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Para ver la economía sumergida de Venezuela hay que bucear en Panamá

Como parte de un proyecto mundial, periodistas venezolanos participaron en la revisión de millones de archivos que se filtraron de un bufete panameño especializado en el registro de compañías en paraísos fiscales. En los documentos, obtenidos por el diario alemán ‘Süddeutsche Zeitung’ y procesados por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), se evidencian patrones para que funcionarios de Gobierno y grupos empresariales escondan sus identidades o dineros

3/2/2016 11:03:09 AM

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Los datos incluyen correos electrónicos, formularios financieros, pasaportes y registros corporativos que revelan a los propietarios secretos de cuentas bancarias y compañías en 21 jurisdicciones offshore. Los archivos internos filtrados de MF contienen información sobre 214.488 entidades offshore conectadas a personas en más de 200 países y territorios.

La magnitud inimaginable de datos llevó al periódico a acudir al ICIJ, con sede en Washington DC y con experiencia previa en este tipo de proyectos, que construyó un equipo ad hoc para organizar la data y procesarla. La base de datos fue compartida con una red de más de 370 periodistas y 100 medios en todo el mundo.

En el caso de Venezuela, la pesquisa empezó en junio de 2015 e involucró a 11 periodistas de diversos medios electrónicos. Si bien una gran parte de los cientos de miles de documentos relativos a Venezuela no incluyen información relevante, la mera revisión, análisis y procesamiento de los datos significó meses de trabajo.

Queda claro que constituir una empresa offshore no representa un delito en sí mismo y hasta resulta algo natural para determinadas transacciones comerciales.

La mayor parte de los servicios que la industria offshore provee son legales si los utilizan quienes obedecen a la ley. Pero los documentos demuestran que bancos, firmas legales y otros actores offshore a menudo no siguieron los requerimientos de ley para asegurarse de que sus clientes no están envueltos en actividades criminales, evasión de impuestos o corrupción política. En algunas instancias, según muestran los archivos, intermediarios offshore se protegieron a sí mismos y a sus clientes ocultando transacciones sospechosas o alterando registros oficiales.

A veces el proveedor pudo comprobar a través de sus gestiones de due dilligence que un prospecto era una Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés) o alguien sospechoso de actividades criminales, pero hizo caso omiso al hallazgo.

Este inusual acceso periodístico a la gestión interna de Mossack Fonseca y su relación con sus clientes permitió comprobar que proveedor y cliente con frecuencia se confabulan para despistar a autoridades regulatorias de sus países de origen sobre la propiedad de empresas, arreglan a posteriori el registro de empresas previamente registradas, entre otras prácticas concebidas para camuflar la circulación del dinero que se oculta o se legitima.