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La tala de los bosques también encontró una guarida offshore

Los llamados Paradise Papers abren una rendija para ver cómo hay bufetes de abogados y entidades de la banca que facilitan el crecimiento de una de las empresas de papel más grandes de Asia a pesar de un historial manchado de crímenes ambientales y conflictos sociales

23/11/2017 12:16:26

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Paradise Papers

En la isla de Padang, en el corazón de la región de la industria maderera indonesia, un grupo de jóvenes señala lo que queda de los árboles de palma sagú. Estos son los restos de los incendios que, durante dos décadas, han venido calcinado los frondosos bosques de esta nación-archipiélago.

“Sentimos indignación” dijo Alvin, de 15 años, quien se crió en el pueblo de Bagan Melibur. “Los efectos de las quemas forestales son inmensos para los humanos y los animales”, añadió.

En esta cadena de islas los incendios del 2015 fueron tan intensos que gran parte de Indonesia ha quedó envuelta en una calima feroz. Tanto así que llegó a extenderse hasta Tailandia. Se paralizaron los vuelos aéreos, los niños tuvieron que usar máscaras protectoras para ir a la escuela. Varios estudios han conectado los niveles de niebla tóxica (smog) con por lo menos 19 muertes y tantos como medio millón de habitantes con problemas respiratorios. La agencia meteorológica indonesia llamó esta neblina y tiniebla “un crímen de lesa humanidad”.

Los incendios que ocasionaron la densa neblina fueron producto de una temporada de sequía prolongada y de la tala y quema empleadas para despejar los bosques frondosos de las turberas (pantanos), que han abierto el paso a las plantaciones de aceite de palma y de madera de pulpa. Como consecuencia de estos estragos, grupos de protección ambiental desataron su protesta contra las empresas industriales que se ocupan en despejar los bosques de Indonesia. Entre ellos figura Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. (APRIL), una de las mayores pulperas y productoras de papel en el mundo.

El equipo que coadyuva a que esto suceda

Una fuga de documentos de una empresa offshore ha revelado que APRIL es una de las empresas de recursos naturales de la región que han logrado mayor prosperidad, mediante el talado de enormes extensiones de zonas forestales indonesias y el apoyo de una red global de banqueros, abogados y contadores de élite que le han ayudado a navegar entre las corrientes corporativas y tributarias.

Los documentos vienen de la firma offshore Appleby y del proveedor de servicios corporativos Estera, dos negocios que operaron juntos bajo el nombre de Appleby hasta que Estera se independizó en 2016. Los mismos muestran que la firma de abogados Appleby, basada en Bermuda, además de bancos de renombre como Credit Suisse y el banco holandés ABN Amro continuaron asistiendo a APRIL con la estructuración de sus operaciones a pesar de un ya cuestionable récord ambiental de la empresa pulpera y maderera.

Los documentos internos de Appleby arrojan nueva luz a las preocupaciones de académicos, grupos de voceros y funcionarios de gobierno. Sus reservas se basan en que el sistema financiero offshore coadyuva al financiamiento y crecimiento de empresas involucradas en el derribe de bosques y en el uso de otras prácticas que agudizan el cambio climático global. El problema es aún más serio si se tiene en cuenta que Indonesia abriga la tercera extensión más grande de bosques tropicales con la tasa más elevada de deforestación en el mundo.

El periódico alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo los documentos fugados, los cuales se compartieron con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y otros medios asociados.

Mientras el país se encontraba en la plenitud del auge económico, a mediados de la década de 1990, y se convertía en uno de los “Tigres del Asia”, Tanoto se movilizaba hacia las áreas de aceite de palma, energía y fibras para la producción de rayón y celofán

Según los documentos revisados por ICIJ, por esa misma época RGE comenzaba a trasladar sus gestiones financieras a paraísos tributarios, establecía entidades corporativas en jurisdicciones de cero o bajos impuestos y hacía traslados de capital a jurisdicciones offshore.

En septiembre de 1994, con la formación de dos compañías en Bermuda –puerto de avanzada del sistema financiero offshore– comenzaron a aparecer las primeras piezas de lo que vendría a conocerse como APRIL. Estas entidades contrataron los servicios administrativos y legales de Appleby.

En menos de un año, una de las entidades de Bermuda, también conocida como APRIL, fue registrada en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). De acuerdo con documentos secretos usados en la investigación de 2013 de ICIJ “Offshore Leaks”, un proveedor de servicios offshore con sede en Singapur, Portcullis TrustNet, ayudó a RGE a establecer una compañía en las Islas Vírgenes Británicas y dos firmas en las Islas Cook. Una de las compañías de las Islas Cook fue PEC-Tech Ltd., una firma de ingeniería que llegó a desempeñar un papel activo en las operaciones de pulpa y papel de Tanoto.

Para algunas de las corporaciones creadas por intermedio de Portcullis, Tanoto firmó contratos autorizando a compañías terciarias a realizar transacciones en representación suya. Tanoto, de ascendencia china, es ciudadano indonesio. Las autorizaciones fueron firmadas con su nombre chino, Tan Kang Hoo.

La creciente complejidad del conglomerado trajo consigo repercusiones adversas en 2007, cuando las autoridades fiscales comenzaron a investigar Asian Agri, la gigantesca afiliada de RGE en materia de aceite de palma. El gobierno presentó cargos alegando que entre los años 2002 y 2005 los gerentes de Asian Agri diseñaron una argucia sofisticada de evasión de impuestos que involucraba a 14 subsidiarias.

Las autoridades acusaron a Asian Agri de utilizar empresas de fachada en las Islas Vírgenes Británicas, Macao y Hong Kong con el fin de manipular el precio de los bienes transferidos y de esa manera reducir las ganancias de las empresas indonesias, a la vez aumentan en las subsidiarias offshore. En 2012, la Corte Suprema de Indonesia sentenció al gerente de Asian Agri a dos años de prisión y ordenó a la compañía de aceite de palma a pagar más de 440 millones de dólares en impuestos y penalidades.