Al final la corrupción venezolana puede salirse con la suya en Andorra

VALENTINA LARES

La intervención de la Banca Privada de Andorra en 2015 reveló los mecanismos que utilizaron 28 venezolanos para blanquear hasta 2.000 millones de dólares a través de empresas de maletín, con la manipulación de contrataciones en el sector petrolero y eléctrico donde afirmaban que hacían actividades de “asesoría”.

A pesar de la claridad de las pistas, en el número de implicados y empresas involucradas hasta ahora no hay condenados. El proceso judicial está paralizado desde hace más de un año y, lo peor, hasta podría quedar anulado. Presiones políticas y tecnicismos judiciales se han conjugado para evitar que los criminales de cuello blanco sean puestos tras las rejas.

Con la intervención de BPA se descorrió la cortina que hasta entonces encubría nombres como los de Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello, Nervis Villalobos o Javier Alvarado, quienes se unieron para controlar las licitaciones públicas de Pdvsa y la construcción de infraestructuras eléctricas, contratadas por Corpoelec y Electricidad de Caracas.

Los aludidos justificaban el ingreso de millones en sus cuentas con escuetas facturas -a veces ninguna- emitidas por alguna de las 35 empresas de maletín que servían como emisores y receptores de dinero que transitaba por cuentas abiertas en BPA de sus familiares, esposas, amantes y empleados.

Solo Diego Salazar, acusado de recibir en un solo día junto a Luis Mariano Rodríguez Cabello a través de la empresa Highland Assets, un pago de 50 millones de dólares por servicios de “consultoría y asistencia técnica”, permanece bajo arresto pero en Venezuela.

Del resto de los solicitados con orden de captura, llegaron a quedar detenidos por un tiempo Mariela Matheus, supervisora de pagos de Pdvsa, lo mismo que otro supuesto pariente de Rafael Ramírez, Luis Abraham Bastidas Ramírez, ex gerente de logística y servicios de Pdvsa, arrestado brevemente en Buenos Aires.

Desde la intervención de la BPA, los abogados de los acusados andorranos y venezolanos han acudido a todo tipo de tácticas dilatorias para ralentizar el proceso. Una última querella sin resolución mantiene congelado el proceso, se trata del señalamiento del Instituto de Derechos Humanos de Andorra de que las autoridades andorranas fueron coaccionadas para ejecutar la intervención del banco.

Las posibilidades de que el juicio prospere hoy día están condicionadas al desenvolvimiento de la pandemia, las vacaciones de verano y la querella por resolver. Fuentes cercanas al caso aseguran que este año no seguirá el proceso. Un respiro para los delincuentes de cuello blanco venezolanos.