Bula se enfrentará a un viejo conocido de la política local: Espedito Duque, de 57 años, el antiguo alcalde de la ciudad que regresa a la escena política en busca de un segundo mandato. La diferencia de edad entre ambos y la línea política que los separa no son los únicos elementos de tensión de la cita electoral. Una sombra está presente en este duelo: la del periodista Rafael Moreno, tío de Bula, asesinado hace exactamente un año, el 16 de octubre de 2022.

Pese al dolor y al miedo, el joven candidato se refiere con orgullo al legado de su familiar, a quien siempre consideró como un padre. “No hay discurso que haga en el que no lo nombre [...] Sería inconcebible olvidar todo lo bueno que hizo por nuestra ciudad”.

Rafael Moreno —la “voz del pueblo”, como aún le llaman algunos— recorrió incesantemente las caóticas carreteras de su región, Córdoba, para denunciar la corrupción y los delitos medioambientales que allí se cometen. Pese a las amenazas sobre su vida, Moreno nunca hizo las cosas a medias, y fueron pocas las personas que lograron escapar a su radar. Entre los mencionados en sus investigaciones se encuentra Espedito Duque, actual rival de su sobrino y quien está a la cabeza de uno de los clanes más poderosos de la municipalidad de Puerto Libertador.

Tan solo unos días antes de su muerte, sintiéndose especialmente en peligro, Rafael Moreno contactó a Forbidden Stories para poner a salvo su trabajo mediante la red Safebox Network. Este sistema permite a los periodistas proteger sus investigaciones más delicadas. En caso de que alguno de ellos fuera secuestrado, encarcelado o asesinado, Forbidden Stories y sus medios colaboradores podrán así continuar el trabajo que había iniciado, con el objetivo de darlo a conocer al público más amplio posible.

Desde el día siguiente a su asesinato, Forbidden Stories coordinó el trabajo de 30 periodistas que se unieron para mantener vivo el trabajo de Moreno y ampliarlo: investigando sobre corrupción e industria minera en su región, así como un mecanismo de favoritismo y de adjudicación de contratos públicos con un valor de varios millones de euros.

Pese a que los investigadores del caso disponen de imágenes del sicario —obtenidas y publicadas por primera vez por Forbidden Stories y sus socios— la investigación criminal sobre el asesinato de Rafael Moreno parece haberse estancado y hasta la fecha nadie ha sido detenido.

Compañeros y amigos periodistas de Moreno han tenido incluso que dejar su trabajo de investigación por miedo a posibles represalias. Además, según nuestras informaciones, no se ha abierto ninguna investigación administrativa contra Espedito Duque, uno de los hombres en el corazón de este sistema de favoritismo.

Un año después del asesinato de Rafael Moreno y a dos semanas de la contienda entre su sobrino y Espedito Duque, Forbidden Stories y Cuestión Pública han retomado la última gran investigación del periodista, que comenzó a compartir con la organización.

“En el momento en el que les hablo estoy en San José de Uré”. En una llamada con Forbidden Stories que se produjo el 7 de octubre de 2022, Moreno explicaba que estaba trabajando en una investigación sobre “un modus operandi” que permitía “a las administraciones públicas y empresas la explotación de materiales de la cuenca del Uré para ser utilizados en obras públicas, sin permisos, licencias ni títulos [...] Esto ya nos ha causado muchos problemas”, confesaba entonces al equipo de la Safebox Network. Moreno fue asesinado 9 días después.

Documentos y testimonios exclusivos recabados por el consorcio en el marco de esta nueva investigación del “Proyecto Rafael” han permitido probar las hipótesis de Moreno en este caso de extracción ilegal que apunta a varias figuras políticas influyentes en la región de Córdoba, en Colombia.

Un río despojado de su arena

“San José de Uré es el mejor destino turístico de Córdoba [...] Te invitamos a disfrutar de sus aguas cristalinas”. En un vídeo con tintes de clip promocional publicado en 2020, Moreno ensalza las virtudes de las aguas de San José de Uré, una pequeña localidad asentada a los pies del Parque Natural del Paramillo, en el norte de Colombia, cuya población vive en gran parte de la agricultura y la pesca.

Pero tras su atractivo veraniego y su aparente tranquilidad, la municipalidad, con una población cercana a los 15.000 habitantes registró 62 homicidios. El miedo y la violencia reinan en San José de Uré bajo el control del “Clan del Golfo”, uno de los grupos armados más poderosos de Colombia.

Unos meses antes de ser asesinado, Moreno había empezado a investigar en esta pequeña municipalidad. Poco después de ensalzar las virtudes de las aguas paradisíacas de la cuenca de San José de Uré, se percató y comenzó a lamentar el saqueo, “masivo” e “ilegal” –en sus propias palabras– de materiales extraídos del Uré, río que da nombre a la población.

El periodista realizó varios viajes a las orillas del río, donde constató un “incesante” ir y venir de camiones cargados de arena extraída de la cuenca, como lo habían alertado numerosas fuentes sobre el terreno. “Hay cuatro o cinco excavadoras trabajando día y noche [para extraer recursos del río], es un desastre”, describió durante su última llamada con Forbidden Stories. “Están causando un daño irreparable a la cuenca, que es parte del patrimonio cultural y natural de nuestra región”.

Vídeos grabados desde distintas localizaciones de extracción muestran el daño que la actividad de las excavadoras ha causado al río, así como la transformación de éste en cantera de construcción. Difundidos en redes sociales por Moreno y otros compañeros, estos vídeos circulan a gran velocidad y la noticia da la vuelta a la región. [1] 

Para el pequeño reducto de un centenar de familias que pueblan el corregimiento de Versalles, al sur de San José de Uré, el río es una importante fuente de ingresos y alimentación. “Casi todos somos pescadores y agricultores”, explica Félix Peñate Amor, uno de los líderes sociales de la localidad [en Colombia, este término se refiere a personas que desempeñan un rol activo en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la justicia social], contactado recientemente por Forbidden Stories. “El nivel del río ha bajado tanto tras el paso de los camiones que ahora nuestros puertos están secos.”

Otro de los grandes problemas que la actividad extractiva conlleva es la contaminación del agua. A día de hoy, aún se constata la presencia de aceites de motor y lubricantes utilizados por los camiones en el río y sus alrededores. Por no hablar del efecto causado por la fuerza de las excavadoras, que han mezclado el agua del Uré, antaño cristalina, con los sedimentos del río. “Ya no podemos beberla, es casi barro”, se lamenta Félix.

Rafael Moreno se reafirmaba más y más en su hipótesis conforme su investigación avanzaba: esta mezcla de roca y arena, extraída ilegalmente del río de la quebrada de Uré, se utiliza en la construcción de carreteras alrededor del pueblo. Convencido de que algunas de las empresas responsables de la construcción de las carreteras están[2]  desviando estos recursos fluviales para abaratar los costes de construcción, el periodista comenzó a buscar pruebas que confirmaran su intuición. En un mes, envió dos solicitudes de información (un procedimiento que permite acceder a información de interés público por parte de las entidades estatales).

El caso es extremadamente delicado. El 7 de octubre de 2022, el mismo día en el que se produce la llamada con Forbidden Stories, Moreno asume su papel de líder social y, junto con un compañero activista, presenta una querella penal ante la Fiscalía de Córdoba. Ambos denuncian la “explotación ilegal de yacimientos minerales y otros materiales” y piden una investigación urgente “para salvaguardar el medio ambiente, la hacienda pública, la salud y la seguridad vial de los habitantes del municipio de San José de Uré”.

Menos de diez días después, Rafael Moreno fue asesinado mientras cerraba el local comercial “Rafo Parrilla”, un restaurante de comida rápida que le permitía mantener a su mujer y a sus tres hijos.

Es imposible saber si esta investigación sobre la minería ilegal en San José de Uré le costó la vida. No obstante, un año después de su asesinato, todos aquellos que se han interesado por el caso del extractivismo en San José de Uré han terminado cesando en su empeño debido a las amenazas recibidas —que han provocado, en algunos casos, que estas personas tengan que abandonar la región e incluso el país.

Extracción salvaje

Rafael Moreno no era el único interesado por esta cuestión. A su lado, más o menos en la sombra, un pequeño ejército de periodistas, líderes sociales y ecologistas le proporcionaban información o le acompañaban sobre el terreno.

“No hay tema más candente ni más peligroso que este”, afirma Walter Álvarez, periodista y amigo de Moreno, que también participó en la investigación sobre las extracciones. En agosto de 2023, su hijo mayor (de 22 años) fue asesinado en Salgar, Antioquia mientras visitaba a su madre. “No se me ocurre otro móvil que el de querer silenciarme”, expresa Álvarez, consternado. “Pero yo ya había dejado de investigar”, lamenta.

Un mes después, el 6 de septiembre de 2023, el periodista recibió un mensaje de Whatsapp de un número desconocido. “Pronto le harás compañía a Rafael Moreno. A ti y a tus escoltas los vamos a matar y los vamos a quemar”.

Yamir Pico, primo de Rafael Moreno, participó hombro a hombro con él en esta investigación desde el primer momento, difundiendo estas investigaciones conjuntas en su sitio de información: Caribe Noticias 24/7. Con la voz aún temblorosa, relata el suceso que, poco después, dio un vuelco a su vida: “Fue una noche de mayo de 2023. Mis guardaespaldas acababan de marcharse y yo estaba solo en mi apartamento”, recuerda. Instantes después, un fuerte estruendo interrumpió la calma de su hogar. “Dos sicarios [asesinos a sueldo] derribaron la puerta de mi casa y me apuntaron con sus revólveres: ‘no queremos otro periodista en el cementerio, pero la próxima vez que toques las historias de San José de Uré, estás muerto’”.

Los dos hombres se llevaron todo su equipo de trabajo —ordenador, notas—, así como dos memorias USB que Moreno le había entregado antes de ser asesinado. Dos días después, Pico huyó del país con su familia, sin avisar a nadie. Hoy vive en Estados Unidos.

“La gente cree que se trata de una pequeña historia. Pero lo que está realmente en juego es un enorme sistema de malversación de recursos y dinero público, implicando a muchos personajes políticos”, explica.

Los orígenes de este caso de extracción ilegal se remontan a 2021, cuando el alcalde de San José de Uré, Custodio Acosta Urzola, firmó una serie de contratos con varias empresas especializadas en obras públicas para la “construcción o mejora de carreteras” que conectarían la pequeña localidad con los aislados municipios vecinos. El valor total de los veinte contratos de construcción de carreteras firmados por el municipio de San José de Uré ascendió a 15 millones de euros (68.000 millones de pesos colombianos), según la información facilitada por el alcalde al consorcio.

sPocos meses después de la firma de los contratos, los residentes locales observaron las primeras actividades de extracción. Hoy, a las afueras de la zona rural de Versalles, los daños alrededor del río son notorios. Es precisamente aquí donde la empresa Consorcio Versalles tenía por misión realizar la mejora de una carretera de acceso “mediante la construcción de pavimento en concreto hidráulico”.

Para Rafael Moreno y aquellos quienes han compartido su interés por este asunto, esta “proximidad geográfica” no deja lugar a dudas. Todos ellos denunciaron, y aún denuncian, “un delito medioambiental” del que es responsable el Consorcio Versalles. Las imágenes que protagoniza la entidad y en las que se aprecia el saqueado río recorren la región, pero las autoridades permanecen impasibles. “Ciegas, sordas y mudas”, en palabras del propio Moreno en un vídeo donde se graba a sí mismo ante la cámara, menos de un mes antes de su muerte. No fue hasta un mes después del asesinato, a raíz de una de las denuncias que Moreno presentó pocos días antes de su muerte, que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), organismo regional encargado de la gestión ambiental, se hizo cargo del asunto e inició una investigación, enviando un equipo al lugar.

El informe de la investigación, obtenido por Cuestión Pública, confirma punto por punto las observaciones de Moreno, tanto sobre laextracción ilegal, como sobre los daños medioambientales y la responsabilidad del Consorcio Versalles. El 15 de noviembre de 2022, los miembros de la CVS constataron “vestigios que sugieren la realización de una actividad de extracción de material de arrastre en la zona [...] que parece haberse llevado a cabo sin las autorizaciones y permisos preceptivos, lo que resulta preocupante para el ecosistema y la población local”.

El veredicto final: “de acuerdo con la denuncia presentada, las extracciones habrían sido realizadas por el Consorcio Versalles” —el resultado de las mismas sería destinado a aprovisionar el proyecto de construcción de la carretera. El 21 de febrero de 2023, cuatro meses después de la muerte de Moreno, y a raíz de sus denuncias, la CVS ordenó la apertura de una investigación oficial sobre el rol de la municipalidad de San José y el Consorcio Versalles en este asunto.

La empresa Consorcio Versalles no ha respondido a las preguntas de Forbidden Stories.

Aunque se suponía que el proyecto debía llevarse a cabo en el plazo de un año desde la firma del contrato —es decir, en 2022— los vecinos del corregimiento de Versalles denuncian que la carretera sigue en obras. De hecho, “las obras empezaron un año después de la firma del contrato”, según el líder social Félix Peñate Amor.

Un botín disputado por clanes

El caso del Consorcio Versalles es tan solo uno de tantos. “En lugar de comprar materiales de construcción certificados, que cuestan una cierta cantidad, las empresas [contratadas por el municipio] llegan a un acuerdo con personajes políticos para extraer recursos naturales de forma gratuita y sin permiso. Luego, el dinero se reparte entre estas empresas, los alcaldes y el Clan del Golfo”, explica Yamir Pico. “Estamos hablando de una fortuna. Por eso están dispuestos a matar y por eso enviaron a dos sicarios a mi casa”, afirma.

Los recursos de la región de San José de Uré parecen ser objeto de codicia entre varios clanes políticos que se disputan el poder en Córdoba. Entre ellos se encuentra la poderosa familia Calle, propietaria de la ostentosa “finca Marcelo”, que bordea el río. Poco antes de su muerte, Moreno realizó una retransmisión en directo desde esta misma finca, acusando al Clan Calle de participar en actividades mineras en la zona. Uno de sus miembros, Gabriel Calle Aguas —exjefe de campaña del presidente Gustavo Petro y actual candidato a la Gobernación de Córdoba en las elecciones regionales de octubre de 2023— anunció el 2 de octubre de este año su intención de convertir a San José de Uré en una zona de producción industrial importante en la región.

El pasado mes de abril, el consorcio preguntó a Gabriel Calle Demoya sobre este tema. Él negó toda responsabilidad personal en la extracción de arena y señaló a las empresas que realizaban las obras. En una conversación con Forbidden Stories, el patriarca de la familia, Gabriel Calle Demoya (padre de Gabriel Calle Aguas), sugirió que las investigaciones debían dirigirse más bien a los congresistas de la región.

Aunque el interés de los Calle por la región parece incuestionable, la investigación llevada a cabo por el consorcio para continuar el trabajo de Rafael Moreno arroja también otras pistas. Las fuentes que se han pronunciado al respecto —de manera anónima por temor a represalias— apuntan a figuras políticas claramente identificadas: el firmante de los contratos y actual alcalde de San José de Uré, Custodio Acosta Urzola; contra el cual Moreno interpuso una acción de tutela por falta de respuesta a su derecho de petición (sobre las extracciones susodichas) y su primo, Luis José González, ex alcalde de la localidad y nuevamente candidato en las próximas elecciones municipales, con una propiedad en la zona de extracción en cuestión.

Este último no ha querido responder a nuestras preguntas. En cuanto a Custodio Acosta Urzola, en un extenso correo enviado a Forbidden Stories afirma que las actividades mineras son supervisadas por el Ministerio de Minas y Energía, y que “el municipio [de San José de Uré], a través de la Secretaría de Planeación, ha puesto en marcha medidas para acabar con este tipo de explotación ilegal”. También confirmó una de las pistas obtenidas por el consorcio. Estuvo en Rafo Parilla, el restaurante de comida rápida de Moreno, un día antes de su asesinato. Según Acosta Urzola, la conversación “fue agradable”, ya que Moreno y él eran amigos desde 2019. “Ese día me contó su plan de retomar sus estudios (...). Le compré carne y le dejé un regalo para su hija”.

Otro nombre mencionado por varias fuentes cercanas a Rafael Moreno es el de Erasmo Zuleta, figura política de gran influencia en la región y actual candidato a la Gobernación de Córdoba frente a Gabriel Calle Aguas.

Erasmo Zuleta fue representante de la Cámara en el período constitucional de 2018 a 2022 por el departamento de Córdoba. El político es miembro de los Bechara, una de las familias más poderosas de la región Fue también coordinador del Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) para el departamento de Córdoba, que tenía por misión ejecutar proyectos estratégicos en diferentes regiones del país. “Erasmo Zuleta era diputado cuando se firmaron los contratos en San José de Uré. Es en este nivel donde se toman las decisiones sobre a dónde va el dinero y qué municipios se tratan con prioridad” sostiene una fuente cercana al caso.

Poco más de un mes antes de su muerte, el 12 de septiembre de 2022, Rafael Moreno habló con Erasmo Zuleta —a quien el periodista tildaba de “amigo” en sus redes sociales. “Compartimos ideas, me enteró de muchas de sus gestiones para el San Jorge (la zona en la que se ubica San José de Uré) [...] se comprometió a seguir trabajando por nuestra subregión tan olvidada”, puede leerse en un post publicado por el periodista ese mismo día, acompañado por una selfie de ambos.

¿Hablaron del caso de las extracciones ilegales, tratándose de un asunto en el que Moreno estaba especialmente implicado en aquel momento? El político, que sostiene tener pocos vínculos con la región, lo niega rotundamente.

Todavía hay muchas zonas grises en torno a esta última investigación de Rafael Moreno, y cada nueva pista plantea más preguntas que respuestas.

Un año después, la justicia se demora y la impunidad sigue ganando terreno en este caso. “Las cosas van cada vez peor y realmente me pregunto dónde está la justicia [...] Me gustaría al menos que, tras su muerte, su trabajo y sus investigaciones siguieran teniendo impacto aquí”, confiesa su sobrino Bula. Para él, las próximas elecciones serán “la hora de la verdad”.

En este pueblo del norte de Colombia, donde casas y pozos mineros coexisten en medio de una selva tropical casi virgen, todos recuerdan al “pequeño” Rafael Moreno. Aunque se fue de El Alacrán con apenas 18 años, el periodista mantuvo lazos muy estrechos con la aldea minera, y la visitaba frecuentemente. “Se quedaba con nosotros, en su antigua casa. Era parte de nuestra comunidad”, recuerda María Martínez, una habitante. “Siempre, a cada ratico, le decía: ‘Rafael, ¿por qué no te quedas callado? Ya deja todo eso, te va a traer problemas, te van a matar’. Y es lo que finalmente le ocurrió”, dice, secándose unas lágrimas.

Rafael Moreno vivió su infancia y adolescencia entre los mineros artesanales de oro; de estas experiencias emanó una de las causas que más defendió como periodista: el combate contra la extracción ilegal de recursos minerales por parte de las empresas mineras presentes en el sur del Departamento de Córdoba, su región de origen.

“Trabajamos sobre cuestiones ambientales (…) [e investigamos] sobre las administraciones públicas y los consorcios [de empresas que operan] sin ningún permiso ambiental o título minero…”, explicó durante una primera llamada telefónica a Forbidden Stories, el 7 de octubre de 2022, apenas nueve días antes de ser asesinado. Víctima de graves amenazas, había entrado en contacto con nuestro consorcio para salvaguardar sus documentos en la SafeBox Network, una red que permite a los periodistas amenazados proteger su información sensible, compartiéndola con Forbidden Stories. Rafael Moreno quería guardar sus documentos en un lugar seguro para que su trabajo pudiese ser continuado en caso de sufrir un asesinato.

El periodista no andaba con medias tintas, y pocos escapaban a sus críticas. Acompañado por Organis Cuadrado, su compañero y coadministrador de la página de Facebook Voces de Córdoba –el principal canal de difusión de su trabajo periodístico–, Rafael Moreno recorría los caminos tortuosos de su región para denunciar en vivo los “crímenes” que investigaba.

A partir del día siguiente a su muerte y durante los siguientes seis meses, 30 periodistas de 32 medios, coordinados por el consorcio de investigación Forbidden Stories, retomaron su trabajo sobre tres de las minas que él investigaba. El consorcio encontró irregularidades graves en la operación de estas minas, que confirmaron las denuncias del periodista: extraían recursos sin permisos ambientales, sin consultar a las comunidades indígenas o causando daños ambientales y a la salud de las poblaciones aledañas.

“Esta tierra es tanto una bendición como una maldición”

Debajo de una espesa alfombra vegetal, el subsuelo de la región de Puerto Libertador, tierra de origen de Rafael Moreno, contiene abundantes reservas de carbón, níquel, cobre, oro, plata, cobalto y hierro. Esta zona apartada, situada en el norte de Colombia, concentra la mayor parte de la actividad minera y energética de la provincia: tiene 50 permisos de explotación vigentes, más de la mitad de las concesiones otorgadas en el Departamento de Córdoba.

Ubicada entre las faldas de un vasto cerro selvático, la mina de oro de El Alacrán alberga una importante comunidad de mineros artesanales, quienes extraen el metal precioso a mano, a una escala irrisoria en comparación con los recursos financieros, humanos y tecnológicos de las grandes empresas mineras.

Sentada frente a una mesa de plástico blanco, en la terraza de la casa que fue el hogar de Rafael Moreno y su familia, Brenda Bohórquez Díaz, de unos 30 años, entona con su voz potente una canción que ella misma escribió: “Aquí, donde la riqueza es mineral/ de una forma artesanal/ sacan el oro nuestras familias”.

Bohórquez es una de las portavoces de la comunidad de El Alacrán, cuyos 1.200 habitantes viven alrededor de la mina del mismo nombre. “Al igual que los campesinos, nuestra riqueza es la tierra”, dice.

Su comunidad está amenazada por el megaproyecto minero San Matías. Encabezado por la empresa Cordoba Minerals –cuyo capital proviene, en mayoría, de Estados Unidos y China–, este proyecto colosal podría convertir a Colombia en el primer productor de cobre en el mundo. Sin embargo, la empresa describe este proyecto como “una iniciativa a pequeña escala en el contexto mundial”. La empresa pretende extraer, cada día, 22.000 toneladas de minerales (cobre, oro y plata) en una superficie de 20.000 hectáreas.

“Hemos recibido apoyo desde las autoridades locales hasta lo más alto del Estado (…) y las comunidades locales son muy favorables al proyecto”, sostiene Sarah Armstrong Montoga, la representante legal de Cordoba Minerals. 

Pero los habitantes de El Alacrán discrepan. “Este proyecto va a desangrar nuestra tierra”, advierte Brenda Bohórquez Díaz. Junto con otros militantes de su comunidad, la activista denuncia la opacidad de las autoridades. “Nunca nos consultaron. Obtuvieron la concesión sin concertar con nuestra comunidad (…) Nuestra existencia es incompatible con este proyecto, y algún día nos van a desalojar”. La ley colombiana establece que el proceso de consulta a las comunidades indígenas es obligatorio antes de iniciar la fase de exploración de cualquier proyecto minero, o para “cualquier decisión que las afecta directamente”. 

La empresa niega la presencia de comunidades indígenas en la aldea de El Alacrán, aunque “allí viven varias familias indígenas de la comunidad de San Pedro”, afirma Israel Aguilar, exjefe tribal del resguardo indígena Zenú, en el Alto San Jorge.

En un informe preliminar elaborado en 2019, la propia empresa admitió que su actividad minera podría provocar un “deterioro potencial de la salud de la comunidad y un aumento de las patologías sociales”, así como afectaciones por el ruido y una pérdida de la biodiversidad.

En la avenida principal del pueblo, algunos obreros con uniformes de la compañía Cordoba Minerals quitan la lámina del techo de una vivienda humilde antes de derribarla por completo. “Aquí, Cordoba Minerals va a excavar para su proyecto de exploración minera”, explica Brenda. Según ella, la empresa nunca tomó en cuenta la presencia de la población local cuando elaboró sus mapas, lo cual explica por qué están cavando un pozo en medio del pueblo. “Se sorprendieron cuando se dieron cuenta de cuántos éramos”, agrega. Según los vecinos, Cordoba Minerals se comprometió a reconstruir las casas cuando concluya la fase de exploración. 

En respuesta a un cuestionario detallado que le envió el consorcio Forbidden Stories, la empresa negó que alguna casa se hubiera visto afectada por los efectos de la prospección, pero al mismo tiempo reconoció que había pagado indemnizaciones a raíz de intervenciones que habían afectado a determinados edificios, sobre todo viviendas.

Desde hace más de cuatro décadas, es decir, mucho antes de que llegara la compañía –en 2015 –, los mineros de El Alacrán han solicitado un permiso para explotar los recursos minerales de su región de manera legal. Hasta la fecha, la Agencia Nacional de Minería sigue ignorando su petición. La empresa Cordoba Minerals, por su parte, concentra prácticamente la mitad de los permisos mineros de la región, según documentó el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP). 

Conflictos como éste abundan en la región, cuyas reservas minerales atraen intereses voraces. “Esta riqueza es una bendición y a su vez una maldición”, comenta Brenda Bohórquez.

Rafael Moreno seguía de cerca la lucha que la comunidad de El Alacrán libraba contra la empresa minera. En junio de 2022, lanzó una convocatoria para recabar testimonios y quejas sobre el proyecto. “Las comunidades merecen respeto”, declaró. 

En paralelo, durante los meses previos a su asesinato, el periodista había puesto la lupa en el caso de Carbomas S.A.S, una empresa minera que extrae carbón entre las ciudades de Puerto Libertador y Montelibano.

Carbomas, la última obsesión minera de Rafael

“Abrimos una investigación sobre la empresa Carbomas (…) sobre irregularidades en la ejecución de su proyecto de extracción de carbón en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano”. Con este tono solemne, Rafael Moreno anunció, el 10 de junio de 2022 –en su página de Facebook Voces de Córdoba–, el arranque de un nuevo proyecto periodístico.

El interés de Rafael Moreno en Carbomas tenía un antecedente: el periodista ya sospechaba que la empresa extraía carbón sin permiso ambiental, y dos meses antes le había enviado una solicitud de acceso a la información para pedirle una copia de los permisos ambientales, del certificado de origen de los minerales extraídos, así como la garantía de que el proyecto minero tendría un impacto socioeconómico positivo sobre las comunidades aledañas.

Escasas semanas después, la empresa le replicó que no pensaba contestar a su petición, pues la tildó de “no procedente”. Para Rafael Moreno y su colega Organis Cuadrado, esta respuesta quería decir que la empresa “oculta información por temor a dejar al descubierto irregularidades evidentes”. Además, acusaron que la compañía no llevó a cabo ningún proceso de consulta previa con las comunidades vecinas, un protocolo obligatorio antes de emprender cualquier proyecto minero. 

En Voces de Córdoba, los periodistas multiplicaron los señalamientos contra la empresa. Insistentes en sus denuncias, se volvieron los blancos de críticas malintencionadas. “A todos los que me acusan de hacer esto por dinero o un empleo (…) les contesto que es absurdo”, aseveró Rafael Moreno en un video de 25 minutos que publicó para refutar las acusaciones. “Mi denuncia, la hago basándome en mi trabajo de investigación y en el terreno (...) No invento nada, todo está documentado”.

El caso Carbomas se encaminaba a durar mucho tiempo; sin embargo, un documento que el consorcio descubrió en la mensajería electrónica de Rafael Moreno revela que, el 5 de julio de 2022, en un correo directamente dirigido a Homero Gómez Anaya –el representante legal de la empresa–, el periodista desistió de su solicitud de información enviada tres meses antes. 

El 2 de julio de 2022, apenas tres días antes de este extraño retroceso, Rafael Moreno había sufrido un percance terrorífico: en la caja de su motocicleta, encontró una carta con una amenaza de muerte, junto con la bala de una pistola. “Te crees intocable porque hablas públicamente, pero aquí nadie lo es (…) sabemos todo sobre ti y no te perdonaremos lo que haces”.

Por su lucha contra la extracción ilegal de recursos y contra todo tipo de corrupción, Rafael Moreno incomodaba en muchas partes. Resulta difícil asociar directamente la amenaza de muerte y el correo electrónico a Carbomas para desistir de la solicitud de información, pero lo cierto es que los periodistas dejaron de publicar sobre la empresa después de esa fecha.

El consorcio de Forbidden Stories y sus socios volvieron a solicitar la información que Rafael Moreno quería conseguir. Uno de los documentos obtenidos como producto de una petición a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) –la instancia local de gestión ambiental– revela que, en la época en la que Rafael Moreno denunciaba a Carbomas, la empresa no contaba con el permiso ambiental para su nuevo proyecto minero carbonífero La Estrella.

Gracias a unas imágenes de satélite inéditas de Planet Labs, obtenidas por Occrp – miembro del consorcio –, parece que en mayo de 2022, en el momento de las acusaciones de Rafael Moreno, la mina ya estaba en fase de explotación, aunque la empresa aún no tenía licencia ambiental. “Esta imagen muestra claramente que la mina estaba en fase de explotación, dado el avanzado nivel de deforestación y la presencia de cavidades”, confirma Guadalupe García Prado, directora del Observatorio de Industrias Extractivas, con sede en Guatemala. A pesar de nuestras preguntas, la empresa no ha comunicado la fecha de inicio de sus operaciones.

La compañía solicitó dicho permiso el 21 de junio de 2022, cerca de dos meses después de ser señalada por el periodista. Aún sin autorización, la empresa había “realizado excavaciones y perforaciones profundas”, según ese mismo documento. El permiso ambiental fue otorgado a finales de noviembre de 2022, un mes después del asesinato de Rafael Moreno.

El consorcio también constató que Carbomas consiguió una exención del Ministerio del Interior que le permitió arrancar su proyecto sin consultar a los habitantes de la región. “No procede la consulta previa con comunidades indígenas para el proyecto”, estipulaba. Tras las peticiones del consorcio sobre este punto, la mina justifica que no ha solicitado una exención.

Carbomas no es la única empresa minera que causa problemas en la región. La compañía suministra carbón a Cerro Matoso, la mina de níquel más grande del continente, cuyo impacto en el medio ambiente y en la salud de las comunidades vecinas ha sido denunciado desde hace años. 

El níquel de Cerro Matoso: contaminador número uno

“Capital niquelera”. En la entrada de la ciudad de Montelíbano, este letrero multicolor, colocado delante de una excavadora Caterpillar 773-D, da una alegre bienvenida a los visitantes. “Junio 2022. Con motivo de sus 40 años y de los 115 de Montelíbano, Cerro Matoso hizo entrega de este camión al municipio (…) como símbolo de la actividad minero-industrial de la región”, se puede leer en una placa recién colocada en la entrada. 

La fama de Cerro Matoso rebasa las fronteras de Montelíbano: es la primera mina de níquel de América Latina y la cuarta en el mundo en términos de superficie. En la carretera, los camiones pasan uno tras otro en un desfile incesante, transportando su valioso cargamento de ferroníquel desde la mina hacia la ciudad portuaria de Cartagena.

El mineral, utilizado sobre todo en la producción de acero inoxidable, se exporta principalmente hacia China, Estados Unidos y Europa. “Participamos de manera activa en la transición energética porque nuestros materiales son muy cotizados para producir paneles solares”, presume Pedro Oviedo, jefe de operaciones en la mina. 

Pero el níquel divide. En algunos, el mineral despierta orgullo, pero para muchos, la mina de Cerro Matoso representa, ante todo, un desastre ambiental y sanitario. El gigantesco boquete, de 84.989 hectáreas, se encuentra en medio de la reserva indígena Zenú del Alto San Jorge, y una quincena de comunidades indígenas viven en su alrededor. El pueblo más cercano, Puerto Colombia, se encuentra a apenas 750 metros de las excavaciones y de las plantas donde el níquel es transformado en ferroníquel.

“Aquí no van a encontrar ninguna persona con buena salud, todos estamos enfermos”, afirma Estela Isabel Hoyos Arcia, una habitante del pueblo. El bosque tupido que rodea el poblado no basta para reducir los perjuicios de las actividades mineras. “Nuestros ojos están irritados todo el día”, agrega.

Este malestar es producto del humo que se escapa de las chimeneas de la planta minera, “y más en la noche”, según los habitantes. En noviembre de 2021, Rafael Moreno publicó una fotografía comprometedora para la minera Cerro Matoso: en ella, se observaba una enorme nube de humo de color rosáceo, con aspecto de torbellino, que salía del sitio minero y cubría una vasta zona. “Que hermosa se ve nuestra subregión con las decoraciones que le pone Cerro Matoso”, comentó con un tono irónico. 

La empresa acusó entonces a Rafael de publicar una fotografía desactualizada. En reacción, el periodista y su colega Organis Cuadrado se trasladaron, días después, a escasa distancia de la mina, y filmaron la nube. “Hoy 23 de noviembre de 2021 (…) esta nube rosada que ven, es la que hace daño, la que perjudica a las comunidades”, recalcó.

La compañía minera sigue negando que contamine: “De nuestras chimeneas sólo sale vapor de agua; en cuanto a esta nube rosada, seguramente se trata de un fallo del sistema, es una excepción”, asegura Pedro Oviedo, jefe de operación en Cerro Matoso, en entrevista con Forbidden Stories. Sin embargo, videos difundidos por fuentes locales muestran que sucedieron episodios similares el mismo año y en abril de 2022.

En 2017, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ya había alertado sobre las "emisiones no controladas" que salían de la mina; esta observación fue corroborada por el Ministerio de Salud y Protección Social, que dio cuenta de la existencia de una “nube de color naranja”.

En 2020, antes de las acusaciones de Rafael Moreno, Cerro Matoso ya había sido condenada por el CVS –el órgano regional de gestión medioambiental– por superar las emisiones de partículas, muy por encima de las normas medioambientales. 

Sin embargo, Cerro Matoso niega cualquier acusación sobre contaminación atmosférica y se defiende: “Ninguna de las mediciones [del aire ambiente en 2022, nota del editor] alcanzó el límite de la media anual de las directrices definidas por la Organización Mundial de la Salud”. La empresa también afirma ser transparente, y todas las medidas de sus estaciones de muestreo están disponibles en línea.

Víctor Pineda trabajó durante 22 años en Cerro Matoso, principalmente en la zona de los hornos donde el níquel es transformado a muy alta temperatura, y de los cuales se escapan estas polémicas nubes. “Muchos gases son liberados durante estas operaciones y contienen sustancias peligrosas, muchas de las cuales son cancerígenas, como la sílice cristalina, un cancerígeno reconocido”, explica.

A cuatro kilómetros de la mina, entre las colinas verdes, está la aldea de la comunidad indígena Guacarí-La Odisea. A lo lejos se observan enormes montículos grises: son los residuos de la producción de ferroníquel, amontonados al aire libre.

Los millones de toneladas de residuos generados desde el inicio de las operaciones de la mina se almacenan al aire libre y son dispersados por las inclemencias del tiempo. “Están compuestos de partículas muy tóxicas. Basta un poco de viento o lluvia para que las partículas se desplacen y contaminen”, explica el antiguo trabajador de Cerro Matoso.

Ahí también se multiplican las enfermedades: según los habitantes, no hay una persona que no tenga una discapacidad, afirman que ni siquiera los niños se salvan de los males “inhabituales” que acechan a la comunidad. Yolanda Rosa Hayos, de 63 años, solloza: “Tengo dolores en todas partes (…) y estas manchas negras aparecieron sobre todo mi cuerpo. Consulté con doctores de la clínica de Cerro Matoso, me dijeron que todo estaba bien, que no tenía por qué preocuparme”. 

Efectivamente, la empresa minera financia una clínica a través de una de sus estructuras, la Fundación Panzenú. A ella pueden acudir tanto sus empleados como los integrantes de las comunidades aledañas para recibir atención médica. “Este territorio ha sido abandonado por las autoridades sanitarias. Para recibir atención, la gente va al hospital, pagado por Cerro Matoso, o a la clínica que pertenece a la mina. [Cerro Matoso] es, por lo tanto, juez y parte en las cuestiones de salud”, analiza Camilo Castellanos, médico toxicólogo en la Pontificia Universidad Javeriana. 

Para las comunidades que viven cerca de la mina, no cabe duda: las actividades del níquel tienen un impacto devastador en su salud. “Son sobre todo problemas respiratorios los que nos llevan a la tumba”. Luchan desde hace años para que Cerro Matoso sea reconocida como responsable de estas afectaciones.

Un caso de alcance nacional

En 2013, Israel Aguilar, entonces gobernador y jefe indígena de la comunidad Zenú del Alto San Jorge, y Luis Hernán Jacobo, presidente del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré, presentaron una acción de tutela ante la Corte Constitucional de Colombia contra Cerro Matoso, el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional Minera, por daños ambientales y sanitarios. El máximo tribunal aceptó el caso, y movilizó recursos importantes para determinar el grado de responsabilidad de la minera en los agravios.

Un estudio sin precedentes fue solicitado al Instituto de Medicina Legal y de Ciencias Forenses –una autoridad muy reconocida en el país– para determinar la presencia de níquel en la sangre y la orina de 1.147 personas que viven cerca de la mina, y para identificar la tasa de enfermedades vinculadas a la actividad minera. Sus resultados fueron demoledores: establecieron que “los niveles obtenidos en el muestreo tanto en sangre como en orina están por encima de los datos arrojados por estudios mundiales”, y posteriormente fueron confirmados por el Ministerio de la Salud.

Estela Isabel Hoyos Arcia, residente de Puerto Colombia, sujeta con firmeza la hoja de resultados que recibió cuando el estudio se hizo público: le midieron 6 μg de níquel en la sangre y 19 μg en la orina, tasas 10 y 11 veces superiores, respectivamente, a los límites establecidos por el Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec, una de las normas más estrictas en el mundo.

A la luz de estos análisis, el tribunal emitió una resolución en contra de Cerro Matoso: ordenó a la empresa el pago de una indemnización a las comunidades afectadas, y le conminó a cubrir los gastos completos de atención médica y a renovar su permiso ambiental, que no había cambiado desde 1981. En caso de incumplir con las sanciones, el juzgado contemplaba la posibilidad de decretar “la suspensión de sus actividades extractivas”. 

Pero la empresa South 32 –dueña de la mina–, impugnó la decisión y se armó con los abogados más poderosos del país, entre ellos Eduardo Cifuentes Muñoz, expresidente de la Corte Constitucional (1991-1998). 

Los abogados alegan que “el tribunal malinterpretó el informe médico publicado por el Instituto de Medicina Legal (…) porque una relación de causalidad directa no fue establecida entre el impacto constatado en la población y la explotación de Cerro Matoso”. Argumentaron que no era posible atribuir solamente a Cerro Matoso la presencia de níquel en las muestras de sangre, ya que “factores externos” pudieron influir en los resultados.

“Por supuesto que existe un factor externo: la mina en sí misma”, comenta Camilo Castellanos, toxicólogo e integrante del equipo metodológico que elaboró el informe del Instituto de Medicina Legal. “Los niveles de níquel observados en las muestras estaban entre 10 y 100 veces superiores a los límites establecidos por la norma de Quebec (…) Más allá de la interpretación del informe, las tasas de níquel eran de tal magnitud que estoy íntimamente convencido de que la mina intoxica a las poblaciones de manera crónica”, sostiene. 

Antes de llevar a cabo el estudio, la metodología fue validada por las instituciones públicas participantes y por todas las partes actoras, incluyendo Cerro Matoso. Según Javier de la Hoz, quien representó a las comunidades en el juicio, “este informe es la prueba más contundente que pueda existir para demostrar la responsabilidad de la minera”.

En su respuesta a las preguntas enviadas por Forbidden Stories, Cerro Matoso cita un informe de 2016 de Julie E. Goodman, toxicóloga de prestigio internacional, que plantea las limitaciones metodológicas y de evaluación del Instituto de Medicina Legal. 

Sin embargo, el caso dio un giro de 180 grados en septiembre de 2018: en segunda instancia, la Corte Suprema dio la razón a la empresa y anuló la mayor parte de las sanciones contra Cerro Matoso. Sólo quedaron las decisiones de renovar el permiso ambiental –con la obligación de realizar un proceso de consulta indígena–, de remediar los impactos ambientales y de garantizar servicios de salud de las poblaciones afectadas.

Muy pocos se explican la revocación de la sentencia en segunda instancia, a pesar de las pruebas aportadas por el Instituto de Medicina Legal. Para Javier de la Hoz, no hay duda: "Hubo corrupción”.

En 2015, meses después de que la Corte Constitucional de Colombia inició la acción de tutela contra Cerro Matoso, el gigante minero BHB Billiton, que era propietario del yacimiento de níquel desde 1980, cedió la concesión de la mina a South 32, una sociedad australiana de reciente creación, que nació de una escisión de la propia BHB Billiton y heredó los activos considerados no estratégicos de la transnacional.

Desde que se dio a conocer la sentencia del juicio, un acuerdo para definir el protocolo de la consulta indígena ha sido pactado con las comunidades. Este acuerdo contempla el pago de 58.000 millones de pesos a las comunidades a través de proyectos sociales, defiende Cerro Matoso en su respuesta a nuestras preguntas.

En Puerto Colombia, el pueblo más cercano de la mina, casi todas las casas han sido renovadas, y algunas siguen en obra. Pero “la salud no tiene precio, y esta casa nueva no me la devolverá”, deplora Estela Isabel Hoyos Arcia, quien sufre múltiples problemas digestivos. 

Aunque el caso concluyó, las acusaciones contra Cerro Matoso continúan. En San José de Uré, pueblo afrocolombiano ubicado a diez kilómetros de la mina de níquel, un desastre sanitario ocurre en silencio: en los últimos dos años, cerca de veinte mujeres han sufrido una histerectomía (ablación del útero), según una investigación llevada a cabo por RFI, integrante del consorcio de Forbidden Stories. Todas las mujeres han presentado síntomas similares: hemorragias graves y dolores insoportables. “¿Por qué somos tantas las que sufrimos de esta manera?”, preguntan .

La respuesta se encuentra en el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: el documento señala que el fibroma uterino es una de las diecisiete enfermedades que afectan a las poblaciones aledañas a Cerro Matoso. Pese a la orden de la Corte Constitucional para que la minera proporcione una atención médica completa a las víctimas de estas enfermedades, ninguna de las mujeres recibió apoyo. En su reporte, la Corte Constitucional había alertado sobre la “contaminación del río Uré con partículas provenientes de la mina”. La empresa se defiende afirmando que, hasta la fecha, “sólo una persona ha solicitado asistencia en virtud de este protocolo”.

“El caso de salud no está cerrado (…) y las consecuencias sobre nuestra madre tierra son peores que antes”, afirma Israel Aguilar. 

En Córdoba, arriesgar la vida denunciando las actividades mineras

Al igual que Rafael Moreno, muchos actores locales y personas afectadas por las actividades mineras de la región han denunciado sus efectos negativos sobre la salud y el medioambiente; al hacerlo, se han expuesto a graves peligros.

Desde la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016, 56 líderes locales, en parte involucrados en temas relacionados con las minas, han sido asesinados en el sur de Córdoba, según el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz). En Colombia, las actividades mineras constituyen una de las principales causas de conflictos socioambientales. 

Israel Aguilar, exminero y enérgico defensor de las comunidades indígenas de la zona, da cuenta del peligro latente: “Ya no puedo desplazarme en espacios públicos. En mi casa, no paso más de veinte minutos en la terraza, es demasiado arriesgado”. Orador público muy activo en las cuestiones de minería desde hace varias décadas, el líder ha recibido numerosas amenazas y solo se mueve con escolta. En Córdoba, 202 personas se benefician de una protección por parte de la Unidad Nacional de Protección. 

“Aquí, el poder funciona en triángulo: los grupos armados (el Clan del Golfo, principal pandilla de narcotraficantes en el país), los políticos y las mineras constituyen un mismo ecosistema de corrupción y de delincuencia”, dice una fuente que prefiere guardar su anonimato. 

“Todas las empresas mineras presentes aquí pagan al clan. Donde hay minas, hay grupos paramilitares”, comenta otra fuente, quien también desea preservar su identidad.

Víctor Pineda dejó Cerro Matoso en 2003, después de 21 años de trabajo en la empresa, por motivos de salud. Víctima de una disautonomía del sistema nervioso y de varios problemas digestivos y cardíacos, el extrabajador lleva dos décadas luchando para que sus padecimientos sean reconocidos como una enfermedad laboral, lo que le daría derecho a una retribución. El hombre acusa a la compañía de no haber implementado las medidas de protección necesarias, y de haberlo expuesto a temperaturas dañinas para la salud.

Algunos días después del asesinato de Rafael Moreno, Víctor Pineda compartió en Facebook varias publicaciónes del periodista sobre Cerro Matoso, para honrar su memoria. Más de una semana después recibió, por su ventana, una carta de amenaza: “Deje de tirarse de líder ambiental (…) ya vio lo que le pasó al periodista Rafael Moreno en Montelíbano (…) está advertido” . Se quedó estupefacto. “No entiendo por qué me amenazan personalmente. Somos muchos los que denunciamos la mina, y no soy ni líder ni vocero” , dice el jubilado.

Organis Cuadrado, compañero de aventuras de Rafael Moreno y crítico acérrimo de la actividad minera en su región, decidió adoptar un bajo perfil desde el asesinato de su amigo. Conduce ahora un programa musical y de noticias para la radio local La Piragua: “Tengo una familia, quiero ver a mis hijos crecer (…) sé que sería el siguiente en la lista si siguiera denunciando como lo hacía con Rafa”. El periodista siempre viaja acompañado por dos guardaespaldas y se desplaza en un auto blindado. 

El asesinato de Rafael Moreno marcó un antes y un después en la región. Aunque algunos siguen levantando la voz, muchos prefieren callarse. “Es el silencio”, suelta Organis. 

Felipe Morales (El Espectador), Pascale Mariani (France 24), Ivonne Rodríguez (CLIP), Angélica Perez (RFI) y Aabla Jounaïdi (RFI) contribuyeron con entrevistas e investigación.

Traducción de Mathieu Tourlière y Elena García.