El capataz que “mantiene a Venezuela”

ARMANDO.INFO

Eduardo Rivas salió de la nada para consagrarse como el zar de la explotación del oro, el último maná que permite obtener divisas para las arcas del Gobierno después del colapso de la industria petrolera.

Se expuso a la luz pública por primera vez en 2018, al frente del Complejo Industrial Domingo Sifontes, un gran centro con seis plantas de cianuración para el procesamiento de oro. Desde entonces, hace sentir su poder al sur del Orinoco con campañas de prensa regional y el amedrentamiento con su guardia pretoriana, constituida por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Mientras más lo conocen, más le temen.

Más que por credenciales técnicas o antecedentes -casi nulos- en la actividad minera, debe su figuración a la cercanía que tiene con los Nicolás Maduro, padre e hijo. El general Manuel Cristopher Figuera, exdirector del Sebin y ahora en el exilio, asegura que Eduardo Rivas “es persona de confianza de Nicolasito”, en referencia a Nicolás Maduro Guerra, quien por cierto fue sancionado en junio de 2019 por el Departamento del Tesoro de EE.UU por haberse “beneficiado de las minas venezolanas junto con Maduro y su esposa, Cilia Flores”.

Su afirmación se desprende de un hecho que siguió desde la Dgcim, cuando era subdirector de ese organismo. “Con información que proporcionó ese individuo (Rivas), Nicolasito utilizó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar para conducir la llamada ‘Operación Manos de Metal", detalla el general. Esta operación fue activada en junio de 2018 para impedir el contrabando y extracción de oro, de acuerdo con Tareck El Aissami, vicepresidente en ese momento y quien hizo el anuncio al país. Pero Cristopher Figuera sostiene que el objetivo fue otro y consistió en "establecer un monopolio con la compra-venta" del mineral.

Este vínculo explicaría, en parte, la protección que reciben tanto Rivas como el complejo Sifontes de la Dgcim, así como el resguardo de los camiones que transportan las arenas auríferas hacia el centro industrial, ubicado El Callao. Adentro operan seis empresas privadas que firmaron "alianzas estratégicas" con la Corporación Venezolana de Minería (CVM).

De esas seis empresas, una pertenece al propio Rivas: Inversiones y Representaciones Glenduard. Otra, Corporación Petroglobal, es una compañía de Mario Bonilla Vallera y Raúl Saavedra Leterni, los esternos socios y amigos íntimos de los hijos de Cilia Flores, Yoswal y Yosser Gavidia Flores. Bonilla Vallera fue identifcado en 2018 como testaferro de los hermanos Gavidia Flores, en la investigación penal llevada en EE.UU conocida como Operación Money Flight, que siguió el rastro al lavado de 1.200 millones de dólares de Pdvsa. Por esta causa fue sentenciado a 20 años de prisión pero se mantiene prófugo.

En noviembre de 2019 fue inaugurado otro complejo de cianuración, llamado Manuel Carlos Piar, y ubicado en la zona de Matanzas en Puerto Ordaz, un enclave de ruina industrial. Hasta ahora tiene activa una planta para procesar oro (serán nueve), también es custodiado por la Dgcim y también tiene como presidente a Eduardo Rivas. Su poder como, nuevo zar del oro, trasciende.

Además de cuidar los intereses de los Maduro Flores, tambien vela por los intereses de los hermanos Rodríguez Gómez, de Jorge Arreaza, de un sector de la élite militar y de Tareck El Aissami, según el general Cristopher Figuera. Así, en un ambiente de vigilancia extrema, inteligencia militar y extracción de oro, Rivas halló un ascenso meteórico tras llevar una vida aparentemente anónima, alejada de la minería. Ahora le atribuyen, incluso, el control de la comercialización del oro.