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Las ataduras de un gigante verde

Latinoamérica tiene enterrado un jugoso negocio ambiental: la posibilidad de usar 831.000 millones de hectáreas de bosque como proyectos forestales en el mercado de bonos carbono, el doble de extensión que cualquier otra región del mundo. Pero la burocracia y el exceso de trámites hacen que esta rentable opción de conservación se aleje de un mercado con controles, y se convierta masivamente en proyectos dispersos, con insuficiente regulación pública.

01/03/2011 14:18:02

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En el sur de Brasil, un ejército de agricultores tiene un trabajo singular: reciben un ingreso fijo por mantener intactas dos mil hectáreas de bosque que están en sus tierras. El costo de la vigilancia lo paga un grupo de empresas brasileñas que dedican unos 30.000 dólares al año con la intención de conservar las plantaciones y de esta forma subsanar la emisión de 220.000 toneladas de carbono (CO2) que se da en otras partes del mundo.

Este mecanismo de compensación es en esencia cómo funciona el mercado de bonos de carbono. Los países que han suscrito el Protocolo de Kioto promulgado en 2005, se comprometen a reducir sus emisiones de CO2, responsables del efecto invernadero y el calentamiento global. Para eso obligan a sus industrias o a mejorar sus mecanismos de producción, o a comprar bonos de proyectos en cualquier parte del mundo que certifiquen que se evitó la producción de carbono. Para esto, el Protocolo diseñó los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), conocidos como el mercado regulado.