Hasta el Ministerio Público chavista sospechó del comerciante colombiano y de su socio, Álvaro Pulido. Mucho antes de ser detenido en Cabo Verde a solicitud de los Estados Unidos, Saab también estuvo en la mira de los investigadores venezolanos. Su oficina en Caracas fue allanada en 2016 por funcionarios del Cicpc. Para entonces se habían acumulado denuncias en su contra sobre posibles irregularidades en negocios con los Abastos Bicentenario y en la importación de suministros desde Ecuador. Pero a la postre nada evitó que se transformara en el principal contratista de Nicolás Maduro, quien lo designó como su enviado personal.
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El miércoles 9 de marzo de 2016, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc, cuerpo auxiliar a la fiscalía) llegaron al cuarto piso del Centro Empresarial Galipán, al comienzo de la avenida Francisco de Miranda, en el este de Caracas. Se trataba de una operación para allanar las oficinas de los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas, entonces no tan conocidos por la opinión pública y de quienes quizás los propios detectives ignoraban sus conexiones con el alto gobierno.
Además de esa cuarta planta, las oficinas de Saab y Pulido ocupaban los pisos sexto y décimo del complejo, todo a nombre del Fondo Global de Construcción (FGC), la compañía con la que iniciaron hace casi una década su millonario historial de contrataciones con el chavismo. Pero los policías no indagaban sobre esa empresa. Pidieron, en cambio, información sobre algunas compañías proveedoras de la estatal Abastos Bicentenario. En efecto, investigaban desde 2014 las denuncias por supuestos ilícitos en el proceso de compras de la red oficial de supermercados que nació en 2010 con la expropiación de los activos del Grupo Casino, bajo el gobierno de Hugo Chávez, y que, irónicamente, con Nicolás Maduro volvería a quedar privatizada en manos de un grupo de allegados de Saab y Pulido.
Con esa diligencia policial afloró a la luz del día la investigación identificada bajo el expediente #K14025400351. Los funcionarios de la fiscalía y de la policía científica habían actuado hasta entonces con sigilo y bajo la presunción, errada, de que tenían independencia para llevarla a cabo; poco después tendrían que engavetarla. Pero la pesquisa dejó un legajo de testimonios y registros de actuaciones que hoy dan fe de las sospechas que Alex Saab levantaba entre los investigadores venezolanos, mucho antes de que Maduro le concediera el carácter pretendido de embajador y enviado especial y, por supuesto, todavía antes de que el comerciante colombiano quedara bajo arresto en Cabo Verde, donde aguarda su posible extradición a Estados Unidos.
Durante la inspección en las oficinas de Saab y Pulido, los funcionarios buscaban información sobre varias sociedades registradas en Hong Kong y cuyas pistas conducían a la dupla de empresarios. Se trataba de China Good Investment Limited, China Royal Industrial Limited, China Ideal Corporation Limited y Good Central (Hong Kong) Limited, controladas en la sombra por el tándem colombiano.
Esas cuatro sociedades en 2014 fueron beneficiarias en la sombra de las subastas de divisas preferenciales del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), diseñado por Maduro poco después de asumir la presidencia de la República en abril de 2013. Y dos de ellas, China Good Investment Limited y China Royal Industrial Limited, en efecto, eran proveedoras de Abastos Bicentenario.
Documentos obtenidos para este reportaje muestran que entre 2012 y 2014 ambas sociedades facturaron a Abastos Bicentenario al menos 43,4 millones de dólares por la venta de productos tan variados como televisores, aires acondicionados, franelas y hasta papel higiénico. China Royal Industrial Limited, por ejemplo, vendió televisores de 32 y 42 pulgadas de la marca LG entre 564 y 660 dólares, respectivamente, según las facturas 11-0124 y 11-0128, apenas dos de las decenas de facturas emitidas. Esta empresa era manejada mediante un poder por Álvaro Pulido, mientras que China Good Investment Limited la controlaba Andrés Orlando León Rodríguez, ciudadano colombiano también ligado al entramado de Saab y Pulido.
Las pistas que los detectives habían seguido hasta el Centro Galipán parecían sólidas.
“El allanamiento duró casi todo el día”, recuerda cinco años después del episodio uno de los empleados que presenciaron el operativo. “Revisaron computadoras, pasaron toda la tarde ahí. Sacaron un listado de empresas, estaban las de Hong Kong”, detalla. Miguel Perilla, un exdirectivo del Fondo Global de Construcción, atendió a los funcionarios policiales a su llegada a las oficinas de la compañía, tal y como se aprecia en una foto obtenida para este reportaje.
Los funcionarios también preguntaron por dos nombres: los de Álvaro Pulido y Carlos Lizcano. Este último, también de origen colombiano, además de controlar las Tiendas Clap a nombre del grupo de Saab y Pulido, fue también quien coordinó en 2019 con diputados, entonces opositores, el viaje de los parlamentarios por Europa para blanquear los negocios de Alex Saab con el chavismo e intentar desbloquear fondos de sus empresas en varias jurisdicciones.
Durante el allanamiento, relata el exempleado, Adrián Perdomo Mata hizo presencia en las oficinas del emporio, del que era ejecutivo. Perdomo Mata sería designado en 2018 por Nicolás Maduro como presidente de la estatal Minerven, cuando Alex Saab ya participaba también en el negocio de las exportaciones de oro venezolano a través de empresas turcas.
El procedimiento en el sitio significó que, un día después, algunos directivos del Fondo Global de Construcción debieran acudir a la sede del Cicpc para que los entrevistaran.
Pero el curso de la investigación, expedito para entonces, quedaría detenido por un freno de mano. Sin que los policías y fiscales -primero de la Fiscalía 19 nacional y, después del allanamiento, de la Fiscalía 28 nacional- tuvieran conciencia de ello, en el alto gobierno se preparaba un anuncio del que el propio presidente Maduro se haría vocero. Fue cuando oficializó la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), un programa cuya intención inicial era la de activar la producción comunal de alimentos y otros bienes de consumo para combatir los efectos de la "guerra económica" que, según el chavismo, el imperialismo y la burguesía libraban contra el régimen. Pero casi de inmediato el programa de los Clap se convirtió en una campaña de distribución de productos manufacturados, la mayoría, en el exterior, lo que permitió constatar su potencial para servir de instrumento de clientelismos y de control social, por un lado, y de corruptelas en la adjudicación de contratos de suministro, por el otro.
Por paradoja, los investigados Saab y Pulido se consagrarían como proveedores principalísimos de los Clap a través de Group Grand Limited, otra sociedad que registraron en Hong Kong pero que en Caracas tenía por sede oficial las mismas oficinas del Centro Galipán que fueron objeto del allanamiento en 2016.
Y no sería esa la única ironía que deparaban los planes urdidos en el Palacio de Miraflores. En medio del fragor de las actuaciones policiales y de la fiscalía, Maduro había ordenado la liquidación de los Abastos Bicentenario, con una sentencia que dio a conocer en cadena nacional de radio y TV: "Abastos Bicentenario se pudrió". Cuál no sería la sorpresa para algunos cuando en 2017 se enteraron de que la red había sido reprivatizada y asignada bajo el nombre de Tiendas Clap a una empresa, Salva Foods 2015, nominalmente dirigida por Carlos Lizcano, secuaz de Saab y Pulido.
Fue el cierre de una trayectoria por la que los empresarios colombianos, puestos apenas meses antes en la mira de las autoridades que investigaban un posible esquema de negociaciones ilícitas con los Abastos Bicentenario, pasaron a ser dueños de los supermercados y proveedores predilectos del chavismo. Los acontecimientos llevaron más tarde a Saab a ganarse las charreteras de enviado presidencial con presuntas credenciales diplomáticas y acceder a la categoría de causa célebre y mártir de la Revolución, a cuenta de su cautiverio de casi nueve meses en Cabo Verde.
Mientras, la investigación que había osado señalarlos, quedó congelada y oculta para el público.
Víctor Alfaro, representante legal en Caracas del Fondo Global de Construcción, no contestó a una solicitud de entrevista para este reportaje. Tampoco lo hizo Amir Nassar, abogado de Alex Saab en Caracas y quien demandó a su nombre a cuatro periodistas de Armando.info en 2017.
Esa investigación relacionada a Abastos Bicentenario no fue la única que autoridades venezolanas iniciaron acerca de los negocios de Alex Saab y Álvaro Pulido.
En 2013, a pedido de la Fiscalía ecuatoriana, el Ministerio Público venezolano abrió también un expediente contra Fondo Global de Construcción, la compañía con oficinas en el Centro Galipán que permitió a finales de 2011 al propio Saab firmar en el palacio de Miraflores, ante Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, presidentes entonces de Venezuela y Colombia, respectivamente, un multimillonario contrato para la construcción de viviendas.
El negocio se realizaría a través de la moneda de compensación del Sucre (Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos), en realidad una cesta de monedas para el comercio exterior entre países del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Libre Comercio) creada por Chávez con países aliados como el Ecuador del entonces presidente Rafael Correa. Desde allí debían despacharse los kits para las casas prefabricadas y desde Venezuela saldrían los dólares para pagarlos. Pero menos de dos años después de la firma del acuerdo, las actividades del Fondo Global de Construcción llamaron la atención de las autoridades ecuatorianas, bajo la presunción de que podía tratarse de un montaje para fingir exportaciones con el fin exclusivo de conseguir acceso a dólares a tasas preferenciales. El esquema, reseñado en 2015 por Armando.info, había dado inicio antes a una investigación por parte de la fiscalía en Ecuador, que tuvo ecos en Caracas.
Tras la alarma ecuatoriana, el Ministerio Público venezolano inició el expediente MP-2878764-2013 a cargo de la Fiscalía 26 nacional, que llegó a contener hasta 49 piezas que estaban en resguardo en la Dirección de Delitos Comunes. Aunque abarcaba otras empresas que no tenían relación con las de Saab y Pulido, Fondo Global de Construcción era el epicentro de las indagaciones.
“La presente investigación se inició en fecha 15 de julio de 2013, con ocasión a la denuncia interpuesta en fecha 06 de julio de 2013, por el ciudadano Galo Chiriboga Zambrano, en calidad de Fiscal General del estado de Ecuador, donde se desprende lo siguiente: el 04 de julio de 2013, en el país de Ecuador lograron retener la suma de cuarenta y siete millones quinientos mil dólares americanos ($47.500.000), que fueron bloqueados de la compañía Fondo Global de Construcciones, empresa que realizaba operaciones inusuales desde Ecuador a Venezuela”, se lee en un informe del caso, fechado en 2017, y obtenido para este reportaje.
En Ecuador, el del Fondo Global de Construcción fue uno de los casos más importantes de lavado de dinero, según la justicia de ese país, y sólo entre diciembre de 2012 y marzo de 2013 “recibió transferencias a través de Sucre por un monto superior a los US $159.895.499”. Los documentos obtenidos confirman que entre 2013 y 2015 hubo intercambio de información entre los fiscales venezolanos y ecuatorianos. Esa reciprocidad quedó asentada en, al menos, otros dos expedientes del Ministerio Público venezolano: MP-92604-2014, a cargo de la Fiscalía 74 nacional, y MP-298041-2015, de la Fiscalía 26 nacional.
Desde Venezuela se envió a Ecuador información sobre Álvaro Pulido, quien fungía como uno de los accionistas de Fondo Global de Construcción en Ecuador, pero también de Alex Saab, quien no figuraba en los papeles como accionista pero sí formaba parte de la estructura hasta el punto de ser quien firmó el acuerdo en el palacio de Miraflores a nombre de la compañía.
La del Fondo Global de Construcción era, para ese momento, una compleja estructura jurídica corporativa, con raíces en la isla mediterránea de Malta y extendida, a través de un holding en España, con sucursales en Colombia, Ecuador y Perú. La de Venezuela se constituiuría rápidamente; de hecho, la diligencia se completó en 2012, después de que Saab se hiciera presente para firmar el contrato para levantar un complejo de viviendas de interés social en los Valles del Tuy, al suroeste de Caracas.
En uno de los documentos revisados para este reportaje, consta que el 5 de agosto de 2015 el entonces director del Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) remitió a la fiscalía venezolana para su posterior envío a Ecuador los “movimientos migratorios” del propio Alex Saab. En ese mismo escrito también están las verificaciones que hicieron las autoridades venezolanas, a pedido de Ecuador, sobre tres empresas colombianas de Saab: Expel Managment S.A.S, Shatex y Saafartex. Precisamente, Shatex aparecerá tiempo después involucrada en varios delitos financieros en Colombia y es el corazón de la causa que se le sigue a Saab desde 2019 y que la Fiscalía colombiana reactivó el año pasado.
La documentación muestra, en cambio, que organismos como el Seniat, la autoridad tributaria venezolana, o el Cencoex, que sustituyó a Cadivi en la administración del control cambiario, no respondían los oficios de los fiscales. Sin embargo, la investigación iniciada a pedido de Ecuador provocó algunas sentencias contra otras empresas involucradas en el esquema del Sucre, pero nunca contra el Fondo Global de Construcción.
Luisa Ortega Díaz asegura que la investigación continuaba abierta hasta 2017, cuando tuvo que irse al exilio y fue destituida de su cargo como Fiscal General de la República. La oficina de prensa de su sucesor en el cargo, Tareck William Saab, no contestó las preguntas al respecto, enviadas vía correo electrónico.
Por si fuera poco, casi en simultáneo a que se encendieran las alarmas de las autoridades ecuatorianas sobre la operación de Fondo Global de Construcción por considerarlo a la cabeza de un mecanismo para obtener una cantidad de dólares muy por encima del valor de sus exportaciones a Venezuela, en Cadivi también sonaron alarmas porque otras empresas eran las que tramitaban las solicitudes de divisas para las importaciones de las casas prefabricadas de Fondo Global de Construcción.
Un informe interno, fechado el 21 de mayo de 2013, referido a ELM Import, una de las compañías que tramitaba las divisas ante Cadivi refiere que “se han identificado situaciones que ameritan especial atención en cuanto a los precios declarados en la factura pro-forma de las mercancías a importar, las modalidades de importación utilizadas, discrepancias referentes al proveedor de las mercancías y la logística de importación planteada por la empresa”.
El escrito establecía que “dado el volumen de divisas solicitadas”, era necesario “oficiar al Ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, a los fines de confirmar que la empresa antes mencionada se encuentra inserta dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y a su vez solicitar al usuario (ELM Import) la consignación de copia simple de la contratación pública, donde se especifique el proyecto de destino y uso de las mercancías que respalden la participación activa de la empresa ELM Import dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela”.
Aquella alarma sobre el primer gran negocio que consiguió Alex Saab en Venezuela tampoco sirvió de nada. Casi ocho años después, en realidad, el empresario colombiano se encumbró como principal contratista de Maduro. En diciembre pasado, el régimen en Caracas hizo público el nombramiento de Saab como diplomático, en calidad de embajador ante la Unión Africana, en un intento por otorgarle una inmunidad que evitara su extradición a Estados Unidos.
El principal contratista de Nicolás Maduro fue detenido el pasado viernes, nada más aterrizar en el aeropuerto internacional de Cabo Verde, un archipiélago ubicado en el Atlántico, a las puertas de África. Puede que sea su penúltimo viaje, si finalmente es deportado o extraditado a Estados Unidos, como pretenden autoridades de ese país. Sería el peor de los finales tras muchos años de viajes en los que acumuló millas pero, sobre todo, millones de dólares gracias a opacas estructuras societarias con las que a partir de 2013 manejó divisas preferenciales, obras públicas, suministros de alimentos para los CLAP, contratos con Pdvsa y hasta el comercio del oro y carbón venezolano.
Una hasta ahora desconocida gira europea en la primavera de 2019 marcó el destino de Luis Parra y otros diputados que hoy pasan por disidentes del grupo de partidos mayoritario de oposición. En Liechtenstein, Bulgaria y Portugal los parlamentarios abogaron en favor de los empresarios colombianos que controlan las importaciones para los Clap. Durante el tour, que incluyó escalas técnicas en Francia, Alemania, Suiza y España, hizo de chaperón un asociado a Saab y su clan, dueño también de la agencia de viajes donde se adquirieron los boletos y se organizó el itinerario. A su regreso los viajeros habían cimentado unas relaciones peligrosas que meses después los alentaron para intentar la toma de la Asamblea Nacional.
Sin utilizar sus nombres directamente los colombianos Álvaro Pulido y Alex Saab se las ingeniaron para llevarse una buena tajada de los dólares preferenciales repartidos por el régimen de Nicolás Maduro en 2014 a través del denominado Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad). Gracias a cuatro sociedades registradas en Hong Kong hicieron de vendedores de mercancía para varias de las compañías previamente adjudicadas en las subastas, lo que dejó en sus cuentas bancarias de Panamá unos 120 millones de dólares. Todo antes de convertirse en los grandes proveedores de los alimentos subsidiados para el programa estatal de los CLAP
Adrián Perdomo Mata acaba de entrar en la lista de castigados del Departamento del Tesoro estadounidense en su condición de presidente de Minerven, la estatal encargada de explorar, exportar y procesar metales preciosos, sobre todo, el oro de las minas de Guayana. Su llegada a ese cargo coincidió con el auge de las exportaciones intempestivas de oro venezolano a nuevos destinos, como Turquía, para financiar las importaciones de comida. Detrás de esas sigilosas operaciones está la sombra de Alex Saab y Alvaro Pulido, los principales beneficiarios de las ventas de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), y con quienes el propio Perdomo trabajó antes de que Nicolás Maduro lo colocara al mando del oro venezolano.
Múltiples indicios sugieren que el empresario colombiano Alex Saab, uno de los mayores proveedores de los programas alimentarios del Gobierno de Nicolás Maduro y blanco para las investigaciones policiales de varios países, participa en el opaco intercambio de metales preciosos por bienes de consumo que se ha establecido entre Venezuela y Turquía. Que el nuevo presidente de la empresa estatal Minerven sea un antiguo empleado suyo, es apenas una de las pistas.
Una desconocida empresa llamada Salva Foods 2015, creada meses antes de que Nicolás Maduro asomara su idea de establecer una red de tiendas para el programa estatal de los Comité Locales de abastecimiento y Producción (CLAP), es la beneficiaria actual de ese negocio. Se llaman Tiendas CLAP y se confunden con una empresa estatal, con expendios de alimentos en los que alguna vez fueron locales de los Abastos Bicentenario. Detrás de esa operación reaparece la sombra de los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, quienes desde inicios de 2017 están vinculados a los CLAP gracias a una fantasmal sociedad registrada en Hong Kong.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
