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Costa Rica no le confía ni un presunto estafador a Venezuela

Que en Venezuela la justicia no es justa, es lo que encontró el Tribunal Supremo de Costa Rica en un fallo de marzo reciente. Trataba el caso de un venezolano que, según lo acusaban desde Caracas, fue parte de una estructura que birló casi 23 millones de dólares al estatal Fondo Chino. Huyó y lo pillaron en el país centroamericano. Pero allá repararon en que, sin indicios concluyentes de culpabilidad, extraditar al individuo equivalía a sacrificarlo ante unos poderes nada imparciales u objetivos.

28/08/2015 11:03:12

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Dan Dojc nació en Croacia –extinta Yugoslavia–, creció en Venezuela y migró hacia Costa Rica, donde hoy pide refugio. Tiene 38 años, es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Simón Bolívar (USB) –una de las casas de estudio venezolanas de mayor prestigio– y fue miembro (y tesorero) de SWYAA Venezuela, un programa de intercambio cultural para estudiantes promovido por el gobierno de Japón. Un amigo de la familia asegura que se graduó con honores, tanto de la USB como de un postgrado en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa), en Caracas. Pero sus logros académicos jamás lo llevaron a figurar tanto en los medios como en julio de 2013, cuando su nombre apareció en la lista de ciudadanos presuntamente involucrados en el desfalco del Fondo de Cooperación Chino-Venezolano por 84,9 millones de dólares.

Ocho meses antes, el 19 de diciembre de 2012, el entonces viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio de Interior y Justicia, el mayor general Hugo Carvajal Barrios –su nombre está registrado en la llamada Lista Clinton, en la que el Departamento del Tesoro estadounidense incluye a los presuntos líderes del narcotráfico a los que ha hecho objeto de sanciones financieras–, solicitó al Ministerio Público la apertura de una investigación sobre dos desembolsos irregulares de recursos provenientes del Fondo Chino-Venezolano, emitidos por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). Uno de ellos por 22 millones de dólares a la compañía Kelora S. A. y otro por 62 millones de dólares a la empresa Bismarck Consorcio Trading Corp, ambas registradas en Suiza.