecológico persiste. “Están dentro de la Escuela, donde los muchachos duermen y pernoctan. Es un recinto agropecuario y los estudiantes deben movilizarse por todas las áreas para cumplir con las actividades propias de su educación”.

El 23 de febrero en horas de la madrugada fue incendiado uno de los vehículos de la institución, a poca distancia de los dormitorios de los estudiantes. El tablero de la energía eléctrica había sido destruido. Las propias autoridades y alumnos de la institución observaron el hilo de combustible que había sido regado con la aparente intención de provocar un estallido. Las propias familias y autoridades de la institución han pedido protección para los estudiantes. ¿De qué manera se están moviendo los hilos de poder por salvar un apellido? ¿Vale más que el de cientos de jóvenes que ven en la Escuela Agronómica Salesiana una oportunidad incomparable en su formación? ¿Dónde quedan los decretos, las grandes alharacas del pasado? La historia se está escribiendo minuto a minuto.

En cambio, lo que resplandecía bajo la canícula del mediodía llanero era la evidencia de su poder personal, que parecía extenderse, infinito, como el horizonte: de donde, hasta no hace mucho, era la agreste superficie de un tradicional latifundio a las afueras de la ciudad de Barinas (capital del estado Barinas, suroeste de Venezuela), el hato Palma Sola, brotaban las estructuras –algunas más acabadas que otras- de 336 edificios, cada uno de cuatro pisos de altura. Para que ocurriera el milagro había bastado una orden suya, meses atrás – aunque también hicieron falta cientos de millones de divisas extranjeras, apresurados acomodos burocráticos, y un contrato leonino con una corporación china.

Persuadido de que una imagen vale por mil palabras, el presidente Chávez ordenó la transmisión en cadena nacional de radio y televisión del acto de inauguración oficial y entrega de apartamentos en el complejo habitacional que, ese mismo día, bautizaría –por sugerencia del general Luis Enrique Henríquez- como Ciudad Tavacare, en memoria de un ancestral cacique aborigen y como el cuartel del ejército, homónimo y adyacente.

Era el día de nochevieja de 2011, tradicional fecha de fiesta y reunión familiar. El propio exteniente coronel se proponía pasar unas horas en Barinas, junto a sus parientes, para despedir el año. Exultante, mostró la obra que le circundaba como un logro irrefutable de la revolución bolivariana, y agradeció a los responsables chinos de su ejecución, presentes en el acto, por la eficacia y el compromiso que aportaron. “La oposición lo que hace es criticar, ¿ves?”, dijo, “que si nosotros estamos entregados a China, que si los convenios con China… Bueno, aquí está el resultado, miren, son convenios con absoluta transparencia”.

El dragón chino

A despecho de las palabras del desaparecido mandatario, los convenios, más que con el Estado chino, fueron pactados por su gobierno con una vasta corporación de Beijing, CITIC Construction Co, LTD.

En China los negocios no se caracterizan por la transparencia. El trato de CITIC con Venezuela no sería la excepción. De hecho, son diversas las cláusulas del documento que exigen como obligación la reserva de sus términos y la confidencialidad de la información que la parte china manejaba.

En realidad, no se trata de un documento, sino al menos de dos contratos con sus respectivos addenda. Firmados en 2005 y 2006 –en un caso por Julio Figueroa y en otro por Ramón Carrizález, ministros de Vivienda para cada una de esas fechas-, se presentan entre sí como complementos y modificaciones de las condiciones que dan marco para la construcción de 20.000 viviendas por parte de CITIC en seis sitios de Venezuela que entonces se designaban de manera provisional. Por lo visto, fue necesario cambiarlos, pues Palma Sola-Ciudad Tavacare no figuraba entre esas locaciones originales.

Para este reportaje se tuvo acceso a esos contratos que, en general, otorgaron prerrogativas imperiales a la empresa china. Por ejemplo, tanto el contrato original suscrito en 2005, como la enmienda acordada un año más tarde, concedieron a CITIC el derecho a trabajar tanto con insumos importados como con trabajadores expatriados. En cuanto a estos últimos, no había ningún límite sino la solicitud de parte del Estado venezolano de que CITIC “hiciera su mejor esfuerzo” para que el personal extranjero de las obras no superase diez por ciento del total de la fuerza de trabajo, que los chinos calcularon de 2.500 a 3.000 obreros por cada 1.000 viviendas a construir. Era equivalente a la exhortación que, inscrita en el mismo contrato, se hacía para que no se importara más del 30 por ciento de los materiales de construcción que se utilizarían.

El contrato de 2005 –cuyos términos borran con facilidad cualquier vestigio de camaradería socialista, tanto entre las partes, como con la fuerza de trabajo- estipulaba además que las importaciones efectuadas por CITIC debían ser liberadas de puertos venezolanos en un máximo de siete días y que, en aras de la prontitud, la inspección de aduanas practicada en China debía tomarse por suficiente. Como quiera que esta cláusula vulneraba la soberanía venezolana, quedó modificada en el addendum del pacto que en 2006 se firmó: desde entonces sería necesaria también una inspección de aduanas venezolana. Pero otras facilidades siguieron vigentes para la parte china, como la exención de diversos impuestos –incluyendo el de Valor Agregado, Sobre la Renta, y Municipales-, la instauración de un mecanismo de compensación contra la inflación, y el compromiso de la parte venezolana de agilizar la obtención de todos los permisos –laborales, ambientales, sanitarios- a los que hubiera lugar. Venezuela tomaba cargo de la nivelación topográfica de los emplazamientos de la obra, de la dotación de seguridad y, para todos los efectos, asumía el rol de promotor inmobiliario responsable, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1637 del Código Civil.

A la larga, el pago de los servicios de CITIC se convertiría en un problema, en la misma medida en que, con el tiempo, ha ido menguando la disponibilidad de divisas líquidas por parte del petroestado venezolano. Tal vez en previsión de ello, en el contrato de 2006 se incorpora el Banco de Desarrollo Chino como financista del 75% de los costos del convenio. Por el paquete de seis desarrollos habitacionales, con un total de 20.000 viviendas, los signatarios acordaron en 2005 que CITIC cobraría casi 1.000 millones de dólares, exentos de impuestos. Como quiera que las poco más de 5.000 viviendas de Ciudad Tavacare representan 25 por ciento del paquete, puede calcularse que costaron poco más de 200 millones de dólares. Con todo, en 2006 los chinos pedirían que la obra se cotizara y pagara en euros y no en dólares.

Los contratos dejaban el diseño arquitectónico de los edificios a CITIC y a los estándares de construcción chinos. Si Venezuela dejaba de trabajar con CITIC, aún si fuera por un motivo legítimo, quedaba impedida de completar con otro proveedor las obras iniciadas por la compañía china.

Pero fue el tema laboral en el que, sin duda, los contratistas asiáticos consiguieron la oportunidad de cortar el pastel a su gusto. Obtuvieron autorización para manejar al personal no venezolano conforme a la normativa china de trabajo, en caso de que la aplicación de leyes locales en asuntos como, por ejemplo, las horas de duración de la jornada, se convirtieran en obstáculo para que la empresa cumpliera a tiempo las metas de terminación de las obras. Además, Venezuela daba permiso para que el personal de CITIC no venezolano pudiera exportar las divisas que obtuviera, como parte de sus honorarios profesionales, sin impuestos ni cortapisas.

Las concesiones en el régimen de trabajo no se agotaban allí. Se autorizó a CITIC a trabajar de noche y en fechas que estuvieran establecidas como asueto en el calendario laboral venezolano, aunque ello afectara a trabajadores nativos. El gobierno de Venezuela se comprometió a interceder ante los sindicatos locales, en caso de haber amenaza de conflicto laboral, y a obtener ante el Ministerio del Trabajo –esto es, ante sí mismo- los permisos necesarios para mantener condiciones de trabajo que excedieran lo establecido en la Ley Orgánica de Trabajo (LOT) “en sus artículos 27, 199 inciso e, 210, 195, y 207 al 210”.

CITIC no dudó en sacar provecho a esas ventajas que, puestas sobre el papel, herirían cualquier sensibilidad estajanovista. En más de un momento llegaron a apiñarse en la fortaleza china de Ciudad Tavacare alrededor de 500 trabajadores forasteros, en condiciones indecibles de alojamiento y manutención. En Barinas hubo quien jurara haber visto que muchos de los obreros chinos cargaban consigo chips de geolocalización, lo que dio pábulo a especies, difíciles de confirmar, acerca de que la construcción contaba con mano de obra semiesclava suministrada por  prisioneros (en China existe un régimen penitenciario de reeducación mediante trabajos forzados; para 2008, el Ministerio de Justicia chino admitía una población de 160.000 personas recluidas en 350 colonias de trabajo, mientras el canal oficial de televisión, CCTV, calculaba la cifra de reos de ese tipo de pena en 300.000).

Reos o no, los trabajadores no debían convertirse en un dolor de cabeza para la gerencia china, según permiten comprobar los términos de contrato. La presión por cumplir las metas de un cronograma exigente, los prejuicios culturales con respecto a la pobre ética de trabajo del venezolano, y la escasa consideración que todavía se presta a la mano de obra en China, a la que casi se da por sentada y gratuita, contribuyeron a alimentar ese propósito. Como se verá más adelante, desde la gerencia de CITIC a la postre se diseñarían otras maneras para despejar cualquier riesgo con respecto a los trabajadores y su representación sindical.

Una dinastía del negocio

Cuando ese 31 de diciembre de 2011 Chávez habló en cadena, sabía con lujo de detalle sobre qué suelo lo hacía. “Palma Sola es el nombre de una antigua hacienda aquí, yo me acuerdo, porque yo enseñaba a manejar los soldados del Batallón de Cazadores Manuel Cedeño en Palma Sola”, empezó a rememorar, con esa facilidad del cuentacuentos que siempre fue. “Yo me conozco Palma Sola, este terreno, como la palma de esta mano (…) estamos en este terreno, una tremenda planicie, la planicie de Barinas”.

Desde hacía tiempo a Chávez se le había metido en la cabeza que esa “tremenda planicie” debía convertirse, no solo en el nuevo horizonte para la extensión urbana de la ciudad de Barinas hacia el oeste, sino, sobre todo, en el asiento donde se alojarían sus propias utopías comunitarias. No lejos de allí –en realidad, a menos de un kilómetro, separadas por la hondonada de un caño- ya había impulsado la construcción de otra urbanización, Ciudad Varyná.

Lo que quizás el comandante no conocía con exactitud era cómo había llegado esa parcela al control del Estado, a pesar de que su propio hermano, Argenis, exsecretario de gobierno de Barinas, luego presidente de la estatal Corpoelec –y actual presidente de la Dirección de la Magistratura- pudo servirle como una fuente de primera mano para ese relato.

Una familia de apellido Peche fue la que vendió al Estado venezolano los terrenos donde ahora se ubica Ciudad Tabacare. De hecho, se trata de un jirón del fundo familiar de los Peche, La Pechera, y esta, a su vez, de un gajo de Palma Sola, la histórica propiedad a la que Chávez aludía en sus evocaciones.

Argenis Chávez había acudido en diversas ocasiones a La Pechera o El Morao, como también es conocido el predio, cuyas bienhechurías quedan a la vista desde un flanco de Ciudad Tavacare. Esas instalaciones sirven como campo de entrenamiento en pretemporadas al Zamora FC, el actual campeón del fútbol profesional venezolano, que preside otro hermano de Chávez, Adelis.

La de los Peche es, por su parte, una familia de constructores, y criadores y comerciantes de ganado, con propiedades en los estados Cojedes y Barinas. El apellido abarca al patriarca, Lorenzo, y a sus dos hijos varones, Alfredo José y Lorenzo Alfredo, empresarios todos.

Alfredo José, de 49 años, cumplió el papel de catalizador en la venta en 2002 del lote de casi 1.000 hectáreas al Estado venezolano, por un poco más de 970 millones de bolívares de la época (alrededor de 200 millones de dólares, al cambio vigente entonces). Fue quien hizo gestiones ante Fondur –Fondo Nacional de Desarrollo Urbano, que se desempeñó como comprador- y quien pidió a los registros certificar que sobre las tierras –adquiridas, a su vez, por su familia en 1998, dos meses antes del triunfo de Hugo de los Reyes Chávez como gobernador regional- no pesaba gravamen alguno.

Algunas fuentes identifican a Alfredo José como allegado a Argenis Chávez. Lo comprobable es, en todo caso, que participa como socio, junto a su padre y hermano y algún individuo circunstancial, en las directivas de empresas como Oftencosa y Copresca, ambas constructoras y proveedoras frecuentes de la gobernación de Barinas hasta 2009, como lo siguen siendo de Corpoelec las empresas de Peche.

Un vocero cercano a la familia Peche, que pidió se mantuviera su nombre en reserva, confirma que “sí, Alfredo José y Argenis se conocen, pero como nos conocemos todos en Barinas, esta es una ciudad pequeña. No eran asiduos. No tienen ninguna relación comercial, y los contratos que las empresas de Alfredo han conseguido con entes del Estado son perfectamente legales y fueron cumplidos con trabajos de calidad”.

En la historia personal de Alfredo Peche, no obstante, hay un tachón importante. En 1988, Peche, quien llevaba para la fecha ocho años de residencia en el estado norteamericano de Florida, donde completó sus estudios de bachillerato y obtuvo títulos de Contabilidad y Comercio Internacional, fue arrestado por la policía del Condado de Miami-Dade. Según se relata en los documentos todavía disponibles en la Corte Penal del municipio, dos agentes policiales encubiertos se hicieron pasar por vendedores de drogas. En un principio, Peche les habría ofrecido comprar 20 kilos de cocaína por 280.000 dólares, pero al momento de la transacción, que se pactó tendría lugar en un apartamento de Treasure Drive, en el islote de North Bay Village, los compradores admitieron que solo disponían de dinero suficiente, 14.000 dólares, para comprar un kilo. Cuando los detectives le dieron la mercancía, siempre según el expediente del caso, Peche cortó el empaque y probó la droga, a la que dio su visto bueno. De inmediato se produjo el arresto de Peche y de otras dos personas que estaban en el sitio: un sujeto llamado Jorge Salas, y una mujer, Adriana O’Keefe, que Peche identificó como su novia.

Luego del arresto, los abogados de Peche consiguieron convencer al juez de la causa para que rebajara la fianza de los 500.000 dólares originales a 20.000 dólares. Peche quedó en libertad bajo fianza seis días después de su arresto. Pero no hizo buena la palabra de mantenerse a disposición del tribunal en la casa de sus padres, sobre la avenida Brickell de Miami. Nunca compareció a las audiencias y huyó. Mientras tanto, su presunto socio, Salas, recibió una condena de tres años y medio por conspiración para traficar con drogas.

La fuga de Peche llevó a que el juzgado correspondiente, además de ejecutar en octubre de 1989 la fianza de 20.000 dólares, incautara bienes por 230.000 dólares a Lorenzo Peche (padre) y a su esposa, Ligia, puestos entonces como fiadores y garantes de la comparecencia de su hijo. Quizás ello brinde una explicación de por qué, también en 1989, desparecieron las empresas que los Peche hasta entonces mantenían en Florida.

La misma fuente cercana a la familia se atreve a asegurar que, a pesar de que no conoce el caso, Alfredo José ya habría regularizado su situación en Estados Unidos, pues “viaja con frecuencia a ese país, donde vive su madre”. Los autores de este reportaje no pudieron entrevistar a Peche tras diversas gestiones para contactarlo.

El gang de la construcción

Dos décadas más tarde, Lorenzo Peche, el padre, sufrió la embestida de otro episodio infortunado: fue víctima de un secuestro en febrero de 2008. Solo un medio, el diario Defrente de Barinas, se hizo eco del plagio, con una vaga nota de primera plana en su edición del 7 de febrero, en la que identificaba al ganadero y constructor como una personalidad ligada “a importantes familias de Barinas que tienen algunas propiedades en los alrededores de La Vizcaína”. A partir de entonces el caso desapareció del periódico y del resto de la prensa regional. La presión ejercida por Alfredo José Peche sobre los editores consiguió el silencio deseable para negociar, con toda discreción, el destino de su padre con los secuestradores.

Lorenzo, el padre, goza de una reputación de astuto negociante de mautes y, en general, de todo tipo de bien, una habilidad que le resultó muy útil para convivir casi dos meses con sus captores, miembros de un grupo que se dijo parte del Frente Bolivariano de Liberación (FBL). El secuestro tuvo lugar en el estado Cojedes, y el fin del cautiverio se escenificó en el centro del país, donde se le liberó luego del pago de un cuantioso rescate.

El crimen ocurrió en un momento en que secuestros y desapariciones cobraban auge en Barinas. No es de extrañar que, por eso, en las primeras de cambio se le achacara al gang del Sindicato de la Construcción, que entonces ya se enseñoreaba como la principal organización criminal de todos los llanos occidentales.

Las inversiones realizadas desde el gobierno central para sufragar los colosales sueños que Hugo Chávez abrigaba para su natal Barinas, sobrecalentaron la industria de la construcción en la región. Con prácticas parecidas a las del mob estadounidense, el sindicato del sector se aseguró de controlar el acceso a los empleos que se iban creando, para venderlos. No tardó mucho para que fuera capaz de paralizar obras cuyos responsables no pagaran la cuota de “protección” correspondiente. Ya para 2008, la cúpula del sindicato estaba tomada por una decena de dirigentes, la mayoría con antecedentes policiales y pasantías por las cárceles venezolanas, que reclutaron a otros pares y extendieron sus negocios a zonas colindantes con el narcotráfico y el crimen organizado.

A comienzos de este año de 2013, la organización no gubernamental “Paz y Vida” todavía pedía cuentas por 61 desapariciones forzadas que registró en el estado Barinas desde 2009, la mayoría de las cuales atribuye a la red de complicidades corruptas que se tejió entre el sindicato y funcionarios de los cuerpos de seguridad. La situación llegó a agravarse tanto por la visibilidad que adquirió la pandilla, que en 2011 desde Caracas fue destacado a la región un superagente de la policía política, Otto Salinas, con la misión de desarmar al sindicato.

Que el secuestro de Peche, padre, no tuviera la factura del sindicato no quiere decir, sin embargo, que este quedase por fuera de la trama de Ciudad Tavacare. La gerencia encargada del proyecto entendió que una manera efectiva para garantizar la paz laboral y evitar, así, el retraso de la construcción, era la de ofrecer trabajo a una empresa de Jaime Landaeta, (a) Bubalú, secretario general del sindicato. Así lo hizo. Empresas de Landaeta dieron servicios a las obras de 130 edificios de los 336 del complejo.

Landaeta estuvo prófugo de la justicia por unos meses en 2012, sindicado de diversos crímenes. Finalmente fue capturado en la ciudad de Valencia en diciembre pasado, según las versiones oficiales; sin embargo, los defensores de Landaeta dicen que se entregó ante la Fiscalía en Barinas. Lo cierto es que en la actualidad sigue preso, en espera de juicio. A pesar de ello, seguiría controlando el sindicato a través de un tío, Rafael Santana, quien hoy lo dirige. Así lo viene denunciando Carlos Alfredo Arteaga, otro ex dirigente sindical, que hoy está a resguardo de un programa de protección de testigos de la Fiscalía.

Arteaga fue secuaz de Landaeta en la directiva del sindicato. En cierto momento buscó conformar su propia organización laboral, que a estas alturas ya protocolizó. También empezó a brindar testimonio a policías y periodistas que le quisieran escuchar sobre las prácticas criminales del sindicato oficial. En abril de 2010 sufrió un atentado en Ciudad Varyná, que casi le costó la vida. Hoy se mantiene escondido en diversas conchas, bajo custodia de efectivos de la policía política, convertido en el testigo estelar del caso contra la mafia sindical.

La última actuación pública de Arteaga ante los medios fue en mayo de 2012, cuando llegó hasta las obras de Ciudad Tavacare para protestar el despido de 180 trabajadores venezolanos. Según Arteaga, CITIC adujo el final de la obra para prescindir de la mano de obra criolla, aunque al mismo tiempo recibía a 300 obreros chinos. Denunciaba que el silencio que el sindicato de la construcción guardó ante ese trueque de trabajadores venezolanos por chinos, se debía a una negociación previa de la empresa asiática con Landaeta, (a) Bubalú.

Familias en suspenso

En medio de la urbanización perdura por estos días una suerte de ciudadela china, resguardada del exterior –de Occidente, se diría- por muros encalados que llevan ideogramas inscritos sobre ellos. Allí CITIC deposita maquinarias y personas.

La construcción continúa a marcha forzada en Ciudad Tavacare. Falta por erigir su centro cívico, con unidades educativas y locales de atención social. Sin embargo, el movimiento de maquinaria y obreros se ha reducido de manera notable. Muchos de los edificios permanecen sin ocupar. Estén o no habitados, de casi cada uno cuelgan pendones alusivos a la figura del gobernador, Adán Chávez, hermano mayor y mentor político del líder eterno.

Para entrar al complejo residencial hay que dejar atrás una alcabala de la Guardia Nacional y luego vadear por una cinta de asfalto el paso de una quebrada, al lado del puente original, que se derrumbó.

En las ordenadas cuadras de la urbanización se nota tranquilidad. Las ventanas de los apartamentos recién asignados están cubiertas, en su mayoría, con improvisados pedazos de tela o cartón. No es la única precariedad. Se ve que la concepción socialista acerca de cómo debe vivir el hombre nuevo no estima el comercio como actividad aceptable, por la carencia de espacios destinados al expendio de mercancías. Al déficit responden desde las plantas bajas de los edificios, en cuyos apartamentos se habilitan abastos y centros de telefonía que anuncian sus ramos respectivos con cartulinas escritas a mano y pegadas a la pared con cinta adhesiva.

Para habitar Ciudad Tavacare, la alcabala burocrática puede resultar infranqueable. Al menos desde 2010 se suceden con frecuencia las protestas para forzar asignaciones de apartamentos. Ese 31 de diciembre de 2011 en que Hugo Chávez inauguró el conjunto, por ejemplo, a las afueras del lugar se manifestaba un puñado de personas que se habían postulado como beneficiarios de viviendas. Esperaban que el propio presidente entregara las llaves de 2.000 viviendas, como se había anunciado, pero encontraron que solo dio 100.

Esos retrasos se hicieron rutinarios motivos para manifestar. El 8 de abril pasado, decenas de adjudicatarios todavía se agolpaban a las puertas de la sede de la gobernación del estado Barinas para exigir definiciones sobre una entrega que debió hacerse en diciembre de 2012. Temían que los apartamentos que se les iban a asignar fueran destinados entre gallos y medianoche a otros damnificados de última hora que se refugiaban entonces en el estadio de béisbol Cuatricentenario de la capital regional. Aunque demandaban hablar con el gobernador, Adán Chávez, tuvieron que conformarse con la palabra del secretario del despacho, Antonio Albarrán.

Los temores de los protestantes no eran, en cualquier caso, infundados. Es cierto que por la vía de los hechos alguien puede saltar los cedazos oficiales y hacerse de un apartamento. Así lo consiguió A.M., una chica de 21 años, discapacitada, con dos hijos y un marido de 24 años que se gana la vida como obrero de la construcción. “Soy invasora”, admite sin remilgos. El apartamento que ocupa permanece, sin embargo, vacío. No tiene ni puertas ni ventanas. Cuenta, sí, con los servicios de agua y luz.

“Llevo seis meses viviendo aquí. No tenía dónde vivir. Cuando me vine acá no había metido papeles. Han venido a sacarme, pero no me han dado opción”.  Anda en silla de ruedas y en medio de una pobreza de la que sus mismos vecinos se conduelen. En cambio, los organismos del Estado no la atienden. Asegura que un censo de discapacitados, que la gobernación de Barinas levantó en febrero, ni siquiera la contó.

Son otras las calamidades que narra J.F., madre soltera de dos hijos, de 15 y cinco años de edad. El mayor, dice, sufre de epilepsia. Con su familia apenas subsiste vendiendo refrescos, tortas y, los domingos, sopa, al mercado de la vecindad. Pero no es eso, según su testimonio, lo que lesiona su dignidad. Resiente la frustración de una vivienda que el Estado le entregó para lo que, creyó, sería el inicio de un proyecto de vida y que de pronto se transformó en un dolor de cabeza crónico.

“Aquí tengo un año. Me mudé en enero del año 2012 y a los 15 días ya se estaban rebosando las cañerías. Las paredes están así desde que llegué”. Los frisos están cuarteados. La pestilencia y la humedad se hacen omnipresentes. J.F. dice que tuvo que amenazar con hacer pública la situación a través de los medios informativos de Barinas, para conseguir que las autoridades construyeran una alcantarilla donde ahora caen los desechos del edificio.

El manejo adecuado de aguas blancas y servidas no es, en efecto, el menor de los problemas de Ciudad Tavacare. Por el contrario, se hace más acuciante con cada día que pasa. Cuando el enorme desarrollo estaba todavía en construcción, las autoridades locales del ministerio del Ambiente hicieron inspección en las obras y detectaron irregularidades. Entre ellas: toda la urbanización se entromete en la zona de protección de las quebradas Arzobispo, El Rollo y La Vizcaína, que dan de beber a los habitantes de la zona. De los diez pozos profundos perforados para suministro de agua, solo dos contaban con los permisos oficiales en octubre de 2011. Particular gravedad revestía la construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales, las de los sectores B y C de Ciudad Tavacare, cercanas a las cabeceras de las quebradas que allí constituyen cuenca. No obstante, esas constataciones no produjeron más efecto que la citación de los responsables de ingeniería del entonces todavía denominado Proyecto Complejo Urbanístico Palma Sola –Chávez lo rebautizaría un par de meses después- y una posible amonestación. Después de todo, el promotor inmobiliario de la urbanización es el mismo patrón del Ministerio del Ambiente: el Estado venezolano.

Tal vez las dificultades se harían más llevaderas si fueran estrictamente propias. Pero no es así ni para J.F. ni para los demás residentes de Ciudad Tavacare. Con las llaves de sus apartamentos recibieron del Estado un Documento de Asignación que imposibilita a sus titulares la reventa del inmueble. A J.F., por ejemplo, le entregaron ese papel el 5 de enero de 2012. Le advirtieron que solo recibirá el documento de propiedad en un plazo de 20 años, al terminar de pagar la vivienda. “Pero no nos han dicho cuánto vamos a pagar. Tampoco dónde. Vivimos como prestados”, sopesa J.F. su incertidumbre. “Si no tuviera tanta necesidad…”.

Hay que notar que el edificio donde vive J.F., así como toda Ciudad Tavacare, se asientan sobre un lote de 1.000 hectáreas que antes formaban parte de Palma Sola, un hato legendario, entre muchas otras razones, porque es propiedad de la familia Arvelo Torrealba desde hace dos siglos. De hecho, la familia Peche, a través de su empresa Agropecuaria El Morao, adquirió el lote en 1998 a Alfarería La Arenosa que, a su vez, se lo había comprado a Trina de Arvelo en 1973.

La familia Arvelo Torrealba es una de las más ilustres de la región. Hugo Chávez, en su programa Aló, presidente, en once ocasiones distintas recitó versos de Florentino y el diablo, el épico poema de Alberto Arvelo Torrealba (1905-1971) –escritor, diplomático, exgobernador de la provincia y exministro de Agricultura y Cría- que se ha convertido en un himno de los Llanos.

A la sombra de esa afición y quizás impulsado por la nostalgia y el inicio auspicioso, por entonces, de las obras de Ciudad Tavacare, Chávez ordenó al Instituto Nacional de Tierras (Inti) “que me tome eso”, refiriéndose, como lo explicó en una transmisión de Aló, Presidente desde Barinas, en mayo de 2008, al resto de “esa meseta que creo que es parte de Palma Sola (…) un antiguo latifundio” para levantar “una ciudad ecológica, productiva, en tierras muy buenas, altas, que nunca se inundan, con una vista maravillosa”.

Siguiendo la orden presidencial, el organismo afectó las tierras –un sinónimo de la expropiación-, pero otorgándoles una categoría de tierras rurales. Por ello, ofreció a la sucesión Arvelo Torrealba como compensación un precio exiguo, apenas una fracción de lo que en un momento anterior ya había pagado el Estado venezolano a los Peche para adquirir el lote donde alzó todo un complejo urbanístico, la actual Ciudad Tavacare. ¿Por qué en un caso la República usó un criterio, y en otro caso, un criterio contrario?

Una respuesta lógica y argumentada no aparece todavía. Tal vez ni siquiera la haya. Pero una de las claves de este asunto podría encontrarse encriptada en una pregunta que, en el coplero de Arvelo Torrealba, el Diablo le formula a Cantaclaro:

“Mejor si pica en la pluma/ Si sabe tanto de todo/ diga cuál es la república/ donde el tesoro es botín/ sin dificultá ninguna”.