Una suerte de pillaje institucionalizado nutre el patrimonio de bienes raíces de los cuerpos de seguridad del Estado chavista, en particular de la Contrainteligencia Militar, que se ha hecho de inmuebles por lo general ubicados en urbanizaciones del este de la capital venezolana. En algunas de esas ‘casas seguras’, dedicadas al secuestro, la extorsión y la tortura de adversarios políticos, los servicios secretos atormentan a sus víctimas, rehenes o desaparecidos, mientras no están a la orden de los circuitos judiciales. La presente es la entrega inicial de una serie que radiografía esos lugares y el horror que los habita.
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Un patrón suele repetirse en una serie de detenciones de opositores al régimen de Nicolás Maduro, de disidentes militares y de sus familiares: un período inicial de desaparición forzada que podía durar un día o semanas, durante el cual los aprehendidos eran conducidos a sitios clandestinos ubicados en distintos lugares de Caracas, donde fueron sometidos a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El organismo al que se responsabiliza en particular de incurrir en esta práctica es la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), aunque también se ha señalado de operar estos sitios de tortura al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política) y a la Fuerza de Acciones Especiales (FAES, adscrita a la Policía Nacional Bolivariana).
Este equipo de investigación documentó 14 testimonios de víctimas y familiares de víctimas de detenciones irregulares practicadas por organismos de seguridad del Estado venezolano, a quienes desaparecieron por unos días para recluirlos en casas clandestinas de tortura en cuatro zonas de Caracas. Un abogado penalista que ha defendido varios de estos casos, y que pidió la reserva de su nombre por motivos de seguridad, asegura que ha recolectado información sobre más de una decena de otros casos. "No me atrevo a dar un número, pero sí puedo decir con responsabilidad que ha sido una conducta repetida".
La existencia de estos centros clandestinos de detención figura en los informes elaborados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, así como en otras investigaciones presentadas por otros organismos internacionales y por organizaciones no gubernamentales.
A pesar de que operan desde al menos hace casi una década -la primera referencia a ese tipo de instalaciones data del caso del detenido José Daniel Stekman-, el uso de las casas clandestinas de tortura se acentuó a partir de 2018, coincidiendo con un incremento de las desapariciones forzadas en el país y de la persecución a militares, de acuerdo con instancias internacionales, abogados y defensores de derechos humanos.
El más reciente informe de la misión de la ONU enumera 17 referencias de casas de seguridad, como también suelen denominarse estos centros clandestinos, y las ubican en sectores de Las Mercedes, Prados del Este, La Trinidad, San Bernardino, Bello Monte, Los Naranjos, Fuerte Tiuna, Alto Prado, La Carlota, además de La Mariposa y zonas montañosas de El Hatillo y Guarenas.
Los testimonios de 14 víctimas y de familiares de víctimas, la información aportada por fuentes dentro de los cuerpos de seguridad del Estado y de abogados que han trabajado en los casos de tortura denunciados ante instancias nacionales e internacionales, así como la revisión de los tres informes elaborados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, de otros informes y comunicaciones realizados por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos Naciones Unidas, del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, de la Organización de Estados Americanos y de ONG locales e internacionales, junto a documentos oficiales sobre la administración estatal de bienes decomisados y confiscados, han permitido reconstruir la información sobre la aparición y consolidación del uso de casas en zonas residenciales, que fueron destinadas a centros clandestinos de tortura, y establecer que se convirtió en una práctica de los cuerpos de seguridad, en especial de la inteligencia militar, y más en particular de la Dgcim, durante los años en que ha gobernado Nicolás Maduro. El uso de estas casas es claro: desaparecer a opositores del régimen, actuar fuera del marco legal y aplicar tortura a sus familiares con el objetivo de obtener información bajo coacción.
Quienes han denunciado su traslado a estos lugares refieren que les taparon la cara con una capucha o les vendaron los ojos para que no pudieran reconocer ni el sitio al que fueron conducidos ni a los funcionarios que los sometieron, quienes, además, no proporcionaban ninguna identificación y se presentaban bajo el nombre de un alias.
Contrario a lo que la lógica convencional haría suponer, la mayoría de los lugares no están aislados, sino que se ubican en el corazón de zonas residenciales.
Algunas víctimas cuentan que, mientras permanecían en el centro de detención, podían escuchar la actividad de la calle, a niños jugando o a vecinos en sus actividades cotidianas, como el riego de los jardines. Hay quienes recuerdan el paso del camión del aseo o la vista del cerro El Ávila -la montaña de la Cordillera Central que domina el valle de Caracas- desde una de las ventanas. Sin embargo, puertas adentro, “los gritos son desesperantes”, describe Gilberto Martínez Daza, antiguo agente de la disuelta Policía Metropolitana de Caracas, detenido en 2018 y quien fue trasladado a uno de estos centros clandestinos en San Bernardino.
Los funcionarios a cargo de ejecutar las torturas cubrían los gritos de sus víctimas con música o programas de televisión a todo volumen. También ponían a funcionar aparatos electrodomésticos para evitar que en el exterior se escuchara lo que sucedía.
Así lo refiere el testimonio de Oswaldo García Padilla, hijo del coronel retirado y preso político, Oswaldo García Palomo, que asegura que en febrero de 2018 fue sometido a una desaparición forzada por la que lo llevaron a una casa que ubica en la zona del noreste de la capital venezolana, en la urbanización Los Dos Caminos. Allí permaneció cuatro días encapuchado y sometido a torturas que incluyeron golpizas, patadas y asfixia con gases lacrimógenos. Además de esos tormentos físicos, los agentes de la Dgcim le propinaron dosis de tortura psicológica, como amenazas frecuentes de violar a sus hermanas, a su novia y a su madre.
“Cuando ellos me golpeaban y torturaban prendían una licuadora, le subían el volumen al televisor, y tú sabías que por ahí venía la cosa”, recuerda.
Un antiguo funcionario de la Dgcim, actualmente confinado como preso político en la cárcel militar de Ramo Verde, al suroeste de Caracas, recalcó que el objetivo de estas casas era desaparecer a los capturados para “trabajar bajo coacción a la víctima” y obtener la información necesaria.
En algunos casos, estos sitios, en principio secretos, han pasado a ser sedes semioficiales, reconocidas por la comunidad del entorno y hasta con señas de identificación de la Dgcim en sus fachadas. Tal es el caso de una finca ubicada en La Mariposa, un suburbio de entorno rural al suroeste de Caracas, que funciona como polígono de práctica y entrenamiento de este cuerpo de seguridad, pero al mismo tiempo ha sido uno de los centros clandestinos de tortura más denunciados en el informe de la ONU.
Lo mismo ocurre con una casa ubicada en la avenida José Manuel Sanz de San Bernardino, en el centronorte de Caracas, que suele aparecer en los testimonios como “la casa cercana al Crema Paraíso”, en alusión a la conocida heladería que queda a pocos metros de allí. Esta casa, que figura en las denuncias de detención de disidentes desde al menos 2017, fue remodelada en noviembre de 2021 y luce hoy emblemas de la Dgcim.
En otro sector de la ciudad, en la urbanización Los Naranjos, de clase media alta y ubicado sobre las colinas del sureste de la ciudad, víctimas y vecinos identificaron tres avenidas en las que se encuentran otras de estas casas clandestinas: las avenidas Sur 1, 3 y 11. En todas se repite un patrón: están en remodelación y con vigilancia. En la Avenida 3, durante un recorrido en octubre de 2022, se observó un autobús negro estacionado en una de las calles, sin placa de matrícula y con vidrios oscuros y una bandera de Venezuela en uno de sus costados.
Dos residentes del sector Los Naranjos presentaron su queja ante la asociación de vecinos por la música a alto volumen que se escucha en algunas de estas casas en altas horas de la noche, todos los días, y la exagerada cantidad de camionetas grandes que ocupan los puestos de estacionamiento que solían ser utilizados por quienes "viven" allí.
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU observó que la Dgcim incrementó desde 2018 -el año en que detuvieron a García Padilla- el uso de centros, tanto oficiales como clandestinos, para la desaparición forzada de opositores, y documentó 24 casos de tortura que tuvieron como escenario esos lugares entre 2018 y 2019.
Sin embargo, hay denuncias del uso de centros no oficiales de detención que se remontan a los primeros años de gobierno de Nicolás Maduro. Uno de los casos es el del capitán retirado de la Guardia Nacional, Juan Carlos Nieto Quintero, quien fue objeto de una desaparición forzada entre el 2 y el 4 de abril de 2014 y luego acusado de instigación a la rebelión.
Según una comunicación enviada ese año al gobierno venezolano por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Seguridad de la ONU, el exmilitar fue detenido en el Centro Comercial Plaza Las Américas por tres personas que se identificaron como funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, conducido al comando de la GN en Maripérez y luego trasladado a diferentes lugares desconocidos.
El abogado defensor de las víctimas, que pidió reservar su nombre por razones de seguridad, señala que Nieto Quintero identificó la ubicación de uno de esos centros clandestinos en Fila de Mariches, un sector industrial y de barrios populares en el municipio Sucre, al este de Caracas. El punto estaba próximo a un comando de la Guardia Nacional. “Cuando logró salir de la oficina donde estaba encerrado, logró verificar que estaba por los alrededores de Mariches. Ahí, en ese lugar, él fue torturado salvajemente. Posteriormente fue llevado a otro sitio en La Urbina, donde permaneció por algunas horas”.
Otra denuncia se remonta al año anterior. El 15 de agosto de 2013, José Daniel Stekman, presuntamente implicado en el caso de fraude por más de 25 millardos de dólares a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi, el organismo que gestionaba el régimen de control de cambios), fue secuestrado y conducido a una casa ubicada en el sureste de Caracas, cerca de la urbanización La Tahona del distrito Baruta, en unos cerros cercanos a los de Los Naranjos. Según su relato, allí fue golpeado y amenazado de muerte mientras permanecía amordazado y esposado. Al día siguiente fue trasladado a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Stekman, al que un juzgado otorgó una orden de liberación luego de que estuviera más de siete años detenido a la espera de juicio, consignó en tribunales un extenso manuscrito donde relató con detalles su desaparición forzada y cómo fue torturado durante ese tiempo, un documento que ha sido difundido por sus familiares en redes sociales
A diferencia de casos que fueron denunciados con posterioridad, Stekman pudo ver, a través de la venda negra que le pusieron, la ruta que siguió la camioneta a la que fue obligado a abordar, una Toyota Hilux de color blanco y doble cabina, sin placas de identificación. El recorrido comenzó en la urbanización Lomas del Sol, en el municipio El Hatillo de Caracas, continuó hacia el centro comercial Galerías Los Naranjos, y se desvió a la altura de la cuarta redoma hacia una urbanización cerrada con una garita. Allí fue conducido a una quinta de dos plantas con un portón blanco, donde permaneció detenido las siguientes 24 horas.
Las torturas de las que fue objeto Stekman, según su testimonio, tenían la finalidad de que respondiera preguntas como dónde estaban los dólares, las casas, las camionetas o las empresas que su primo, el teniente coronel Francisco Navas Lugo, exgerente de importaciones de Cadivi, habría presuntamente adquirido con divisas desviadas.
El Instituto Casla es una de las organizaciones no gubernamentales que ha referido la existencia de estos centros de tortura clandestinos. En su informe de 2019 señala que estos sitios funcionan en casas o apartamentos incautados a narcotraficantes o a acusados de otros delitos, y que estos inmuebles, en manos del Estado, han sido “entregados a cuerpos policiales y colectivos para delinquir".
El documento habla de secuestros y de extorsiones que se llevan allí a cabo contra “empresarios o comerciantes que se niegan a pagar vacuna, y son llevados a estos lugares, ubicados no solo en la capital, sino en el resto del país, en donde los mantienen por días, semanas o meses, hasta que sus familiares pagan por su liberación”.
En el caso de los inmuebles utilizados como sedes de organismos de inteligencia para ejecutar torturas, el reporte señala la finca Sorocaima, del sector La Mariposa, así como una casa en el sector San Bernardino, que en su informe de 2020 identifica como la Quinta Mis Abuelos, situada en la avenida Agustín Codazzi de esa urbanización.
Otro informe elaborado por la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, creada por la presidencia interina de Juan Guaidó, registra tres casos de torturas ejecutadas por funcionarios de la Dgcim en un centro clandestino ubicado en la misma finca Sorocaima de La Mariposa: “En dos casos eran militares de alto nivel jerárquico y en uno la esposa de un militar de alto nivel jerárquico”, dice el texto. A las víctimas las colgaban de un árbol, donde permanecían semidesnudas y esposadas hasta por ocho días. “En al menos un caso, el militar fue amenazado con ser incinerado y desmembrado”, describe.
Presumiblemente, en ese lugar también fue torturado mientras estuvo en desaparición forzada, entre el 21 y el 28 de junio de 2019, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien a la postre murió a consecuencia de politraumatismos sufridos por los golpes que recibió en ese cautiverio. En febrero de este año, el tribunal 12 de Juicio del área metropolitana de Caracas condenó a 30 años de prisión al teniente Antonio Ascanio Tarascio y al sargento Estiben Zárate, funcionarios ambos de la Dgcim, por el asesinato de Acosta Arévalo. En el expediente del juicio, reseñado en un informe de la ONG Amnistía Internacional, los acusados se refieren al lugar como “un sótano”.
El abogado penal y criminalista, y también exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, hoy en el exilio, señala que un incontable número de propiedades incautadas a narcotraficantes y otros delincuentes han sido asignadas a la Dgcim sin que fuera posible obtener información oficial sobre ellas. “Estando en la Fiscalía, hace muchos años, tratamos de solicitar que el Ministerio de Interior y Justicia rindiera cuentas de lo que hace con los bienes. Finalmente no hay forma de saber qué hace con ellos”, señala.
No se trata solo de casas y apartamentos, sino también de terrenos, vehículos, barcos y aviones. Las fechas que Mundaray considera como la de entrega de cada vez más propiedades al organismo de inteligencia militar — entre 2015 y 2016— coinciden con lo que considera un cambio en la actuación de la Dgcim y el tinte cada vez más represivo que fue adquiriendo el régimen de Nicolás Maduro. “La Dgcim rechazaba tener detenidos en sus centros, inclusive solicitaba que fiscales de Derechos Fundamentales fueran a constatar la situación de los detenidos para evitar denuncias, pero con el vuelco represivo del Estado la institucionalidad se fue deteriorando”.
La custodia y asignación de estos inmuebles es responsabilidad del Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados, creado en noviembre de 2011 según el decreto 8.013 publicado en la Gaceta Oficial 39.602, como un servicio “desconcentrado, especializado, con autonomía técnica y capacidad de gestión administrativa, operativa, presupuestaria, financiera y de disposición”, que debía regirse por la Ley Orgánica de Drogas.
En noviembre de 2013, en la Gaceta Oficial 40.297, se estableció nuevamente la creación del servicio. El decreto 591 dispuso entonces que esa instancia dependería de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) y que su coordinación quedaría a cargo del viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
El 16 de febrero de 2018 se dictó una reforma de este decreto, que introduce algunos cambios: se elimina la coordinación que ejercía el viceministro de Investigación Penal de Interiores y Justicia y se le da más relevancia al papel jugado en la administración de los bienes confiscados a la Oncdoft, cuyo jefe pasa a presidir el Consejo Directivo, el órgano de mayor jerarquía dentro del servicio. “La Dgcim empezó a hacerse de muchos bienes que le pedía a la Oncdoft en administración: vehículos, naves, aeronaves, inmuebles”, dice Mundaray.
Estos cambios legales coinciden con un aumento del uso de las casas clandestinas para tortura, una tendencia que la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sitúa en 2018 y Mundaray en el periodo de 2017 a 2019.
El teniente de la aviación Ronald Dugarte, un exfuncionario de la Dgcim que desertó de las filas de esa institución en febrero de 2019, ofreció en marzo ese mismo año, en un acto presentado por el Instituto Casla en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, su testimonio sobre las torturas infligidas a presos políticos en la sede de la inteligencia militar en Boleíta Norte.
En esa oportunidad también hizo referencia a las casas de tortura, que se encontraban, señaló, “dentro de unidades militares ubicadas dentro del Fuerte Tiuna y en lugares clandestinos, de los cuales solo tiene conocimiento de su ubicación el personal de la milicia cubana y los colectivos”, dijo.
Mundaray asegura que varios testimonios de funcionarios de la Dgcim coinciden en señalar la asesoría de cubanos en la institucionalización de la tortura física y psicológica en el país en años recientes, así como la actuación de civiles armados, llamados colectivos, en las torturas que tuvieron como escenario estos centros clandestinos, algo que también corroboran los testimonios de las víctimas.
“Eso que se hacía empíricamente empieza hacerse ya con otro nivel, con asesoría, y cosas además terribles, no solo del punto de vista físico, por ejemplo someter a las personas al hambre y mostrarles comida para que se dobleguen, someter al aislamiento, usar luces, una cantidad de situaciones, la Dgcim no había traspasado esa línea”, señala.
La División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dgcim ha jugado un papel relevante en estas acciones. De acuerdo con el exfiscal, es la instancia que controla estos recintos. “Decide quién se lleva”, añade. “La DAE tiene muchos recursos y esos recursos están destinados precisamente a la persecución política, ideológica, de cualquier persona que sea enemiga del poder”.
(*) Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR), liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
La publicación original de este reportaje, como parte de la serie 'La tortura es la vecina', no llevaba ningún tipo de crédito o atribución, en atención a consideraciones de seguridad de las autoras. Sin embargo, en fecha posterior, a petición explícita de estas, se revelaron las firmas de Claudia Smolansky y Carmen Victoria Inojosa. El nombre de una tercera autora y miembro del equipo de investigación permanece en reserva.
Haz clic en cada una de las casas para leer los testimonios.
El primer teniente del Ejército, Franklin Caldera Martínez, de 28 años de edad, fue detenido por la Dgcim en Cúcuta, Colombia, el 11 de febrero de 2021, con el supuesto apoyo, según ha denunciado, de la guerrilla de ese país, Ejército de Liberación Nacional (ELN), aliado del chavismo. Estuvo 12 días desaparecido. En ese tiempo, permaneció en dos casas de seguridad clandestinas.
El relato de su detención, que refiere su padre, Franklin Caldera, señala que primero fue llevado a un lugar conocido como La Casa de los Sueños Azules 2 en la parroquia 23 de Enero, al oeste de Caracas, una casa de dos plantas con un estacionamiento grande y sótanos. Desconoce la ubicación exacta.
Luego fue trasladado a un sitio que llama La Cueva, al que describe como una residencia personal de Alexander Granko Arteaga, jefe de la División de Asuntos Especiales de la Dgcim. La Cueva, según dijo, está ubicada en un lugar cerca de Tazón, a las afueras de la capital, que no descarta sea la misma finca de La Mariposa referida en otros testimonios de presos políticos víctimas de desaparición forzada.
Franklin Caldera fue uno de los militares que el 22 de diciembre de 2019 participó en la llamada Operación Aurora, el asalto al 513 Batallón Infantería de Selva Mariano Montilla del Ejército en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, en la frontera con Brasil. Desde entonces era buscado por el gobierno de Nicolás Maduro. Le imputaron los delitos de asociación para delinquir, terrorismo, sustracción de armas o municiones, conspiración contra la forma política y fuga.
Luego del incidente, salió del país y se radicó en Medellín, en el departamento de Antioquia en Colombia, pero en febrero de 2021 viajó a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander en el mismo país, fronterizo con Venezuela, para visitar a su hijo. Allí fue capturado.
El primer teniente, en conversaciones con su padre, describió La Cueva como “una casa normal”. En una de las habitaciones había un tubo pegado a una pared de extremo a extremo, del que lo colgaron con una soga atada a las manos para golpearlo en las costillas y testículos, mientras le pedían información sobre la Operación Aurora: “¿Quiénes los financian? ¿Quiénes están detrás?”, le preguntaban.
Pasó horas colgado. A ratos le metían la cabeza dentro de un tobo con agua, en otras en bolsas plásticas. Después lo electrocutaron, además de someterlo a tormentos psicológicos. En ese tiempo solo tomó agua y estuvo siempre desnudo. Después de 12 días en ese lugar, logró escapar en un descuido de sus custodios.
De acuerdo con su relato, corrió por un trecho, desde donde podía ver montañas cerca, hasta que llegó a una carretera, que describe como un lugar que desemboca en la bajada de Tazón, como se conoce al tramo de la autopista Regional del Centro que llega a la urbanización El Valle al entrar a Caracas por su suroeste.
Desde allí llegó al vertedero de Las Mayas y posteriormente a Coche, una urbanización de clases medias y bajas, donde pidió a un vendedor ambulante hacer una llamada, con la que pudo contactar a su padre, a quien narró lo sucedido. “Me dijo que estaba muy asustado y que si lo iban a atrapar nuevamente prefería que le dieran un tiro porque por todo lo que había pasado había sido muy fuerte”.
También contactó a un tío, quien le facilitó un lugar para esconderse. Sin embargo, debido a publicaciones que hicieron en redes sociales, la Dgcim pudo localizar a sus familiares y a través de ellos volvieron a ubicarlo y a llevarlo detenido.
Caldera Martínez estuvo unas pocas horas en libertad. Pudo comer y vestirse. Pero quedó de nuevo en manos de la Dgcim: al encontrarlo le llamaron el escapista y le dijeron que la orden era no matarlo “por el momento”; primero querían información.
No solo le pusieron apodo. Como escarmiento, le apuntaron a la pierna izquierda y le dispararon a la altura de la rótula. En la otra pierna le clavaron un objeto punzopenetrante.
“Mi hijo queda totalmente inmovilizado, sin poder caminar, allí se estaba desangrando. Lo montan en una unidad y se lo llevan hacia el 23 de Enero nuevamente, que era el primer centro de tortura donde lo habían llevado”, señala Caldera, padre.
En ese lugar estuvo custodiado con funcionarios del FAES y Dgcim, quienes lo volvieron a torturar. Debido a su mal estado de salud, sus custodios decidieron llevarlo a un centro médico ubicado en Fuerte Tiuna -el principal cuartel militar de la capital- donde, sin embargo, no lo recibieron porque no tenían insumos. Entonces se dirigieron al Hospital Militar Carlos Arvelo de Caracas. Allí lo esposaron a una cama, desnudo, sin sábanas ni cobijas y acompañado de dos vigilantes. En la puerta de la habitación estaban otros seis funcionarios. Allí estuvo los días 24, 25 y 26 de febrero sin atención médica.
El padre de Caldera denunció la situación de su hijo en medios de comunicación y así logró que, el 27 de febrero, el caso fuera presentado ante un juez “de apellido Márquez”, a cargo del Tribunal cuarto de Terrorismo, así como ante un fiscal y un defensor público.
“Este juez vio a mi hijo desnudo, lo vio esposado de la cama, lo vio en las condiciones en que estaba”, cuenta. Él ya sabía que el impacto de bala había dañado la rótula, lo que generó una fractura y tenía rotos los huesos en ese lugar.
Según el relato de Caldera, padre, el juez comenzó a interrogar a Franklin, hijo.
—Fui secuestrado el 11 de febrero de 2021 por funcionarios de la Dgcim con apoyo del ELN….
Lo interrumpe el juez:
—A mí no me interesa cómo te atraparon ni por qué, tú te vas a pudrir en La Casa de los Sueños y de allí no vas a salir jamás ni nunca, no vas a ver jamás la luz del sol, por traidor a la patria.
Durante esa vista improvisada, a Caldera, hijo, le pusieron un tratamiento intravenoso en presencia del juez y el fiscal. Franklin Caldera, padre, conserva dudas de lo que contenía el frasco: “Mi hijo lo único que recuerda de ese momento es que el juez le dijo que se declarara culpable, él se negó”. Se sintió mareado durante cinco o seis días.
El 18 de marzo de 2021, sin recibir la asistencia médica requerida, a Franklin Caldera, hijo, lo sacaron del hospital Carlos Arvelo escoltado por más de 50 funcionarios armados. Caldera, padre, cuenta que había francotiradores. “A mi hijo, con todas las limitaciones que tenía, ciertamente lo sacaron en una silla de ruedas”. Ese día le impidieron acercarse. Supo que lo llevarían a la Casa de los Sueños en Boleíta, la sede oficial de la Dgcim. Aunque fue hasta allá, le dijeron que ahí no se encontraba su hijo.
El 22 de marzo de 2021, la representante de la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, pudo por fin confirmarle en Caracas que Franklin Caldera Martínez efectivamente se hallaba en la sede de la Dgcim en Boleíta. “Desde el 11 de febrero al 22 de marzo, ellos mantuvieron desaparecido a mi hijo, secuestrado, pero lo más increíble es que preparan un acta policial que dice que mi hijo fue capturado el 22 de febrero. Claro, preparan el acta policial el 22 de febrero porque se supone que el 23 se escapa mi hijo, el 24 lo capturan y entonces eso da tiempo como para que el proceso judicial sí encaje a favor de ellos y digan que la presentación se cumplió en el lapso estipulado de las 48 horas”.
La persecución policial no se limitó al primer teniente Franklin Caldera, sino que se extendió a su círculo familiar. Desde el 24 de diciembre de 2019, pocos días después de la Operación Aurora, la familia Caldera comenzó a recibir amenazas de muerte. La hermana del oficial pasó la Nochebuena de ese año en la sede de la Dgcim declarando sobre el caso. Todavía en la actualidad, la familia es vigilada a menudo desde vehículos sin placas.
El 10 de julio de 2018, tres jubilados de la antigua Policía Metropolitana fueron secuestrados por la Dgcim y la FAES. Uno de ellos era Gilberto Rafael Martínez Daza, quien estaba en el kilómetro 16 de El Junquito -un sector montañoso al oeste de Caracas-, cerca de donde vivía, almorzando con su esposa.
Al lugar llegaron al menos 20 funcionarios de las FAES, quienes, sin ningún tipo de orden de detención o explicación verbal, lo esposaron. Cuando lo empujaban con armas largas para montarlo en una de sus camionetas negras, se dio cuenta de que había, al menos, 70 policías más esperándolo.
A Martínez Daza, con los ojos vendados y amordazado, lo entregan a la Dgcim, en lo que según sus cálculos, era la sede de Caricuao, un barrio de edificios en el extremo suroeste de la ciudad. Desde los carros de este último cuerpo de seguridad, inició otro recorrido por Caracas hasta que llegaron a un lugar en donde escuchó el ruido de un portón eléctrico.
“Ahí sabía que estaba en una casa de tortura”. Tras su trayectoria como policía y militar, Martínez Daza tenía conocimiento de que estos lugares existían. “Antes eran espacios para enfriar a los delincuentes. Hoy son casas tomadas por el Estado para torturar a quienes ellos consideran sus enemigos. Ni en los comandos policiales, ni en ningún destacamento, tienen esos portones eléctricos”, explicó su certeza.
Las torturas fueron inmediatas. “Te amarran como a Cristo. Solo Dios sabe lo que pasa adentro”, recuerda. Con un cautín caliente, una herramienta delgada similar a un lapicero que se utiliza para soldar piezas, los funcionarios empezaron la agresión, clavando esta pieza de metal innumerables veces en los pies hasta dejarle la piel en carne viva. Acto seguido, le arrancaron las uñas de los pies y le quemaron los testículos.
Los gritos de Martínez Daza quedaron ahogados entre las cuatro paredes de la casa ubicada en la avenida Sanz de San Bernardino, cerca de la heladería Crema Paraíso, uno de los centros clandestinos que figura en los informes de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU. Una de las técnicas de la Dgcim para camuflar los ruidos de la tortura era poner música a todo volumen. Esta escena, de hecho, es una de las que Martínez Daza recuerda con más claridad.
“Los gritos en toda la casa son desesperantes y ellos lo que hacen es elevar más y más el volumen de la música”, detalló.
En la actualidad, la adscripción de esta casa a un cuerpo de seguridad ya no está oculta. De hecho, puede verse en su fachada el logo de la Dgcim y otros distintivos, entre ellos, la máscara parecida a una calavera que a veces usan durante los procedimientos. El entorno, pese a ser una zona residencial, está vigilado de manera estricta.
Abogados entrevistados para esta investigación aseveran que algunas de estas casas, especialmente las de San Bernardino, fueron temporalmente desmanteladas o fueron remodeladas tras las denuncias registradas en el informe de la Misión de la ONU.
La ubicación de esta casa y su descripción como centro de tortura también fue corroborada para este trabajo investigativo por dos antiguos funcionarios de seguridad del Estado, cuyos nombres se reservan por su seguridad.
No solo es el abuso físico lo que desespera a los capturados, sino también la incertidumbre. Las víctimas coinciden en señalar que lo que más les atemorizaba era saber que la policía los tenía varios días secuestrados en un sitio desconocido.
A Martínez Daza lo mantuvieron guindado y con la cara encapuchada por cuatro días consecutivos, en los que recibió choques eléctricos, golpes y lo ahogaron varias veces en baldes de agua. Su cuerpo no resistió. Al quinto día, perdió el conocimiento.
El expolicía empezó a sangrar por los oídos y la nariz. Desmayado y sangrando, lo dejaron acostado en un cuarto de la casa hasta las dos de la mañana. Al ver que no reaccionaba, la Dgcim decidió llevarlo hasta el llamado Hospitalito de Fuerte Tiuna.
Cuando despertó, se dio cuenta de que los médicos que lo atendían pedían a los funcionarios de seguridad que salieran de la sala y dejaran de tomar fotografías. La mayoría estaba retratando a Martínez Daza en la camilla.
En silla de ruedas, pálido y con marcas de tortura, por fin llegó Martínez Daza al tribunal. Apenas le dieron de alta y tras seis días de desaparición forzosa, los funcionarios lo habían aparecido, trasladándolo a su audiencia de presentación. A pesar de sus condiciones físicas, el juez Maikel Amezquita y los fiscales de turno, dictaminaron que Martínez Daza no había sido torturado y ordenaron su detención.
Desde ahí lo trasladaron a Ramo Verde, pero su condición de salud no le permitió estar consciente ni dos días. El antiguo agente de policía tenía una hemorragia que no cesaba. Nuevamente, fue trasladado al Hospital Militar, donde estuvo hospitalizado por 22 días: una malla que tenía en el estómago se le desprendió como consecuencia de los golpes que recibió en la casa clandestina en San Bernardino.
Martinez Daza estuvo cuatro meses preso en Ramo Verde, donde también sufrió torturas. Por su condición de salud, obtuvo una medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, recibió otra orden de detención, lo que lo obligó a estar dos meses en la clandestinidad y luego huir del país. Sus familiares también fueron víctimas de persecución y tortura. Sus padres, Rafael Martínez Delgado y Linda Martínez Daza, ambos de 71 años, estuvieron desaparecidos por más de 24 horas en junio de 2019, en manos del Sebin y la Dgcim. Su hermano, Luis Martínez Daza, estuvo preso en El Helicoide, una de las sedes de la policía política, por poco más de un año, entre julio de 2019 y agosto de 2020.
El 1 de febrero de 2018, medio centenar de hombres con el rostro cubierto con la imagen de una calavera, portando armas largas y pistolas, irrumpieron en la casa del coronel retirado, Oswaldo García Palomo, en la urbanización Monte Bello Country, en el municipio Carrizal del estado Miranda, un suburbio montañoso de clase media al suroeste del extrarradio caraqueño, y se llevaron, sin que mediara una orden oficial de allanamiento o de detención, a su esposa, Sorbay Padilla, y a su hijo, Oswaldo García Padilla, entonces de 24 años de edad, a quienes trasladaron, esposados y encapuchados, a una casa situada en el este de Caracas, donde, según sus testimonios y denuncias, los mantuvieron incomunicados y en desaparición forzada durante los siguientes cuatro días.
A esa misma casa trasladaron más tarde a Diana Álvarez, novia de García Padilla, y a dos de sus primas. Todos ellos han denunciado que fueron sometidos a torturas y a tratos crueles e inhumanos, con el objeto de que revelaran el paradero de García Palomo, a quien se acusaba de haber participado en la Operación Armagedón, un plan que involucraba a civiles, policías y militares con la supuesta intención de derrocar a Nicolás Maduro e impedir las elecciones de mayo de 2018.
El inmueble a donde fue trasladada la familia de García Palomo está muy cerca de la sede principal de la Dgcim, en la urbanización industrial y comercial de Boleíta Norte. En la zona la vigilancia es constante. A lo largo de la calle Vargas, que conecta con la contigua Universidad Monteávila, permanecen estacionadas decenas de tanquetas y no es posible transitar sin identificarse en las alcabalas que la interrumpen.
A pocos metros de ese intimidante panorama, la vida cotidiana de las inmediaciones de Boleíta y Los Chorros transcurre con normalidad aparente. Poco podría sospecharse sobre la existencia de esta casa de seguridad donde tenían lugar los brutales interrogatorios descritos por las víctimas. Aunque en este caso, como en otros, fueron trasladadas vendadas o encapuchadas para que no reconocieran el lugar al que las llevaron, varios elementos conducen a situar este centro clandestino de tortura en un punto cercano a la octava transversal con la avenida Sucre de Los Dos Caminos, en el municipio Sucre de Caracas. Hacia ese lugar apunta la aplicación de localización de dispositivos a la que García Padilla tenía conectada su computadora portátil, uno de los implementos que le fue sustraído de su casa, junto con teléfonos celulares y otros equipos, el día en que fue detenido de forma irregular.
Otros indicios confirman esta ubicación. García Padilla recuerda que la segunda noche de su cautiverio fue sacado de la casa de seguridad para que identificara una dirección en la urbanización Altamira, algo más al oeste pero también aledaña al Parque Nacional El Ávila. De regreso, a minutos de ser nuevamente conducido al lugar donde estaba detenido, escuchó a sus captores decir que estaban pasando por el local de la cadena Farmatodo de la urbanización Los Chorros. El día de su liberación, cuando fue conducido a la sede principal de la Dgcim en Boleíta, calculó que el recorrido que hizo desde la casa donde lo torturaron hasta la sede oficial fue muy breve, aproximadamente de cinco minutos, lo que también aporta otro indicio de la dirección donde está ubicada esta casa.
Testimonios de Sorbay Padilla y de Diana Álvarez también coinciden en señalar que el inmueble estaba muy cercano al Ávila, a una distancia peatonal de unos diez minutos hasta la montaña, y Sorbay Padilla, en los breves momentos en que pudo deshacerse de la capucha durante el trayecto hacia la casa, recuerda haber entrevisto puntos de referencia que identifican a las cercanas urbanizaciones de La Carlota y Los Ruices. Álvarez, durante algunos momentos de su encierro en los que estuvo libre de la capucha, pudo distinguir los balcones de un edificio vecino, moderno, de ladrillos rojos y de pocos pisos, y un balcón donde una mujer mayor regaba las plantas.
La violencia con la que fueron detenidos, de forma irregular, y las torturas y tratos crueles que recibieron los integrantes de esta familia mientras estuvieron en desaparición forzada, fueron descritos para la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU y corroborados en las entrevistas testimoniales que ofrecieron para este reportaje. Durante la irrupción de los funcionarios de la Dgcim en la casa, golpearon a García Padilla y apuntaron con un arma a su madre, Sorbay, y a su hermana, Fabiola, entonces de 22 años de edad, que en ese momento no fue detenida y que logró escapar cuando los funcionarios volvieron al día siguiente por ella a su casa.
El primer día, los funcionarios se llevaron a Sorbay Padilla y a su hijo en los propios vehículos de la familia, una camioneta Toyota Hilux y una Jeep Grand Cherokee. Pero el segundo día, cuando trasladaron a a Diana Álvarez y a las primas de García Padilla a la casa, lo hicieron en carros pequeños: en el primer caso, vehículos negros y grises, y en el segundo un sedán blanco, sin placas, que las detenidas describen parecidos a los que se usan para prestar servicio de taxis.
Para Sorbay Padilla, advertir que había sido trasladada a una casa privada y no a una oficina oficial incrementó su miedo e incertidumbre por lo que podía ocurrirle. Durante la mayor parte de su cautiverio, estuvo encerrada en lo que describe como un lavadero, escuchando los gritos de otros detenidos y de su propio hijo cuando era torturado. La casa era un hervidero de movimiento, “sobre todo durante la noche”. Sus captores, hombres y mujeres, eran muy agresivos, la amenazaban con dejarla allí de forma permanente, con matar a su hijo. En uno de los momentos de su detención le dieron descargas eléctricas.
Cada instante de los cuatro días que pasó detenido en la casa clandestina se le hizo eterno a Oswaldo Padilla. Lo primero fueron las amenazas verbales: le decían que lo matarían, que violarían a sus hermanas, a sus dos primas y a su madre. Recuerda haber tenido esperanzas la primera noche de su cautiverio de que todo fuera un malentendido, pero toda ilusión se desvaneció cerca de las cuatro de la madrugada del segundo día después de su detención, cuando lo sacaron del área del lavadero donde permanecía esposado y lo separaron de su mamá, a quien no volvió a ver hasta cuatro días después.
Cuenta que lo encerraron en un cuarto pequeño, de aproximadamente dos metros cuadrados, y comenzaron a golpearle y a darle patadas. Recuerda que le dieron golpes en la cabeza, incluso con la cacha de una pistola. Le pusieron también la pistola en la boca, en la cabeza y reproducían con un teléfono celular el sonido de una película pornográfica: “Mira lo que le va a venir a tu mamá, a tus hermanas. Después los vamos a matar, a ti y a tu papá”, le decían. Cuando llegó su novia, prosiguieron con las amenazas de agresiones sexuales, esta vez contra ella.
En la tarde del segundo día de cautiverio lo trasladaron a otro cuarto de esa casa, donde le cubrieron nuevamente la cabeza con una bolsa y de seguidas activaron una bomba lacrimógena, de manera que el aire que inhalara dentro de ella quedara impregnado con los gases tóxicos. En ese momento, perdió el sentido. Recuerda que en la noche lo trasladaron a otra habitación, donde percibió que estaba rodeado de más personas mientras continuaban con la tortura y lo interrogaban sobre el paradero de García Palomo.
Las amenazas de violencia sexual contra Diana Álvarez fueron constantes desde el momento de su aprehensión irregular, que ocurrió el 2 de febrero de 2018, un día después de que se llevaran a su novio, Oswaldo García Padilla, y a la madre de éste. Ella había acudido a la casa de la familia, en San Antonio de Los Altos, para tener información sobre su novio y también para apoyar a la hermana de éste, Fabiola, que logró escapar ese día de la detención porque logró salir por una de las ventanas de la vivienda.
En la quinta de Monte Bello Country, donde los detuvieron, un funcionario, que ella describe como una persona muy alta y musculosa, que cubría su cara con un pasamontañas, le dijo que la violaría si ella no entregaba la tarjeta SIM de su teléfono, que había intentando resguardar en una de las tuberías de la casa. Una vez que la trasladan a la misma casa de seguridad a la que habían llevado a a Oswaldo García Padilla y a Sorbay Padilla, las amenazas se hicieron más tangibles: los interrogatorios a los que la sometieron fueron acompañados por actos lascivos, con tocamientos en su pecho y genitales, mientras le apuntaban con una pistola cuyo metal frío ella podía sentir sobre su cuerpo. También describe que los funcionarios la observaban mientras iba al baño, algo que pudo percibir porque, aunque estaba encapuchada, pudo escuchar sus respiraciones cercanas.
Mediante los testimonios de estas tres víctimas de tortura es posible reconstruir algunas características que tenía este centro clandestino de tortura: era una casa en una zona de clase media alta, donde parecía haber funcionado alguna vez una oficina, en una calle cerrada o de tránsito limitado, a la que se podía tener acceso rápidamente desde la puerta principal, y con un estacionamiento interior. Tenía dos pisos, un jardín, un patio interno con un área de lavadero y al menos tres o cuatro habitaciones, porque cada una de las personas de la familia de García Palomo que estuvieron detenidas y en desaparición forzada entre el primero y el 4 de febrero de 2018 quedó aislada de los otros durante su cautiverio.
Había un constante flujo de personas y de funcionarios en la casa, lo que quizás pueda explicarse por su cercanía con la sede principal de la Dgcim. Algunos de los funcionarios se hacían llamar bajo alias. Entre los que recuerdan, estaba el de Santiago, quien quedó a cargo del grupo. Otros de los alias utilizados por los torturadores fueron El árabe, Manuel y Ronaldo. Antes de ser liberados, todos fueron obligados a firmar un documento en el que aseguraban que habían sido bien tratados durante el tiempo que estuvieron en manos de la Dgcim.
En el caso de García Padilla, fue trasladado a la sede principal del cuerpo de inteligencia militar, en Boleíta Norte, para que firmara esa exculpación. “Me metieron como en un salón, otra vez me echaron lacrimógenas, me dieron patadas, golpes. Ahí me agarró una mujer, una funcionaria, me tomó la declaración, me dijo que tenía que aceptar que a mí no me había pasado nada, me dio un documento que decía que si yo hablaba sobre ese caso, sobre lo que me había pasado durante esos días, ellos tenían la autoridad legal de ir por mí, meterme cinco años en prisión por traición a la patria”.
A los pocos días de este episodio, Sorbay Padilla y sus hijos salieron de Venezuela hacia Colombia. Ante la fiscalía de ese país denunciaron la detención irregular y las torturas que sufrieron en manos de la Dgcim. El coronel retirado, Oswaldo García Palomo, fue detenido en Barinas -capital del estado del mismo nombre, en los Llanos occidentales de Venezuela- el 27 enero de 2019 y trasladado a la sede de la Dgcim, en Caracas. En marzo de 2021, Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de Hechos, expresó su preocupación ante el Consejo de Seguridad de la ONU por este caso y el de otro detenido, el capitán Luis de la Sotta: “Siguen en un estado de salud frágil y en condiciones de detención terribles, y presuntamente siguen siendo sometidos a tortura u otros tratos crueles”, declaró.
Según denuncia Padilla, García Palomo permanece recluido en una celda de cuatro metros cuadrados, aislado e incomunicado.
“S.O.S. Llegó un grupo de exterminio a mi casa”, tuiteó Vasco Da Costa, líder del Movimiento Nacionalista, el 16 de abril de 2018 a las 3:14 p.m. Se trataba de la tercera detención arbitraria de la que sería víctima el politólogo, hoy fallecido.
Funcionarios de la Dgcim y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) llegaron hasta el hogar del dirigente, sin orden de captura o allanamiento, para golpearlo y amordazarlo. Destruyeron sus muebles, robaron sus pertenencias y también golpearon a uno de sus hermanos. Una de sus hermanas logró escapar.
En simultáneo, sus 10 compañeros del Movimiento Nacionalista también estaban sufriendo abusos físicos por parte de los mismos cuerpos de seguridad y de las Fuerzas de Acciones Especiales en la sede de esta organización, ubicada para ese momento, en la urbanización San Román, Quinta Vista Hermosa, también conocida como El Castillito.
A los detenidos se les acusaba de formar parte de la que fue denominada por el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol, como Operación Gedeón II, una serie de supuestas acciones desestabilizadoras para impedir las elecciones presidenciales del 20 de mayo de ese año.
Para El Castillito fue trasladado Da Costa. Allí lo esperaban 50 funcionarios de seguridad. En ese momento, cuando observó que sus colegas no estaban, se inició lo que él describía como el peor episodio de tortura que sufrió en su vida.
“¿Dónde están las armas?”, le gritó un policía, quien inmediatamente le arrebató el celular y le exigió que le diera la clave para ingresar.
En días previos, Da Costa había expresado su rechazo a las elecciones presidenciales y su intención de abstenerse, una opinión en sintonía con el sentimiento popular mayoritario de ese año, cuando Nicolás Maduro se hizo reelegir en unos comicios cuestionados por la comunidad internacional, con una abstención oficial récord en la historia de Venezuela, de 52 %.
Da Costa falleció el reciente 13 de agosto de 2022, pocas semanas después de ofrecer su testimonio para esta investigación. Relató que en El Castillito lo asfixiaron dos veces con bolsas plásticas, lo que ocasionó uno de los primeros desmayos que experimentó durante su cautiverio. En esa oportunidad, al cabo de pocos minutos, apenas recuperó la respiración, fue colgado en una de las escaleras de piedra de esta casa y apaleado en todo el cuerpo.
“Realmente pensé que iba a morir”, recordaba sobre ese momento. Este pensamiento llegó a su cabeza en numerosas ocasiones en los siguientes días, en los que él y sus otros 11 compañeros del Movimiento Nacionalista estuvieron detenidos en un centro de tortura clandestino ubicado en la zona de clase media-alta de Los Naranjos, a donde fue trasladado desde San Román, con los ojos vendados y esposado.
Lo que parecía una casa bien acomodada en una urbanización cerrada con vigilancia, con una gran vista a El Ávila y el valle de Caracas, con calles tranquilas donde los vecinos pasean a sus perros y los niños caminan por la acera, era un centro de tortura donde electrocutaron, ahogaron y amenazaron con armas en la boca a disidentes políticos.
Los testimonios de los detenidos sitúan casas de tortura como estas en las avenidas sur 1, sur 3 y sur 11 de Los Naranjos.
El relato de Da Costa da pormenores del trato brutal que recibió en el interior de uno de estos inmuebles. “Llego a otro lugar sin saber dónde estoy. Entro y me caen a puñetazos y a palazos. Y me tiran al lado de otro muchacho, que también estaba amarrado y esposado. Me quitaron la ropa y semi desnudo, los de la Dgcim me insultaban y me gritaban ‘hipopótamo blanco, ballena blanca’”, recordaba.
Cuando pregunta en dónde está, le responden “Zona 51”. Y cuando cuestiona bajo qué ley se amparaban para someterlo a estas torturas, le dicen: “Maduro, Casa Militar y Dgcim. Ni Dios puede con nosotros”.
Desde las distintas plantas de la casa, que calculaba eran tres, escuchaba gritos y golpes. “Era un lugar macabro”, describía Da Costa.
Le atravesaron alfileres en sus tetillas y le aplicaron choques eléctricos. “Los sentía desde la cabeza hasta los pies”, recordaba. Entre esos actos, le seguían haciendo preguntas sobre supuestas armas. Pero a su juicio, “había un placer de torturar, más que una intención de averiguar algo”.
Los funcionarios iban rotando a sus víctimas de cuarto en cuarto. Parte del esquema de amenazas, para hacerlas creíbles y disuasorias, consistía en que las propias víctimas presenciaran las torturas de los otros capturados. Pero a Da Costa lo sometieron a actos aún más “macabros”, como los calificaba. Al cuarto donde estaba, entre ahogamientos y choques eléctricos, los funcionarios llevaron a dos menores de edad, cuyos nombres se reservan.
“¿Quién es el culpable? El señor, el señor que está ahí. ¿Qué hace él? Es terrorista”, gritó un funcionario señalando a Da Costa, mientras desnudó a los menores de edad y abusó sexualmente de ellos con un palo de escoba.
Para ocultar los gritos, los ruidos de máquinas empleadas para el maltrato y los golpes, y camuflarse en la cotidianidad de una urbanización tranquila, los funcionarios de la Dgcim subían al máximo el volumen de programas del canal estatal, Venezolana de Televisión, o de alguna música. Da Costa pasó más de 36 horas continuas en las que lo golpearon, ahogaron y aplicaron electricidad.
Describía los distintos espacios de la casa como “la recepción”, los cuartos de “torturas generales”, los de “torturas especiales”, y, por último, un espacio donde le dieron un poco de agua y arroz, luego de haberlo mantenido sin alimentación ni agua por casi dos días. Luego de comer, fue golpeado nuevamente y lo enviaron a otro cuarto. Allí, recordaba, estuvo tirado en el suelo como por diez horas con un dolor de huesos inaguantable.
Al día siguiente, siendo este el quinto en el que ni sus familiares o abogados sabían de su paradero, Da Costa fue presentado en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc, cuerpo de investigaciones auxiliar de la fiscalía) en Parque Carabobo, en el centro de Caracas.
“Los policías nos vieron con cara funeraria, como si hubiesen visto a unos muertos”, recordaba Da Costa, quien junto a sus compañeros denunció lo que ocurrió, aunque no se inició ninguna investigación entonces.
“Vasco, no fue nada personal. No compliques más las cosas”, le dijo un funcionario de la Dgcim, justo antes de salir de esta sede policial.
Así se cumplió el “debido proceso legal” y las víctimas fueron devueltas a la casa de tortura. Fue durante este trayecto cuando tanto Da Costa y otros dos de sus compañeros, que iban en distintos carros, lograron identificar algunas pistas que les indicaron a dónde los conducían. Vieron a través de la tela que cubría sus ojos un letrero que identificaba a la urbanización Los Naranjos. Uno de ellos logró divisar el Centro Comercial Cerro Verde, ubicado en una de las calles que conduce desde El Cafetal hacia ese sector.
Al regresar, la Dgcim reunió a las víctimas, quienes hasta ese día ignoraban que estaban todas detenidas en la misma casa.
“Escuchar la voz de Vasco, al lado mío, me dio una sensación de tranquilidad”, dijo José Luis Santamaría, técnico en electrónica de 49 años y también integrante del Movimiento Nacionalista.
A todo el grupo del movimiento lo reunieron en el jardín de la casa para hacerle fotografías. Unas las hicieron con los prisioneros encapuchados, otras con el rostro descubierto. “Lo que no se veía era el resto de la casa. Solo una escalera angosta”, detalla Santamaría.
Santamaría había perdido la noción de los días que habían pasado hasta ese momento. Su experiencia no había sido distinta a la de Da Costa. Desde El Castillito fue trasladado por funcionarios encapuchados de la Brigada de Acciones Especiales y la Dgcim, quienes, apuntándole con armas largas en la cara por todo el camino, lo llevaron hasta la casa de Los Naranjos.
En el vehículo, los funcionarios encapuchados subían el volumen de la música de la radio para que los capturados no identificaran sus voces.
“La noción del tiempo y espacio… A partir de ese primer momento de la detención es difícil. Y las primeras horas al ingresar a la casa fueron de extrema angustia porque sabíamos que no estábamos en una institución. Cada uno estaba aislado”, explicó Santamaría.
El primer espacio que recuerda, era uno muy pequeño, que piensa era el closet de un cuarto. Luego, lo trasladaron a un baño, donde los funcionarios obligaban a los otros capturados a orinarle encima.
“Te vamos a matar”, era lo que le repetían a cada hora. “Te pongo aquí para que escuches cómo torturamos a los otros. Colabora para que no te pase eso”.
Las víctimas coinciden que son horas psicológicas de destrucción. “Te vamos a sacar los pantalones y te vamos a violar”, es otra de las frases cuyo eco lo atormenta.
La rotación entre el closet, cuarto, baño, era constante. En todos estos traslados le apuntaron con armas largas en la cabeza. En cada cuarto le pasaban navajas y hojillas de afeitar por las costillas y el pecho.
La jerarquía de mando dentro de la casa era sencilla, según Santamaría. “Estaban los funcionarios que dirigían y los que actuaban y torturaban. Se escuchaban siempre las órdenes de una persona diciendo, ‘hazle esto o hazle aquello’”.
El baño no siempre es una opción para los capturados. Cuando no los sometían a orinar a otros, debían hacerlo encima de ellos mismos, igual que defecarse.
“En este punto no necesitaba que me siguieran diciendo que me iban a matar. Pensé que podía ocurrir por inanición y por todo”.
A Santamaría también lo tuvieron sin alimento o agua por más de 36 horas. Terminó en el “cuarto del interrogatorio”.
—Quiero que me digas todo lo que sabes o ¿te la vas a dar de vivo?
—No soy vivo.
—Te vamos a matar. Todos los que están aquí van a morir.
Esto ocurría mientras en otro cuarto escuchaba a otro de los capturados gritar: “Viólame, cógeme, pero no me mates”.
Para Santamaría, parte del esquema de terror psicológico se centra en “descompensar el tiempo”.
“Llegan y te aíslan. Luego escuchas voces, gritos. Después no escuchas nada. Oí descargas eléctricas y los quejidos de las personas. En un momento yo sentí un corrientazo que me desmayó. Cuando me desperté, no sé si había pasado un minuto o medio día. Y ahí mismo, te agarran y te llevan hasta otro cuarto, te torturan otra vez y así van”, detalla.
Hay unos cuartos en los que los obligan a mantener el silencio, ya que están más cercanos a la calle. “En un momento escuché el camión del aseo y ellos subieron la música al máximo”.
Ese mismo camión del aseo y un saludo al vigilante por parte de la Dgcim es lo que recuerda Santamaría del trayecto que hizo cuando fue trasladado desde la casa de tortura en la que estuvo detenido cinco días. La vida en esta zona de Caracas transcurría con normalidad.
Su compañero, Régulo García, quien permaneció el mismo tiempo en ese lugar, fue sometido a ahogamientos en tambores de agua, asfixia con productos químicos, descargas eléctricas, pinchazos con objetos punzantes en las tetillas y golpes.
“Los golpes en los pies eran horribles, porque el dolor va hacia todo el cuerpo y te llegan al cerebro. Pierdes el balance”, describe. “Las peores torturas ocurrieron en esa casa. Desde el comienzo fueron horribles. Te desnudaban, te amarraban las manos hacia atrás y te pegaban en las rodillas, luego en los pies. Luego te ahogaban con el baigón [insecticida en spray] e inmediatamente te sumergían en un tambor de agua para luego electrocutarte. Era muy fuerte”. Tampoco recibió alimentación por dos días y tenía que orinar sobre los otros detenidos.
Su testimonio coincide con el de sus compañeros. García asegura que presenció la violación de dos adolescentes menores de edad y una mujer.
En dos días diferentes lo sacaron de la casa para trasladarlo al Cicpc en Parque Carabobo y luego a la sede de la Dgcim en Boleíta. En esas dos oportunidades, también pudo ver a través de la tela de la venda que cubría sus ojos un letrero que identificaba a Los Naranjos.
Los integrantes del Movimiento Nacionalista estuvieron luego presos entre la sede de la Dgcim en Boleíta y la cárcel de Santa Ana en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, en los Andes del suroeste de Venezuela. Todos relataron en tribunales, frente al juez Maikel Amezquita, su desaparición forzada y las torturas que recibieron en el centro clandestino. Este caso es uno de los que ha sido documentado y que está siendo estudiado por la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos.
La hermana de Vasco Da Costa, Ana María Da Costa, asevera que las torturas que recibió el activista en su detención en la sede clandestina de la Dgcim, deterioraron su salud y tuvieron relación directa con su fallecimiento. Sus compañeros entrevistados para este reportaje también afirman que viven con secuelas físicas producto de las torturas. Santamaría sufre de problemas renales y abdominales y García de dolores crónicos en la caja torácica.
Con cámaras de TV y redes de delatores, se ha impuesto una política de espionaje a los controladores que ordenan el tránsito de los aviones que aterrizan y despegan del principal aeropuerto del país. Algunos secretos e irregularidades están en resguardo en medio de un clima permanente de cacería de brujas. Dos empleados ya han sido sometidos a un juicio interminable y cuestionable como demostración de la suerte que aguarda a quien no desee someterse a un sistema que, más que la seguridad aérea, procura el silencio.
En los primeros meses de 2017, una fiscalía nacional se acercó demasiado a los intereses de dos grandes del chavismo, Tarek William Saab y Diosdado Cabello, tras haber sido comisionados por la fiscal Luisa Ortega Díaz a investigar casos de corrupción en la industria petrolera venezolana. Cuando fueron contra ella y sus allegados, fueron también contra el equipo de la Fiscalía 55. Luis Sánchez, el fiscal auxiliar que manejaba uno de los casos, lleva 21 meses en El Helicoide, una de las sedes de la policía política venezolana, sin haber tenido siquiera su audiencia preliminar, acusado con unas pruebas tan dudosas que el régimen chavista debió cambiarlas sobre la marcha
No es ni Baduel ni Rodríguez Torres. Su nombre completo es Igbert Marín Chaparro y lo tienen confinado en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas, el reclusorio en el que se escarmienta a la rebeldía castrense. Teniente coronel del Ejército, comandante del importante Batallón Ayala de Infantería Motorizada, es el oficial que ha obtenido las mejores calificaciones en la historia de la Academia Militar de Venezuela. En su caso lo acompañan otros cuatro colegas comandantes apresados en una sigilosa operación de seguridad llevada a cabo por el Gobierno en marzo de 2018. Después de un año de un proceso judicial repleto de irregularidades, él es el único que no ha sido trasladado a la prisión militar de Ramo Verde, pues se teme que su prestigio y ascendencia influyan en el precario equilibrio que el régimen mantiene todavía entre la tropa
A pesar del esfuerzo de las autoridades venezolanas por borrar cualquier evidencia, una exhaustiva compilación y reconstrucción de los hechos ocurridos en El Junquito el 15 de enero de 2018 indica que Oscar Pérez, quien se rebeló contra el régimen de Nicolás Maduro junto a su Movimiento de Equilibrio Nacional, y sus compañeros, fueron asesinados a pesar de que intentaron rendirse en medio de un operativo caótico en su coordinación y desproporcionado en su despliegue. Este informe fue elaborado por el equipo de investigación de Bellingcat en colaboración con Forensic Architecture, quienes construyeron un modelo digital navegable de tres dimensiones de El Junquito, que permitió ubicar más de 60 piezas de evidencia en tiempo y espacio. En Venezuela ArmandoInfo, Efecto Cocuyo y El Pitazo pusieron a disposición sus plataformas y convocan a sus lectores a complementar con material sobre el caso que tengan a su disposición .
Cuatro jóvenes desaparecieron en el estado venezolano de Mérida luego de ser arrestados por agentes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana en julio de 2015. Dos años y medio después de este episodio ni las autoridades han dado explicación sobre su paradero y sus familias no han podido hallarlos, constituyendo así el caso más claro de desaparición forzada en Venezuela y que podría engrosar el expediente de la “revolución bolivariana” ante la Corte Internacional de La Haya.
Ocho funcionarios militares asistieron a la audiencia de presentación del 19 de enero de este año con heridas en rostro, abdomen, muñecas y piernas. Los dos civiles que los acompañaban llevaban una raja en la planta de los pies hecha con una navaja. Era tan evidente el maltrato que, antes de privarlos de libertad, el tribunal hizo un pronunciamiento especial para dejar constancia de su estado tras siete días de arresto por haber sostenido una videollamada con el piloto abatido junto a su grupo en El Junquito.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
