Medina Ramírez carece de experiencia en el manejo de empresas públicas de alimentos, pero no lo ignora del todo. Este oficial superior del Ejército era accionista y tesorero de Inversiones Vensoc C.A, empresa que en 2012 vendió a Mercal víveres y colados de frutas tropicales, peras y manzanas para los centros de acopio ubicados en el Distrito Capital. Para ese momento esta red estatal de distribución de comida estaba presidida por el entonces coronel Félix Osorio.

Abogados y expertos en contrataciones públicas consultados afirman que la presencia de militares activos en empresas que se benefician de negocios estatales contradice disposiciones constitucionales y la normativa establecida por la Ley del Estatuto de la Función Pública, que impide a funcionarios públicos celebrar contratos con el Estado. El general vendió sus acciones de Inversiones Vensoc en febrero de 2013, pero sigue siendo copropietario y contralor de la Asociación Cooperativa Turmero Azul 657987 R.L, empresa dedicada a la importación, distribución y comercialización de productos alimenticios, artículos de ferretería y materiales de construcción, y que estuvo domiciliada en un terreno donde actualmente opera el servicio de mantenimiento de una de las empresas adscritas a la súper compañía alimentaria, Logicasa. Las sociedades de Medina Ramírez también están vinculadas a otro mayor del Ejército pero ya retirado, Orlando Toro García, quien es el actual propietario de Vensoc.

Con esta nueva batida de sociedades en manos de militares, el hallazgo de 36 oficiales superiores en cargos directivos dentro del Ministerio de Alimentación en el último trienio y la reciente designación de Padrino López al frente de la nueva Gran Misión, dejan ver que la tradición iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez de ocupar a la FANB del abastecimiento alimentario ha llegado a su clímax y se ha convertido en una suerte de masonería castrense.

El 10 de julio de 2016, Armando.info publicó la investigación “El Ministerio de Alimentación es un cuartel de amigos”. En este reportaje se reveló, después de la revisión de más de 1.250 documentos públicos, que en la presidencia de Nicolás Maduro no ha habido distinciones con respecto a las jerarquías militares y los nombramientos de oficiales del Ejército en cargos de alto rango dentro del Ministerio de Alimentación. Un grupo de al menos 36 funcionarios castrenses, algunos beneficiados por sus compañeros de promoción, se repartió en los últimos tres años los cargos en las juntas directivas de nueve empresas públicas de alimentos que durante el período manejaron un poco más de 500 mil millones de bolívares para abastecer de comida a los venezolanos. Sin embargo, la inversión parece haber fallado: hoy en día, según el último estudio de la consultora nacional Datanálisis, ocho de cada 10 venezolanos no tiene acceso a la canasta básica familiar.

Entre esa dinastía verde se encuentra el general Medina Ramírez. A su cargo actual -presidente de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios- llegó en virtud de su aventajada relación con su compañero de estudios, el ministro Rodolfo Marco Torres, ambos graduados en la promoción “Manuel Manrique” de 1988. Poco antes había sido nombrado director principal de la Comisión de Reorganización y/o Reestructuración del Ministerio de Alimentación, en febrero.

La súper compañía administra la comercializadora y distribuidora Red Venezuela, Mercado de Alimentos (Mercal), Productora y Distribuidora de Alimentos (Pdval), Red de Abastos Bicentenario y sus empresas filiales, Logística Casa (Logicasa), Centro de Alimentos Congelados (Cealco), Empresa Nacional de Almacenes (Enaca), Lácteo Los Andes y sus filiales, Industrias Diana, Indugram, Palmeras Diana del Lago, Productos La Fina, Planta Procesadora de Plátanos Argelia Laya, Fábrica para Procesamiento de Sábila de Venezuela (Sabilven) y Venezolana de Alimentos Casa (Venalcasa), que también pasó a manos del oficial en junio de 2016, cuando fue designado su presidente encargado. Estas empresas han recibido más de 300 mil millones de bolívares en los últimos tres años para la compra y distribución de alimentos, según revelan los datos consignados a través de las memorias y cuentas del Ministerio de Alimentación.

Antes de ascender hasta el tercer puesto dentro de la logia militar que controla la distribución de alimentos en Venezuela, Medina ocupó otros dos cargos públicos relacionados con negocios un poco más boscosos. A mediados de 2015 fue designado al frente de Maderas del Orinoco, una empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular para Industrias; y en diciembre comandó, en calidad de encargado, la Corporación Socialista de Economía Forestal, también adscrita al mismo ente ministerial. Los nombramientos fueron realizados por el ministro José David Cabello Rondón, hermano del segundo abordo del gobierno chavista, Diosdado Cabello; ambos militares.

De acuerdo con Cruz Manrique, actual secretario de trabajo y reclamo del sindicato Sintraemfor de Maderas del Orinoco, el general Medina tuvo toda la disposición de trabajo durante su gestión, pero parte del sindicato le hizo la vida imposible: “Una vez agarraron un cuadro con una foto de él y lo metieron en una poceta. Tomaron fotos y la pasaron por whatsapp a todos… El general Medina todavía nos apoya enviando la cesta alimentaria. Ha hecho tres operativos de comida (mercados obreros) desde que dejó el puesto en febrero”, comenta Manrique.

La llegada de Medina Ramírez a la administración pública coincidió con el peor año para el gobierno de Nicolás Maduro: la escasez de alimentos se acentuó, la inflación llegó a tres dígitos, la popularidad del Presidente disminuyó y el chavismo perdió por amplio margen las elecciones parlamentarias, un hito en los últimos 17 años. Quizás sus destrezas en estrategia política y conocimiento sobre el manejo del mercado privado de alimentos le haya valido el ascenso.

El oficial cursó estudios sobre política y estrategia en la Escuela Superior de Guerra del Instituto de Altos Estudios de Política, Defensa y Estrategia, en Río de Janeiro, Brasil, y para 2013 trabajaba como ayudante general del Ejército. Pero sus ocupaciones militares no fueron obstáculo para que también manejara, al mismo tiempo, las finanzas de Inversiones Vensoc y ejerciera de contralor en la Cooperativa Turmero Azul 657987 R.L, compañía con la que obtenía doble ganancia cada vez que la colocaba como cliente de la primera. Un claro ejemplo sobre cómo administrar y reinvertir el dinero.

Pagar y darse el vuelto

“Esa gente ya no está ahí. Se fueron hace como siete meses. Creo que uno de los socios se fue a Chile y los otros a Valencia”, comenta el vigilante de un complejo empresarial ubicado en una zona de clase media en Maracay, estado Aragua, donde se ubica el domicilio fiscal de Inversiones Vensoc, C.A. “Sí, ellos vendían enlatados y productos de Mercal”, agrega para confirmar que, en efecto, era una empresa que mantenía vínculos comerciales con la estatal. Los números telefónicos registrados aparecen inactivos o pertenecen a otros propietarios.

De acuerdo con una de las tres inscripciones de Vensoc en el Registro Nacional de Contratistas, la empresa firmó con Mercal tres contratos en mayo, junio y septiembre de 2012. Para la fecha, según se constata en el registro mercantil de la empresa, Medina Ramírez era uno de sus accionistas y ocupaba el cargo de tesorero. Un año después, en febrero de 2013, el general del Ejército decidió vender sus acciones y abandonar la compañía.

Aunque no existe ninguna normativa que prohíba a un militar activo tener una empresa privada o formar parte de la junta directiva de la misma, sí la hay al contratar con el Gobierno. “El problema está cuando esa empresa mantiene contratos con el Estado, en ese caso entonces comete delito”, advierte la presidenta de la ONG Control Ciudadano y abogada Rocío San Miguel.

La legislación que rige a la administración pública, amparada en la Constitución Nacional, indica que los funcionarios no pueden contratar con el Estado por sí mismos o en representación de otros, y tampoco intervenir directa o indirectamente en las gestiones de un tercero. Tal prohibición está establecida en el artículo 34 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y en el numeral 4 de la disposición 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal donde se pena con responsabilidad administrativa la infracción de este precepto.

“Según lo dispone el artículo 145 de la Constitución, un militar activo, en virtud de su condición de funcionario, deberá abstenerse de celebrar contrato alguno con el Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, con la Administración Pública Nacional Central y Descentralizada, la Estadal y la Municipal, ni por sí mismo ni por interpósita o interpuestas personas, ni en representación de otro o de otra”, aclara el abogado César Esteves, experto en contrataciones públicas y ex asesor jurídico de Petróleos de Venezuela.

Medina Ramírez figura actualmente como contralor de la Asociación Cooperativa Turmero Azul 657987 R.L., sociedad que se desempeña, según su registro mercantil, en la compra, venta, exportación, importación, distribución y comercialización de todo tipo de material de ferretería, materiales de construcción y cualquier otra actividad lícita de comercio, aunque en su inscripción en el Registro Nacional de Contratistas aparece que también se dedica a la compra y venta de productos perecederos y no perecederos. Esta cooperativa forma parte del programa de Empresas de Producción Social (EPS), promovido por el Ejecutivo Nacional e implementado por Petróleos de Venezuela, Pdvsa, y que tiene entre sus beneficios la posibilidad de que los proyectos desarrollados por las compañías reciban financiamiento por parte de la estatal petrolera.

El Ministerio del Poder Popular para la Salud autorizó a esta empresa en 2010 para comercializar enlatados de sardina y atún sólido, marca Marcaribe, según consta en la Gaceta Oficial N° 39.495. Estos productos son elaborados por Conservas del Centro C.A., compañía que también le vende a Mercal y Pdval y que tiene dentro de su directiva a un allegado de la familia de Roberto Rincón, empresario zuliano acusado en Estados Unidos por sobornos en la estatal petrolera Pdvsa. Edgar Faroh Cano, uno de los directores de la compañía, es suegro de uno de sus hijos y mano derecha, José Roberto Rincón.

El socio de Medina

En las sociedades de Medina Ramírez un apellido se repite: Toro. El mayor Orlando Toro García, graduado ocho año antes que Medina en la promoción “Alejandro Petion” de 1980, ha estado al frente de Inversiones Vensoc como su presidente desde los inicios. Además, este militar retirado, ha constituido otras empresas en Panamá y Venezuela colocando como accionistas y miembros de las juntas directivas a familiares y allegados. Tal es el caso de Transportes Toga, C.A.

“Con la finalidad de demostrar la mala fe y el velo corporativo para burlar y no pagar a alguno de los trabajadores más antiguos de la empresa, Transportes Toga, por medio de su representante legal Orlando Toro García, conjuntamente con su cónyuge Nancy Coromoto Rivero de Toro, arrendaron dicho inmueble a la empresa Turmero Azul, cuyos representantes son su hija, ciudadana Nancy Melisa Toro Rivero, y tío de esta señora, ciudadano Eligio José Leal, para hacer creer que es un tercero de buena fe. He de hacer notar que el día de la entrega de material en el lugar se encontraban pertenencias que verifican la presencia del ciudadano mayor Orlando Toro García”, reza un texto de apelación consignado por la representación judicial del Banco Mercantil en una demanda por ejecución de hipoteca introducida en 2011 contra la sociedad mercantil Transporte Toga, que la entidad bancaria ganó.

La parte demandante detalla que al visitar un terreno en la carretera nacional Turmero-Maracay, estado Aragua, el domicilio fiscal de Transporte Toga, encontró documentos propios de una empresa que contrata con el Estado. Entre ellos destaca una autorización de Mercal que autoriza a Toro García para distribuir alimentos a los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas y Zulia.

De estos hallazgos se desprende que tanto Orlando Toro García como Medina Ramírez, accionista y contralor de Turmero Azul, sí podrían haber mantenido en el pasado nexos comerciales con la distribuidora estatal y otras empresas del Estado.

Pero la relación de Toro García y Medina Ramírez con las empresas públicas de alimentos va más allá de los contratos. En el domicilio de Transporte Toga, que anteriormente perteneció a Inversiones Vensoc y Turmero Azul, se encuentra un galpón abandonado con una valla en la entrada que dice “Servicio de Mantenimiento Logicasa”, empresa del Estado encargada del almacenamiento, empaquetado y transporte de productos alimenticios y que está adscrita a la súper corporación dirigida por el general Medina.

Armando.info intentó contactar vía telefónica a Orlando Toro García, pero no se recibió respuesta. Una solicitud de entrevista a Luis Alberto Medina Ramírez, introducida en el Ministerio de Alimentación, tampoco fue contestada.

Mapa relaciones de Medina Ramírez:

(*) Este trabajo forma parte del proyecto de liberación de datos públicos Vendata, desarrollado por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y Transparencia Venezuela. Asesor de investigación: David González

Una investigación realizada a partir de la revisión de más de 1.250 documentos públicos –entre ellos Gacetas Oficiales y Memorias y Cuentas del Ministerio de Alimentación difundidas entre enero de 2013 y mayo de 2016 y las listas de graduados de la Academia Militar de Venezuela–, permitió identificar los nombramientos de los integrantes de ese grupo selecto que además de tener responsabilidades en las compras y ventas tuvo otras misiones como las de diseñar y evaluar las políticas públicas en materia alimentaria. El cruce de información reveló que 12 de los 36 militares fueron designados por compañeros de promoción que ostentaban, en su condición de ministros, la titularidad del órgano ejecutivo. Algunos de los oficiales llegaron a tener hasta cuatro cargos directivos al mismo tiempo y otros han circulado por al menos nueve posiciones en los tres años que acumula Maduro en el poder.

Las importaciones públicas de alimentos se transformaron en la última década en una parte esencial de la estrategia gubernamental para atender las necesidades de la población. Lo que comenzó con la presidencia del fallecido Hugo Chávez –durante la cual se quintuplicaron a partir de 2010 con respecto a 2005– continuó con la gestión de su discípulo político. Solo en 2015 las compras más allá de la frontera sobrepasaron los 5 millones de toneladas, según datos oficiales: este número representa la cifra más alta de los últimos doce años. La dependencia de productos extranjeros ha sido criticada no solo por detractores del gobierno, sino también por expertos y por industriales nacionales que se han quejado de que no han dispuesto de divisas para cancelar deudas con proveedores internacionales lo que, según han afirmado, les ha impedido producir dentro del país al ritmo que necesitan.

Hoy, con el descenso de los precios petroleros, la compra de alimentos por parte de los venezolanos se ha transformado en un calvario. Los saqueos se han convertido en un fenómeno común y cientos de miles de ciudadanos moran en larguísimas filas con la esperanza de conseguir algo para servir en la mesa, no comen para dejar a sus hijos o esperan por una bolsa de comida con cuatro o cinco productos subsidiados: “La poca disponibilidad se debe a los controles de precio, a las expropiaciones de las unidades agrícolas que ahora están en manos del Estado con nada o muy poco que producir; al control del tipo de cambio y a las dificultades para la importación de materia primas impuestas al sector privado”, dice Alejandro Gutiérrez, economista y fundador del Centro de Investigaciones Agroalimentarias, quien en el corto plazo solo avizora como única solución nuevas y masivas importaciones para apañar lo que muchos califican de crisis humanitaria. Si ocurre como pronostica, el Ministerio de Alimentación y sus funcionarios estarán en el centro del asunto.

Los favorecidos

Maduro no solo mantuvo la estrategia de las importaciones sino también la tradición que inició su padre político de designar militares al frente del Ministerio de Alimentación. Durante su gestión ha nombrado a cinco oficiales al frente del despacho: Félix Ramón Osorio Guzmán, Hebert Josué García Plaza, Yván José Bello Rojas, Carlos Alberto Osorio Zambrano y Rodolfo Clemente Marco Torres. Uno de ellos está prófugo de la justicia –García Plaza fue acusado por el Ministerio Público de comprar tres barcos españoles con sobreprecio cuando se desempeñaba como presidente de la compañía estatal Bolipuertos– y los otros tres están siendo investigados por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que los acusa por el desvío de dos millardos de dólares en compras alimentarias. A Marco Torres, de hecho, le dieron voto de censura por no comparecer ante la plenaria, pero la decisión fue desconocida por Maduro. El Presidente le solicitó al Tribunal Supremo de Justicia desestimar el dictamen de los parlamentarios y el Poder Judicial aceptó.

Cada uno de ellos incluyó a compañeros de promoción en puestos claves de la nómina ministerial. Cuando Félix Osorio asumió el poder en 2013 –su segundo mandato después de haber ocupado la misma posición con Chávez– militarizó la conducción de la productora y distribuidora de alimentos Pdval y colocó a oficiales como miembros principales o suplentes de seis de los ocho cargos de la junta directiva de la compañía. Dos de los seleccionados, Luis Moreno Machado y Luis Fernández Abreu, habían compartido formación con el entonces coronel como parte de la promoción “José Trinidad Morán”, egresada de la Academia Militar 23 años antes.

Osorio conocía de cerca cómo era el manejo y la operatividad de la compañía. En 2010, cuando desempeñaba su primer mandato como titular de la cartera alimentaria, tres gerentes de la empresa fueron aprehendidos por la descomposición de al menos 130 mil toneladas de alimento. Para la fecha, Pdval estaba adscrita a la petrolera estatal Pdvsa, a cargo de Rafael Ramírez, y debido a la irregularidad fue transferida a la Vicepresidencia de la República y luego al Ministerio de Alimentación. En su momento, el entonces coronel calificó las denuncias de “manipulación mediática” y afirmó que la cantidad de productos descompuestos no era “notoria” en comparación con lo comercializado por la compañía. El caso, sin embargo, fue investigado por el Ministerio Público y tres directivos fueron acusados de delito de boicot y peculado doloso. La Contraloría General de la República, por su parte, todavía no ha emitido un acto conclusivo. “Se trata de una investigación muy engorrosa”, reconoció el contralor Manuel Galindo en abril de 2016.

Osorio también incluyó a otro compañero de promoción en otra vacantes del organigrama ministerial: José Dionisio Moreno Oliva quien -junto con Moreno Machado- fue designado como parte de la junta directiva de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, La Casa. Entre 2013 y 2014, esa fue la empresa de alimentos que más recursos públicos recibió al obtener 11 y 12% del presupuesto nacional aprobado por el parlamento para esos años. El presidente de la compañía también había sido su compañero de generación de la Academia Militar: Manuel Barroso. No era un desconocido para la opinión pública: había sido presidente de Cadivi por seis años –el órgano encargado de la administración de divisas– y Maduro había decidido apartarlo del cargo en medio de las crecientes denuncias de corrupción en la asignación de dólares preferenciales para empresas de maletín y el cual ha sido considerado como uno de los mayores escándalos de irregularidades administrativas de la historia de la República.

Una investigación del diario El Nacional de 2014 reveló que Barroso y Osorio –quien también formaba parte de la directiva de Cadivi– habían aprobado en 2012 más de 17 millones de dólares para la importadora Alimentos Venenceres de año y medio de existencia que tenía entre sus accionistas a un miembro retirado de la misma promoción de la dupla, la José Trinidad Morán: Carlos Arias Delgado. En su momento, sus representantes negaron que la suya fuera una compañía espejo.

Práctica repetida

Quienes siguieron a Osorio repitieron la práctica. El mayor general García Plaza incluyó a dos antiguos condiscípulos en la dirección de evaluación y seguimiento de políticas públicas del ministerio y en la junta directiva de Mercal, empresa responsable de la venta de alimentos en mercados abiertos. El coronel Yván José Bello Rojas designó a otros cuatro en el ministerio y en la presidencia y junta directiva de la Red de Abastos Bicentenario, empresa pública que según los balances comerciales mostrados en las memorias y cuentas, ha estado en déficit durante dos años consecutivos por un monto de 687 millones de bolívares en 2014 y por 3.419 millones en 2015. Este último número supera en más de dos tercios su capital social.

En junio de 2015, Carlos Osorio Zambrano nombró a Heber Aguilar Suárez presidente de la junta interventora de la Corporación Venezolana de Alimentos, Cval, consorcio agroalimentario intervenido un año antes para la optimización de los procesos productivos y el abastecimiento oportuno de productos agrícolas para la población. A principios de 2016, Suárez fue detenido junto a la administradora de la compañía por legitimación de capitales. Se les acusó del desvío de bienes, fondos públicos y alimentos del pueblo, hacia redes de comercialización privada.

La última designación la hizo el recién ascendido general de división, Marco Torres, quien el pasado 24 de mayo le otorgó a su compañero de promoción, Luis Alberto Medina Ramírez, la presidencia de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, una súper compañía a la que ahora estarán adscritas las 15 empresas de alimentos del Estado. En los próximos meses, y así lo ordena el decreto 2.325 del Ejecutivo, desaparecerán La Casa, Cval y Corpo-pdmercal.

Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano dedicada a la discusión de seguridad y defensa de la nación, afirma que en la gestión de Maduro se ha consolidado la militarización de la administración pública: “Los militares controlan 32% de los ministerios más importantes de Venezuela, por la cuantía de los montos que manejan y de las dimensiones de las competencias que realizan”. La abogado lamenta que –como debería suceder en cualquier país con control democrático, dice– la FAN no reporte y aclare cuántos de sus efectivos están en comisión de servicio en los despachos gubernamentales.

Los reciclados

En el gobierno de Maduro también resaltan los casos de quienes han ostentado más de un cargo directivo al mismo tiempo en el Ministerio de Alimentación: el mayor Anderson José Medina Delgado, el teniente coronel Rafael Martín Hidalgo Belisario, el coronel Luis Rafael Moreno Machado y el general de brigada Valmore Ascanio Lugo Yépez han ocupado múltiples funciones tanto en el despacho como en la presidencia y juntas directivas de las empresas públicas.

Moreno Machado, de la promoción de Félix Osorio, fue nombrado Superintendente Nacional de Silos y Depósitos Agrícolas en abril de 2013. Luego, en julio y en menos de una semana, lo designaron miembro principal del consejo directivo de Fundaproal, director principal de la junta directiva de La Casa y director principal de la junta directiva de Pdval. El coronel debía, entonces, disponer de su tiempo para: inspeccionar, vigilar, fiscalizar y sancionar sobre actividades de almacenamiento, acondicionamiento y actividades conexas de los depósitos agrícolas; aprobar y hacer cumplir el presupuesto de ingresos y egresos de la fundación de programas estratégicos que tiene como objetivo garantizar la alimentación a poblaciones desfavorecidas; y definir, controlar y supervisar las estrategias y actuaciones, convenios y contratos de las empresas de alimentos.

Las responsabilidades del general Lugo Yépez al frente de la dirección general de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del ministerio de Alimentación tuvieron que ser compartidas con las de la Vicepresidencia de La Casa, compañía que para 2014 estaba presidida por su compañero de grado y ministro Hebert García Plaza. El teniente coronel Hidalgo Belisario, por su parte, fue designado Superintendente Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, director principal de la junta directiva de Pdval, director principal de la junta directiva de Logicasa y director suplente de la junta directiva de la Red de Abastos Bicentenario, cargos que se fueron sumando en tan solo tres meses.

En septiembre de ese mismo año, Medina Delgado –graduado junto a Bello Rojas en 1993– inició funciones como presidente de la Red de Abastos Bicentenario y en octubre fue nombrado director principal de la junta directiva de Logicasa. El mayor no duró más de ocho meses en el cargo y fue sustituido en abril de 2015 por la detención de tres de sus gerentes en la sucursal del estado Anzoátegui, quienes incurrieron en el desvío de los alimentos distribuidos por la red de supermercados en esa entidad. El Gobierno informó a principios de 2016 que un total de 49 empleados de la compañía han sido arrestados por corrupción.

Otros funcionarios, durante la gestión de Maduro, han llegado a pasearse por un laberinto de hasta nueve cargos públicos en un período de tres años. Es así como el coronel Johan Alexander Hernández Lárez ha sido Viceministro de Producción Alimentaria; director y miembro principal de las juntas directivas de Pdval y de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas; integrante de la junta administradora del Complejo García Hermanos S.A, expropiado en 2010; director principal de la junta directiva de La Casa; y presidente de la Red de Abastos Bicentenario, Corpo-pdmercal y de la junta interventora de la Corporación Venezolana de Alimentos, Cval, cargo que desempeña desde enero de 2016.

Los investigados

La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional no solo ha responsabilizado a Félix Osorio, a Carlos Osorio y a Marco Torres por la crisis alimentaria, sino también por presuntos actos de corrupción que habrían sido cometidos por ellos mientras estaban al frente del despacho y de la principal empresa importadora de alimentos, la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, La Casa. A Carlos Osorio se le acusa de haber beneficiado a familiares de su esposa con la compra de alimentos a través de una empresa de maletín y a Marco Torres de avalar órdenes de compra con sobreprecio, mientras ambos ostentaban la presidencia del conglomerado.

A principios de 2016, los militares fueron citados para rendir cuentas ante la plenaria, pero ninguno asistió. La inasistencia fue amparada luego por el Tribunal Supremo de Justicia que, días después de que el Parlamento aprobara el voto de censura contra Marco Torres, inhabilitó a la Asamblea Nacional para remover a los ministros del Gobierno. El 28 de junio de 2016, la cabeza del Poder Judicial admitió una demanda de Carlos Osorio y prohibió a los miembros de la Comisión de Contraloría, diputados Carlos Berrizbeitia e Ismael García, difundir “contenido vilipendioso” sobre el general. El mismo fallo se aplicó al portal www.cuentasclarasdigital.com, responsable de haber publicado los datos de los nombres, montos y empresas vinculadas al supuesto entramado de corrupción.

El presidente Nicolás Maduro salió en defensa de Marco Torres y aseveró que la moción parlamentaria era un ataque contra la Misión Alimentación, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, y el heroico esfuerzo por satisfacer las necesidades de los venezolanos a pesar de la caída en los ingresos petroleros. “Le digo al señor Ramos Allup que al ministro no lo remueve nadie”, sentenció en una frase dirigida al presidente del parlamento. Osorio, por su parte, no contó con el aval público del Jefe de Estado pero aprovechó su cuenta en la red social Twitter para expresarse frente a lo que calificó como un engaño de la burguesía: “Con esa misma fortaleza que mi Comandante Chávez nos enseñó a tener, sostendré mi moral en alto y defenderé la patria y su legado ahora más que ayer (...) mi demanda contra los ciudadanos Tablante, García y Berrizbeitia obedece a no seguir permitiendo más injurias a mi reputación y honor”.

El diputado Berrizbeitia señaló en declaraciones a Armando.info que las investigaciones parten de las denuncias introducidas en la anterior Comisión de Contraloría y que no fueron procesadas: “Son más de 20 los procesos que no se abrieron”, aseguró. Entre 2010 y 2015, la comisión estuvo presidida por el actual diputado por el partido de gobierno, Pedro Carreño, quien se graduó con Carlos Osorio en la promoción militar “Lucas Carvajal” de 1985. “En los últimos 10 años, la compra de alimentos se ha vuelto un negocio cambiario. Y, tanto en el Gobierno de Chávez como de Maduro, las compras se han realizado sin ningún tipo de supervisión: no ha habido control previo ni posterior del gasto; tampoco ha sido una licitación internacional o consulta de precio. Las compras han sido hechas de forma discrecional”.

El parlamentario opositor aseguró, además, que manejan pruebas sobre a qué personas y empresas y por cuánto dinero benefició el general Marco Torres como presidente de La Casa, en 2008. El ministro habría firmado órdenes de compra con tarifas que casi duplicaban los precios internacionales de las toneladas de pollo y carne, para el momento de la transacción.

La Comisión solicitará a la Fiscalía General de la República abrir una investigación contra Carlos Osorio por la sospecha de que, junto a sus cuñados y otros empresarios, incurrió en los delitos de pago de sobornos y comisiones a funcionarios, sobrefacturación, tráfico de influencia, compra de comida vencida, entre otras imputaciones, para la conformación de una red de corrupción que buscaba enriquecerse con el diferencial cambiario aplicado a las compras de alimentos.

La petición incluye que el exministro sea citado a declarar y que mientras duren las averiguaciones sean confiscados los bienes y congeladas las cuentas bancarias relacionadas con el caso.

Armando.info intentó contactar al ministro Rodolfo Marco Torres, al exministro Carlos Osorio y al diputado Pedro Carreño. De igual forma, se le solicitó al Ministerio del Poder Popular para la Defensa información sobre los funcionarios militares en comisión de servicio dentro de la administración pública. Hasta la fecha de publicación de este reportaje las solicitudes no han sido respondidas.

(*) Este trabajo forma parte del proyecto de liberación de datos públicos Vendata, desarrollado por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y Transparencia Venezuela. Asesor de investigación: David González Reporteros: Oriana Vielma, Armando Altuve y Katheryn De Abreu.

¿Cómo se hizo?

El equipo del proyecto de liberación de datos públicos Vendata se propuso colocar en formatos reutilizables la información contenida en las Gacetas Oficiales, el boletín del Estado donde se publican a diario los actos normativos –decretos, resoluciones y providencias– de las instituciones de la administración pública venezolana. Gracias a un análisis de la estructura de las gacetas –documento en formato cerrado PDF–, se construyó una aplicación para sistematizar su contenido. El vaciado de los datos se realizó de forma manual –lectura y posterior registro en su categoría respectiva–, ya que las herramientas tecnológicas de Reconocimiento Óptico de Caractéres (OCR) detectaron la información con errores. La revisión de 1.250 gacetas, publicadas entre enero 2013 y mayo 2016, se concentró en las designaciones de funcionarios con cargos dentro del Ministerio de Alimentación. Algunos datos fueron desestimados por inconsistencias de nombre o cédulas con relación al Registro Nacional Electoral y dificultad del ojo humano para identificar la información.

Una vez sistematizado el contenido se procedió a realizar una segunda verificación de los datos y normalizar la información con ayuda de una aplicación de limpieza de bases de datos, Open Refine. Esta misma herramienta fue utilizada para estandarizar las listas de graduados de la Academia Militar de Venezuela, correspondiente al período 1940-2001. La información, también archivada en PDF, debió ser organizada en una base de datos para su posterior análisis y comparación. El cruce de las dos bases de datos permitió determinar quiénes eran funcionarios del Ejército venezolano y a cuál promoción pertenecían. La omisión del rango militar, en algunas gacetas, obstaculizó la manera de confirmar si la designación correspondía a un miembro de la Fuerza Armada Nacional.

El mismo proceso de sistematización, vaciado y limpieza, fue aplicado a las Memorias y Cuentas del Ministerio de Alimentación, con la finalidad de conocer cuántas asignaciones presupuestarias habían recibido los entes y empresas adscritas al despacho y que estaban dirigidos por los funcionarios militares. La estructura de estos documentos resulta confusa y parece estar ajustada a la disposición de cada organismo en presentar tales o cuáles datos; las omisiones que revela son considerables. El escrito carece de paginación o índice que, asociado a su extensión –puede superar las 1.000 páginas–, dificulta su lectura completa. En la introducción, usualmente en alguna parte entre las primeras 100 páginas, se exhiben las tablas que corresponden a las alteraciones que ha sufrido el presupuesto de cada compañía, comparando el monto original asignado y su posterior modificación: estas cifras presentan serias contradicciones con las tablas que desglosan los proyectos realizados por organismo y, aunque se trata del mismo dato, los números no siempre coinciden.

Acceda a la base de datos de las Gacetas Oficiales y Memorias y Cuenta del Ministerio de Alimentación aquí.