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Por los sótanos de Ciudad Tavacare

Hugo Chávez promovió esta urbanización de 5.000 viviendas como una utopía socialista para su natal Barinas. Hecha realidad con participación de un consorcio chino, terminó fundada sobre una trama subterránea de componendas, negociados y arbitrariedades.

Hugo Chávez tenía motivo para celebrar ese día. Aunque el cáncer que ya le habían descubierto apenas le concedería 15 meses más de vida, entonces no tenía cómo saberlo y si, tal vez, lo intuía, lo negó en público: “Gracias a Dios, gracias a la Virgen del Socorro, a la Virgen del Rosario y a todas las vírgenes que son en el fondo una sola, la madre de Dios; gracias a las oraciones de este pueblo, a las oraciones de mi madre, gracias a la ciencia médica, gracias a Fidel, a Cuba, a Venezuela, gracias a los espíritus de la sabana, estoy curado”.

En cambio, lo que resplandecía bajo la canícula del mediodía llanero era la evidencia de su poder personal, que parecía extenderse, infinito, como el horizonte: de donde, hasta no hace mucho, era la agreste superficie de un tradicional latifundio a las afueras de la ciudad de Barinas (capital del estado Barinas, suroeste de Venezuela), el hato Palma Sola, brotaban las estructuras –algunas más acabadas que otras- de 336 edificios, cada uno de cuatro pisos de altura. Para que ocurriera el milagro había bastado una orden suya, meses atrás – aunque también hicieron falta cientos de millones de divisas extranjeras, apresurados acomodos burocráticos, y un contrato leonino con una corporación china.

Persuadido de que una imagen vale por mil palabras, el presidente Chávez ordenó la transmisión en cadena nacional de radio y televisión del acto de inauguración oficial y entrega de apartamentos en el complejo habitacional que, ese mismo día, bautizaría –por sugerencia del general Luis Enrique Henríquez- como Ciudad Tavacare, en memoria de un ancestral cacique aborigen y como el cuartel del ejército, homónimo y adyacente.

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Vista aérea del sitio del proyecto, al inicio de su construcción, sobre la planicie de Palma Sola. A la izquierda, Ciudad Varyná.

Era el día de nochevieja de 2011, tradicional fecha de fiesta y reunión familiar. El propio exteniente coronel se proponía pasar unas horas en Barinas, junto a sus parientes, para despedir el año. Exultante, mostró la obra que le circundaba como un logro irrefutable de la revolución bolivariana, y agradeció a los responsables chinos de su ejecución, presentes en el acto, por la eficacia y el compromiso que aportaron. “La oposición lo que hace es criticar, ¿ves?”, dijo, “que si nosotros estamos entregados a China, que si los convenios con China… Bueno, aquí está el resultado, miren, son convenios con absoluta transparencia”.

El dragón chino

A despecho de las palabras del desaparecido mandatario, los convenios, más que con el Estado chino, fueron pactados por su gobierno con una vasta corporación de Beijing, CITIC Construction Co, LTD.

En China los negocios no se caracterizan por la transparencia. El trato de CITIC con Venezuela no sería la excepción. De hecho, son diversas las cláusulas del documento que exigen como obligación la reserva de sus términos y la confidencialidad de la información que la parte china manejaba.

En realidad, no se trata de un documento, sino al menos de dos contratos con sus respectivos addenda. Firmados en 2005 y 2006 –en un caso por Julio Figueroa y en otro por Ramón Carrizález, ministros de Vivienda para cada una de esas fechas-, se presentan entre sí como complementos y modificaciones de las condiciones que dan marco para la construcción de 20.000 viviendas por parte de CITIC en seis sitios de Venezuela que entonces se designaban de manera provisional. Por lo visto, fue necesario cambiarlos, pues Palma Sola-Ciudad Tavacare no figuraba entre esas locaciones originales.

Para este reportaje se tuvo acceso a esos contratos que, en general, otorgaron prerrogativas imperiales a la empresa china. Por ejemplo, tanto el contrato original suscrito en 2005, como la enmienda acordada un año más tarde, concedieron a CITIC el derecho a trabajar tanto con insumos importados como con trabajadores expatriados. En cuanto a estos últimos, no había ningún límite sino la solicitud de parte del Estado venezolano de que CITIC “hiciera su mejor esfuerzo” para que el personal extranjero de las obras no superase diez por ciento del total de la fuerza de trabajo, que los chinos calcularon de 2.500 a 3.000 obreros por cada 1.000 viviendas a construir. Era equivalente a la exhortación que, inscrita en el mismo contrato, se hacía para que no se importara más del 30 por ciento de los materiales de construcción que se utilizarían.

El contrato de 2005 –cuyos términos borran con facilidad cualquier vestigio de camaradería socialista, tanto entre las partes, como con la fuerza de trabajo- estipulaba además que las importaciones efectuadas por CITIC debían ser liberadas de puertos venezolanos en un máximo de siete días y que, en aras de la prontitud, la inspección de aduanas practicada en China debía tomarse por suficiente. Como quiera que esta cláusula vulneraba la soberanía venezolana, quedó modificada en el addendum del pacto que en 2006 se firmó: desde entonces sería necesaria también una inspección de aduanas venezolana. Pero otras facilidades siguieron vigentes para la parte china, como la exención de diversos impuestos –incluyendo el de Valor Agregado, Sobre la Renta, y Municipales-, la instauración de un mecanismo de compensación contra la inflación, y el compromiso de la parte venezolana de agilizar la obtención de todos los permisos –laborales, ambientales, sanitarios- a los que hubiera lugar. Venezuela tomaba cargo de la nivelación topográfica de los emplazamientos de la obra, de la dotación de seguridad y, para todos los efectos, asumía el rol de promotor inmobiliario responsable, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1637 del Código Civil.

A la larga, el pago de los servicios de CITIC se convertiría en un problema, en la misma medida en que, con el tiempo, ha ido menguando la disponibilidad de divisas líquidas por parte del petroestado venezolano. Tal vez en previsión de ello, en el contrato de 2006 se incorpora el Banco de Desarrollo Chino como financista del 75% de los costos del convenio. Por el paquete de seis desarrollos habitacionales, con un total de 20.000 viviendas, los signatarios acordaron en 2005 que CITIC cobraría casi 1.000 millones de dólares, exentos de impuestos. Como quiera que las poco más de 5.000 viviendas de Ciudad Tavacare representan 25 por ciento del paquete, puede calcularse que costaron poco más de 200 millones de dólares. Con todo, en 2006 los chinos pedirían que la obra se cotizara y pagara en euros y no en dólares.

Los contratos dejaban el diseño arquitectónico de los edificios a CITIC y a los estándares de construcción chinos. Si Venezuela dejaba de trabajar con CITIC, aún si fuera por un motivo legítimo, quedaba impedida de completar con otro proveedor las obras iniciadas por la compañía china.

Pero fue el tema laboral en el que, sin duda, los contratistas asiáticos consiguieron la oportunidad de cortar el pastel a su gusto. Obtuvieron autorización para manejar al personal no venezolano conforme a la normativa china de trabajo, en caso de que la aplicación de leyes locales en asuntos como, por ejemplo, las horas de duración de la jornada, se convirtieran en obstáculo para que la empresa cumpliera a tiempo las metas de terminación de las obras. Además, Venezuela daba permiso para que el personal de CITIC no venezolano pudiera exportar las divisas que obtuviera, como parte de sus honorarios profesionales, sin impuestos ni cortapisas.

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Ramón Carrizález y Juan Carlos Loyo con el presidente Maduro. El primero, en 2006, firmó contrato con CITIC; el segundo, recibió en 2008 la orden de expropiar Palma Sola directamente de Hugo Chávez.

Las concesiones en el régimen de trabajo no se agotaban allí. Se autorizó a CITIC a trabajar de noche y en fechas que estuvieran establecidas como asueto en el calendario laboral venezolano, aunque ello afectara a trabajadores nativos. El gobierno de Venezuela se comprometió a interceder ante los sindicatos locales, en caso de haber amenaza de conflicto laboral, y a obtener ante el Ministerio del Trabajo –esto es, ante sí mismo- los permisos necesarios para mantener condiciones de trabajo que excedieran lo establecido en la Ley Orgánica de Trabajo (LOT) “en sus artículos 27, 199 inciso e, 210, 195, y 207 al 210”.

CITIC no dudó en sacar provecho a esas ventajas que, puestas sobre el papel, herirían cualquier sensibilidad estajanovista. En más de un momento llegaron a apiñarse en la fortaleza china de Ciudad Tavacare alrededor de 500 trabajadores forasteros, en condiciones indecibles de alojamiento y manutención. En Barinas hubo quien jurara haber visto que muchos de los obreros chinos cargaban consigo chips de geolocalización, lo que dio pábulo a especies, difíciles de confirmar, acerca de que la construcción contaba con mano de obra semiesclava suministrada por  prisioneros (en China existe un régimen penitenciario de reeducación mediante trabajos forzados; para 2008, el Ministerio de Justicia chino admitía una población de 160.000 personas recluidas en 350 colonias de trabajo, mientras el canal oficial de televisión, CCTV, calculaba la cifra de reos de ese tipo de pena en 300.000).

Reos o no, los trabajadores no debían convertirse en un dolor de cabeza para la gerencia china, según permiten comprobar los términos de contrato. La presión por cumplir las metas de un cronograma exigente, los prejuicios culturales con respecto a la pobre ética de trabajo del venezolano, y la escasa consideración que todavía se presta a la mano de obra en China, a la que casi se da por sentada y gratuita, contribuyeron a alimentar ese propósito. Como se verá más adelante, desde la gerencia de CITIC a la postre se diseñarían otras maneras para despejar cualquier riesgo con respecto a los trabajadores y su representación sindical.

Una dinastía del negocio

Cuando ese 31 de diciembre de 2011 Chávez habló en cadena, sabía con lujo de detalle sobre qué suelo lo hacía. “Palma Sola es el nombre de una antigua hacienda aquí, yo me acuerdo, porque yo enseñaba a manejar los soldados del Batallón de Cazadores Manuel Cedeño en Palma Sola”, empezó a rememorar, con esa facilidad del cuentacuentos que siempre fue. “Yo me conozco Palma Sola, este terreno, como la palma de esta mano (…) estamos en este terreno, una tremenda planicie, la planicie de Barinas”.

Desde hacía tiempo a Chávez se le había metido en la cabeza que esa “tremenda planicie” debía convertirse, no solo en el nuevo horizonte para la extensión urbana de la ciudad de Barinas hacia el oeste, sino, sobre todo, en el asiento donde se alojarían sus propias utopías comunitarias. No lejos de allí –en realidad, a menos de un kilómetro, separadas por la hondonada de un caño- ya había impulsado la construcción de otra urbanización, Ciudad Varyná.

Lo que quizás el comandante no conocía con exactitud era cómo había llegado esa parcela al control del Estado, a pesar de que su propio hermano, Argenis, exsecretario de gobierno de Barinas, luego presidente de la estatal Corpoelec –y actual presidente de la Dirección de la Magistratura- pudo servirle como una fuente de primera mano para ese relato.

Una familia de apellido Peche fue la que vendió al Estado venezolano los terrenos donde ahora se ubica Ciudad Tabacare. De hecho, se trata de un jirón del fundo familiar de los Peche, La Pechera, y esta, a su vez, de un gajo de Palma Sola, la histórica propiedad a la que Chávez aludía en sus evocaciones.

Argenis Chávez había acudido en diversas ocasiones a La Pechera o El Morao, como también es conocido el predio, cuyas bienhechurías quedan a la vista desde un flanco de Ciudad Tavacare. Esas instalaciones sirven como campo de entrenamiento en pretemporadas al Zamora FC, el actual campeón del fútbol profesional venezolano, que preside otro hermano de Chávez, Adelis.

La de los Peche es, por su parte, una familia de constructores, y criadores y comerciantes de ganado, con propiedades en los estados Cojedes y Barinas. El apellido abarca al patriarca, Lorenzo, y a sus dos hijos varones, Alfredo José y Lorenzo Alfredo, empresarios todos.

Alfredo José, de 49 años, cumplió el papel de catalizador en la venta en 2002 del lote de casi 1.000 hectáreas al Estado venezolano, por un poco más de 970 millones de bolívares de la época (alrededor de 200 millones de dólares, al cambio vigente entonces). Fue quien hizo gestiones ante Fondur –Fondo Nacional de Desarrollo Urbano, que se desempeñó como comprador- y quien pidió a los registros certificar que sobre las tierras –adquiridas, a su vez, por su familia en 1998, dos meses antes del triunfo de Hugo de los Reyes Chávez como gobernador regional- no pesaba gravamen alguno.

Algunas fuentes identifican a Alfredo José como allegado a Argenis Chávez. Lo comprobable es, en todo caso, que participa como socio, junto a su padre y hermano y algún individuo circunstancial, en las directivas de empresas como Oftencosa y Copresca, ambas constructoras y proveedoras frecuentes de la gobernación de Barinas hasta 2009, como lo siguen siendo de Corpoelec las empresas de Peche.

Un vocero cercano a la familia Peche, que pidió se mantuviera su nombre en reserva, confirma que “sí, Alfredo José y Argenis se conocen, pero como nos conocemos todos en Barinas, esta es una ciudad pequeña. No eran asiduos. No tienen ninguna relación comercial, y los contratos que las empresas de Alfredo han conseguido con entes del Estado son perfectamente legales y fueron cumplidos con trabajos de calidad”.

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Facsímil de un Certificado de Asignación, sucedáneo de la propiedad de los apartamentos que el gobierno entrega en Ciudad Tavacare.

En la historia personal de Alfredo Peche, no obstante, hay un tachón importante. En 1988, Peche, quien llevaba para la fecha ocho años de residencia en el estado norteamericano de Florida, donde completó sus estudios de bachillerato y obtuvo títulos de Contabilidad y Comercio Internacional, fue arrestado por la policía del Condado de Miami-Dade. Según se relata en los documentos todavía disponibles en la Corte Penal del municipio, dos agentes policiales encubiertos se hicieron pasar por vendedores de drogas. En un principio, Peche les habría ofrecido comprar 20 kilos de cocaína por 280.000 dólares, pero al momento de la transacción, que se pactó tendría lugar en un apartamento de Treasure Drive, en el islote de North Bay Village, los compradores admitieron que solo disponían de dinero suficiente, 14.000 dólares, para comprar un kilo. Cuando los detectives le dieron la mercancía, siempre según el expediente del caso, Peche cortó el empaque y probó la droga, a la que dio su visto bueno. De inmediato se produjo el arresto de Peche y de otras dos personas que estaban en el sitio: un sujeto llamado Jorge Salas, y una mujer, Adriana O’Keefe, que Peche identificó como su novia.

Luego del arresto, los abogados de Peche consiguieron convencer al juez de la causa para que rebajara la fianza de los 500.000 dólares originales a 20.000 dólares. Peche quedó en libertad bajo fianza seis días después de su arresto. Pero no hizo buena la palabra de mantenerse a disposición del tribunal en la casa de sus padres, sobre la avenida Brickell de Miami. Nunca compareció a las audiencias y huyó. Mientras tanto, su presunto socio, Salas, recibió una condena de tres años y medio por conspiración para traficar con drogas.

La fuga de Peche llevó a que el juzgado correspondiente, además de ejecutar en octubre de 1989 la fianza de 20.000 dólares, incautara bienes por 230.000 dólares a Lorenzo Peche (padre) y a su esposa, Ligia, puestos entonces como fiadores y garantes de la comparecencia de su hijo. Quizás ello brinde una explicación de por qué, también en 1989, desparecieron las empresas que los Peche hasta entonces mantenían en Florida.

La misma fuente cercana a la familia se atreve a asegurar que, a pesar de que no conoce el caso, Alfredo José ya habría regularizado su situación en Estados Unidos, pues “viaja con frecuencia a ese país, donde vive su madre”. Los autores de este reportaje no pudieron entrevistar a Peche tras diversas gestiones para contactarlo.

El gang de la construcción

Dos décadas más tarde, Lorenzo Peche, el padre, sufrió la embestida de otro episodio infortunado: fue víctima de un secuestro en febrero de 2008. Solo un medio, el diario Defrente de Barinas, se hizo eco del plagio, con una vaga nota de primera plana en su edición del 7 de febrero, en la que identificaba al ganadero y constructor como una personalidad ligada “a importantes familias de Barinas que tienen algunas propiedades en los alrededores de La Vizcaína”. A partir de entonces el caso desapareció del periódico y del resto de la prensa regional. La presión ejercida por Alfredo José Peche sobre los editores consiguió el silencio deseable para negociar, con toda discreción, el destino de su padre con los secuestradores.

Lorenzo, el padre, goza de una reputación de astuto negociante de mautes y, en general, de todo tipo de bien, una habilidad que le resultó muy útil para convivir casi dos meses con sus captores, miembros de un grupo que se dijo parte del Frente Bolivariano de Liberación (FBL). El secuestro tuvo lugar en el estado Cojedes, y el fin del cautiverio se escenificó en el centro del país, donde se le liberó luego del pago de un cuantioso rescate.

El crimen ocurrió en un momento en que secuestros y desapariciones cobraban auge en Barinas. No es de extrañar que, por eso, en las primeras de cambio se le achacara al gang del Sindicato de la Construcción, que entonces ya se enseñoreaba como la principal organización criminal de todos los llanos occidentales.

Las inversiones realizadas desde el gobierno central para sufragar los colosales sueños que Hugo Chávez abrigaba para su natal Barinas, sobrecalentaron la industria de la construcción en la región. Con prácticas parecidas a las del mob estadounidense, el sindicato del sector se aseguró de controlar el acceso a los empleos que se iban creando, para venderlos. No tardó mucho para que fuera capaz de paralizar obras cuyos responsables no pagaran la cuota de “protección” correspondiente. Ya para 2008, la cúpula del sindicato estaba tomada por una decena de dirigentes, la mayoría con antecedentes policiales y pasantías por las cárceles venezolanas, que reclutaron a otros pares y extendieron sus negocios a zonas colindantes con el narcotráfico y el crimen organizado.

A comienzos de este año de 2013, la organización no gubernamental “Paz y Vida” todavía pedía cuentas por 61 desapariciones forzadas que registró en el estado Barinas desde 2009, la mayoría de las cuales atribuye a la red de complicidades corruptas que se tejió entre el sindicato y funcionarios de los cuerpos de seguridad. La situación llegó a agravarse tanto por la visibilidad que adquirió la pandilla, que en 2011 desde Caracas fue destacado a la región un superagente de la policía política, Otto Salinas, con la misión de desarmar al sindicato.

Que el secuestro de Peche, padre, no tuviera la factura del sindicato no quiere decir, sin embargo, que este quedase por fuera de la trama de Ciudad Tavacare. La gerencia encargada del proyecto entendió que una manera efectiva para garantizar la paz laboral y evitar, así, el retraso de la construcción, era la de ofrecer trabajo a una empresa de Jaime Landaeta, (a) Bubalú, secretario general del sindicato. Así lo hizo. Empresas de Landaeta dieron servicios a las obras de 130 edificios de los 336 del complejo.

Landaeta estuvo prófugo de la justicia por unos meses en 2012, sindicado de diversos crímenes. Finalmente fue capturado en la ciudad de Valencia en diciembre pasado, según las versiones oficiales; sin embargo, los defensores de Landaeta dicen que se entregó ante la Fiscalía en Barinas. Lo cierto es que en la actualidad sigue preso, en espera de juicio. A pesar de ello, seguiría controlando el sindicato a través de un tío, Rafael Santana, quien hoy lo dirige. Así lo viene denunciando Carlos Alfredo Arteaga, otro ex dirigente sindical, que hoy está a resguardo de un programa de protección de testigos de la Fiscalía.

Arteaga fue secuaz de Landaeta en la directiva del sindicato. En cierto momento buscó conformar su propia organización laboral, que a estas alturas ya protocolizó. También empezó a brindar testimonio a policías y periodistas que le quisieran escuchar sobre las prácticas criminales del sindicato oficial. En abril de 2010 sufrió un atentado en Ciudad Varyná, que casi le costó la vida. Hoy se mantiene escondido en diversas conchas, bajo custodia de efectivos de la policía política, convertido en el testigo estelar del caso contra la mafia sindical.

La última actuación pública de Arteaga ante los medios fue en mayo de 2012, cuando llegó hasta las obras de Ciudad Tavacare para protestar el despido de 180 trabajadores venezolanos. Según Arteaga, CITIC adujo el final de la obra para prescindir de la mano de obra criolla, aunque al mismo tiempo recibía a 300 obreros chinos. Denunciaba que el silencio que el sindicato de la construcción guardó ante ese trueque de trabajadores venezolanos por chinos, se debía a una negociación previa de la empresa asiática con Landaeta, (a) Bubalú.

Familias en suspenso

En medio de la urbanización perdura por estos días una suerte de ciudadela china, resguardada del exterior –de Occidente, se diría- por muros encalados que llevan ideogramas inscritos sobre ellos. Allí CITIC deposita maquinarias y personas.

La construcción continúa a marcha forzada en Ciudad Tavacare. Falta por erigir su centro cívico, con unidades educativas y locales de atención social. Sin embargo, el movimiento de maquinaria y obreros se ha reducido de manera notable. Muchos de los edificios permanecen sin ocupar. Estén o no habitados, de casi cada uno cuelgan pendones alusivos a la figura del gobernador, Adán Chávez, hermano mayor y mentor político del líder eterno.

Para entrar al complejo residencial hay que dejar atrás una alcabala de la Guardia Nacional y luego vadear por una cinta de asfalto el paso de una quebrada, al lado del puente original, que se derrumbó.

En las ordenadas cuadras de la urbanización se nota tranquilidad. Las ventanas de los apartamentos recién asignados están cubiertas, en su mayoría, con improvisados pedazos de tela o cartón. No es la única precariedad. Se ve que la concepción socialista acerca de cómo debe vivir el hombre nuevo no estima el comercio como actividad aceptable, por la carencia de espacios destinados al expendio de mercancías. Al déficit responden desde las plantas bajas de los edificios, en cuyos apartamentos se habilitan abastos y centros de telefonía que anuncian sus ramos respectivos con cartulinas escritas a mano y pegadas a la pared con cinta adhesiva.

Para habitar Ciudad Tavacare, la alcabala burocrática puede resultar infranqueable. Al menos desde 2010 se suceden con frecuencia las protestas para forzar asignaciones de apartamentos. Ese 31 de diciembre de 2011 en que Hugo Chávez inauguró el conjunto, por ejemplo, a las afueras del lugar se manifestaba un puñado de personas que se habían postulado como beneficiarios de viviendas. Esperaban que el propio presidente entregara las llaves de 2.000 viviendas, como se había anunciado, pero encontraron que solo dio 100.

Esos retrasos se hicieron rutinarios motivos para manifestar. El 8 de abril pasado, decenas de adjudicatarios todavía se agolpaban a las puertas de la sede de la gobernación del estado Barinas para exigir definiciones sobre una entrega que debió hacerse en diciembre de 2012. Temían que los apartamentos que se les iban a asignar fueran destinados entre gallos y medianoche a otros damnificados de última hora que se refugiaban entonces en el estadio de béisbol Cuatricentenario de la capital regional. Aunque demandaban hablar con el gobernador, Adán Chávez, tuvieron que conformarse con la palabra del secretario del despacho, Antonio Albarrán.

Los temores de los protestantes no eran, en cualquier caso, infundados. Es cierto que por la vía de los hechos alguien puede saltar los cedazos oficiales y hacerse de un apartamento. Así lo consiguió A.M., una chica de 21 años, discapacitada, con dos hijos y un marido de 24 años que se gana la vida como obrero de la construcción. “Soy invasora”, admite sin remilgos. El apartamento que ocupa permanece, sin embargo, vacío. No tiene ni puertas ni ventanas. Cuenta, sí, con los servicios de agua y luz.

“Llevo seis meses viviendo aquí. No tenía dónde vivir. Cuando me vine acá no había metido papeles. Han venido a sacarme, pero no me han dado opción”.  Anda en silla de ruedas y en medio de una pobreza de la que sus mismos vecinos se conduelen. En cambio, los organismos del Estado no la atienden. Asegura que un censo de discapacitados, que la gobernación de Barinas levantó en febrero, ni siquiera la contó.

Son otras las calamidades que narra J.F., madre soltera de dos hijos, de 15 y cinco años de edad. El mayor, dice, sufre de epilepsia. Con su familia apenas subsiste vendiendo refrescos, tortas y, los domingos, sopa, al mercado de la vecindad. Pero no es eso, según su testimonio, lo que lesiona su dignidad. Resiente la frustración de una vivienda que el Estado le entregó para lo que, creyó, sería el inicio de un proyecto de vida y que de pronto se transformó en un dolor de cabeza crónico.

“Aquí tengo un año. Me mudé en enero del año 2012 y a los 15 días ya se estaban rebosando las cañerías. Las paredes están así desde que llegué”. Los frisos están cuarteados. La pestilencia y la humedad se hacen omnipresentes. J.F. dice que tuvo que amenazar con hacer pública la situación a través de los medios informativos de Barinas, para conseguir que las autoridades construyeran una alcantarilla donde ahora caen los desechos del edificio.

El manejo adecuado de aguas blancas y servidas no es, en efecto, el menor de los problemas de Ciudad Tavacare. Por el contrario, se hace más acuciante con cada día que pasa. Cuando el enorme desarrollo estaba todavía en construcción, las autoridades locales del ministerio del Ambiente hicieron inspección en las obras y detectaron irregularidades. Entre ellas: toda la urbanización se entromete en la zona de protección de las quebradas Arzobispo, El Rollo y La Vizcaína, que dan de beber a los habitantes de la zona. De los diez pozos profundos perforados para suministro de agua, solo dos contaban con los permisos oficiales en octubre de 2011. Particular gravedad revestía la construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales, las de los sectores B y C de Ciudad Tavacare, cercanas a las cabeceras de las quebradas que allí constituyen cuenca. No obstante, esas constataciones no produjeron más efecto que la citación de los responsables de ingeniería del entonces todavía denominado Proyecto Complejo Urbanístico Palma Sola –Chávez lo rebautizaría un par de meses después- y una posible amonestación. Después de todo, el promotor inmobiliario de la urbanización es el mismo patrón del Ministerio del Ambiente: el Estado venezolano.

Tal vez las dificultades se harían más llevaderas si fueran estrictamente propias. Pero no es así ni para J.F. ni para los demás residentes de Ciudad Tavacare. Con las llaves de sus apartamentos recibieron del Estado un Documento de Asignación que imposibilita a sus titulares la reventa del inmueble. A J.F., por ejemplo, le entregaron ese papel el 5 de enero de 2012. Le advirtieron que solo recibirá el documento de propiedad en un plazo de 20 años, al terminar de pagar la vivienda. “Pero no nos han dicho cuánto vamos a pagar. Tampoco dónde. Vivimos como prestados”, sopesa J.F. su incertidumbre. “Si no tuviera tanta necesidad…”.

Hay que notar que el edificio donde vive J.F., así como toda Ciudad Tavacare, se asientan sobre un lote de 1.000 hectáreas que antes formaban parte de Palma Sola, un hato legendario, entre muchas otras razones, porque es propiedad de la familia Arvelo Torrealba desde hace dos siglos. De hecho, la familia Peche, a través de su empresa Agropecuaria El Morao, adquirió el lote en 1998 a Alfarería La Arenosa que, a su vez, se lo había comprado a Trina de Arvelo en 1973.

La familia Arvelo Torrealba es una de las más ilustres de la región. Hugo Chávez, en su programa Aló, presidente, en once ocasiones distintas recitó versos de Florentino y el diablo, el épico poema de Alberto Arvelo Torrealba (1905-1971) –escritor, diplomático, exgobernador de la provincia y exministro de Agricultura y Cría- que se ha convertido en un himno de los Llanos.

A la sombra de esa afición y quizás impulsado por la nostalgia y el inicio auspicioso, por entonces, de las obras de Ciudad Tavacare, Chávez ordenó al Instituto Nacional de Tierras (Inti) “que me tome eso”, refiriéndose, como lo explicó en una transmisión de Aló, Presidente desde Barinas, en mayo de 2008, al resto de “esa meseta que creo que es parte de Palma Sola (…) un antiguo latifundio” para levantar “una ciudad ecológica, productiva, en tierras muy buenas, altas, que nunca se inundan, con una vista maravillosa”.

Siguiendo la orden presidencial, el organismo afectó las tierras –un sinónimo de la expropiación-, pero otorgándoles una categoría de tierras rurales. Por ello, ofreció a la sucesión Arvelo Torrealba como compensación un precio exiguo, apenas una fracción de lo que en un momento anterior ya había pagado el Estado venezolano a los Peche para adquirir el lote donde alzó todo un complejo urbanístico, la actual Ciudad Tavacare. ¿Por qué en un caso la República usó un criterio, y en otro caso, un criterio contrario?

Una respuesta lógica y argumentada no aparece todavía. Tal vez ni siquiera la haya. Pero una de las claves de este asunto podría encontrarse encriptada en una pregunta que, en el coplero de Arvelo Torrealba, el Diablo le formula a Cantaclaro:

“Mejor si pica en la pluma/ Si sabe tanto de todo/ diga cuál es la república/ donde el tesoro es botín/ sin dificultá ninguna”.



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