Las alertas que el sistema bancario ha levantado sobre el dinero del erario público de Venezuela que fluye a cuentas de corruptos llegan tarde. Más de 4.000 millones de dólares en transacciones sospechosas por parte de venezolanos figuran en la filtración de los FinCEN Files y 70% de ellas están vinculada a entes del Estado. El proyecto internacional de periodismo de investigación, del que Armando.info es parte, encontró que la complicidad bancaria, de pequeñas instituciones en paraísos offshore y de las grandes firmas globales, ha permitido el saqueo de la que fue la nación más rica de América Latina.
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Encima de la polvorienta estufa de gas instalada en el departamento de Selena Ramírez baila una pequeña llama.
A sus 69 años, Ramírez comparte el departamento con su hija y su nieto de once años. Se encuentra en la planta baja de una vivienda social en San Francisco de Yare, localidad en el estado Miranda, a unos 75 kilómetros al sur de Caracas. En la fachada del edificio están estampados los ojos vigilantes del ex presidente Hugo Chávez.
Ramírez mantiene su estufa prendida durante horas cuando se dedica a sus quehaceres domésticos. “La dejo encendida porque los fósforos están muy caros”, explicó. “No podemos andar comprando a cada rato".
Venezuela está sufriendo una de las crisis humanitarias más graves del mundo. La inflación está fuera de control y la industria petrolera, que antes nutría la economía, está en ruinas. Una de cada tres personas no tiene lo suficiente para comer, y más de cinco millones de venezolanos han abandonado el país.
Poderosos hombres de negocios, cercanos a los gobiernos de Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, participaron en el desastre. Los movimientos bancarios de algunos de los llamados boliburgueses aparecen en una muestra de reportes confidenciales, obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 108 medios más, incluido Armando.info. La filtración devela el rastro del dinero saqueado del erario público y suma piezas al rompecabezas de la corrupción en Venezuela, donde los boliburgueses sacaron miles de millones de dólares del país, mientras la economía se derrumbaba.
La filtración, conocida como los FinCEN Files, incluye más de 2.100 Reportes de Actividades Sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés), que bancos entregaron a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, su acrónimo en inglés), una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En los reportes aparece, por ejemplo, Alejandro Ceballos Jiménez, un magnate de la construcción con cercanas conexiones gubernamentales. El empresario envió secretamente al menos 116 millones de dólares de contratos de vivienda pública hacia beneficiarios diversos, que incluían compañías offshore y cuentas bancarias pertenecientes a familiares, según muestran los documentos. Los contratos amparaban la construcción del edificio en el que vive Ramírez, que forma parte de la Gran Misión Vivienda, el programa social por el cual el gobierno venezolano asegura haber construido millones de viviendas que asignó a familias pobres.
Ceballos es uno de al menos siete magnates venezolanos cuyos negocios con las administraciones de Chávez y Maduro aparecen reflejados en los documentos que integran los FinCEN Files. Se trata de hombres de negocios, famosos por su amor hacia los relojes Rolex y las carreras de caballos, que viven en general fuera de Venezuela, ya sea en Florida, en Madrid o en las playas exclusivas de Punta Cana, en República Dominicana.
Los documentos también revelan cómo los bancos de Europa y Estados Unidos juegan un papel central en la sustracción del dinero de Venezuela, a pesar de las alertas que señalaban irregularidades financieras. Otras filtraciones ya habían revelado que bancos de menor tamaño, entre ellos los bancos suizos CBH y el Julius Bär Group, ayudaron a los ricos venezolanos a sacar efectivo fuera del país mediante cuentas offshore que escondían el origen del dinero, en operaciones que los documentos de la FinCEN y otros reportes ahora confirman como sospechosas.
El Banco Espirito Santo (BES) —el más importante de Portugal y que fue disuelto luego de quebrar en 2014— movió más de 100 millones de dólares fuera de Venezuela para la familia Ceballos, antes que las autoridades portuguesas y estadounidenses lo investigaran por lavado de dinero. Entre las instituciones del Estado venezolano que aparecen en los FinCEN Files haciendo enormes pagos a las empresas de Ceballos —a través de una empresa de papel registrada en Londres— destacaban la petrolera estatal Pdvsa y la Misión Che Guevara, un programa de empleo adscrito al Ministerio para las Comunas y Protección Social.
Algunos de los bancos más importantes del mundo también tuvieron su responsabilidad. JP Morgan Chase, basado en Nueva York, y Standard Chartered, cuya sede está en Londres, procesaron transacciones cuestionables como “bancos corresponsales”, un papel de intermediario por el que los bancos transnacionales conectan entidades más pequeñas al sistema financiero global.
Los documentos revelan cómo los bancos de Europa y EE.UU juegan un papel central en la sustracción del dinero de Venezuela, a pesar de las alertas sobre irregularidades financieras.
Entre 2009 y 2017, los bancos reportaron transacciones
sospechosas vinculadas con Venezuela por un monto total de más de 4.800 millones
de dólares, según un análisis de ICIJ de los SAR incluidos en la muestra
obtenida por Buzzfeed News. Cerca de 70% de este monto involucró recursos
públicos y tenían a una agencia del Estado, como el Ministerio de Finanzas o la
estatal petrolera, como protagonista.
“Esa es la conexión que la gente no hace”, dice Zair Mundaray, quien fungió como fiscal anticorrupción en Venezuela hasta que se exilió en 2017, y es ahora asesor del líder de oposición Juan Guaidó. “Todo lo que el venezolano no tiene es por el dinero que se ha ido afuera”.
En una comunidad exclusiva ubicada a las afueras de Miami, Florida, la casa de Ceballos ocupa la esquina de Jockey Circle con Steeplechase Drive. Al otro lado de la calle, algunos caballos mordisquean el abundante césped verde de las casas.
A media de hora en carro de la casa se encuentra el hipódromo Gulfstream Park, en Hallandale Beach. Ahí, caballos del establo de Ceballos compiten cada semana por premios que alcanzan hasta 75.000 dólares. En la entrada, un Pegaso de 30 metros de altura se encabrita encima de un dragón derrotado. Es la segunda estatua más alta de Estados Unidos, después de la Estatua de la Libertad en Nueva York.
Para Ceballos, ganar una carrera de caballos es uno de los grandes placeres de la vida. Es como “darle un beso a una mujer bella”, dijo en una entrevista publicada en 2016 en su propio sitio de Internet.
La fortuna de Ceballos viene del negocio de la construcción que heredó de su familia, iniciado hace décadas. Su madre, Maura Betty Jiménez de Ceballos, fundó el negocio en 1978, y muchas de sus operaciones fueron consolidadas en el año 2000 bajo la empresa principal, Inversiones Alfamaq. Grupo 7C, la empresa matriz de la familia, toma su nombre de Maura y sus seis hijos; siete integrantes de la familia Ceballos.
Durante el gobierno de Chávez, la familia Ceballos ganó decenas de contratos para construir escuelas, plantas de tratamiento de agua y otros proyectos, como la renovación del Poliedro de Caracas, el principal sitio de eventos deportivos y espectáculos de la capital venezolana. “No hay un estado en Venezuela donde, a lo largo de estos 37 años, Alfamaq no haya trabajado”, se jactó Alejandro Ceballos en una entrevista en 2016.
Ceballos ha sido acusado de corrupción. La Asamblea Nacional venezolana —controlada por la oposición desde enero de 2016— lo investigó en 2018 por su presunta participación en varios esquemas diseñados para robar recursos públicos. En 2010 fue señalado por intervenir en el desvío de 500 millones de dólares de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG); en otra ocasión, colaboró en la venta fraudulenta de terrenos públicos en una zona turística en Lechería, el Acapulco venezolano, sobre la costa nororiental del país. Las investigaciones, que Ceballos tachó como “acusaciones infundadas” promovidas por “intereses malsanos”, fueron abandonadas.
La familia Ceballos mantuvo sus lazos cercanos con la élite venezolana en el poder durante el gobierno de Maduro. En agosto de 2016, el gobierno venezolano firmó un acuerdo con Gold Reserve, una empresa minera canadiense especializada en la extracción de oro. Después de la ceremonia oficial, protagonizada por el propio Maduro en el palacio presidencial de Miraflores, una celebración se llevó a cabo en la mansión de cuatro pisos de Ceballos, ubicada en la exclusiva urbanización del Alto Hatillo, en las colinas al sureste de Caracas, según contó un empleado de la familia a Armando.info. Inversiones Alfamaq adquirió acciones en Gold Reserve y proveyó “servicios de apoyo” en una operación minera de metales preciosos en el estado Bolívar, al sur de Venezuela.
Ceballos no contestó a las solicitudes de entrevista que le envió ICIJ, ni respondió a un cuestionario que recibió en agosto. En un correo electrónico a un reportero de ICIJ dijo que tenía dificultades para acceder a documentos debido al confinamiento por la pandemia de covid-19. Posteriormente, dejó de contestar a correos electrónicos que le ofrecían un plazo más amplio para dar su versión.
“Visto lo indicado le manifiesto la imposibilidad de satisfacer sus pretensiones en el lapso previsto, y ratifico la consideración que se merece el arrojo, valentía y ética de los periodistas, siempre y cuando su trabajo tenga como norte el respeto por la verdad”, escribió Ceballos.
Parte del dinero que salió de Venezuela se esfumó de las arcas públicas. Los FinCEN Files permiten observar de dónde salió, y cómo los bancos lo ayudaron a recorrer su camino.
La información viene de los propios bancos. Un banco debe enviar un reporte de actividad sospechosa al FinCEN si “sabe, sospecha o tiene una razón de sospechar” que una transacción que transita por Estados Unidos tiene un origen criminal o no tiene un propósito de negocios claro. Estos reportes no son denuncias formales, pero constituyen la línea de defensa más fuerte y temprana del sistema bancario contra operaciones de lavado de dinero realizadas por políticos corruptos, narcotraficantes o delincuentes comunes. Los bancos deben investigar de manera activa y señalar las transacciones sospechosas.
Sin embargo, los documentos de la filtración muestran que los bancos a menudo se limitan a enviar reportes cuando sus clientes son señalados en la prensa y, a veces, cuando enfrentaron indagaciones por sus propias acciones.
Así fue como la sucursal en Miami del Banco Espirito Santo —sancionado por el gobierno estadounidense en 2005 por abrir cuentas secretas al dictador chileno Augusto Pinochet—, procesó transacciones vinculadas con Ceballos por más de 262 millones de dólares. Tardíamente trató de verificar si eran legítimas, pero ya no pudo. Pagos a familiares que parecieron “excesivos” a los oficiales de cumplimiento; documentos justificativos que “despertaron muchas preocupaciones” y transacciones con entidades vinculadas con esquemas de lavado de dinero calificadas como “artificiales por naturaleza”, están en los partes que el banco portugués envió a los reguladores en 2013 y 2014.
Los bancos contactados para esta historia evocaron la privacidad de sus clientes y la naturaleza confidencial de los reportes de actividad sospechosa para justificar que no responderían a preguntas precisas sobre las transacciones.
El CBH de Ginebra negó cualquier involucramiento en actividades de lavado de dinero vinculadas con Venezuela. El Julius Bär Group dijo que lamentó sus fallas del pasado y que recientemente tomó medidas para reforzar sus controles contra el lavado de dinero.
Los bancos vinculados con negocios sospechosos hacia Venezuela enfrentaron distintas respuestas de los reguladores. Algunos, como el CBH, escaparon a una revisión de fondo. El gobierno de Suiza prohibió a Julius Bär realizar “adquisiciones grandes y complejas”, y nombró a un auditor independiente para vigilar sus actividades. En el caso del Espirito Santo, terminó disuelto por los reguladores portugueses, luego de las investigaciones sobre lavado de dinero vinculado a Venezuela, que en 2014 el Wall Street Journal ya había revelado. Después del cierre, la oficina de Miami fue renombrada Brickell Bank, tras ser adquirida en 2019 por Banesco USA, operación en Estados Unidos de un grupo financiero venezolano. Banesco USA dijo que la unidad ya no tiene directores que hayan trabajado con los dueños anteriores, y que puso en marcha un robusto programa de combate al lavado de dinero.
Pero los castigos llegaron cuando el mal ya estaba hecho, y miles de millones de dólares ya se encontraban fuera de Venezuela. En estos casos quedó probado que los supervisores del sistema financiero global no pudieron contener el torrente de dinero que fluyó del erario venezolano hacia cuentas bancarias privadas abiertas en Ginebra o Miami, según encontró ICIJ.
“Los banqueros están totalmente insertos en este esquema de saquear la riqueza de una nación”, dice Martín Rodil, fundador y director general de InterAmerican Solutions, un despacho de consultoría que asesora al Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre las sanciones contra Venezuela. “Sin los bancos, esto nunca hubiera ocurrido”.
El 2012, Venezuela otorgó un contrato de 126 millones de dólares a Energy Coal SpA, una empresa energética italiana, para construir 1.540 departamentos destinados a personas de bajos recursos en San Francisco de Yare. El trato comprometía al gobierno venezolano a entregar coque —un combustible sólido parecido al carbón, subproducto del procesamiento de crudos pesados en Venezuela— a la empresa italiana, a cambio de las viviendas. Sin capacidad técnica ni experiencia, Energy Coal subcontrató el trabajo a Sarleaf Limited, una sociedad basada en Londres, controlada por Ceballos y sus familiares.
Abogados suizos sirvieron como testaferros de Sarleaf para encubrir la participación de la familia Ceballos en la sociedad, según un reporte que el Espirito Santo envió posteriormente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La sociedad offshore fue creada por “motivos de seguridad”, para “proteger a la familia Ceballos de estar expuesta en Venezuela”, escribió el banco.
Los banqueros están totalmente empotrados en este esquema de saquear la riqueza de una nación. Sin los bancos, esto nunca hubiera ocurrido
Entre abril de 2013 y enero de 2014, según los reportes del Espirito
Santo, Pdvsa y la Misión Che Guevara pagaron más de 146 millones de dólares a
Sarleaf. La compañía luego distribuyó decenas de millones de dólares a empresas
y cuentas bancarias de miembros de la familia Ceballos. Alejandro Andrés
Ceballos, el hijo de Ceballos, fue el más beneficiado en el reparto. Amasó 22
millones de dólares en una cuenta bancaria creada para gestionar sus “ahorros,
inversiones y gastos personales”, y otros 22 millones en una sociedad en Panamá
que “provee servicios de facilitación de importación y exportación de productos
en la industria de la construcción”. Alejandro Andrés Ceballos no contestó a las
preguntas que ICIJ envió a su empresa, Proyectos y Construcciones 1128, y a
Inversiones Alfamaq.
La familia Ceballos se aprovechó de una abundante fuente de ingresos del gobierno de Venezuela. Pero para disfrutar del dinero lejos de la crisis que azota Venezuela, y comprar propiedades y caballos de carrera en el sur de Florida, la familia necesitaba ayuda.
El Banco Espirito Santo, entonces el segundo mayor prestamista de Portugal, y su oficina en Miami, estaban dispuestos a ayudar. Como parte de una agresiva estrategia de crecimiento, Ricardo Salgado, su director general por largo tiempo, había cultivado vínculos cercanos con funcionarios y familias adineradas en países en desarrollo, entre ellos, Venezuela.
En 2012, el Espirito Santo creó una cuenta corriente para Sarleaf, la compañía offshore controlada en secreto por la familia Ceballos. El banco procesó más de 262 millones de dólares en pagos ligados con Sarleaf, pero también transacciones vinculadas con los magnates Isabel Dos Santos, de Angola, y Dmytro Firtash, de Ucrania, según muestran los FinCEN Files. Dos Santos y Firtash enfrentan cargos de corrupción en Angola y Estados Unidos, respectivamente.
En 2014 el Espirito Santo se derrumbó. Las autoridades portuguesas disolvieron el banco y movieron sus activos sanos al Novo Banco, una institución controlada por el Banco Central de Portugal. Salgado fue detenido y pasó un breve momento en la cárcel. En julio de este año, las autoridades lo acusaron de lavado de dinero, sobornos, malversación y defraudación fiscal.
El banco suizo CBH también ha sido repetidamente vinculado con venezolanos acusados de corrupción. Entre sus clientes más prominentes destacaba Alejandro Betancourt, quien a los 29 años fundó Derwick Associates, una empresa de energía de los popularmente conocidos como los bolichicos, que ganó miles de millones de dólares en contratos adjudicados sin licitación para arreglar la todavía hoy defectuosa red eléctrica de Venezuela.
En 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un ejecutivo de Derwick, Francisco Convit Guruceaga, y otras siete personas, por su participación en un esquema de sobornos y lavado de dinero que involucró más de 1.200 millones de dólares. En el reporte criminal, Betancourt quedaba señalado como co conspirador anónimo, según reportó el Miami Herald.
A pesar de los esfuerzos de Betancourt para cerrar el caso —hasta contrató a Rudolph Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump y ex alcalde de Nueva York, para cabildear ante el Departamento de Justicia—, los fiscales siguieron hurgando. En febrero reciente, la máxima corte de justicia de Suiza ordenó al CBH y otros bancos suizos que entreguen sus expedientes sobre Betancourt a los fiscales de Estados Unidos.
En 2019, Bloomberg News reportó que el CBH ayudó a sus clientes venezolanos a ambos extremos de las transferencias de dinero, y les permitió utilizar los inmuebles del banco en Ginebra como su dirección; un privilegio especial que les ayudó a evadir el escrutinio.
El Julius Bär Group fue otro de los bancos suizos usados por los más altos ejecutivos de Derwick. Betancourt y Convit eran clientes personales de Matthias Krull, asesor de clientes para Venezuela de Julius Bär. En octubre de 2018, Krull fue condenado en Florida a una pena de diez años de cárcel por su participación en el esquema de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares.
El CBH negó estar involucrado en actos de corrupción vinculados con Venezuela, y cuestionó la nota de Bloomberg. El banco dejó todas sus inversiones de Venezuela en 2013, dijo su director jurídico, Christopher Robinson, a los socios de ICIJ en el Miami Herald. “CBH nunca ha participado, facilitado o tolerado lavado de dinero, corrupción, malversación o cualquier otros actos ilegales y transacciones bancarias ilegales”.
El Julius Bär Group dijo, por su parte, que Krull perpetró sus delitos más allá del alcance de sus deberes oficiales en el banco, y que salió del mercado venezolano en 2018. El banco dijo que en los últimos tres años ha tomado “medidas exhaustivas” para mejorar su monitoreo. “Deploramos las fallas identificadas en nuestros negocios con clientes de América Latina”, dijo el Julius Bär Group a ICIJ en una declaración.
Un abogado de Betancourt dijo que su cliente desmiente cualquier irregularidad y un abogado de Convit se negó a declarar.
Los flujos ilícitos de efectivo no solo corren a través de los bancos suizos y los centros financieros offshore. Muchos transitan por dos capitales financieras: Nueva York y Londres. Wall Street, en particular, juega un papel esencial. La Reserva Federal (el equivalente en Estados Unidos a un banco central) otorga a los bancos más importantes un poder especial, el de convertir distintas monedas en dólares, la moneda de reserva mundial, y enviarlas a otros bancos o compañías. Este servicio discrecional, que se realiza a cambio de una cuota para bancos más pequeños o regionales, permite el funcionamiento del engranaje financiero global.
Los reportes a la FinCEN muestran que estas instituciones financieras, conocidas como bancos corresponsales, enviaron alertas a las autoridades de Estados Unidos sobre decenas de pagos sospechosos que involucraron a Derwick, CBH y Julius Bär.
Para asegurarse de que no están moviendo dinero ilícito, se supone que los grandes bancos deben vigilar a sus clientes —los bancos más pequeños— y los millones de pagos que fluyen a través de sus cuentas. Los reportes de actividad sospechosa muestran que este examen es a la vez azaroso e inefectivo, ya que a menudo los bancos corresponsales son incapaces de determinar si el dinero que mueven proviene de actividades criminales o de corrupción. Muchas veces, señalan transacciones solo años después de que ocurrieron.
Los bancos corresponsales jugaron un papel crucial en permitir que el producto de presuntos actos de corrupción en Venezuela viajara desde Caracas a Zúrich, pasando por Nueva York, para luego ser gastado alrededor del mundo.
Por ejemplo, Derwick envió cerca de doce millones de dólares a una sociedad llamada Mediterráneo Global Investments. Standard Chartered, que actuó como banco corresponsal, determinó tiempo después que los pagos eran sospechosos, pero no pudo determinar “ni el perfil de negocios ni la identidad” de la compañía.
Una mirada más profunda a sus propios archivos le hubiera ofrecido información valiosa: apenas un mes antes, el mismo banco, Standard Chartered, había señalado a Mediterráneo como receptor de 6,5 millones de dólares de una compañía relacionada con Martín Lustgarten. Este magnate austríaco-venezolano fue acusado por las autoridades de Estados Unidos en mayo de 2015 por lavar millones de dólares de carteles de la droga a través del mercado negro de divisas en Venezuela.
Lustgarten negó los cargos, que posteriormente fueron abandonados, ya que sus abogados determinaron que los fiscales no pudieron obtener documentos bancarios clave de otros países, como Suiza. Tres de las sociedades de la red de Lustgarten usaron cuentas bancarias en CBH, según encontró el Standard Chartered.
Un informe de JP Morgan Chase fechado en febrero de 2017 —mientras actuaba como banco corresponsal— señaló transferencias realizadas por Julius Bär. El informe examinó compañías sospechosas y pagos vinculados con Alejandro Istúriz, un funcionario del área de contratos de Pdvsa. El año pasado, Istúriz fue condenado en Texas por cargos federales de lavado de dinero.
Una compañía de Panamá vinculada con Istúriz, Large Investment Inc, apareció en el mismo reporte. Usó una cuenta en Julius Bär en Suiza y pagó o recibió dinero de otras tres entidades. Istúriz es prófugo de la justicia de Estados Unidos. ICIJ no pudo contactarlo para este reportaje.
En una declaración a ICIJ, JP Morgan Chase reconoció que, a principios de la década, su régimen antilavado “necesitaba mejorar”, pero que ahora ha tomado el liderazgo en el combate contra los delitos financieros. Standard Chartered señaló que invirtió más en su programa de cumplimiento y llevó a cabo “una transformación exhaustiva y positiva en los últimos años”.
Mundaray, el ex fiscal venezolano, dijo que el dinero derivado de la corrupción pública en Venezuela ha sido lavado a escala masiva. “Lo que empezó con los pequeños bancos cómplices ha inundado todo el sistema bancario”.
La administración del presidente Donald Trump adoptó una línea dura contra Venezuela. En marzo pasado, el gobierno de Estados Unidos acusó a Maduro por tráfico de drogas y corrupción. También sancionó a más de 90 funcionarios de su gobierno y de instituciones públicas, incluyendo el Banco Central y Pdvsa.
Pero la mayor parte de los empresarios socios del gobierno de Venezuela escaparon a la persecución, a pesar de que sus actividades financieras despertaron alertas.
De al menos 26 personas, compañías y agencias del Estado venezolano que aparecen en los FinCEN Files, solamente tres han sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés). La impunidad de la que gozan muchos de los boliburgueses es una consecuencia directa del fracaso de los bancos en aplicar un monitoreo apropiado a las actividades financieras de sus clientes, agregó Mundaray. “Ninguno de los bancos investigó lo suficiente”, dijo. “Porque lo que realmente pasaba era el saqueo de un país”.
Además de los destinos predilectos, como Miami y Suiza, recientemente las élites de negocios cercanas al régimen de Maduro eligieron nuevos escondites para sus fortunas, como Hong Kong, Chipre y Turquía.
En Venezuela, la familia Ceballos sigue ganando contratos públicos. Entre sus últimas adjudicaciones destacan la reparación del sistema de agua potable en el estado Anzoátegui -noreste del país- y de estaciones de bombeo en otros tres estados. Ambos proyectos están en ejecución.
No queda clara la regularidad con la que Alejandro Ceballos pernocta en su casa de las afueras de Miami pero su Grupo 7C Racing Stable —la compañía que gestiona los caballos en las competiciones— floreció y ha ganado al menos 116 carreras desde su fundación.
En 2016, el caballo Majesto compitió en el Kentucky Derby, una de las carreras de la Triple Corona de Estados Unidos, un evento con el que Ceballos había soñado desde que tenía seis años, según dijo. En una entrevista previa a la carrera, Ceballos expresó su confianza en que los venezolanos apoyarían una victoria de Majesto. “Yo le quiero decir a Venezuela que sienta ese caballo como suyo”, dijo. “Es el esfuerzo de los venezolanos”. Majesto, ese día, perdió.
(*) Este reportaje contó con la contribución de: Agustin Armendariz, Delphine Reuter, Tamoa Calzadilla, Sylvain Besson, Kevin Hall, Antonio Delgado, Jay Weaver, Ewald Scharfenberg.
Si los caraqueños alzan la mirada podrán ver en la cima del cerro El Ávila las evidencias de un proceso de conquista: la familia Ceballos, uno de los grupos contratistas favorecidos por la Revolución Bolivariana, empezó en 2014 a construir la extensión del teleférico al litoral, pero cinco años después amplió su control a la operación de la lujosa torre cilíndrica que corona la montaña. Ahora la apuesta es seguir privatizando allí más bienes para explotarlos, incluyendo todo el sistema teleférico, la pista de patinaje sobre hielo y los pequeños comercios de la caminería que culmina en el hotel construido en la década de los años 50.
Por la coincidencia de fechas y apellidos y una confusión de la prensa, Francisco Flores Suárez se hizo notar en 2015. Entonces se le creyó pariente de los 'narcosobrinos', capturados en Haití casi en simultáneo con una operación de la DEA que incautó droga en un yate, anclado en la vecina República Dominicana, del empresario venezolano. Aclarado el error, el Departamento del Tesoro de todas maneras se enteró de él y de sus negocios en 2017. Los montos de sus transacciones bancarias en EEUU y, en general, el crecimiento de su reino empresarial desde 2010 y en varios países a partir de una compañía de servicios petroleros, tenían que llamar la atención, acaso tanto como los éxitos musicales y videoclips de populares cantantes que ha financiado.
Al mayor general de la Aviación, Giuseppe Yoffreda, con toda propiedad se le puede calificar como el más poderoso de los menos conocidos funcionarios de la administración chavista. Hoy Embajador en Qatar, por una década controló las compras del Estado en el extranjero desde dos empresas, Corpovex y Veximca. De esta última el Departamento del Tesoro hizo seguimiento por las multimillonarias transferencias en dólares hechas, sobre todo, a desconocidas compañías en Florida que gestionaban allegados al oficial.
Luis Manuel Valdivieso cambió su vida de abogado en Venezuela por una de farándula y jet set en un rincón exclusivo de República Dominicana, donde ahora sirve de anfitrión a Kim Kardashian y para amigos como el cantante Chyno Miranda. Pero para llegar allí debió completar un tránsito subterráneo que lo trajo desde el ejercicio en los tribunales a los negocios con militares. En esa parábola, la FinCEN lo encontró haciendo transacciones sospechosas con rusos y chinos.
En un gesto inusual en él, el 'número dos' del chavismo dio en 2015 un paso al frente para sellar en persona una alianza milmillonaria con el gigante de alimentos brasileño JBS, con quien el chavismo ya venía haciendo negocios. Sería la última gran oportunidad en Venezuela de esa corporación. Pero la estructura que entonces usó para pagar los servicios de sus aliados locales no solo despertó sospechas ese año en la banca internacional, sino que también sería el embrión para el surgimiento de la nada de un próspero actor industrial, el Grupo JHS.
Los intermediarios zulianos Gerardo y Eduardo José Pantin Shortt conectaron a Pdvsa con Petrosaudi, una empresa que en poco tiempo mostró su costado embaucador. Las alertas recibidas por la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro dejan al descubierto cómo esa relación generó pagos con toda la pinta de corresponder a comisiones, y una estructura de empresas de la que hoy no queda casi rastro. Mientras Pdvsa quedó esquilmada, y Petrosaudi protagonizaba un escándalo mundial que la liquidó, la mala fama que les ganó esa intermediación a los Pantin no frenó la expansión de sus negocios, petroleros y de otras índoles.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
