Cuando, desde Puerto Cabello, empezaba a esparcirse el vaho de los alimentos vencidos en contenedores, también dio inicio una vasta operación de maquillaje del negocio agroindustrial del Estado venezolano. La Corporación Venezolana Agraria (CVA), siguiendo a algunas subsidiarias que la precedieron en el proceso, fue puesta en liquidación. Hasta entonces se suponía que ese ente jugaría un rol clave en la revolución agrícola, al punto que le fue confiada la mayor tajada de las empresas expropiadas por decreto presidencial, le transfirieron filiales de Pdval, y servía de plataforma para empresas mixtas con Cuba, China y otros países. ¿Qué hay detrás de su repentino cierre?
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En liquidación: Ese es el final que tendrá el emprendimiento creado por el gobierno para organizar la producción agrícola venezolana. Se trataba de un proyecto ambicioso, de un lugar que estaría a cargo de la gestión empresarial del Estado para desarrollar este sector, una iniciativa con una fuerte inversión, que terminó agrupando a un conjunto importante de empresas venezolanas y que no llegó a cumplir diez años de vida.
Con la publicación de la gaceta extraordinaria 5.990 el jueves 29 de julio de 2010, el Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA) inició su proceso de liquidación.
En el mes noviembre del año 2001 nació, y el 18 de mayo de 2005 se reformó a través de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario esta corporación con aspiraciones de gigante, que funcionó para crear y absorber compañías del Estado vinculadas con el sector agrícola, pero también para quedar a cargo de 31,3% de las empresas expropiadas por decreto presidencial entre enero de 2007 y junio de 2010.
Hasta el momento de su liquidación, la CVA, con sede en Barquisimeto, estado Lara, tenía como fin, según su página oficial, “impulsar el aparato productivo agrario, coordinar y supervisar las actividades empresariales del Estado para el desarrollo del sector agropecuario en el país”. Pero también había servido como plataforma venezolana de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a través de la creación de empresas mixtas con el gobierno de la República de Cuba.
La lista de sociedades, que formaban parte de la Corporación, está conformada según su espacio en Internet por 12 empresas: CVA Lácteos, CVA Azúcar, CVA Café, CVA Cereales y Oleaginosas, Centro Técnico Productivo Socialista Florentino, Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora, Cacao Oderí, CVA Leander Carnes y Pescados, Café Venezuela S.A., Avícola del Alba, Empresa Mixta Socialista Leguminosas del Alba y CVA Cultivos Varios S.A. Pero esas no son todas las que son.
Estas empresas y las no incluidas en el grupo que la CVA reconoce oficialmente –entre ellas, algunas sociedades creadas por la Corporación, las transferidas por otros organismos del Estado y las compañías expropiadas que se adjudicaron al ente- se verán afectadas con la Ley de Supresión y Liquidación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA).
Desde enero de 2007, el Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA) había realizado inversiones millonarias para crear compañías relacionadas con distintos productos agrícolas: carne, cacao, arroz, leguminosas, leche y azúcar, entre otros. En un periodo de 42 meses (3 años y medio) gastó BsF. 22.433.313 ($ 10.433.471, según el cambio oficial vigente) para lograr esto y dar respuesta a la política agrícola nacional, a través de nuevas “empresas de producción social”.
Así surgieron 16 compañías, creadas por decreto presidencial y puestas a cargo de este Instituto adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. La inversión más fuerte se hizo entre 2007 y 2008, años en los que tienen su partida de nacimiento 93,75% (15) de estas empresas. Después de este momento, que coincide con la publicación del Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista –PPS-en el año 2007, solo una fue creada en 2010.
En ese plan de la Nación, que establece las políticas de desarrollo económico y social entre 2007 y 2013, se define que “el Modelo Productivo Socialista estará conformado básicamente por las Empresas de Producción Social (EPS), que constituyen el germen y el camino hacia el Socialismo del Siglo XXI, aunque persistirán empresas del Estado y empresas capitalistas privadas”.
En este tiempo y a través del mecanismo de creación de empresas, la CVA también fue plataforma de los acuerdos firmados entre Venezuela y Cuba, que surgieron a partir de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA). 50% de las compañías creadas desde enero de 2007 por esta corporación, tienen como aliado a la República de Cuba.
Las ocho “empresas mixtas socialistas” que surgieron por esta alianza binacional poseen un modelo común: 51% de las acciones pertenecen al Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria y 49% a una empresa de la República de Cuba. Todas, menos una, nacieron con un capital inicial de BsF. 53.745 ($ 24.997,7).
La que sale del molde es la Empresa Mixta Socialista Cacao del Alba, S.A. que, aunque tiene la misma distribución de acciones, muestra un capital inicial de BsF. 5.300 ($ 1.232,6).
De este modo, la inversión total de la alianza suma BsF. 381.515 ($ 176.216,3) por el capital inicial de las empresas. Esta alianza binacional abarca a las siguientes sociedades: Empresa Mixta Socialista Arroz del Alba, Empresa Mixta Socialista Maderas del Alba, Empresa Mixta Socialista Leguminosas del Alba, Empresa Mixta Socialista Lácteos del Alba, Empresa Mixta Socialista Avícola del Alba, Empresa Mixta Socialista Porcinos del Alba, Empresa Mixta Socialista Pesquera Industria del Alba y Empresa Mixta Socialista Cacao del Alba; Venezuela colocó BsF. 194.563 ($ 89.866,5) y Cuba BsF. 186.952 ($ 86.349,8).
Otro mecanismo que terminó engrosando la lista de empresas adscritas a la Corporación Venezolana Agraria (CVA), antes de su liquidación, fue la transferencia de compañías de un organismo del Estado a otro. Por esta vía, se sumaron al listado cuatro empresas que estaban relacionadas con Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) y la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (Pdval).
En fecha tan reciente como el lunes 31 de mayo de 2010 (es decir, dos meses antes de que se decretara la liquidación de la CVA), a través del decreto 7.418 pasaron a manos de la CVA: Lácteos Los Andes C.A. (Mérida), Industrias Diana C.A. (Valencia), Productos La Fina C.A. (Valencia) e Indugram C.A. (Valencia). A excepción de Lácteos Los Andes, relacionada con la producción de lácteos, las otras tres empresas estaban dedicadas al procesamiento del aceite de palma.
La transferencia fue atribuida a la necesidad de “concentrar en un solo órgano, la adscripción de todas las empresas públicas vinculadas al sector agroalimentario, con el objetivo de asegurar y garantizar, el óptimo ejercicio de sus actividades dentro de las competencias que le han sido otorgadas”.
En esos días, aparecieron los primeros contenedores con alimentos vencidos en Puerto Cabello, estado Carabobo, que correspondían a la cadena de comercialización de Pdval. También el jueves 13 de mayo (esto es, dos semanas antes de que Pdvsa transfiriera a CVA empresas bajo su control), la Asamblea Nacional había sancionado la Ley de Supresión y Liquidación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA). Una vez publicada en Gaceta Oficial –dos meses después-, se iniciaría el proceso que pondría fin a la empresa que absorbió las compañías antes a cargo de Pdval y Pdvsa. En otras palabras: la muerte de CVA ya estaba decidida pero, no obstante ello, Pdvsa prefirió pasar sus empresas agroalimentarias a una corporación que tenía los días contados.
En su trabajo como corporación, el Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA) no solo creó y recibió empresas de otros organismos del Estado. Su patrimonio fue engordando al engullir un grupo importante de compañías expropiadas por decreto y relacionadas con el sector agrícola.
De las 48 adquisiciones forzosas a causa de utilidad pública o social establecidas por decreto presidencial entre enero de 2007 y junio de 2010, 15 (o 31,3%) fueron asignadas a compañías actualmente en proceso de liquidación. Todas ellas llegaron a ser parte de la CVA.
La mayoría de las empresas fueron afectadas por el decreto de adquisición forzosa entre 2009 (33,3%) y 2010 (46,7%), poco antes que se imprimiese la partida de defunción del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria y sus empresas. Solo tres fueron expropiadas en 2007: Frutícola Caripe (Monagas), el Frigorífico Industrial Barinas (Barinas) y el Frigorífico Industrial de Carnes de Perijá (Zulia).
En 2009 pasaron a manos de la CVA: la Sociedad Mercantil Agropecuaria Miramar (Mérida), la Sociedad Mercantil Almacenadora Pico El Águila (Mérida), Cargill de Venezuela (Portuguesa), la Truchicultura Valle Rey (2009) y Conservas Alimenticias La Gaviota (Sucre).
Por último, las correspondientes a 2010 fueron: la Industria Azucarera Santa Elena (Portuguesa), la Industria Azucarera Santa Clara (Yaracuy), la Central Azucarera del Táchira (Táchira), la Central Venezuela y Agrícola Torondoy del Complejo Agroindustrial Azucarero (Zulia), la Agropecuaria La Batalla (Barinas) y Molinos Nacionales (Carabobo) –la expropiación de esta última empresa se detuvo luego de un proceso de negociación.
Un grupo importante de este lote de empresas, que quedó a cargo de la CVA (33,3%), estaba vinculado con la producción de azúcar. El resto trabajaba con otros productos como: el café, el arroz, la carne, la leche, el pescado y las frutas.
Antes de la publicación de la Ley que puso fin a la CVA, cinco sociedades de las 15 adscritas a esta Corporación habían iniciado su propio proceso de liquidación decretado por el presidente de la República el 1 de marzo de 2010, antes de la liquidación definitiva del holding.
A cinco meses del inicio del proceso, y a un mes de concluir el tiempo establecido para la liquidación de estas cinco empresas que formaban parte de la CVA, su historia y la de las compañías expropiadas pueden dar una idea de lo que podría ocurrir con todas las sociedades de la Corporación, una vez iniciada su liquidación.
Las sociedades del Estado pertenecientes a la CVA, que en marzo de 2010 recibieron su acta de defunción (antes de la liquidación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria), tuvieron pocos años de vida. Entre 2005 y 2008 fueron creadas para contribuir con el desarrollo de sectores estratégicos, principalmente el agrícola y el ganadero. Cuatro de ellas tuvieron su origen en decretos presidenciales y sumaron un capital inicial de BsF. 110.000 ($ 51.162,8): CVA Cereales y Oleaginosas de Venezuela S.A., CVA Lácteos S.A., CVA Leander Carnes y Pescados S.A. y CVA Cultivos Varios S.A.
La quinta llegó a tener como accionista mayoritario a una empresa china. Sin embargo, poco antes de su liquidación, en diciembre de 2008, la CVA invirtió BsF. 4.150.000 ($ 1.930.232,6) para comprar acciones y quedarse con la mayoría de la compañía.
Para esa fecha, la Empresa Agrícola Venchi, S.A. había alcanzado un capital de BsF. 8.300.000 ($3.860.465,1) y luego de la compra tenía como dueños a la CVA (70% de las acciones), al Fondo para el Desarrollo del Estado Lara (20% de las acciones) y a la sociedad china Compañía de Cooperación Económica y Tecnológica High Star S.A. del Grupo de Granjas Estatales de Guanxy (10% de las acciones).
De las empresas expropiadas por decreto presidencial, cinco fueron asignadas a este grupo de compañías, que formaban parte de la CVA y que iniciaron su liquidación en marzo de 2010.
La Truchicultura Valle Rey, el Frigorífico Industrial Barinas (Fribarsa), el Frigorífico Industrial de Carnes de Perijá (Fricapeca) y Conservas Alimenticias La Gaviota (empresa que en 1997 alcanzó un capital de Bs. 624.000.000 -$ 1.307.080) quedaron a cargo de CVA Leander Carnes y Pescados, creada por decreto presidencial el 7 de febrero de 2007. Esta empresa del Estado había anunciado –antes de su liquidación- que exportaría su modelo a Ecuador a raíz de unos acuerdos firmados entre Venezuela y Ecuador.
En el caso de la Truchicultura Valle Rey, la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria fue el respaldo legal bajo el cual se llevó a cabo la medida que culminó con la expropiación de la empresa de Isidro Rodríguez.
El decreto presidencial 6.942, publicado en la Gaceta Oficial el 23 de septiembre de 2009, estableció de manera oficial la adquisición forzosa de los bienes muebles, inmuebles y bienhechurías, aunque el proceso había comenzado un día antes cuando un grupo de oficiales llegó al sector Monterrey Alto en Mérida para realizar un proceso de inspección y fiscalización de la truchicultura.
Solo diez meses después de esa expropiación “originaria”, el 20 de julio de 2010, un nuevo grupo de oficiales castrenses y funcionarios visitaron las instalaciones de la empresa, para notificar a su personal que la Truchicultura Valle Rey ya no estaría en manos de CVA Leander Carnes y Pescados y que pasaría a otro organismo del Estado. El hecho coincidió con el cuarto mes del proceso de liquidación de CVA Leander Carnes y Pescados, ejecutado por una junta liquidadora.
Hasta el momento, los propietarios iniciales de la truchicultura manifestaron que no habían recibido oferta alguna ni, por supuesto, pago de indemnización por sus activos.
Por su parte, el Frigorífico Industrial Barinas (Fribarsa) y el Frigorífico Industrial de Carnes de Perijá (Fricapeca) fueron expropiados el 21 de junio de 2007 para contribuir con el “Desarrollo Socialista de Servicios Públicos de la Cadena Cárnica”. Un año después, el Estado anunció la inversión en Fricapeca de BsF. 16.642.945 ($7.740.904,7) para la “recuperación del frigorífico”.
En el caso de Fribarsa, tres meses después de iniciado el proceso de liquidación de CVA Leander Carnes y Pescados y a tres años de la expropiación, sus trabajadores denunciaron en junio de 2010 a los medios de comunicación, la pérdida de 40 toneladas de carne por fallas eléctricas en los depósitos.
La suerte de todas las empresas no fue la misma. Lo ocurrido con la asignada a CVA Cereales y Oleaginosas, S.A., reveló otro destino de una empresa cuyo decreto de adquisición forzosa había sido publicado el 12 de mayo de 2010 en la Gaceta Oficial.
Para ese momento, CVA Cereales y Oleaginosas de la CVA llevaba ya dos meses en liquidación. Por lo tanto, Molinos Nacionales, C.A. (Monaca) había sido asignada a una sociedad en liquidación. También fue diferente su final, pues un proceso de negociación puso freno a la expropiación de Monaca, compañía que hasta el momento de su expropiación pertenecía en su mayoría al poderoso grupo agroindustrial mexicano Gruma (accionista mayoritario), teniendo como accionista minoritario a Ricardo Fernández Barrueco (banquero actualmente preso). “Ellos han propuesto la posibilidad de una empresa mixta y lo estamos estudiando, pero ya en este momento eso está bajo administración del gobierno”, anunció el 14 de julio, frente a un grupo de periodistas, el vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua.
En septiembre de 2010 se debería completar la liquidación de las cinco empresas adscritas al Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria y que iniciaron el proceso antes de la publicación de la Ley que acabará con la propia CVA. Aunque en el decreto no se hace mención directa a las expropiadas –que habían quedado a cargo de las empresas de la CVA-, su futuro lo determinará la junta liquidadora de cada sociedad.
Esta primera liquidación, establecida en el decreto 7.235 del 1 de marzo de 2010, buscaba promover un sistema centralizado para la política agroindustrial e “integrar criterios y políticas que conlleven al cumplimiento efectivo de los objetivos de la Corporación Venezolana Agraria (CVA) a los fines de continuar de manera eficaz con el nuevo modelo de relaciones sociales de producción y articulación efectiva de la agroindustria para satisfacer las necesidades de la población venezolana”.
Ese día y en la misma Gaceta, se anunció la creación de una empresa que cumpliría funciones similares a la CVA: la Corporación Venezolana de Alimentos, S.A. (CVAL), que sería la “empresa matriz tenedora de las acciones de empresas del Estado del sector agrícola, cuando para el funcionamiento de estas se requiera una vinculación entre ellas, o sean creadas con la finalidad del desarrollo de actividades específicas con el objeto de dicha empresa”.
Cuatro meses después, se inició el proceso de liquidación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA).
Un año, a partir del 29 de julio de 2010, es el tiempo programado para ejecutar la liquidación de la CVA. En ese periodo quedará establecida la suerte de los bienes del organismo, así como de sus empresas. Una junta liquidadora, integrada por un presidente, cuatro miembros principales y sus respectivos suplentes –nombrados por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras-; determinará su futuro.
El artículo 10 de la Ley de Supresión y Liquidación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA) asoma algunas pistas de lo que le podría suceder a las compañías que formaban parte de la CVA. Se presentan dos posibilidades.
La primera, es su supresión y liquidación por orden de un decreto presidencial y la transferencia de sus bienes a: un “ente descentralizado que ordene crear el Ejecutivo Nacional y cuyo objeto principal está relacionado con actividades de producción, industrialización, distribución e intercambio de productos alimenticios agrícolas, ejecución, mantenimiento o rehabilitación de infraestructura de apoyo a la actividad agrícola; así como el desarrollo de nuevas agroindustrias estatales y su operación como casa matriz”. Es decir, un organismo creado que realice actividades parecidas a las que tenía la empresa liquidada.
La segunda, es la transferencia de los bienes, derechos o intereses de la CVA, según un orden de prioridades, a cargo del ministro de Agricultura y Tierras.
El traspaso de las empresas de la CVA a otro organismo del Estado o su posible liquidación ocurrirá en los próximos meses. Será entonces cuando se sabrá lo que sucederá con cada una de las compañías que se fueron sumando a una corporación que buscaba ser un gigante empresarial a través de transferencias, creación de sociedades o empresas expropiadas: el Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA), completando así un cambalache empresarial, que suma ya varios millones de Bolívares.
En 2011 el fallecido presidente de Venezuela inauguró la Comuna Agroindustrial Willian Lara, inspirada en una idea similar desarrollada en Bielorrusia. El proyecto se concretó, la construcción comenzó y el dinero se gastó. Seis años después no hay producción que justifique los 300 millones de dólares ni los 1.287 millones de bolívares invertidos. El gobierno del sucesor de Hugo Chávez, acuciado por la caída de los precios del petróleo, olvidó la idea de convertir al país en una gran comuna y abandonó el proyecto. Nada asegura que el enésimo fracaso de un plan chavista para repoblar las agrestes zonas del centro de Venezuela destierre de corpus ideológico de su burocracia las supercherías voluntaristas de Simón Rodríguez: “O inventamos, o erramos”
Más de 50 millones de bolívares se evaporaron en las “casas de cultivos protegidos”. Un buen día aparecieron estructuras importadas para sembrar a un costado de la Regional del Centro y otras de las autopistas venezolanas, pero resulta que no eran para el clima ni para el campo de esta parte del mundo.
Antes de sus siete huelgas de hambre, se destacó por sus cultivos. Era "El rey de la patilla", cuentan en el pueblo donde todo comenzó. Hoy hace ya cinco años que terminó de reducirse a 33 kilos y, entretanto, aquí no ha pasado nada.
Una de las pocas historias de relativo éxito en las comunas socialistas que el Gobierno venezolano impulsa en propiedades rurales incautadas por todo el país es El Maizal, en el estado Lara. Pero desde diciembre pasado una decisión del Tribunal Supremo, que llegó a anular los efectos de un documento entregado por Hugo Chávez, ha puesto en entredicho la propia existencia del proyecto. Si bien el fallo está en revisión, dejó lastimados sin remedio a la autonomía de la justicia, a los derechos de los antiguos dueños, y a los productores agrarios, presas por igual de un proceso confiscatorio compulsivo.
Se llama Herald Crespo y era director de Agroflora, la empresa del Estado que resultó de la expropiación de la legendaria "Compañía Inglesa", o Vestey Farms, la ganadera más grande del país. Pero ahora está preso en Apure. La Fiscalía lo imputó por robo de ganado. Él no niega que vendía reses de la empresa estatal a precios no regulados (asegura que el ministro Yván Gil lo sabía), pero afirma que lo hacía para ayudarla a subsistir. Un caso que muestra las zonas grises y contradicciones generadas por los controles del mercado y que explican, en buena parte, la actual escasez de la carne.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
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