¿Necesita lavar su reputación? Se alquilan diputados para tal fin

ROBERTO DENIZ

El largo brazo del empresario colombiano Alex Nain Saab Morán, el principal contratista de Nicolás Maduro y el hombre detrás del negocio de los CLAP, alcanzó la Asamblea Nacional (AN) y tocó a algunos diputados de oposición.

Desde 2018 empezó un acercamiento con los diputados que terminó en el otorgamiento de indulgencias por parte de la Comisión de Contraloría de la AN al propio Alex Saab, así como a otras personas y compañías vinculadas al cuestionado negocio de los CLAP.

Dos nombres son clave en esta historia:

Por el lado de los parlamentarios: Luis Eduardo Parra Rivero, un diputado de Primero Justicia por el estado Yaracuy, integrante de la Comisión de Medio Ambiente.

Su contraparte en la otra esquina: Carlos Rolando Lizcano Manrique, un empresario colombiano ligado a la dupla de Álex Saab y Álvaro Pulido, bajo cuyas órdenes actúa. Carlos Lizcano es el propietario de Salva Foods 2015, la compañía que maneja las Tiendas CLAP.

Las actuaciones de Luis Parra y Carlos Lizcano dieron lugar a la conformación de un grupo informal de diputados de varios partidos de oposición, que se movilizó en favor de los empresarios colombianos y su amplia red de negocios con el chavismo hasta en instancias internacionales.

El 9 de octubre de este año, Adolfo Superlano y José Brito entregaron una carta en la Fiscalía de Colombia en defensa del propio Carlos Lizcano y la compañía propietaria de las Tiendas CLAP. El escrito también fue firmado por Conrado Pérez, Richard Arteaga, Guillermo Luces, Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos.

A finales de noviembre, y luego de que el diputado José Guerra, alertara que estaba en marcha la operación Maletín Verde para comprar diputados, circularon en forma anónima otras cartas suscritas por los diputados de la Comisión de Contraloría en favor de la red empresarial de Alex Saab.

Ninguno de esos documentos que absuelven a Saab, Lizcano y sus empresas están en el expediente 1714 que la Comisión de Contraloría abrió en 2017 para investigar las irregularidades detrás de las importaciones de alimentos para los CLAP.

Según esos indicios, simplemente fueron documentos apócrifos, forjados como parte de una estrategia de desinformación, pero que terminaron mostrando cómo el empresario Alex Saab consiguió favores de los diputados de oposición.