Se cumple un año de la creación de la Corporación Socialista de Telecomunicaciones y Servicios Postales, que culminó la paulatina conquista ideológica y comercial del sector en Venezuela por el castrismo, tanto como proveedor tecnológico así como mentor ideológico. Por una parte, empresas estatales cubanas como Albet o Copextel encontraron en la administración pública de Caracas voluminosos ingresos y oportunidades para desarrollar una experticia que, de otra manera, no tendrían; por la otra, el comandante Ramiro Valdés impuso su concepción de la informática y las telecomunicaciones como una herramienta de represión y seguridad interna. Los cubanos llegaron a constituir una empresa privada exclusiva para Venezuela y, a través de una compañía binacional, por fin consiguieron un puesto en el nuevo holding venezolano.
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El comandante Ramiro Valdés Meléndez es un histórico de la Revolución Cubana. Veterano del asalto al Cuartel Moncada, de la expedición del yate Granma y de la lucha en la Sierra Maestra, a sus 88 años de edad ostenta diversos cargos en la jerarquía castrista, algunos de índole política, aunque universalmente se le distinga como el arquitecto del eficaz aparato de seguridad antillano. Anciano, poderoso y aún temido, quizás por todas esas razones cada tanto en las redes sociales se propala la primicia de su supuesta muerte. Ese perfil, siniestro y prediluviano, no le impidió presidir la activación en Cuba de un sector comúnmente asociado con la innovación: las telecomunicaciones.
Antes que cualquier otra consideración, incluso como negocio, a las telecomunicaciones se las concibe en La Habana como un asunto de seguridad de Estado. Valdés supervisó en los años 90 la creación del consorcio estatal Copextel y, ya entre 2006 y 2011 como titular del ministerio de Telecomunicaciones, su orientación hacia una política enfocada en la vigilancia y espionaje a través de redes informáticas.
No es de extrañar que Valdés, asesor directo del régimen chavista en Venezuela, haya traído consigo a Caracas tanto esa doctrina como a la propia Copextel. La empresa cubana mantuvo en Venezuela hasta 2019 un esquema de asesorías a través de la empresa CVC Soluciones y Servicios Tecnológicos Integrales C.A., con registro fiscal venezolano y oficinas en el centro de la capital venezolana.
Pero a mediados del año pasado, la administración de Maduro dio un paso más en la progresiva cubanización del sector al crear en 2019 la Corporación Socialista de Telecomunicaciones y Servicios Postales C.A. Al holding estatal se adscriben empresas ya tradicionales como Cantv, Movilnet, Telecom Venezuela, Red TV e Ipostel, a la que se suma, curiosamente, la empresa mixta Gran Caribe, en la que son socios Cuba y Venezuela.
Para presidir esta corporación, Maduro escogió a alguien de su entera confianza, Jorge Eliéser Márquez, general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana, quien también dirige la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) desde 2017. En mayo de 2020 ocupó la dirección de la junta administradora ad hoc de Directv, después del madrugonazo que dio la empresa privada de telecomunicación satelital cuando cesó todas sus operaciones para irse del país. Mucho antes de eso Márquez había sido objeto de una sanción del Departamento del Tesoro estadounidense, en noviembre de 2017. Luego, en junio de 2020, recaería sobre él una sanción de la Unión Europea emitida, como en el caso de la norteamericana, por el rol de Márquez en la censura de medios informativos.
Pero que un militar esté al frente del nuevo consorcio estatal de las telecomunicaciones venezolanas no ha neutralizado las amenazas a la soberanía que representa la creciente intromisión cubana. Por el contrario: luce como su conquista definitiva.
En 2006, cuando Venezuela se preparaba para un evento electoral que ratificaría a Hugo Chávez en la presidencia, Cuba hacía los enroques para mantener su influencia en el gobierno bolivariano y seguir prestando servicios. En simultáneo, Ramiro Valdés asumió en la isla el Ministerio de Informática y las Comunicaciones.
Tras los comicios, no solo Chávez seguía al mando, sino que se autoproclamó “socialista”. Fue el pistoletazo de partida para una racha de nacionalizaciones en sectores estratégicos. Entre ellas estuvo la de la telefónica Cantv, hasta entonces y durante quince años en manos de la estadounidense GTE/Verizon. La re-estatización de la compañía dio al traste con las negociaciones que se venían haciendo para levantar desde la nada una nueva telefónica oficial, CVG Telecom, que recibió propuestas de Uruguay y China para la dotación de equipos, software y servicios. A fin de cuentas, nacionalizar Cantv saldría más barato y tendría resultados más inmediatos.
Así Cantv y sus filiales pasaron a manos del Ministerio de Telecomunicaciones y la Informática dirigido por Jesse Chacón. La presidencia de la telefónica la ocupó Socorro Hernández, quien ganó notoriedad cuando asumió la dirección de la Sala Situacional de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT) de Pdvsa durante la huelga petrolera de 2002. La transición había comenzado y en silencio ya se encaminaba el virtual take over del sector telecomunicaciones por las empresas cubanas Copextel, Cubatel, Etecsa y la recién creada comercializadora de software, Albet Soluciones y Servicios, entre otras.
El diseño “socialista” del sector compartía la premisa del comandante Valdés: las nuevas tecnologías constituían “uno de los mecanismos de exterminio global” y, por tanto, debían ser dominadas, tal como lo dijo el veterano comandante en la Convención de Informática del año 2007, en La Habana. Designó esa misión como un “campo de batalla en la lucha contra el imperialismo”.
El año siguiente, en 2008, Valdés firmó un memorando de entendimiento con Rafael Ramírez Carreño, para entonces ministro de Energía y Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para la creación de Guardián del Alba S.A. Sería administrada por Albet Soluciones y Servicios -fundada en noviembre de 2005- en conjunto con AIT Pdvsa, de donde venía Socorro Hernández, y ambas se encargarían del desarrollo de software nacional con la finalidad de “preservar la soberanía e independencia petrolera”, según reseñaba una nota de prensa.
Esta asociación cubano-venezolana cumpliría el papel de Intesa, que hasta la huelga de 2002 y desde la política de apertura era la responsable del servicio de tecnología de la información de la petrolera estatal. El 40% que poseía la estadounidense Science Applications International Corporation (SAIC) pasó a manos del Estado venezolano y, con esto, el corazón informático de Pdvsa fue conectado a un respirador. Se cambió una hegemonía por otra.
A las empresas cubanas se le encargaban entre tanto otros proyectos en territorio venezolano, Una de ellas, de acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC), es CVC Soluciones y Servicios Tecnológicos Integrales C.A. Aún se encuentra activa y su expediente mercantil está actualizado hasta agosto de 2019, cuando nombró nueva junta directiva. Mantiene al día su oficina comercial, que se encuentra en dos locales contiguos ubicados en el antiguo edificio del Fondo Latino, en el centro de Caracas, y ha sido la misma desde su fundación en 2005.
Tiene número fiscal venezolano y participación societaria extranjera. Los documentos constitutivos señalan que fue creada en el marco del convenio integral entre los dos países y tiene por objeto “la explotación del ramo de telecomunicaciones, electrónicas e informática”. En el expediente mercantil se explica que esta compañía “es la entidad administradora de los proyectos contratados” por: Corporación Copextel, Universidad de Ciencias Informáticas (UCI-Albet) y el Ministerio de Informática y Comunicación de Cuba.
Hasta 2009, CVC Servicios y Soluciones tenía dos accionistas: la empresa panameña Corporación de Inversiones Globales S.A. CIGSA (99,8%) y Copextel (0,2%). En su expediente en el registro mercantil correspondiente en Caracas se recoge una ampliación del objeto social de su accionista minoritario Copextel, firmada por Ramiro Valdés como ministro de la Informática y las Comunicaciones de Cuba.
Pero en 2012 Copextel se hizo del control de todas las acciones. El hasta entonces socio mayoritario, la panameña Corporación de Inversiones Globales S.A. CIGSA, desapareció a partir de entonces de los documentos de la compañía. Registrada en Panamá en enero de 2002, con un capital accionario de un millón de dólares y finalmente disuelta en julio de 2015, estaba controlada por funcionarios cubanos.
Un experto consultado por Armando.info que pidió no ser identificado señaló que “durante el gobierno de Chávez y en el marco de las mesas de negociación Cuba-Venezuela, prácticamente todos los organismos de la administración pública nacional participaron y los cubanos obtuvieron contratos. Esta fue la manera que instrumentaron para transferir recursos a Cuba de forma legal”. Personalmente conoció de desarrollos que las empresas cubanas proveían directamente los servicios así como de otros en los que realizaban la contratación con un tercero.
“Si era algo novedoso”, continúa el experto, “se involucraba a la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) de La Habana, de la que se dice que recibía financiamiento de Pdvsa. De hecho, el formato curricular de dicha universidad es basado en proyectos, en los cuales para graduarse los estudiantes deben participar en soluciones de desarrollo real”.
La principal asignación ejecutada por CVC Servicios y Soluciones con Cubatel para Cantv data de 2008, y fue el proyecto de la Red de Telecomunicaciones del Estado. Se propuso la ampliación de 9.000 kilómetros de cableado, apoyándose en la infraestructura que ya para entonces poseían Edelca, Cadafe y Electricidad de Caracas. La idea era fortalecer las transmisiones de datos y voz a través de fibra óptica, lo que permitiría mejorar la conectividad. La ejecución no se extendería más allá de doce meses y le costó a Venezuela 11.524.080 dólares.
En 2012 CVC Servicios y Soluciones inició otro proyecto ambicioso que fue financiado por Conatel y ejecutado por Cantv. La participación cubana en el proyecto incluía la instalación de 1.000 kilómetros de fibra óptica, pero se hizo inalcanzable y pasó a otras manos. Finalmente subcontrataron a la china Huawei Technologies, Alcatel-Lucent (una conocida proveedora de servicios tecnológicos de Cuba) y la portuguesa Texeira Duarte & Asociados. Esta vez era la Red Nacional de Transporte que proponía sumar en total otros 7.000 kilómetros de fibra óptica a las que ya había instalado la telefónica venezolana y abarcar 18 estados del país para mejorar el procesamiento de las llamadas telefónicas y el acceso a Internet. El costo fue de 400 millones de dólares, que incluyó un moderno centro de operaciones de datos del que poco se conoce y que está ubicado en Valle de la Pascua, estado Guárico, en el centro llanero del país.
Hasta 2018 son escasos y opacos los reportes de los trabajos ejecutados. Existen inconsistencias en las metas logradas, en el estado actual de los equipos y lo que realmente salió de Conatel. Fuentes internas de Cantv aseguran que “esa infraestructura se encuentra inoperativa y desvalijada, debido a lo aislado y la dificultad para llevar personal a labores de mantenimiento preventivo y correctivo”.
Por ejemplo, la red planeaba llegar a Los Pijiguaos, un asentamiento de vocación minera al oeste del estado Bolívar donde opera la planta de CVG Bauxilum y que, en 2008, tenía unos 56 habitantes. Hoy está a merced de los grupos armados, sobrevivientes a la pobreza y dedicados a la explotación de otros recursos. En perspectiva, hay indicios de que proyectos de interconexión como este buscaban serle funcionales al proyecto político de la revolución bolivariana en zonas remotas del país, sin considerar el retorno de la inversión. En definitiva, a Venezuela se le secaron las fuentes de dólares para mantener esa instalación.
Parte de esos dólares venían del Fondo de Servicio Universal, creado en 2001, que recaudaba el 1% de los ingresos brutos de las empresas de telecomunicaciones y eran destinados a financiar proyectos en la industria. El administrador es Conatel -institución fundada en 1991 pero que pronto se alineó con las políticas de la revolución bolivariana- y la asignación de los recursos la hacía a través del Plan Nacional de Telecomunicaciones. En 2005 se aprobaron los primeros ocho proyectos financiados por el Fondo de Servicio Universal, y dos de ellos estuvieron dirigidos a proveer recursos a programas sociales como Misión Alimentación y Misión Identidad.
En un informe de la organización Derechos Digitales, publicado en julio de 2018, se explica al detalle esta situación. Las investigadoras Raisa Uribarri y Marianne Díaz exponen que, durante los primeros años del chavismo, Conatel aumentó progresivamente las inversiones en el sector de las telecomunicaciones. “Los montos pasaron de Bs 692.463.000,00 en el año 2000, a Bs 2.517.636.369 en el año 2006. Del año 2000 a mes de enero del año 2003 la tasa de cambio aumentó ligeramente de 701 a 765 Bs/$”, y después de esta fecha hubo un férreo control de cambio que llegó con Cadivi.
En medio de esa expansión de la inversión, que finalmente tuvo un límite, a juicio de Uribarri, “Cuba es el referente en cuanto a restricciones de acceso. Rusia es el otro, en cuanto a las estrategias para contaminar el poco espacio libre de control”. Según explica la experta en el tema de Internet, estos dos países y China “son una triada: censura, propaganda y vigilancia”.
No en balde en Cuba impera el Decreto-Ley 370, también conocida como la Ley Azote, que luce como un espejo de la venezolana Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorteme), popularmente bautizada en su momento como la Ley Mordaza. Urribarri recuerda una entrevista al fallecido investigador Antonio Pasquali, en 2007, en la que este alertaba de “la hegemonía” que pasaba por eliminar la disidencia. “Internet y el teléfono son instrumentos de libertad (…) por eso ni Cantv ni Internet avanzan”, dijo. La paradoja se resumía así: había recursos para invertir en tecnología y logísticas que se desarrollarían con un socio-proveedor, Cuba, doctrinariamente opuesto a ese desarrollo.
En cualquier caso, Cuba se ha hecho indispensable para Venezuela desde que en 2007 quedó a cargo de la modernización del Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), antes Onidex. Aunque la isla caribeña nunca lideró ni en el ranking de países con mayor tecnología ni de venta de software, consiguió un rentable nicho de negocios como proveedor del chavismo
El expresidente de la Cámara Venezolana de Empresas de Tecnologías de la Información (Cavedatos) y del capítulo venezolano de la Internet Society (ISOC), Ricardo Holmquist, explicó para este reportaje que “los cubanos les pidieron a empresas en Uruguay el desarrollo de parte de uno de los softwares de telecomunicaciones que les solicitaron. La exigencia del gobierno de Chávez era que se desarrollara en software libre, y los cubanos no tenían esa experiencia. Ellos desarrollaban con productos licenciados”. En ciertos grupos gubernamentales venezolanos existía la fantasía de que el software libre era “de izquierda” y que, por lo tanto, Cuba se avendría a gusto a trabajar con él.
Pero resulta que los productos con licencias abren una ventana de rentabilidad para el proveedor porque cobra al principio y durante su mantenimiento. Esto ha sido un modelo de negocio rentable para las compañías de software cubano. Norges Rodríguez, cofundador del medio cubano especializado en tecnología Yucabyte, explica que, gracias a ello, “las telecomunicaciones en la isla están generando más ingresos al régimen que sectores como el turismo o la prestación de otros servicios”.
En ese marco, la comercializadora cubana de software Albet halló en Venezuela un entorno favorable y único para la diversificación de su catálogo de productos. Si bien trabajaba en dupla con la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) de La Habana, en un reordenamiento reciente pasó a formar parte del Grupo Empresarial de Informática y Comunicaciones.
Por su parte, Copextel se encargaba de ofrecer, comercializar y subcontratar los productos y servicios técnicos o de redes que eran requeridos en los proyectos venezolanos. En términos simples, empresas del estado cubano subcontrataban a sus mismas empresas (entre ellas Albet) para dar soluciones informáticas y tecnológicas a prácticamente todos los ámbitos de la administración del Estado en Venezuela.
No son pocas las compañías cubanas que exhiben en vitrina como argumento de ventas sus logros con proyectos para clientes venezolanos.
Por ejemplo, PC Max publica como caso de éxito “el sistema de cableado estructurado del Ministerio del Interior y Justicia de Venezuela y la instalación de la sala de servidores del Centro de Tecnologías de la Información (CNTI)”.
O Maxso comenta su participación en “los proyectos ‘Identidad’ y ‘Humanización de Prisiones’ venezolanas”.
Sistemas Informáticos y Software (SIS) se jacta de haber liderado “la creación del Centro Nacional de Informática Forense”, de su participación “en muchos de los proyectos que la UCI desarrolla en Venezuela, no sólo como proveedor”, sino también como asesor, desarrollador de contenidos educativos e históricos-culturales, audiovisuales y multimedia.
Albet, por su parte, se refiere al diseño en 2012 del Sistema de Información de Investigación Policial (Siipol), que reúne los datos de vehículos, motos, armas y ciudadanos que manejan tanto el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía asistente de la fiscalía) como la Policía Nacional Bolivariana (PNB). La descripción del proyecto que apareció en una publicación cubana lo perfilaba como “la principal herramienta en la lucha contra el delito en Venezuela”.
La Revista Cubana de Ciencias Informáticas menciona diversos proyectos formulados según requerimientos del mercado venezolano. Por ejemplo, refiere soluciones tecnológicas que hicieron con la estatal petrolera venezolana, como el “sistema de inspección general de taladros” (2014), desarrollado para la Gerencia de Inspectoría de Taladros de Pdvsa, o “un centro de soporte técnico de la UCI” para hacer efectiva la gestión de servicios de los softwares (2016), que se contabilizaban en “39 contratos con entidades nacionales venezolanas y una extensión de servicio en Pdvsa”.
El experto que pidió anonimato para este trabajo expuso que “las empresas cubanas gestionaban el dinero, la contratación, eran la cara con el cliente, en este caso, el cliente eran los organismos de la administración pública nacional”. Por ejemplo, el Ministerio de Alimentación contrató en 2013 una solución tecnológica para la administración de productos y centros de acopio de Mercal, que fue llamada Proyecto Samán y que contó con la participación simultánea de Portugal y Cuba. “Los cubanos realizaban la captura de los requerimientos del sistema, lo que se esperaba del producto. Luego estos requerimientos eran el insumo de trabajo para los portugueses, que dominaban la plataforma de desarrollo Oracle Retail” (solución especializada para minoristas), recordó.
Que
China se haya sumado en ocasiones como un tercer vértice en los negocios no era
de extrañar. Con Venezuela se han firmado diversos acuerdos que han convenido en
la relación comercial de ambas y Cuba. Aclara el experto que “cuando comenzaron
a escasear los dólares y no había para comprar en Estados Unidos o Europa, los
productos de infraestructura tecnológica fueron adquiridos a partir de los
convenios China-Venezuela. Para estos proyectos había dinero ya pagado o
reservado”.
Las relaciones en el
sector de telecomunicaciones de Venezuela y Cuba se extendieron tierra, pero
también por mar. La cubana Etecsa era la encargada del ambicioso proyecto de
interconectar ambas naciones con un cable submarino de 1.630 kilómetros de fibra
óptica, que le daría la posibilidad a la isla de multiplicar la velocidad de
transmisión de datos y voz. El costo aproximado fue de 70 millones de dólares y
lo ejecutaría una filial de la francesa Alcatel Lucent. Finalmente, sería
administrado por la empresa mixta Gran Caribe que actualmente pertenece al
consorcio de telecomunicaciones venezolano. El cable llegó, pero hubo un
silencio alrededor que aún no se disipa.
La intensa historia del veto digital en Cuba se consuma con rastreos y cortes de líneas telefónicas celulares, bloqueos de websites y hasta la suspensión total del servicio de acceso a Internet según las apetencias políticas de la dictadura de La Habana. En Venezuela, los aprendices revolucionarios liderados ahora por Nicolás Maduro copian la censura directa de acceso a sitios web de medios de comunicación y han llegado a la suspensión de actividad de redes sociales en momentos de tensión política, pero tienen la llave para apagar los teléfonos y ordenar el blackout total
Una pequeña rebelión, encabezada por un grupo de artistas y gestores culturales, cobró fuerza hasta amenazar durante los últimos meses de 2020 con convertirse en la chispa que incendie la pradera castrista, después de 62 años de régimen comunista. Aunque tiene cuatro años en la fragua, es solo ahora que el Movimiento San Isidro se deja conocer en la prensa internacional. Con él ha dejado de ser invisible toda una colectividad de ciudadanos investidos por la web y las redes sociales de un nuevo poder, que intentan seguir adelante contra la represión para transformar los reclamos iniciales por la libertad creativa en una ola de cambio político. Así lo relata desde La Habana uno de sus líderes, Luis Manuel Otero.
Actividades y detalles recabados durante 2019 y plasmados en un informe técnico al que tuvo acceso Armando.info dan cuenta de que en Venezuela funcionaron al menos 80 “antenas sospechosas”, dispositivos que actuaron de un modo errático y, algunas, hasta capaces de desviar las frecuencias de los celulares a redes menos avanzadas, desde las que se puede acceder a sus datos y localización a través de tecnología IMSI Catcher. Algunas de estas antenas estuvieron ubicadas en sitios estratégicos de Caracas y aeropuertos que sirven a la capital venezolana, y también en la frontera con Colombia.
Anunciada anticipadamente desde hace 35 años como una panacea, la joya de la corona de la controvertida industria cubana de biofarmacia esperaba una diana en la que hacer blanco. Ahora, por fin, no solo los rumores sin fundamento científico y otras especies llegadas desde La Habana y Wuhan le asignan poderes para combatir al Covid-19: el gobierno venezolano ha incluido el Interferón alfa 2b en el tratamiento oficial contra la enfermedad. Pero el entusiasmo de Nicolás Maduro por el medicamento, entre la superchería y la lealtad política, hace tropezar lo que parece un experimento masivo no declarado con la falta de evidencias y el escepticismo de la comunidad médica venezolana.
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE), una empresa del Estado antillano, replicó en el sector de energía la relación que en otros ámbitos establecieron, bajo el nombre de cooperación bilateral, las revoluciones castrista y chavista: Venezuela ponía la plata y Cuba los productos y servicios de los que con frecuencia solo era intermediario en vez de productor. Pero en este caso el trato incluía que Caracas también financiara la compra de productos y servicios que hacían falta en la isla para reconstruir su propio y devastado sistema eléctrico. Más de 3.000 asesores cubanos desembarcaron para intervenir el suministro de electricidad desde obras que hoy no producen ni un vatio, como Planta Centro, o instalar grupos electrógenos que debían aportar ocho por ciento de la luz en Venezuela, mientras enriquecían a proveedores de otros países como Eslovaquia.
Para surtir a los módulos de la Misión Barrio Adentro el gobierno venezolano acudió a la importación masiva de medicamentos cubanos. Según revela la data de cuatro años de embarques recibidos en el principal puerto del país, la estatal Farmacuba no sólo desplazó a las multinacionales que traían las medicinas de alto costo sino a los propios laboratorios venezolanos -entre ellos, algunos adscritos al Estado que importaba - que fabricaban fármacos esenciales como analgésicos y antiinflamatorios. Mientras las deudas con los grandes laboratorios superan los cinco mil millones de dólares, con Cuba se estableció un negocio en el que Venezuela ha pagado más de dos mil millones de dólares en los últimos 15 años.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
