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El caso de Luis Sánchez y la intrépida Fiscalía 55

En los primeros meses de 2017, una fiscalía nacional se acercó demasiado a los intereses de dos grandes del chavismo, Tarek William Saab y Diosdado Cabello, tras haber sido comisionados por la fiscal Luisa Ortega Díaz a investigar casos de corrupción en la industria petrolera venezolana. Cuando fueron contra ella y sus allegados, fueron también contra el equipo de la Fiscalía 55. Luis Sánchez, el fiscal auxiliar que manejaba uno de los casos, lleva 21 meses en El Helicoide, una de las sedes de la policía política venezolana, sin haber tenido siquiera su audiencia preliminar, acusado con unas pruebas tan dudosas que el régimen chavista debió cambiarlas sobre la marcha

29/05/2019 12:00:00

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El nombre de Luis Sánchez fue el último que mencionó el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aquel miércoles 16 de agosto de 2017. “Estamos aquí denunciando formalmente al señor Germán Darío Ferrer, diputado a la Asamblea Nacional, al señor José Rafael Parra Saluzzo, abogado, a la señora Yoconda González, ex directora general del despacho de la fiscal (Luisa Ortega Díaz), al señor Pedro Lupera, fiscal quinto de la fiscalía 55 nacional con competencia plena, al señor Luis Sánchez, fiscal auxiliar de la fiscalía 55 (…) Es una gran red de extorsión que se ha desmantelado”, dijo Cabello, recién electo constituyente en las cuestionadas votaciones del 30 de julio, cuando el reloj marcaba las 12:02 pm.

Para ese momento, Sánchez, entonces de 30 años, se encontraba tomando un baño en casa. Estaba de reposo de sus labores en la Fiscalía 55, donde se desempeñaba como fiscal auxiliar desde noviembre de 2016. Una semana antes, le habían puesto un holter para monitorear la actividad de su corazón. Aquella tarde debía volver a una consulta médica, esta vez para acompañar a su pareja, Mariangel Ramírez, quien tenía cuatro meses de embarazo.

Una llamada telefónica, sin embargo, les obligó a cambiar de planes.

—Prende la televisión. Diosdado está hablando de Luis —advirtió la madre de Ramírez.

“Quisimos no alarmarnos mucho, pero cuando Diosdado Cabello dice algo esa ya es una orden de aprehensión inmediata”, recuerda ella, casi dos años después, con su pareja detenida en la sede de la policía política venezolana, y una hija que conoció a su padre a lo interno de la temida estructura de El Helicoide. Tras 21 meses de silencio por amenazas, sus allegados decidieron contar su historia.

A mediados de junio, Sánchez encabezó un allanamiento a las oficinas de la Constructora Conkor. De acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC), Conkor, una empresa fundada en el año 2000, fue contratada en más de 100 oportunidades por el Estado venezolano entre los años 2003 y 2017. El equipo de la Fiscalía 55 había tomado la previsión de no revelar mayores detalles de sus investigaciones a lo interno del Ministerio Público. Entre otras cosas, ocultaban los nombres de las empresas a allanar. Pero el de Conkor no era un allanamiento cualquiera.

La Comisión de la División de Documentología del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se trasladó dos veces al BCV para que le dieran acceso a los documentos bancarios originales. Lo que consiguieron, en el segundo intento, obligó a dar un giro en la dirección de la investigación.

Por una parte, la policía científica determinó, mediante la experticia grafotécnica, que los supuestos documentos originales resguardados en el BCV eran “reproducciones producto de impresión a color”, por lo que no era posible determinar la autoría de la firma de Sánchez y los demás; y, por la otra, el Banco Central de Las Bahamas respondería una solicitud de la defensa asegurando que UBS Ltd. estaba inactivo desde el año 2015, es decir, un año antes de la supuesta apertura de las cuentas.