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Los jueces de Venezuela asfaltan calles y firman sentencias

Son jueces, militantes de base del partido de gobierno y también contratistas del Estado. Las conclusiones de una gran base de datos del Poder Judicial venezolano advierten que los de República Bolivariana son juristas que construyen aceras, importan alimentos y alquilan maquinarias agrícolas, en un contexto en el que la gran mayoría, además, pueden ser removidos sin previo aviso. Suman 559 empresas que han conseguido desde dólares preferenciales hasta cemento y cabillas en tiempos de escasez.  

17/02/2019 2:00:00

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Un juez del estado occidental de Falcón con una empresa que asfaltaba varias de las vías de la entidad; una jueza cuya compañía transportaba personal de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) mientras firmaba sentencias desde un juzgado de Anzoátegui. Ni hablar del jurista de Miranda cuya constructora primero remodeló instalaciones del Ministerio de Educación Superior y, al poco tiempo de retirarse del Poder Judicial, consiguió contratos para pintar y reparar el mismo Tribunal Primero de Control de Caucagua en el que despachaba. Son los jueces contratistas de la República Bolivariana de Venezuela.

Hay al menos 461 casos de juristas venezolanos que tienen o han tenido contratos con entes del Estado. Las conclusiones de un trabajo de periodismo de datos, que se publican en este reportaje, permiten advertir que casi 8% de los 5.928 jueces que en los últimos 20 años han pasado por el Poder Judicial tuvieron contratos con organismos públicos.

Muchos incluso se van sin avisar. La dinámica de la economía venezolana ha convertido a los funcionarios públicos y a la propia empresa privada en dependientes del Estado. “Aquí lo que hay es un círculo vicioso, un entramado de relaciones, una casta, una suerte de rosca que busca hacerse de la renta del Estado”, lamenta el abogado Alí Daniels desde la ONG Acceso a la Justicia.

Si bien todo ciudadano tiene derecho al trabajo, advierte que el artículo 75 de la Ley contra la Corrupción permite preguntar a un juez cómo encontró el capital suficiente para levantar grandes empresas, incluso constructoras. Pero aunque se probara la responsabilidad o el conflicto de intereses, indica que el sistema está hecho para que nadie vaya preso.

El artículo 89 de la Ley contra la Corrupción establece penas de entre tres a seis años, que pueden obtener el beneficio de libertad condicional. En fin, en la República Bolivariana de Venezuela los que meten presos nunca podrían ir presos.