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El segundo aire de Luis Velázquez Alvaray

En cuatro años de exilio el exparlamentario y exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia ha participado como accionista en seis sociedades en Costa Rica, a donde fue a dar luego de que en Venezuela lo acusaran por el caso de la Ciudad Judicial Lebrún.

6/15/2010 11:51:01 AM

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En Venezuela pasó de aliado de la revolución bolivariana y paisano del presidente Hugo Chávez –títulos ambos honrosos-, a ser señalado como corrupto por algunos de sus compañeros del partido de gobierno y perseguido por la justicia. La fiscalía lo investiga y tiene una orden de captura. Curioso, pues antes de toda esa metamorfosis era alguien que debía impartir justicia. Mientras tanto, Luis Velázquez Alvaray vive como refugiado en Costa Rica, donde se ha convertido en un hombre de negocios.

Luis Velázquez Alvaray se movió por muchos años en la izquierda política, hasta que durante el gobierno de Hugo Chávez ocupó cargos importantes como diputado de la Asamblea Nacional por el partido de gobierno, y magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, donde llegó a ser director de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM). En ese punto de su carrera fue donde se produjo el hecho que lo transformó de justiciero a acusado.

Era el año 2006. Entonces se dio a conocer la historia que produjo su salida de Venezuela. Jesse Chacón, para el momento ministro del Interior y Justicia, denunció irregularidades en la compra de un edificio para el proyecto de la Ciudad Judicial Lebrún, promovida por Velázquez Alvaray desde la DEM. Las acusaciones llegaron al Consejo Moral Republicano y a los dos meses, en mayo de 2006, sus integrantes, Clodosbaldo Russián –contralor general de la República-, Isaías Rodríguez –fiscal general de la República- y German Mundaraín –defensor del pueblo- se pronunciaron en contra del abogado, hecho que genera la salida de Velázquez Alvaray de su cargo como magistrado por orden de la Asamblea Nacional el 8 de junio de 2006.

Los documentos de la empresa con la que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura realiza la compra-venta para la Ciudad Judicial, muestran que la compañía oferente del inmueble no cumplía con las condiciones jurídicas y financieras para firmar un contrato de esa escala, que implicaría en su propuesta inicial el pago de 50 millardos de bolívares (23 millones 329.000 dólares, al cambio oficial de la fecha) por parte del Estado venezolano.