Al final la corrupción venezolana puede salirse con la suya en Andorra

Desde el famoso “¿por qué no te callas?” que le espetó el rey español Juan Carlos a la versión más altisonante y trajeada de Hugo Chávez en 2007, ningún mandatario de la Venezuela revolucionaria había vuelto a participar en la Cumbre Iberoamericana. Este año Nicolás Maduro piensa cerrar ese hiato y asistir  -aunque solo sea a través de la plataforma de Zoom, como lo harán todos los mandatarios- en la 27ª edición de la cita que se celebrará el próximo miércoles, 21 de abril, organizada por Andorra, el pequeño principado europeo refugio de esquiadores, capitales oscuros y youtubers, donde debía tener lugar de haberse realizado de manera presencial.

Para esa Andorra enclavada en los Pirineos, entre España y Francia, que había reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, pero dejó de hacerlo en enero de este año, el lejano país caribeño se ha convertido en una piedra en el zapato. Si ya la invitación a Maduro despertó una polémica que amenazaba con empañar el cónclave presidencial trasatlántico, la cizaña venezolana promete más incomodidades ante la postergación, constante y cada vez más difícil de disimular, del juicio a 28 venezolanos -funcionarios altos y medios de la administración de Hugo Chávez- que movieron a través de Andorra al menos 2.000 millones de dólares entre 2006 y 2015.

El juicio se derivó del escándalo de BPA (Banca Privada d'Andorra en catalán, el idioma oficial del Principado; Banca Privada de Andorra en castellano), una de las dos mayores entidades financieras del país, minúsculo en área geográfica pero importante como estación de paso o de asilo para capitales tránsfugas. En 2015 el Departamento del Tesoro sancionó a BPA y le prohibió seguir haciendo negocios con el sistema financiero estadounidense y, por lo tanto, con el dólar. La medida era respuesta, dijeron las autoridades norteamericanas, a las evidencias de que en el banco se lavaban fondos irregulares provenientes de redes de corrupción de Rusia, China y Venezuela.

Desde luego, el castigo de Washington significaba una sentencia de muerte para una operación de servicios financieros y offshore. Al colapso de BPA y de su marca en España, el Banco Madrid, siguió la apertura de averiguaciones y juicios a los responsables de la entidad y, en simultáneo, a los personeros venezolanos que le habían confiado sus dineros negros. Esa secuencia de naipes en caída, cubierta entonces con fruición por medios locales e internacionales, dejó la impresión de que la justicia había quedado servida.

Pero no fue así. De hecho, en 2021 no solo no hay personas condenadas por esos delitos presuntos. El juicio está paralizado en la práctica.

Los ingredientes de esta ralentización son los habituales: presiones políticas y tecnicismos judiciales que mantienen a los criminales de cuello blanco apenas señalados, pero no tras las rejas y menos con condenas. Siendo el principado un país tan pequeño (460 kilómetros cuadrados que albergan a 85.000 personas) no hace falta ser un potentado para desestabilizar un sistema judicial con personal limitado y que desde hace poco trata de actualizarse en cómo procesar delitos relacionados al ámbito financiero. Por ejemplo, apenas en 2017 se incluyó la evasión de impuestos como un delito fiscal y otras actualizaciones legales en torno al blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo.

El gobierno andorrano reaccionó en 2015 interviniendo la Banca Privada de Andorra (BPA) tras recibir un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que establecía la ejecución de prácticas corruptas por parte de funcionarios de la entidad y cuyos “débiles controles han convertido a BPA en un vehículo para que terceras personas vinculadas al crimen organizado blanqueasen capitales”.

El documento tuvo los efectos de un bombazo y enseguida se conocieron decenas de cuentas bancarias a través de las cuales se canalizaron millones de dólares de personajes como el comerciante de contrabandos de origen chino, Gao Ping, o uno de los operadores económicos de la mafia rusa, Andrei Petrov. Sin embargo, el impacto de estos palideció ante los 2.000 millones de dólares que desde 2006 movilizaron a través de BPA una red de casi una treintena de personas, entre funcionarios de la estatal petrolera venezolana Pdvsa, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), viceministros y empresarios amparados por el gobierno de Hugo Chávez, a través de un entramado de empresas de maletín.

Con ello se descorrió la cortina que hasta entonces encubría nombres como los de Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello, Nervis Villalobos o Javier Alvarado. También quedó al descampado su modus operandi, descrito de la manera siguiente por la jueza andorrana Canolic Mingorance en las “diligencias previas” o investigación preliminar, número 4103434/2012, sobre la que se establecieron las responsabilidades de los señalados: “Se trata, principalmente, de facilitadores de negocio del sector de asesoría energética y los seguros vinculados en aquel momento a los círculos del poder político de su país. Entre ellos se unieron para controlar las licitaciones públicas de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) y la construcción de infraestructuras energéticas, contratadas por filiales de Pdvsa como Corpoelec y Electricidad de Caracas. En la práctica su contratación se convierte imprescindible para conseguir las adjudicaciones y garantizar el cobro a las empresas extranjeras que operaban en el sector energético venezolano”.

Los aludidos justificaban el ingreso de millones en sus cuentas con escuetas facturas -a veces ninguna- emitidas por alguna de las 35 empresas de maletín que se crearon en torno a esta trama, que servían como emisores y receptores de dinero que transitaba por cuentas abiertas en BPA de familiares, esposas, amantes y empleados de los principales señalados que suman, en total, 28 venezolanos. A la mayoría se les acusa según los artículos 409 y 410 del Código Penal de Andorra, que establecen el “delito mayor de blanqueo de dinero” y penas que van de los tres a ocho años de prisión y multas hasta por el triple del valor identificado como “lavado”.

Además de la tardanza en impartir justicia, la parálisis de la causa aleja todavía más la posibilidad, ya escasa de antemano, de recuperar los activos incautados, muy condicionada por la falta de un acuerdo de repatriación de capitales entre Andorra y Venezuela.

Un proceso vulnerable

Al estallar el escándalo, la justicia del Principado tomó unas primeras previsiones clave: congelación de los activos, órdenes de detención para los andorranos involucrados y toma de declaraciones a los venezolanos. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso judicial destacan que, por efecto del tiempo que transcurre y las acciones de los abogados de los señalados, la presión de estas medidas ha aflojado de manera notoria. Una muestra: aunque en 2018 se emitieron once órdenes internacionales de captura a través Interpol por esta causa, ninguna de estas órdenes ha producido efecto a largo plazo.

Solo uno de los personajes más llamativos y que concentró más recursos, Diego Salazar, primo del expresidente de Pdvsa y exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, permanece bajo arresto, pero en Venezuela. Del resto de los solicitados con orden de captura, llegaron a quedar detenidos por un tiempo Mariela Matheus, supervisora de pagos de Pdvsa, lo mismo que otro supuesto pariente de Rafael Ramírez, Luis Abraham Bastidas Ramírez, ex gerente de logística y servicios de Pdvsa, arrestado brevemente en Buenos Aires. Hoy ambos están en libertad condicional.

Sobre los imputados andorranos, empleados de BPA que en principio estuvieron detenidos, hoy también están libres pero con medidas cautelares.

Las indagaciones a BPA y su cartera de clientes venezolanos comenzaron mucho antes de la intervención del banco en 2015. Por eso la venezolana, aunque compleja, profusa en pistas, nombres y relaciones, es la única causa que ha completado la fase de investigación.

Desde 2010 las autoridades antilavado del Principado habían identificado a un grupo de venezolanos -con el comisario antidrogas y director de criminalística, Norman Puerta, a la cabeza- que abrieron cuentas sospechosas en BPA a través de una sucursal instalada en Venezuela y que trabajaba directamente con otra sucursal de ese banco en Panamá, BPA Serveis.

De esta primera investigación se logró la detención temporal de Puerta, pero no mucho más. Incluso en 2013 el tribunal que conocía la causa, en contra de lo solicitado por los fiscales acusadores, ordenó descongelar algunos fondos de los implicados venezolanos “por falta de pruebas”. Las solicitudes de información, o rogatorias, hechas a Venezuela por parte del Tribunal de las Cortes andorrano no fueron debidamente respondidas desde Caracas por la Fiscalía, entonces capitaneada por Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio.

Sin embargo, aquellos hallazgos llevaron a profundizar las investigaciones y esa causa se “acumuló” -se añadió, según el argot judicial- a la actual, en la que los protagonistas son los funcionarios y socios antes mencionados de Pdvsa y Corpoelec. Hoy día se detallan operaciones tan claras como, por ejemplo, que en un solo día de septiembre de 2010, la empresa Highland Assets -de Diego Salazar y Luis Mariano Rodríguez Cabello- recibió en cinco pagos una transferencia total de 50 millones de dólares por sus servicios de “consultoría y asistencia técnica”.

A pesar de esa antelación y tras más de una década, la única fase completada del proceso judicial venezolano que se lleva a cabo en Andorra es todavía la de investigación. La dificultad para hacer declarar personalmente en el Principado a los involucrados ha sido uno de los elementos que ha pesado para el arranque formal del juicio, cuya preparación ha pasado además por varios entuertos judiciales hábilmente manejados, y hasta propiciados, por los abogados defensores de los acusados, tanto andorranos como extranjeros, entre estos últimos, los venezolanos.

El frenazo más llamativo aplicado al proceso ocurrió a finales de 2018, cuando el abogado defensor, Josep Anton Silvestre, recusó al presidente de la sala del Tribunal de Cortes, Josep María Pijuan, apuntado entonces como quien llevaría la batuta del proceso judicial. Pijuan había hecho público su disgusto por las constantes dilaciones planteadas por los defensores (fuentes cercanas al juicio aseguran que Silvestre ha impulsado al menos 30 acciones o recusaciones contra miembros de la corte, de todo tipo y rango), algo que estos consideraron como una predisposición en su contra que podría afectar a sus defendidos y, a la postre, lograron sacarlo del cargo.

Pasó un año hasta que un nuevo presidente de la corte fue nombrado para reanudar el juicio que verá todas las causas. Pero tal reinicio, fijado para el 16 de septiembre de 2019, apenas avanzó entre diferentes traspiés, como el fallecimiento de una de acusadora privada -que acompañaba al Estado andorrano- en una de las causas y una nueva recusación, emprendida otra vez por el abogado Silvestre contra los fiscales que llevan el caso, Alfonso Abarca y Borja Aguado, a quienes señalaron de promover modificaciones en las leyes andorranas para incorporar nuevas pruebas al juicio.

El Tribunal Constitucional de Andorra señaló que no pueden incorporarse nuevas pruebas y, sin remover a los fiscales, el juicio retomó su paquidérmico paso hasta enero de 2020, cuando se extendieron hasta abril de ese año las consideraciones de las “cuestiones previas” o elementos a tomar en cuenta para pasar formalmente a juicio. La pandemia le puso una pausa permanente al proceso hasta la fecha.

Armando.info envió comunicaciones a varios abogados defensores -incluyendo el bufete de Silvestre- solicitando su punto de vista sobre el proceso judicial y, aunque respondieron a una comunicación preliminar, hasta la publicación de este reportaje no habían respondido las preguntas.

Hasta el año que viene

Además de las zancadillas procesales, la política también hace sentir su lastre en el juicio contra BPA.

Tan pronto como en 2016 los presidentes de BPA, los hermanos Higini y Ramón Cierco, introdujeron una demanda contra funcionarios del gobierno español a los que acusan de haber amenazado y coaccionado a empleados del banco para lograr obtener información sobre las cuentas en la entidad -y su filial en España, el Banco Madrid- de la familia de Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat (el máximo cargo político del Govern de la comunidad autónoma de Cataluña, su jefe de gobierno desde 1980 a 2013) y uno de los impulsores más abiertos del movimiento independentista catalán.

El planteamiento de fondo en el litigio es que hubo, de acuerdo a los demandantes, una confabulación de carácter casi extorsivo de parte del gobierno español de la época -entonces presidido por el dirigente del conservador Partido Popular, Mariano Rajoy-, apuntalado con denuncias de la unidad de delitos financieros, la FinCEN, del Departamento del Tesoro estadounidense, para empujar al gobierno andorrano a intervenir BPA so pena de que, en caso contrario, resultara perjudicado todo el sistema bancario del Principado.

A finales del año pasado y sobre esa misma base, dos organizaciones no gubernamentales locales -el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) y la agrupación Dréts (Derechos, en catalán)- ampliaron la querella introduciendo una demanda contra el expresidente español Mariano Rajoy y el exministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, por supuestamente haber coaccionado en 2015 al presidente andorrano Antoni Martí y a tres de sus ministros para intervenir a BPA bajo la misma amenaza.

Esta acción de las ONG, aunque iniciada en 2019, se ha convertido en el otro gran frenazo al juicio, pues se considera que se debe decidir sobre esto antes de continuar. Y todavía más: el asunto, una vez dirimido, podría hasta conseguir la anulación del proceso. “Si se llegara a admitir que la información sobre las cuentas de BPA fue obtenida a través de amenazas o coacciones, se pone en peligro la veracidad misma de las pruebas y, con ello se podría anular totalmente el juicio”, señala una fuente cercana al proceso. “La consecuencia inmediata sería que se levantarían todas las medidas contra los señalados y se descongelarían todos los activos”.

Armando.info refirió algunas preguntas a la presidenta de la IDHA, Elisa Muxella Molins, pero al momento de cierre del presente texto no se había recibido respuesta.

A pesar de esa amenaza que pende desde hace ya dos años, para muchos es difícil pensar que una acción como esta pueda dar al traste con esta causa tan relevante, cuya investigación suma más de 320 “piezas” o bloques de documentos que dejan claro cómo operaron durante años tanto la trama venezolana como las conexiones y tapaderas de la BPA con la mafia rusa, capitales dudosos de China y también relacionados con los políticos dirigentes del movimiento independentista catalán.

Así como la presión para acabar con la causa es intensa, los elementos hallados todavía empujan al sistema judicial andorrano a perseverar. Profesionales de los tribunales andorranos cercanos a la causa tienen fe en que el juicio continuará, pero advierten que entre la pandemia, las vacaciones de verano y la acción incoada por el IDHA, ya no será este año. Un respiro para los delincuentes de cuello blanco venezolanos que esperan que, gracias al tiempo y a sus recursos, se anule la potencia del arsenal probatorio en su contra.