Madera podrida

ISAYEN HERRERA

OCTAVIO ENRÍQUEZ

Casi tres años después del paso iracundo del huracán Félix por Nicaragua en 2007, que dejó más de un centenar de muertos y 130 desaparecidos, llegó una buena noticia al noroeste del país, la región más castigada por el desastre.

Un proyecto altruista y de vocación ambientalista se proponía rescatar -a través del trabajo y la inversión- esta extensa y pobre región, de uno de los países más pobres de América Latina. El benefactor no era otro que el gobierno venezolano del entonces presidente Hugo Chávez.

Secundado por el exministro de Agricultura y Tierras de ese momento, Elías Jaua, Chávez aprobó 18.85 millones de dólares para aprovechar la madera caída luego del desastre natural. Parecía un negocio redondo, pero había contradicciones en la rentabilidad. Las advertencias fueron ignoradas.

El proyecto planteaba que la madera derribada por el huracán representaba unos ingresos potenciales de 2.300 millones de dólares. Pero en Nicaragua los números eran otros y se aseguraba que, cuando mucho, los ingresos serían de 500 millones de dólares.

Además de las contradicciones entre las ganancias que podrían surgir de este negocio, cuando comenzaron los trabajos -3 años después del huracán-, la mayor parte de la madera ya estaba podrida.

Solo pudieron aprovechar algunas especies de madera dura en la zona y eso implicó una modificación de lo que se tenía planificado. Empezaron a ver que el costo de la operación era muy alto y que podrían tener pérdidas si solo sacaban la madera derribada por el huracán. Por eso decidieron aumentar la explotación con madera que no había sido tumbada.

La encargada del proyecto fue Alba Forestal, una empresa creada en 2012 con capital mixto de Venezuela y Nicaragua. Prometieron la reforestación de la zona -algo que nunca se hizo- y otorgaron licencias de tala con volúmenes exagerados a los permitidos por año.

Así, la ayuda venezolana terminó en un plan controlado por la triada Estado-partido-familia de Daniel Ortega, cuyos productos palpables fueron corrupción, tráfico de influencias y daño ambiental. Diez años después, a Venezuela no ha llegado ni un tablón ni un dólar de retorno.