Una de las organizaciones de base revolucionarias y emblema de la parroquia 23 de enero ya lleva tiempo en su conversión a un conglomerado de 14 empresas, todas de pequeña dimensión, diseminadas por cuatro estados de Venezuela, e invariablemente fondeadas por organismos gubernamentales. Incluyen una panadería, una bloquera, una televisora y un matadero. Pero, a despecho de su ideario comunal o comunista, los emprendimientos de ‘Alexis Vive’ están registrados a nombre de sus directivos y no de un igualitario ente colectivo.
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El negocio hasta ahora más redituable del colectivo Alexis Vive se asienta en un barrio apartado de la ciudad de Valencia, capital del estado de Carabobo (centro de Venezuela), al resguardo de decenas de centinelas. El músculo económico de la empacadora El Panal 2021 –una empresa dedicada a la producción y distribución de alimentos– se ha fortalecido tras al espaldarazo que les ofreció el desaparecido líder revolucionario, Hugo Chávez, ya hace seis años. “El Comandante [Chávez] miró más allá de la territorialidad… No hemos dejado de ser colectivos, somos un instrumento del poder popular. Pero necesitamos un instrumento legal para el tema de los recursos económicos, eso fue lo que nos sugirió él”, dice Ofman Bolívar, el líder de Alexis Vive en Carabobo.
Del brazo armado de la autodenominada Revolución Bolivariana a benéficas fundaciones. Así muchos colectivos han transitado de forma silenciosa de la clandestinidad a la legalidad jurídica durante la última década. Hace seis años empezó la metamorfosis de Alexis Vive, la organización que se hizo célebre en 2007 por sus ataques armados contra la televisora privada Globovisión y el edificio sede de la patronal Fedecámaras, ambas en Caracas. Tras reuniones en su baluarte de la parroquia caraqueña 23 de Enero –un barrio proletario conocido por el activismo de sus habitantes, en el oeste de la ciudad- con altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el actual parlamentario oficialista Elías Jaua –como aseguran miembros del colectivo–, el grupo decidió incursionar en una faceta empresarial.
En Caracas, la conversión de colectivos a fundaciones también fue acatada por colectivos como Montaraz, Tres Raíces, Yumare, Fuerzas Comunales 4-F, entre otras agrupaciones. “Se hablaba de los medios de producción, así surgió la idea de convertirnos en fundaciones. Algunos aceptamos la propuesta, mientras otros se negaron por considerar que perderían su identidad”, agrega Bolívar.
Con el control entre los bloques 22 y 28, los barrios Camboya y Santa Rosa, de la parroquia 23 de enero, Alexis Vive se encargó de la gerencia de una panadería local que, posteriormente, bautizaron con la marca El Panal 2021. Solo sería una de las propiedades administradas por Alexis Vive; en poco menos que un santiamén llegarían a controlar una televisora comunitaria llamada Arsenal, una empacadora de azúcar, un matadero, una minúscula fábrica de bloques, una textilera, una carnicería, viveros y otros negocios como un restaurante llamado Russport. La mayoría con el sello de El Panal 2021. Actúan en Caracas y los estados de Anzoátegui, Carabobo y Aragua.
Robert Longa, el líder del colectivo, había resuelto dar un salto adelante con estos dominios para emprender la conquista económica, política y hasta ideológica de comunidades, mediante la creación de la figura de los panalitos, una manera de organización social del colectivo. “Cuando hablamos del panal hablamos de las abejas, como las abejas construyen esos panales y esa miel que se hace en colectivo, donde no hay privilegiados ni élites”, reiteró en una entrevista concedida a la televisora Russia Today (RT) en mayo de 2015.
Pero las mieles del Abasto y Panadería El Panal 2021, no se vierten sobre un anónimo colectivo
Pero las mieles del Abasto y Panadería El Panal 2021, por ejemplo y contra lo que se podría creer, no se vierten sobre un anónimo colectivo. Según consta en los registros mercantiles, la propiedad jurídica corresponde a los directivos del grupo, con nombre y apellido. En el caso de la panadería, revela el expediente mercantil, los propietarios son el hermano menor de Longa, Robinson Longa Rodríguez, y sus amigos Jimmy Javier Durán Suárez y Shahil Jordán Ochoa Rivas. Los mismos nombres –a excepción de Ochoa–, sumados a los de Luis Urbina Guerra y Douglas Álvarez Suárez, figuran en otra propiedad del líder de Alexis Vive: la asociación cooperativa Servicios Múltiples de Calidad 2008 RL. Esta última empresa, localizada en el bloque 24 del 23 de Enero, fue fundada con un capital de 200.000 bolívares o unos 46.512 dólares (calculados según la tasa cambiaria oficial de entonces) hace siete años. La compañía se encarga de construcciones de viviendas, la importación y exportación de equipos, la pavimentación asfáltica y otros ramos. Otros negocios son administrados por las comunas controladas por el colectivo en sus diferentes núcleos del país caribeño.
En la ciudad de Valencia, a unos 167 kilómetros de distancia del bastión original de Alexis Vive en Caracas, recuerdan los precarios comienzos del colectivo. “Hasta llegamos a vender productos (cosméticos) de Stanhome, así también reunimos dinero. Pero después llegó el apoyo del Gobierno”, afirma Bolívar. Con el paso del tiempo, el colectivo ha afinado su olfato empresarial. Sus miembros no se han conformado con adoptar la figura de fundación, sino que se han apoyado en la dirección de las comunas para recibir recursos que expandan sus proyectos.
El financiamiento de las 14 empresas que ahora ostenta este colectivo ha procedido, en muchos casos, del Gobierno del Distrito Capital, Ministerio para las Comunas y otras entidades dependientes del erario público. Los militantes del colectivo dicen que las alianzas con instituciones regentadas por el Estado venezolano también han permitido un respiro económico, destacando algunos convenios hechos con la Industria Venezolana Endógena de Papel (Invepal) y Lácteos Los Andes, ambas empresas que la Revolución nacionalizó.
El capital depositado por el Gobierno ha llegado por diversas vías. Hace dos años, el Ministerio para el Turismo invirtió más de tres millones de bolívares (60.000 dólares, aproximadamente) para la construcción de una posada, una diminuta arena de espectáculos, una cancha y la reparación de una piscina dentro de los dominios del colectivo en Caracas. La Comuna El Panal 2021 –controlada por Alexis Vive– fue encomendada para la edificación del complejo turístico en el 23 de Enero.
La relación entre el Gobierno y los colectivos es íntima. En un oficio de la Armada Nacional de Venezuela del 3 de abril de 2014, la entonces ministra para la Defensa, Carmen Meléndez (almirante de esa fuerza, actualmente ministra del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno), fue informada de reuniones entre el alto gobierno y un colectivo llamado Fuerzas Revolucionarias José Félix Ribas para dominar a la población. El informante es un teniente –se omite la identidad– que solicita ser excluido de la comisión Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en el sector Ocumare del Tuy, en el estado de Miranda, porque en la dirigencia de este programa social se coordinaba con este colectivo que, supuestamente, estaba armado.
En el comunicado, un vicealmirante expone que este teniente ha conversado con él para denunciar “la existencia de grupos paramilitares en áreas de Caracas presuntamente bajo el amparo y conocimiento de órganos e instituciones del Estado y autoridades competentes, y quienes de facto, ejercen plena autoridad en dichas áreas tanto en los ámbitos económico, político, social y de orden interno”.
Los colectivos poseen el monopolio de los recursos que el Estado entrega a las comunidades
En el expediente también destaca el poder económico de los grupos armados sobre las comunidades. “Los colectivos no solo ejercen un control absoluto del territorio de su sector, sino que también poseen el monopolio de los recursos que el Estado entrega a las comunidades lo cual les da un poder de influencia que le permite dominar a todos los miembros de la comunidad”, denuncia.
Los colectivos son calificados como el brazo armado del Gobierno en Venezuela. En 2010, Control Ciudadano y otras organizaciones no gubernamentales de este país introdujeron una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra algunos de esos grupos por estar armados, entre ellos La Piedrita, la Coordinadora Simón Bolívar, Carapaica, Tupamaros, Montaraz y Alexis Vive, la mayoría de ellos con base en el 23 de enero.
Chávez, el hombre de verbo enardecido, vio en los grupos insurgentes del 23 de Enero un aliado para defender mediante el uso de la fuerza al proceso político, y un modelo para diseminar por todo el territorio nacional. La historia de algunos de esos grupos nace antes del régimen chavista, cuando llevaban una existencia semiclandestina para burlar la presión que sobre ellos ejercía la policía política.
Pero los colectivos proliferaron con una velocidad meteórica en el Gobierno de Chávez. Su número no se conoce y resulta difícil de calcular. Están diseminados en Venezuela y defienden a la revolución ante las amenazas de la oposición. Unos niegan estar armados, alegando que se concentran más en el trabajo cultural y comunitario; mientras, otros exhiben sin rubor sus arsenales. La semana pasada la policía judicial del Gobierno chavista intentó practicar una operación de seguridad en el 23 de enero pero fue repelida por combatientes de uno de los colectivos locales.
“El 23 de Enero siempre ha sido y seguirá siendo una parroquia combativa y revolucionaria al servicio de los verdaderos intereses del pueblo en la construcción del socialismo y estas armas que tanta ‘preocupación’ han generado en este pequeño sector han estado históricamente al servicio del pueblo venezolano en los momentos de mayor contradicción de clases, tales como el 27 de febrero de 1989 (Día de la Insurrección Popular ), el 4 de Febrero y el 27 de Noviembre de 1992 (Rebelión Cívico Militar Bolivariana); los días 11, 12 y 13 de abril de 2002 (Jornada de Resistencia Popular en defensa de la revolución y democracia participativa y protagónica), el mes de diciembre de 2002 y los meses de enero y febrero de 2003 (sabotaje Petrolero), el 24 de mayo de 2003 (El Catiazo), el 27 y el 28 de febrero de 2004 (Las Guarimbas Fascistas). Estas armas no están al servicio del paramilitarismo de derecha”, dice un comunicado enviado por 20 colectivos capitalinos hace nueve años a medios de comunicación.
El rótulo original de Alexis Vive es Alexis González Vive, Carajo. La denominación recuerda al dirigente comunitario del 23 de enero, Alexis González Revette, muerto en las escaramuzas posteriores al golpe de abril de 2002. Se fundó en 2005 y su salto al reconocimiento público se produjo dos años después, cuando, en mayo de 2007, en medio de las tensiones que precedieron el cierre de la televisora RCTV, tomaron las instalaciones de Fedecámaras y sitiaron al canal 24 horas de noticias Globovisión, en ese entonces, bestia negra del chavismo.
Se reivindican como organización leninista y cultora del poder comunal. Sin embargo, en su corta historia, las etapas se van quemando con rapidez. Si en 2007 aseguraban sostenerse con las cotizaciones de sus miembros individuales, en 2016 van en camino a transformarse en un conglomerado empresarial.
En una entrevista con Longa colgada en el website del Ministerio para las Comunas, que tuvo lugar en 2014, poco después de la eclosión de las guarimbas, el líder de Alexis Vive refuta la demonización de los colectivos, con la que se les ha querido pintar como grupos de choque. “Nosotros no tenemos nada que discutir sobre ley de desarme porque no estamos armados, no somos una banda armada”, declaraba entonces. Sin embargo, al desmarcarse de la violencia, no dejaba de asomar una amenaza: “De la defensa sí podemos hablar los movimientos sociales, está establecido en la Constitución, todo venezolano debe defender la patria en un momento determinado de una amenaza interna y externa”.
Una parábola de progresiva decadencia y abandono describe la tradicional presencia en una esquina de Sabana Grande de la construcción, que en 1949 era el edificio más alto y suntuoso de Caracas. Ocupado al comienzo del gobierno de Chávez por invasores violentos, que lo transformaron en tierra de nadie al alcance de quien quisiera tomarlo a la fuerza, luego de su nacionalización sirvió de comuna estudiantil y de asilo para enfermos de Covid-19. Ya en las últimas, brotes de la economía de bodegones empiezan a colonizar su planta baja.
Esta vez se trata de otro comandante: Wilmar Castro Soteldo, el compañero de armas de Chávez el 4F y varias veces ministro, quien coqueteó hace dos años en público con la idea de conformar un empresariado a la medida de la revolución. Dos de sus colaboradores más cercanos sabían exactamente de qué hablaba. Yomana Koteich y Pedro Khalil pasaron de ser funcionarios públicos a prolíficos empresarios que han contratado con el Estado venezolano -solapando a veces una cosa con la otra- gracias a la cercanía, bendición e influencia del ex teniente coronel nacido en los Llanos... También como Chávez.
Sobrefacturación, de hasta tres veces el valor original, en mercancía, fletes y seguros; exportaciones incompletas; pagos iniciales desproporcionados; empresas creadas ad hoc días antes de recibir contratos; desvío de fondos a cuentas de paraísos fiscales: de todo aparece en el menú de tretas usadas por el empresario Juan José Levy para quedarse con la parte del león en los contratos que suscribió para suministrar desde Argentina antenas de TV, productos de higiene y medicinas al Estado venezolano. Un vistazo al dictamen de investigación judicial argentina revela tal diversidad de irregularidades que cuesta entender por qué las empresas oficiales Suvinca u Cantv lo escogieron como proveedor, O quizás no.
La historia del vicealmirante retirado Pedro Manuel Pérez Rodríguez, detenido desde el 18 de abril acusado de liderar un complot contra el presidente Nicolás Maduro, permanece sepultada bajo la estela de los gases lacrimógenos y la costra quemada de los trastos que sirven de barricadas. Los documentos del proceso judicial que se le sigue, plagado de informantes anónimos y de actuaciones inherentes al último cargo que desempeñaba, calificadas como una conspiración contra el jefe del Estado, demuestran que este oficial fue de los primeros que denunció la cooperación entre los pistoleros chavistas y las fuerzas armadas para reprimir manifestaciones de la oposición Su testimonio fue ignorado por sus superiores. Ahora que la relación entre colectivos y guardias nacionales es más descarada el testimonio del vicealmirante resulta fundamental para entender de qué va la cooperación cívico-militar que invoca el régimen como mantra sagrado
Cabudare es uno de los nombres del infierno desde febrero. La ciudad-dormitorio que se extiende a un costado de Barquisimeto es escenario de una batalla en la que universitarios y vecinos sufren el asedio de los grupos de choque del oficialismo.
Una empresa de oportunidad ha captado importantes asignaciones para producir materiales de construcción en el marco de los convenios argentino-venezolanos. Constituida en Buenos Aires en 2010, tiene por socios a un arquitecto venezolano y a una artista plástica argentina, amiga de la exembajadora en Caracas, Alicia Castro. Ambos viven desde hace años en Nueva York, pero para registrar la empresa declararon residencia en la capital argentina.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
