En simultáneo con la apertura en las islas Seychelles de la empresa que delataría su fortuna, en otras islas, las Vírgenes Británicas, Adrián Velásquez Figueroa, (a) Guarapiche, reemplazó en la junta directiva de una compañía al flamante dueño de Globovisión. La firma, a su vez, era la propietaria de un valioso terreno en República Dominicana. Estos negocios en islas tropicales, de por sí caudalosos, ilustran además los métodos de Gorrín para pagar favores, que ahora se investigan en un tribunal de Miami.
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El Capitán Guarapiche también tuvo una propiedad en Punta Cana. Adrián José Velásquez Figueroa –el mismo escolta de Hugo Chávez al que apodaban con el nombre del río que cruza su natal Maturín y que despuntó en los llamados Panama Papers de 2016– fue, a la sombra, el dueño de un terreno en Cap Cana, el exclusivo conjunto residencial con vista a la Costa del Coco, en el extremo este de República Dominicana.
Se trata de una de las parcelas sin desarrollar, con una superficie de 11.580 metros cuadrados y ubicada nada más y nada menos que a un costado del campo de golf de Punta Espada, en Punta Cana, la meca turística de la isla de La Española. Un verdadero tesoro adquirido en diez millones de dólares, según datos del propio complejo turístico, que había pasado inadvertido bajo la fachada de una empresa llamada Settingsun Group, cuyas pistas llegan hasta fondos de venezolanos.
Escondida bajo el anonimato de los paraísos fiscales, hasta ahora Settingsun Group no era más que otra de tantas empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas. Pero un legajo de 11,9 millones de documentos filtrados, investigados y publicados por más de 600 periodistas de todo el mundo –agrupados alrededor del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y lo que desde esta semana se empieza a conocer como los Pandora Papers– vuelve a traer, entre incontables revelaciones, el nombre de Velásquez a la luz pública.
Hasta el 3 de abril de 2016 ese nombre era apenas conocido. Pero ese día, a la una de la tarde de Caracas, salieron los llamados Panama Papers. Entonces, entre tantas extravagancias destacó la historia del exoficial. El exjefe de la Guardia de Honor que custodiaba al fallecido Hugo Chávez, a sus escasos 36 años, mantenía una sociedad offshore en las islas Seychelles, un archipiélago en el océano Índico, al suroeste de África.
Velásquez Figueroa abrió esa empresa el 18 de abril de 2013, cuatro días después de la apretada victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales sobrevenidas de aquel año en Venezuela, en las que se elegía al sucesor de Hugo Chávez. Los registros divulgados entonces señalaban que estableció la compañía con el nombre Bleckner Associates Limited y un capital de 50.000 dólares, por intermedio del bufete panameño Mossack Fonseca, hasta entonces uno de los más buscados para crear sociedades de maletín.
La empresa había sido constituida para gestionar una cuenta en el banco suizo BSI, algo inusual para alguien de quien hasta entonces solo se sabía que percibiera el salario de un funcionario público en tiempos de control cambiario. Pero la condición de su pareja, Claudia Díaz Guillén, remachaba una retahíla de dudas que le rodeaba. Díaz Guillén, también oficial retirada de la Guardia Nacional, había sido la enfermera de Hugo Chávez por siete años y luego convertida en jefa de la Oficina Nacional del Tesoro, cargo que desempeñó desde 2011 hasta unos pocos días después de que Guarapiche registrara la empresa en Seychelles en 2013.
Díaz Guillén y Velásquez Figueroa se casaron en ese mismo año de 2013. Pero ahora se sabe que, después de ese año estelar, la fábula de ascenso económico y social de la pareja no desembocó en el “y vivieron felices para siempre”. El escándalo de los Panama Papers los conminó a abandonar el domicilio que habían establecido en República Dominicana para emprender una encrucijada legal en la que, hoy desde Madrid, intentan evitar su extradición a Estados Unidos apelando a principios procesales y razones humanitarias ante la Audiencia Nacional de España.
Entretanto, se ha venido revelando la extensión del patrimonio acumulado por la pareja tras unos pocos años de servicio estatal. Ese destape arrancó apenas un mes después de las primicias de los Panama Papers, cuando una comisión de fiscales allanó tres apartamentos que tenían en Caracas, en el Conjunto Residencial Oasis de la urbanización San Bernardino, un barrio de clase media en el norte de la capital venezolana. Durante el procedimiento, las autoridades confiscaron lo que describieron como una colección de autos de lujo, obras de arte, joyas y documentos relacionados con propiedades inmobiliarias dentro y fuera del país.
A cuentagotas, desde entonces le han ido apareciendo bienes y propiedades situadas tanto en el pueblo de Galipán, en el corazón del parque Nacional El Ávila, como en el archipiélago de Los Roques. Una nota de Associated Press, basada en registros judiciales de Liechtenstein, sorprendió el año pasado al dar cuenta de una compañía establecida en San Vicente y las Granadinas y relacionada con Díaz Guillén, que había adquirido 250 lingotes de oro valorados en más de 9,5 millones de dólares.
Ahora en los Pandora Papers, Velásquez Figueroa vuelve a figurar en empresas offshore. En este caso, aparece una compañía registrada en Islas Vírgenes Británicas, Settingsun Group, en cuya junta directiva, a apenas un año de su constitución, Guarapíche reemplazó a otra figura connotada de la llamada boliburguesía: Raúl Gorrín, el dueño de Seguros la Vitalicia y del canal 24 horas de noticias Globovisión, a quien se acusa desde diciembre de 2020 en una corte del Distrito Sur de Florida, junto al propio Adrián Velásquez y su esposa, Claudia Díaz, de formar parte de una “conspiración de lavado de dinero que involucra más de mil millones de dólares en sobornos”.
Settingsun detentaba la propiedad de una parcela en Cap Cana. Así que, tras bastidores, la propiedad de Punta Cana pasó de Gorrín a manos de Velásquez el 23 de junio de 2013, justo dos meses después de constituir la empresa de Seychelles que le pillaron en los Panama Papers. Ese día, según los registros del bufete Trident Trust incluidos en la filtración de Pandora Papers, Raúl Gorrín dejó de ser director de Settingsun para dar paso a Guarapiche y su hermano, Josmel José Velásquez Figueroa. Estos, a su vez, abandonan la junta directiva en 2014 para que entrara el abogado dominicano Ángel Alberto Encarnación Amador, hoy subdirector de Aduanas en su país.
Raúl Gorrín había fundado Settingsun Group Limited en noviembre de 2012 en sociedad con otro venezolano, Juan José Ramírez Meléndez.
A juzgar por los términos del juicio abierto en el Distrito Sur de Florida –y por el que Estados Unidos ha solicitado en extradición a Velásquez Figueroa y Díaz Guillén–, no es casualidad que el exescolta de Hugo Chávez haya sucedido a Gorrín en la propiedad de Punta Cana. Se trataría de un indicio más de los alegatos que la justicia estadounidense ha venido presentando desde hace años con respecto a Gorrín, y que lo retratan como un empresario que soborna con yates, inmuebles, caballos de raza, relojes de lujo y depósitos en el exterior a funcionarios de la Oficina Nacional del Tesoro –principalmente, Claudia Díaz y un antecesor en su cargo, Alejandro Andrade–, a cambio de privilegios en el acceso a los cupos de dólares a tasas preferenciales que se instauraron durante el régimen de control de cambios que funcionó en el país entre 2003 y 2014.
“Para ocultar los pagos, Raúl Gorrín Belisario, junto con otros, utilizó cuentas bancarias mantenidas a nombre de empresas fantasmas y disfrazó una serie de pagos de sobornos en beneficio de Claudia Patricia Díaz Guillén haciendo los pagos a Adrián José Velásquez Figueroa, el esposo”, afirma el escrito de imputación que la fiscal federal, Adriana Fajardo Orshan, formalizó en diciembre del año pasado contra la pareja. La acusación representa una ampliación del caso abierto contra Gorrín desde 2018.
El primero en sugerir en público el concierto entre Gorrín y los jefes de la Tesorería Nacional fue el excandidato presidencial opositor, Henrique Capriles Radonski, cuando el 26 de mayo de 2013 aireó el tema en Twitter: “Le sonarán al Sr. Gorrín los nombres de Claudia Díaz y Adrián Velásquez a quien le dicen Guarapiche? [sic]”, preguntó apenas seis semanas después de que perdiera frente a Nicolás Maduro la inesperada elección de abril de 2013. Hablaba entonces desde la impotencia que suponía comprobar un boicot en su contra en la televisora Globovisión a partir del momento en que Gorrín la comprara e imprimiera un giro de 180 grados en su línea editorial.
Gorrín no respondió a los llamados telefónicos ni a una solicitud formal de entrevista que Armando.info le hizo llegar a su despacho en el antiguo edificio de Compu Mall de la urbanización Las Mercedes, en el sureste de Caracas. En Madrid tampoco fue posible dar con el matrimonio Velásquez-Díaz. Su abogado hasta ahora, Ismael Oliver, dijo que los dejó de representar. Sea como sea, aquí no solo hay un botín de mil millones de dólares en entredicho sino que también se expone la radiografía de lo que varios analistas han mostrado como un “caso bisagra”. Un ejemplo de cómo las élites empresariales y funcionarios del gobierno de Chávez se articularon para sacar provecho de las arcas del Estado.
JD Supra, uno de los principales sitios web de gestión, cumplimiento bancario y lavado de dinero en Estados Unidos, el año pasado incluyó a este en el top 10 de los casos de corrupción más gruesos de todo el mundo. No en vano, la imputación en el Distrito Sur de la Florida no solo señala el uso de bienes y empresas offshore para esconder dinero, sino una serie de fraudes interconectados, entre los que destaca otro escándalo que Venezuela comparte con República Dominicana: “Alrededor de 2010, Raúl Gorrín Belisario se asoció con Gabriel Arturo Jiménez Aray para adquirir el Banco Peravia para ayudar en el lavado de sobornos pagados a funcionarios venezolanos y las ganancias de este y otros esquemas”.
A la cabeza de un empresario de Maracay ligado al chavismo, de nombre José Luis Santoro, un grupo de venezolanos aterrizó en 2011 en Santo Domingo para entrar en el sistema financiero local haciéndose de un pequeño banco. Lo compraron y en cuestión de tres años se comieron el dinero de los ahorristas, a través de préstamos fraudulentos y tarjetas de crédito con identidades falsas.
Cinco de los 20 imputados fueron condenados en 2015 por el desfalco de unos 1.400 millones de pesos o lo que entonces sumaba más de 28 millones de dólares, pero la mayoría de los señalados quedaron en fuga, entre ellos los directivos venezolanos. Lo que en Santo Domingo fue denunciado como un robo, años más tarde fue procesado en las cortes de Miami como un esquema para enviar dinero venezolano a Estados Unidos con escala en República Dominicana.
El segundo a bordo de la institución financiera, el venezolano Gabriel Jiménez Aray, fue detenido y condenado tres años después, pero en Estados Unidos. Allí y ante la corte del Distrito Sur de La Florida admitió que con Gorrín y otros “tomaron la decisión de utilizar el Banco Peravia para pagar sobornos a funcionarios del gobierno venezolano, a cambio de contratos para llevar a cabo esquemas de cambio de divisas y lavar el dinero obtenido de ejecutar esos esquemas de cambio de divisas”.
Otros de los responsables de la quiebra del Peravia siguen prófugos. Entre ellos figura el ciudadano venezolano-estadounidense Lorenzo Alejandro Laviosa López, cuyo abogado fue precisamente el mismo ciudadano dominicano, de nombre Ángel Encarnación, que los archivos privados del bufete Trident Trust de las Islas Vírgenes lo muestran al frente de la empresa Settingsung Group y del terreno en Punta Cana que recibió del ex escolta de Chávez.
Encarnación, ahora funcionario del gobierno del presidente Luis Abinader, responde que a Laviosa lo conoció en Estados Unidos en el año 2015 “no en calidad de venezolano, sino de ciudadano norteamericano”, y luego mantuvo comunicación telefónica con él para representarlo hasta 2016 frente a los cargos por los que aún lo solicitan en Dominicana.
Sobre Adrián Velásquez y la empresa Settingsun Group asegura que no es ni fue el dueño del terreno. Si bien asumió el cargo de director de la empresa, asegura que se trataba de un servicio privado como parte de sus actividades como abogado del bufete dominicano Legal Staff. “Fue un cliente referido a nuestro despacho por grupos empresariales muy reconocidos en la economía dominicana”, apunta en una carta que hizo llegar en simultáneo a El Informe con Alicia Ortega del Grupo SIN y Armando.info, que hoy presentan este trabajo en República Dominicana y Venezuela simultáneamente. “Hablo de grupos en los sectores turísticos e industriales”.
El abogado no precisa a quién representaba a la hora de asumir el cargo de director de la empresa. Insiste, de cualquier modo, que pactar la venta y atender a Guarapiche no era un problema en 2014: “Al momento de interactuar el señor era residente dominicano y español con permiso de residencia legal y cédula vigente. Contaba con referencias bancarias adecuadas y pasaba todos los registros que normalmente hacíamos los abogados para asumir la representación de clientes de conformidad con las legislaciones vigentes para esa fecha”.
(*) Este es un trabajo investigado y publicado en simultáneo en Armando.info y el programa El Informe con Alicia Ortega, del Grupo SIN.
(*) Aníbal Pedrique colaboró con esta investigación.
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolanos originados en la Banca Privada de Andorra. De buena gana lo hizo, no solo gestionando empresas, sino participando de manera activa en la suscripción de contratos por servicios ficticios; luego, cuando el escándalo estalló, de mala gana se desligó de los negocios con clientes riesgosos como Luis Mariano Rodríguez, Diego Salazar o Nervis Villalobos.
Los negocios y propiedades offshore de políticos, millonarios, celebridades, fugitivos y hasta mafiosos quedan al descubierto en esta masiva filtración de documentos, que revela el funcionamiento interno de una economía en las sombras que beneficia a los ricos y bien conectados a expensas de todos los demás. Los casos del presidente de Ecuador; el Ministro de Economía de Brasil; el Rey de Jordania o magnates cercanos a Putin y Erdogan, permiten dar un vistazo a cómo las finanzas secretas han infiltrado la política internacional.
La mayor investigación sobre el mundo offshore realizada hasta ahora devela los secretos financieros de políticos, multimillonarios, celebridades y varios venezolanos vinculados a la élite del chavismo. El proyecto, liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y trabajado durante casi dos años, contó con la participación de más de 600 periodistas y 150 medios de comunicación de 117 países. Esta es su historia tras bastidores.
Según los documentos filtrados, Alcogal creó empresas offshore o extraterritoriales para 160 políticos y funcionarios públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
Registrada en junio de 2013 en las Islas Seychelles por Álvaro Gorrín para adquirir un terreno que luego pasó al ex escolta de Hugo Chávez, Adrián Velásquez, y posteriormente al dominicano Ángel Encarnación.
Empresa registrada en abril de 2013 en las islas Seychelles por el ex escolta de Hugo Chávez con un capital de 50.000 dólares para gestionar una cuenta en el banco suizo BSI. Se trató de un escándalo al conocerse la información gracias a los Panama Papers.
Prófugo de la justicia dominicana, a este ciudadano venezolano-estadounidense se le incluye en el grupo que compró y luego desfalcó el Banco Peravia.
Fue vicepresidente del fracasado Banco Peravia de República Dominicana. Luego del desfalco huyó de Santo Domingo a Estados Unidos, donde colaboró con la Justicia confesando el esquema de lavado que un grupo de venezolanos cometió a través de la institución financiera.
Abogado dominicado que ejerció en la actividad privada en bufetes locales como Legal Staff. A la llegada del presidente Luis Abinader a la Presidencia, fue designado como Subdirector de Aduanas de su país.
Fue enfermera del presidente Hugo Chávez y luego directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela, entre 2011 y 2013. Junto a su esposo, Adrián Velásquez, es solicitada tanto en Venezuela como en Estados Unidos, por lo que, desde Madrid, enfrenta un juicio de extradición ante la Audiencia Nacional de España.
Dueño de Seguros La Vitalicia y Globovisión. Ha amasado una fortuna en la Venezuela chavista al tiempo que ha sido imputado, solicitado y sancionado en Estados Unidos por lavado de dinero y corrupción.
Ex jefe del Departamento de Seguridad del palacio presidencial de Miraflores, como oficial de la Casa Militar, y esposo de la ex Tesorera de Venezuela, su nombre despuntó en 2016 cuando los Panama Papers lo mostraron al frente de una empresa offshore, que abrió en Seychelles para manejar una cuenta bancaria en Suiza.
