El exjefe de seguridad del palacio de Miraflores mantiene una compañía en un paraíso fiscal de la República de Seychelles, en el lejano Océano Índico. Su estilo de vida ha experimentado un notorio ascenso desde que se residenciara en República Dominicana en 2013, tras la llegada de Nicolás Maduro al poder y la salida de su esposa Claudia Díaz de la Tesorería venezolana
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
A sus 36 años el capitán retirado del Ejército venezolano, Adrián José Velásquez Figueroa, exjefe del Departamento de Seguridad del palacio presidencial de Miraflores durante parte del gobierno del presidente Hugo Chávez, ha decidido establecerse en Punta Cana, República Dominicana, junto a su esposa, la expresidenta de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y exoficial de la Armada, Claudia Patricia Díaz Guillén. La Dirección General de Migración de ese país concedió al exmilitar la residencia temporal en junio de 2014. Allí, frente a las aguas algo frías del este de la isla, un sector que durante casi todo el año recibe a turistas ansiosos de echarse en una tumbona a la orilla de la playa, siguen el pulso a sus inversiones.
(*) Vea otras historias de los #PanamaPapers en www.panamapapersvenezuela.com
Documentos entregados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en español) por el diario alemán Süddeutsche Zeitung demuestran que Velásquez Figueroa abrió el 18 de abril de 2013, cuatro días después de la apretada victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales sobrevenidas de aquel año en Venezuela, una compañía en la República de Seychelles llamada Bleckner Associates Limited, por intermedio del bufete panameño Mossack Fonseca (MF), especialista en crear sociedades de maletín, con un capital de 50.000 dólares.
Dicha empresa, como lo reconoce la firma suiza V3 Capital Partners LLC, que administra el patrimonio de Velásquez Figueroa, en un correo electrónico enviado el 2 de diciembre de 2014 a Mossack Fonseca, no tiene actividad comercial alguna. “La empresa administra los activos rentables de Adrián Velásquez Figueroa desde una perspectiva de gestión de la riqueza”. Para el momento de la comunicación, el sueldo mensual promedio de un capitán rondaba los 10.000 bolívares, menos de 170 dólares en el mercado negro, de acuerdo con el tipo de cambio en ese momento: 60 bolívares por cada dólar. Con el tiempo Velásquez Figueroa ha demostrado tener mucho más poder de compra que el de un asalariado.
Se sabe que al menos hasta el 30 de junio de 2015 la pareja Velásquez-Díaz residía en un exclusivo conjunto residencial de Punta Cana, llamado Cap Cana Caribe, muy lejos de la caótica situación de Venezuela, agobiada por una generalizada escasez de bienes de todo tipo. En aquel lugar el costo de una vivienda oscila entre 400.000 y 1,6 millones de dólares. Por alguna razón hasta ahora desconocida, ellos convirtieron ese exclusivo destino turístico del Caribe dominicano en su centro de operaciones. Fue, en todo caso, una decisión que tomaron después de muchas idas y venidas a ese país, como lo demuestran los movimientos migratorios de ambos.
Velásquez, nacido en Maturín, Venezuela el 2 de noviembre de 1979, también conocido entre los militares con el sobrenombre de Guarapiche, por el río que atraviesa su ciudad natal, ubicada en el oriente de Venezuela, viajó a La Romana y a Punta Cana en enero de 2012 y en el mismo mes de 2013. Su esposa se convirtió en una visitante frecuente al menos desde julio de ese año. Llevaba ya tres meses fuera de la tesorería, cargo en el que había sido nombrada en mayo de 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez, cuando comenzaron sus constantes viajes. El cargo público ya no la ataba al país. Había dejado de captar y custodiar los fondos valores e inversiones de la República y de concretar los pagos establecidos en el presupuesto. Todo esto en medio de un largo control cambiario que ha permitido que los allegados al régimen chavista se beneficien con un sistema que les entrega dólares a precios subsidiados por el Estado que luego se revenden en el mercado negro.
Díaz viajó 11 veces desde Venezuela hacia Santo Domingo o Punta Cana y siempre en vuelos chárter entre 19 de julio de 2013 y el 15 de enero de 2015. La extesorera, quien también ocupó el cargo de secretaria del Fondo para el Desarrollo Social, no ha regresado al país desde el 21 de septiembre de 2015, cuando atravesó la frontera venezolana con Colombia, cerrada desde entonces al tránsito de vehículos por órdenes del presidente Maduro, para trasladarse hacia la ciudad de Cúcuta.
El nombre de ambos era apenas un pie de página en la opinión pública hasta que saltó de pronto a las primeras planas. El 26 de mayo de 2013 el gobernador del estado de Miranda y excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, sugirió que la pareja tenía relación con Raúl Gorrín, uno de los dueños de Globovisión, planta adquirida por capitales chavistas en marzo de aquel año. Capriles hablaba desde la impotencia que suponía comprobar que su presencia en esa pantalla no era bienvenida como hasta principios de aquel año. Globovisión despuntaba entonces como la única televisora con una política editorial que cuestionaba al gobierno. Habían pasado seis semanas desde que el gobernador había perdido por escaso margen con Nicolás Maduro la inesperada elección de abril de 2013, que escogió al sucesor del fallecido Chávez.
Díaz salió de su cargo justo en el mes que Capriles formuló su denuncia. Velásquez Figueroa, mientras tanto, estaba ya empleado en la empresa MJ Box Tool C.A –desde el 9 de julio de 2012, aunque él la había fundado en septiembre de 2009– y aún aparece como empleado activo de esa compañía en su cuenta del Seguro Social. Suena lógico. Es el presidente de la empresa, ubicada en su natal Maturín según el Registro Nacional de Contratistas, y está habilitada para contratar con el Estado venezolano. Su hermano Josmel José Velásquez Figueroa es el vicepresidente y Eulogio Mago aparece como uno de los directores.
Todos ellos eran los responsables de capitanear la empresa al menos hasta el 23 de marzo, en plena Semana Santa. Ese día el autor de esta nota intentó hablar por primera vez con alguno de los hermanos Velásquez Figueroa, sin éxito. La recepcionista informó que el único vocero autorizado de la compañía era Eulogio Mago y que lo llamara al finalizar el asueto. El lunes 28 de marzo atendió un asistente de Mago que nunca se identificó. Después de escuchar el motivo de la llamada, que pretendía buscar comentarios de Velásquez Figueroa sobre la situación actual de las inversiones que maneja en Suiza y la razón por la cual había decidido abrir una cuenta en la República de Seychelles, el hombre informó: “Nosotros no tenemos información que ofrecer y menos vamos a conversar con un periodista. Buenos días”.
El jueves 31 de marzo se había modificado la línea de mando de MJ Box Tool, según los registros electrónicos del Registro Nacional de Contratistas. Ya no aparecen los hermanos Velásquez Figueroa en el directorio ni tampoco Eulogio Mago. También se ha modificado el renglón que refleja la experiencia de la compañía y las áreas de experticia que abarca. MJ Box Tool, que tenía tres años declarados de experiencia en cada faceta de su negocio, aparece ahora como una compañía improvisada y sin recorrido en los servicios que le contratan (construcción y mantenimiento, producción y fabricación industrial y servicio de gestión, profesionales de empresa y administrativos).
También han cambiado el objeto principal de la empresa. Si hasta el 23 de marzo participaba en la remodelación y construcción de obras civiles, competía en el área de servicios y distribuía bienes importados, después de Semana Santa se ha supuestamente concentrado en el sector de la construcción. De su vida anterior, sin embargo, hay algunas evidencias. Los registros de Import Genius, una de las bases de datos de tráfico marítimo más grandes del mundo, revelan que, entre diciembre de 2012 y enero de 2013, cuando todavía Claudia Díaz era la tesorera, llegaron al puerto de Guanta, estado Sucre, dos cargamentos que, sumados, están valorados en 234.890 dólares, ambos importados por MJ Box Tool. Adrián Velásquez y sus socios trajeron al país preparaciones utilizadas en la industria química.
Aunque en agosto de 2013 un empleado de Mossack Fonseca en Panamá reportó en un correo electrónico que Adrián Velásquez Figueroa “era responsable de la seguridad del hijo del expresidente Chávez”, que “estaba dedicado a los negocios ilegales con comida y minerales” y que consideraba necesario profundizar las investigaciones sobre el origen de su fortuna, ninguno de los destinatarios pareció tomarlo en cuenta. En los correos consultados de ese año apenas hay una referencia al excapitán del Ejército venezolano. V3 Capital Partners le comunica al bufete que el cliente (Velásquez Figueroa) debía abrir una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos y necesitaba “un sello de las acciones”.
En mayo de 2015 reaparecieron esas preocupaciones. El escritorio decidió actualizar sus registros para adaptarse a los extremos de la ley 23, que promulgó Panamá el 27 de abril de 2015 para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La correspondencia interna del bufete evidencia que adelantaron algunas gestiones para “corregir” anomalías, ajustarse a la normativa y así evitar penalizaciones.
V3 Capital Partners recibió el 2 de junio la primera advertencia. Velásquez Figueroa, escriben los especialistas, calificaba como una Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés), una denominación que advierte al sistema financiero de la relación de un cliente con una persona que ocupa cargos públicos en un país. Habían hecho una búsqueda superficial en Internet encontrando las referencias dadas por Capriles, su relación con Claudia Díaz y en general todo lo que de la pareja se ha afirmado en las columnas dedicadas a difundir trascendidos en la red.
La suiza V3 Capital Partners, como parte de su trabajo, había llamado al bufete panameño para que dispusiera del nombre de una compañía de papel en un paraíso fiscal que pudiera administrar los activos acumulados por Velásquez Figueroa, de cuya cuantía y procedencia no se dan mayores detalles en los correos electrónicos consultados para escribir esta historia. De entre las muchas opciones que tenían escogieron Bleckner Associates Limited. Mossack Fonseca, como dice su página web, funciona como un agente registrador al que acuden los propietarios de ciertas fortunas para administrar sus bienes. Las compañías por ellos proporcionadas pueden llevar a cabo negocios en cualquier país, efectuar transacciones en la moneda que decida el cliente a través de jurisdicciones que suelen estar exentas de impuestos con relación a cualquier actividad comercial o transacción efectuada fuera de su jurisdicción.
Tres meses después de la solicitud llegaron los documentos. Entre ellos, el exjefe de seguridad de Hugo Chávez mandó una carta que certifica que forma parte de la exclusiva clientela del banco suizo BSI desde noviembre de 2012. Apenas un mes, antes un moribundo Chávez había ganado las elecciones para un cuarto período presidencial. Y siete meses antes su esposa Claudia había aprobado el aumento de capital del Fondo de Desarrollo Nacional, una entidad creada en 2005 para financiar proyectos de gran calado, con la idea de utilizar ese dinero para pagos y recompra de deuda pública y atender “situaciones extraordinarias”. Durante aquella campaña electoral la oposición denunció, sin demostrarlo, el uso de recursos públicos para financiar la reelección de Hugo Chávez.
La apertura de una cuenta en Suiza se completó luego de participar en la fundación de al menos cinco compañías distintas en Panamá, todas inscritas en el registro público de ese país entre agosto de 2011 y mayo de 2012 y con capitales de 10.000 dólares.
Entre todos los documentos enviados el exoficial de las fuerzas armadas venezolanas también entrega a Mossack Fonseca una dirección en Venezuela nada concreta, como para refrendar la voluntad de mantener su patrimonio a salvo de cualquier escrutinio: avenida Sojo, entre avenida Venezuela y Boyacá. Para localizarla habría que tocar todos los timbres de los edificios y casas hasta dar con su paradero.
Con la
colaboración de Tamoa Calzadilla desde Miami
(*) Vea otras historias de los
#PanamaPapers en www.panamapapersvenezuela.com
En el quinto aniversario del lanzamiento de los 'Panama Papers' se puede decir que la discusión sobre los flujos ilícitos de dinero y los paraísos fiscales ha cambiado gracias a la filtración; también la práctica del periodismo colaborativo transnacional. Los documentos y comunicaciones del bufete panameño Mossack Fonseca arrojaron luz sobre el ambiente de cinismo e hipocresía donde líderes políticos, capos del crimen organizado y magnates de la esfera corporativa ocultan fortunas malhabidas. Entre los hallazgos había alcancías de personalidades de la Revolución Bolivariana. Pero, a pesar de estos logros, expertos sostienen que hace falta hacer mucho más.
Dos empresarios de Perú, Yosef Maiman y Sabih Saylan, participaron como intermediarios en los pagos irregulares de Odebrecht, a través de estructuras offshore, al expresidente de ese país. Los mismos figuran en una trama de ´shell companies’ construida por Mossack Fonseca para participar como accionistas de la operadora privada de TV por cable y telefonía en Venezuela, Inter, y de la que el propio bufete panameño llegó a sospechar que era usada para lavar dinero. Mientras, otra firma del grupo contrataba obras con el Estado chavista.
En 2005, un hijo del hoy presidente Tabaré Vásquez -entonces en su primera administración- cerró con el Gobierno venezolano de Hugo Chávez jugosos contratos para compañías uruguayas de software, de las que era empleado y representante, que prestarían servicios a un proyecto de telefonía nunca completado. Lo que entonces pareció sospechoso de tráfico de influencias y pago de sobornos no se pudo comprobar. Pero un nuevo examen a documentos oficiales y comunicaciones incluidas en los llamados Panama Papers permite establecer que el negocio coincidió con pagos irregulares para, al menos, un alto funcionario venezolano.
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.
La paradisíaca isla turística del Caribe venezolano se convirtió, poco después de la muerte del presidente Hugo Chávez, en el lugar de una trama vinculada a los paraísos fiscales. Hasta allí viajaron un dirigente de la coalición de extrema izquierda Syriza y hoy poderoso ministro del Gobierno griego, junto a un abogado chipriota especialista en negocios offshore que apareció en los Panama Papers. No sé sabe con quién se reunieron, pero sí cómo completaron su misteriosa odisea: a bordo de un jet privado de Majed Khalil, un empresario vinculado al régimen de Caracas.
Registrada en Islas Vírgenes Británicas por un bufete panameño para manejar una cuenta bancaria en Bahamas, una empresa de dos venezolanos generó dudas en el escritorio Mossack Fonseca sobre su cumplimiento de la normativa del paraíso fiscal donde se alojaba. Sus propietarios, Ricardo Lugo y Adrián Requena, en repetidas ocasiones han sido señalados por participar en los amaños por los que la constructora española Duro Felguera ganó el contrato de una planta termoeléctrica en Venezuela, acuerdo que las autoridades anticorrupción de España investigan.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
