El Mirador: el incierto futuro de unas ruinas
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En Guatemala se encuentra una ciudad maya de proporciones colosales, famosa y desconocida a la vez: El Mirador. Un trabajo de Plaza Pública muestra cómo este sitio -definido como "un diamante en bruto" por el arqueólogo norteamericano Richard Hansen- desata conflictos, calienta las mentes y atrae codicias.
Al
pie de la pirámide La Danta, políticos, empresarios, diplomáticos, millonarios
internacionales e incluso un príncipe, el de Mónaco, y un actor y director
hollywoodiense, Mel Gibson, se dan cita y entremezclan la pasión por una
civilización antigua con seductores planes de desarrollo turístico para este
sitio arqueológico, tan cerca y tan lejos de la Riviera Maya mexicana y sus seis
millones de visitantes anuales.
Mientras
tanto, una pequeña comunidad de 380 personas se pregunta con gran preocupación
qué será de ella cuando decaiga la
agitación.
El sueño de Richard Hansen
El
mayor impulsor y defensor de los planes turísticos para El Mirador es el
arqueólogo Richard Hansen. Investigador afiliado a la Universidad Estatal de
Idaho, graduado en la Brigham Young University, centro de estudios de confesión
mormona, obtuvo su doctorado en arqueología en la Universidad de California, Los
Ángeles. Por más de 30 años, ha sido el director de las investigaciones
arqueológicas en El Mirador, y a él se le debe la fama mundial de estas ruinas
del preclásico maya.
El
doctor Hansen tiene un gran proyecto. Este abarca no solo el sitio arqueológico,
sino también una amplia zona de 2,169 kilómetros cuadrados que ha bautizado
“cuenca Mirador”. Sobre el mapa, se presenta como un triángulo cuya base sería
la frontera norte con México, y que bajaría hacia el sur, hasta el Biotopo San
Miguel La Palotada-El Zotz, a un costado de Tikal. Allí, bajo una selva virgen
en excepcional estado de conservación duermen otras importantes ciudades mayas:
Nakbé, Tintal, Xulnal y Wakna.
“Esta
área debería ser declarada como zona silvestre libre de carreteras”, declaró
Richard Hansen a Plaza Pública.
Esta
figura de protección ambiental no existe en Guatemala, pero según el científico
podría inspirarse en modelos exitosos de Estados Unidos y Canadá. Para acceder a
los sitios, el científico promueve la construcción de un tren. Según él, esta es
la única forma de evitar la construcción de una carretera que pondría en peligro
el bosque, ya que difícilmente se podría impedir la llegada de
invasores.
En
la mente del arqueólogo también está la construcción, dentro del parque nacional
El Mirador, de un lujoso eco-lodge de a 200 dólares por noche, perfectamente
integrado en el entorno natural. La exclusividad de este complejo se justifica
por razones ecológicas: pocos turistas deben poder permanecer en una zona tan
frágil. Para las personas que no puedan hospedarse en el hotel, se prevé
acondicionar áreas de campamento.
Richard
Hansen está convencido de que El Mirador podría atraer fácilmente 30 mil
turistas al año y generar ingresos comparables o superiores a los que genera
Tikal, es decir, alrededor de 200 millones de dólares al año. Los ingresos
permitirían proseguir con las investigaciones arqueológicas, proteger la
naturaleza, y beneficiar a las comunidades aledañas gracias al flujo de turistas
que forzosamente las visitarían para tomar el
tren.
Tras la “cuenca Mirador”
La
visión de Richard Hansen está plasmada en un proyecto de ley que fue ingresado
al Congreso el 15 de julio del 2010 por el entonces diputado Manuel Baldizón.
Pero para muchos actores que han estudiado de cerca el proyecto, el problema es
que está basado en graves manipulaciones de la realidad. Suplantando las medidas
de protección ambiental que ya existen en el área, el proyecto podría poner en
peligro la reserva de la Biosfera Maya en su conjunto, y representar un gasto
millonario y ruinoso para el Estado guatemalteco. Además, les impediría a varias
comunidades forestales de la Reserva de la Biosfera Maya, entre estas Carmelita,
el vivir de sus actividades tradicionales, que son compatibles con la
conservación del bosque.
Según
los que se oponen a Hansen, la manipulación empieza por la definición misma de
la “cuenca Mirador”, que el arqueólogo define como “un sistema ecológico,
geográfico y cultural”. En realidad, el área no corresponde a la definición
geográfica de cuenca, un territorio en el que las aguas confluyen todas hacia un
mismo punto, río, lago o mar. El área está, en su mayoría, dentro de la cuenca
del Río San Pedro, un espacio mucho más amplio que llega hasta la frontera Oeste
de México y Petén. Según Roan Balas, director de la ONG ambientalista Wildlife
Conservation Society Guatemala, el trazado de Hansen es totalmente arbitrario.
El nombre “cuenca Mirador” sería en realidad un intento para darle al área que
ambiciona el arqueólogo una especificidad y una unidad que en realidad no
tiene.
El
ambientalista tampoco admite que la definición del territorio tenga argumentos
ecológicos: el mismo sistema natural se prolonga hasta los humedales de la
Laguna del Tigre, al extremo occidental del país. “A mi criterio”, agrega Roan
Balas, “la así llamada ‘cuenca Mirador’ es un invento para el control
territorial de la zona”.
Se
le reprocha también a Richard Hansen exagerar los peligros que acechan a la
“cuenca Mirador” y de divulgar una visión falsa del estado de la selva fuera de
la “cuenca”.
En
la página de internet de la Fundación para la Investigación Antropológica y
Estudios Ambientales, creada y dirigida por Hansen, se puede leer: “A menos que
se tomen medidas inmediatas, El Petén no tardará en desaparecer. Mientras las
carreteras madereras se internan cada vez más profundamente, la selva virgen
está siendo rodeada por la desolación y la destrucción”.
Los
mapas de incendios que presenta Hansen en sus conferencias dejan pensar que todo
lo que está fuera de la “cuenca Mirador” es un campo arrasado, lo cual no es
así. Roan Balas McNab afirma que: “por años, ellos han intentado posicionar la
“cuenca Mirador” como la única área que vale la pena conservar. Pero nuestros
estudios muestran que el 72% de la Reserva de la Biósfera Maya está en buenas
condiciones de conservación”.
Con
una superficie de 21,602 kilómetros cuadrados, la Reserva de la Biosfera Maya es
el espacio natural protegido más grande de Guatemala. Los mapas de cobertura
boscosa del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la
Universidad Rafael Landívar demuestran que, si bien ha sido depredada en muchos
lugares, en especial en el Parque Nacional de la Laguna del Tigre, el Parque
Nacional Sierra del Lacandón y la ruta a Carmelita, la selva se ha mantenido
prácticamente intacta en la mayor parte de la reserva. Ni la “cuenca Mirador” ni
las zonas aledañas han sido objeto de episodios de invasión y tala
rasa.
Desde
el punto de vista legal, la “cuenca Mirador” no está desprotegida. En ella se
encuentran los parques nacionales Naachtún-Dos Lagunas y El Mirador-Río Azul,
además del corredor biológico que reúne estos parques con el de la Laguna del
Tigre. En estas zonas, ningún tipo de actividad productiva es permitida. Las
otras dos terceras partes del área definida por Hansen están dentro de la
llamada zona de usos múltiples, en donde sí se puede hacer un uso sostenible de
los recursos naturales, a condición de no afectar negativamente al ecosistema.
En ese sentido, nada indica que el declarar la cuenca área protegida o zona
silvestre mejoraría su nivel de resguardo.
Exageraciones arqueológicas
En
lo arqueológico, la promoción de la “cuenca Mirador” ha llevado a Richard Hansen
a hacer afirmaciones que especialistas contactados por Plaza Pública encuentran
exageradas o falsas, o simplemente imposibles de demostrar. En una entrevista
concedida a Plaza Pública, Hansen afirmó que en la cuenca El Mirador se
encuentran “siete sitios mayores que Tikal, y ocho más del mismo tamaño”. Afirmó
también que las fronteras de la cuenca albergaron el primer Estado del
continente americano, el Reino Kan.
“Estas
cosas, a los arqueólogos nos dan risa”, afirma un colega de Hansen que pide que
no se publique su nombre. “De ninguna manera”, agrega, “se puede decir que Nakbé
o Tintal son mayores que Tikal. Tampoco se puede decir que es el primer Estado
de América. Monte Albán, en México, es anterior, y en Suramérica había ciudades
mil años antes del surgimiento de los mayas”.
Los
arqueólogos coinciden en que las exageraciones de tipo “lo más antiguo, lo más
alto, lo más grandioso” son sistemáticas por parte de Hansen. En su descargo,
añaden, esta actitud es frecuente entre los arqueólogos, quienes esperan de esta
forma atraer más fondos hacia sus investigaciones.
Exagerar
la magnitud de las ruinas de la zona podría levantar expectativas equivocadas, y
quizás llevar al Estado a invertir recursos que podrían ser destinados a otros
sitios que merecerían ser más visitados. Según Omar Samayoa, del Banco
Interamericano de Desarrollo, invertir demasiado en El Mirador sería un error.
“Hay sitios arqueológicos cuya relación costo-beneficio sería superior a la de
El Mirador. Hablo de Uaxactún, Yaxhá, Aguateca, Ceibal. Son más accesibles, y
deberían promoverse también”.
Desde
el punto de vista académico, las posibles exageraciones de Hansen molestan a
muchos de sus colegas. Además, le reprochan el que muy pocos de los hallazgos
realizados en El Mirador hayan sido objeto de publicaciones académicas. Sin
estas publicaciones, los demás especialistas no pueden evaluar las
interpretaciones y las teorías defendidas por Hansen en los medios de
comunicación masivos. Por otra parte, los arqueólogos contactados admiran la
dedicación de Hansen a su proyecto arqueológico, su carisma y el haberle
dedicado tantos años a un sitio tan complicado como El Mirador, en algunos
periodos invirtiendo su propio dinero. “Ojalá los chapines tuviéramos la décima
parte de su fuerza de convicción”, afirma un arqueólogo que no quiere que se
revele su nombre.
Llama
la atención que, de los seis arqueólogos nacionales y extranjeros con los que
Plaza Pública se puso en contacto, ninguno haya querido ser mencionado. Algunos
ni siquiera quisieron contestar preguntas acerca de El Mirador y las
afirmaciones de Hansen. El debate científico, que debiera ser abierto y público,
en este caso se cierra y se esconde. Una de las explicaciones puede ser que
muchos arqueólogos comparten las mismas fuentes de financiamiento para sus
proyectos, en especial fondos de Pacunam y del Departamento del Interior de los
Estados Unidos.
Carmelita
En
donde más temor producen los planes de Richard Hansen y el proyecto de ley 4234
es en la comunidad de Carmelita, situada en el interior de la Reserva de la
Biosfera Maya. Esta aldea, la más próxima a El Mirador, está constituida en su
mayoría por gente que extrae productos del bosque desde hace más de cien años.
La madera, el xate (pequeña palmera cuyas hojas sirven para hacer arreglos
florales) y el chicle (resina del árbol de chico zapote que sirve para fabricar
goma de mascar natural) son los productos que sustentan a Carmelita, además de
las excursiones turísticas a El Mirador y los empleos temporales que ofrece el
proyecto arqueológico de Hansen.
En
1997, el CONAP otorgó a esta comunidad una concesión forestal de 53 mil
hectáreas para extraer recursos del bosque, con la condición de que se
respetaran los objetivos de conservación de la Reserva de la Biosfera Maya. Una
cooperativa es la encargada de administrar la concesión. El temor de la
comunidad radica en que el proyecto “cuenca Mirador” le arrebata el 70% del área
concesionada. También le quitaría parte de su territorio a dos concesiones
similares: Uaxactún y Cruce a la Colorada, así como a las concesiones
industriales Paxbán y La Gloria.
En
Carmelita, las instalaciones de la cooperativa muestran el grado de desarrollo
al que ha llegado en 15 años de existencia. Cuenta con un aserradero de grandes
dimensiones, capaz de transformar en tablones las inmensas trozas de caoba,
santa maría o machiche que se arrastran desde la selva. Estas maderas preciosas
son exportadas, principalmente a los Estados Unidos. También hay un taller de
carpintería en donde la madera que no califica para la exportación es
transformada en muebles o machimbres. Un carpintero, antiguo profesor del
Intecap, enseña a seis jóvenes el oficio.
Un
gran rancho cerca de la carpintería sirve de bodega de xate. Es donde los
xateros, que pueden pasar hasta veinte días en la selva recolectando estas
hojas, depositan el producto que será seleccionado y acondicionado para su
exportación por las mujeres de la cooperativa.
El
85% de los habitantes mayores de edad de Carmelita son socios de la cooperativa.
Esta es también la principal empleadora de la comunidad. Cada año, la
cooperativa genera ingresos comprendidos entre tres y cuatro millones de
quetzales. Una vez restados los gastos, las utilidades son repartidas entre los
socios o reinvertidas en diversos proyectos como becas para estudiantes, una
telesecundaria, créditos y seguro de vida para todos los socios. El mayor
orgullo de la cooperativa son quizás las becas. Gracias a estas, se han podido
graduar nueve maestros, dos contadores y tres peritos en administración de
empresas, así como varios guías turísticos acreditados por el INGUAT. “Nuestra
visión es mejorar el nivel de vida, desarrollar capacidades en nuestra gente, y
que esto sea un proceso participativo”, explica Carlos Crasborn, el joven
presidente de la cooperativa Carmelita. En este esfuerzo, la comunidad ha
recibido apoyo continuo de organizaciones como Rainforest Alliance, WCS,
Asociación Balam, y, desde este año, de
Pacunam.
¿Manejo sustentable o depredación?
Estas
organizaciones avalan el buen manejo de los recursos forestales. Toda la madera
extraída tiene el sello de la FSC (Forest Stewardship Council o Consejo de
Administración Forestal), que certifica a las explotaciones madereras
sustentables. Para obtener esta garantía, los concesionarios deben establecer un
plan de manejo que solo les permite talar uno a dos árboles por hectárea cada 25
años. Tienen prohibido cortar árboles a menos de 150 metros de un río o en los
sitios arqueológicos. Los árboles de diámetro inferior a 55 centímetros y los
que están cargados de semillas se dejan para una próxima ocasión, 25 años más
tarde. El mayor impacto que puede tener el aprovechamiento forestal es la
apertura de caminos para sacar las trozas con tractores, y las bacadillas, zonas
en donde se opera una tala rasa de alrededor de una manzana de extensión para
acumular provisionalmente estas trozas. Aún así, la certificación FSC, que debe
ser revalidada cada año por un experto acreditado, demuestra que no se puede
hablar, como lo hace Richard Hansen, de tala inmoderada.
Sin
embargo, ambientalistas como Francisco Asturias critican duramente la labor de
los concesionarios. Asturias, representante de Fundaeco para el norte de Petén,
fue un cercano colaborador de Richard Hansen hasta hace unas semanas. Afirma
haberse alejado del arqueólogo por razones de ética profesional: la petrolera
franco-británica Perenco es ahora uno de los grandes financistas del proyecto
arqueológico de Hansen, y el ambientalista no acepta la intromisión creciente de
los directivos de la transnacional en los asuntos de El
Mirador.
Asturias
afirma que los concesionarios de Carmelita, además de cortar más árboles de lo
que tienen autorizado, cazan de forma inmoderada, abusan en la explotación de
recursos como el xate, dejan grandes cantidades de basura, y saquean sitios
arqueológicos. “Deberían sacarlos de allí, y darles una finca en otra parte para
que hagan lo que quieran”, declara. Sus críticas coinciden casi punto por punto
con las de Richard Hansen, con el matiz de que el arqueólogo no propone
desmantelar las concesiones ni evacuar a los habitantes, sino simplemente
prohibir la actividad maderera. “Dejémoslos funcionar, no hay que hacerlos
desaparecer. Pero la madera no es sostenible. El que diga que sí, miente.” La
madera genera el 60% de los ingresos de la cooperativa, y por lo tanto, esta
última no sería viable sin esta actividad.
Contrario
a las afirmaciones de Hansen y Asturias, varios
estudios
realizados por WCS demuestran que el impacto del manejo forestal ejercido tanto
por Carmelita como por las principales concesiones forestales de Petén es
moderado. Roan Balas, el director de WCS, explica que hicieron “un estudio en
diez concesiones comparando áreas de aprovechamiento forestal con áreas en donde
no se talan árboles. Se estudiaron poblaciones de aves, mariposas, mamíferos,
reptiles. Nos enfocamos”, dijo, “en áreas que habían sido aprovechadas uno o dos
años atrás para ver qué tan rápida era la recuperación del bosque. El resultado
fue que no era perceptible ninguna diferencia entre la fauna de las áreas
aprovechadas y la de las no aprovechadas. Esto nos muestra que esa estrategia
resulta a largo plazo buena”. Otro
estudio
mostró que la población de jaguares en el área de Carmelita es excepcionalmente
alta, más de once felinos por cada 100 km2. En la Amazonia brasileña, la
población es de tres jaguares por cada 100 km2. Este es un dato que a Richard
Hansen le gusta mencionar en
sus conferencias,
en apoyo a su proyecto “cuenca Mirador”, omitiendo decir que el estudio fue
realizado en las concesiones forestales que él
rechaza.
Una Reserva sin las concesiones
En
los años noventa, en la Reserva de la Biosfera Maya se formaron doce concesiones
forestales comunitarias como Carmelita, de las cuales tres fueron suspendidas o
canceladas por CONAP a causa de malos manejos. Pero nueve grandes concesiones
han tenido un desempeño satisfactorio. Según Gustavo Pinelo, de Rainforest
Alliance, “este proceso tiene éxito en un 85%”.
Muchas
organizaciones e instituciones como CONAP admiten que sin las concesiones
comunitarias, el estado de la Reserva de la Biosfera Maya sería catastrófico.
Como prueba, citan el caso de la Laguna del Tigre. Allí, en vez de dar el área
en concesión, el Estado dibujó un parque nacional sin tener los recursos para
protegerlo. Las comunidades, a veces manipuladas por grandes ganaderos o
narcotraficantes, fueron las primeras en depredarlo. “Un sistema de bajo impacto
conserva mejor las áreas que un sistema que no genera aprovechamiento”, opina
Omar Samayoa, del Banco Interamericano de Desarrollo, quien anteriormente
laboraba en Rainforest Alliance.
Las
comunidades que encuentran en el bosque su medio de subsistencia, se convierten
en su mejor vigilante. “Nadie está dispuesto a proteger cuando no hay beneficios
directos. Si queremos promover la preservación de recursos naturales, hay que
ver cómo beneficiar a las comunidades”, agrega Gustavo
Pinelo.
Dicho
esto, a nivel mundial, existe un encendido debate científico entre quienes
defienden, como Francisco Asturias, la protección total de las selvas vírgenes,
y quienes creen que sin actividades económicas de bajo impacto, esta protección
es ineficiente. Casos exitosos y desastrosos de explotación sostenible o de
protección absoluta sirven a cada bando de
argumento.
Batallas legales alrededor de la “cuenca Mirador”
Los
cooperativistas y las organizaciones que los apoyan ven con preocupación los
planes de Richard Hansen y su extraordinaria capacidad para incidir al más alto
nivel político. Ejemplo de esto, en el 2002 el arqueólogo logró que el
presidente Alfonso Portillo emitiera un acuerdo gubernativo por medio del cual
se daba existencia legal a la “cuenca Mirador”, bajo la figura de zona
arqueológica especial.
Las
concesiones, reunidas en una asociación llamada ACOFOP (Asociación de
Comunidades Forestales de Petén), lideraron un movimiento de rechazo a este
acuerdo, y después de una larga lucha, en la que obtuvieron el apoyo legal de
CALAS, lograron que fuera derogado por el presidente Óscar Berger en el
2005.
Cuando
en el 2008 Álvaro Colom llegó al poder, lanzó un gran programa para el
desarrollo del Petén, el 4 Balam. Las primeras declaraciones del mandatario
parecían bastante influenciadas por las ideas de Hansen. Sin embargo, a partir
del 2010 se modificó el proyecto 4 Balam para incluir la visión y los deseos de
las comunidades. Patricia Cifuentes, quien fue coordinadora interinstitucional
del proyecto 4 Balam explica que en el poco tiempo que quedó antes del
lanzamiento de la campaña electoral, que como cada cuatro años paraliza las
labores de los gobiernos, 4 Balam logró establecer las directrices que
permitieran la protección de la Reserva de la Biosfera Maya, entre ellas, el
desarrollo de proyectos de turismo comunitario que incluyeran sitios como
Uaxactún, Piedras Negras y El Mirador.
Con
el cambio de gobierno, el proyecto 4 Balam se ha detenido y los avances logrados
en la administración anterior parecen haber caído en saco roto. La nueva
administración aún no ha dejado en claro cuáles son sus proyectos con El
Mirador, y eso preocupa a las comunidades.
En
el 2010, el proyecto de ley 4234 ingresado por Manuel Baldizón retomó, punto por
punto, el proyecto definido por dicho acuerdo gubernativo. Esta ley pretende
crear el Área Protegida “Cuenca Mirador” y, a la vez, promover proyectos de
desarrollo turístico en esta zona. En el preámbulo del proyecto, pésima
traducción de un documento en inglés, se habla de tres mil visitantes diarios
que podrían llegar gracias a un tren eléctrico. Para lograr esto, se romperían
los contratos de concesión forestal firmados entre el Estado y las comunidades.
La ley relajaría además el nivel de protección de los Parques Nacionales El
Mirador-Río Azul y Naachtún-Dos Lagunas ya que, con la legislación vigente, no
se puede levantar en su área ningún tipo de infraestructura hotelera, ni tampoco
construir nuevas vías de acceso.
El
CONAP y el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) ya han emitido dos
dictámenes desfavorables contra esta iniciativa de ley. Según el CONAP, porque
contraviene la legislación actual sobre áreas protegidas. “Para modificar las
áreas protegidas, primero hay que hacer un estudio técnico, que debe aprobar
CONAP, que conlleve justificaciones ambientales y sociales. Ese estudio técnico
no fue presentado con esta iniciativa de ley”, recuerda Juan Carlos Carrera,
director del departamento jurídico de CONAP en el momento de emitirse este
dictamen. El IDAEH opinó que era absurdo presentar la ley como una ley de
conservación, cuando en realidad promueve la explotación turística del
área.
La
iniciativa 4234 no ha entrado en la agenda legislativa. Sin embargo, el diputado
de la bancada LIDER, Mario Yanes, afirmó a Plaza Pública que sí se le está dando
seguimiento. “Vamos a retomar la iniciativa 4234, pero antes queremos
consensuarla con la gente de las mismas áreas. Para nosotros es muy importante
porque El Mirador es una de las ciudades más grandes del imperio
maya”.
Según
Patricia Cifuentes, este tipo de proyectos promovidos por fundaciones, ONGs o
empresas privadas, son el resultado de la debilidad y falta de visión del
Estado. “El Estado es el encargado de definir un ordenamiento territorial y ejes
de desarrollo que tomen en cuenta tanto al interés general como las expectativas
locales. Cuando no existen estos lineamientos, aparecen iniciativas
individuales, que pueden no ser malintencionadas, pero en donde solo se ve el
interés de un pequeño grupo”.
¿Turismo o madera?
El
plan de Hansen conlleva prohibir toda extracción de madera. Asegura que las
comunidades podrían vivir mejor si se dedicaran a construir hostales y
restaurantes para los turistas que vendrían a Carmelita a tomar el tren hacia El
Mirador. Esa también es la visión del diputado Mario Yanes: “Tienen que ver en
esto una oportunidad para progresar económicamente, y encontrar una nueva forma
de mantener a sus familias”.
La
idea de sustituir la explotación maderera por el turismo no genera de por sí el
rechazo de los concesionarios. “Ojalá fuera cierto. ¿Pero de qué plazo estamos
hablando? En el mediano o largo plazo, podría llegar al momento en que el
turismo generara más que la madera. Pero es absurdo decirle ahora a la gente que
ya no haga aprovechamiento forestal y viva del turismo”, comenta un responsable
del proceso concesionario. Carlos Crasborn, presidente de la cooperativa
Carmelita, añade: “Si nos prohíben el manejo forestal, y tampoco nos dan trabajo
en el parque El Mirador, y si además, nos ponen un trencito que nos quita el
ingreso económico de las excursiones, la pregunta es: ¿de qué vamos a vivir? La
gente tendrá que hacer agricultura y botar el bosque”.
Si
acaso un día llegan las inversiones, los concesionarios no quieren tampoco ser
vistos como mano de obra barata. Quieren ser actores principales en el
desarrollo de un área que ocupan desde hace cien años y cuyo bosque han
conservado desde entonces. Para esto, ellos son los primeros en admitirlo,
necesitarían bastante capacitación para llevar a bien proyectos de turismo
comunitario con buenos estándares de
calidad.
Pacunam
En
el 2006, un nuevo actor irrumpió en la Reserva de la Biosfera Maya: la Fundación
Patrimonio Cultural y Natural Maya (Pacunam). Está constituida por algunas de
las mayores empresas del país y varias transnacionales: Cementos Progreso,
Cervecería Centroamericana, Wal Mart, Citi, Blue Oil, Banco Industrial, Cofiño
Stahl, entre otras. Este club de empresarios, muy cercano a Fundesa, el centro
de pensamiento del sector privado organizado, empezó siendo un fondo de ayuda a
los proyectos de Hansen.
Esto
causó zozobra entre los actores ya presentes en el Petén. Entendían que, con
este poderoso apoyo, el plan “cuenca Mirador” se haría pronto realidad. Se
vislumbraba una inversión masiva en el sector turístico y una ofensiva
legislativa para modificar el diseño de la reserva de la Biosfera
Maya.
Hasta
hace un año o dos, los discursos de los directivos de Pacunam se apegaban a los
de Richard Hansen. Por ejemplo, en una conferencia en la Universidad Francisco
Marroquín en el 2010, Fernando Paiz, uno de los fundadores de Pacunam, elogiaba
el “polo de desarrollo excepcional que constituye El
Mirador”.
“Los
empresarios tenían motivaciones empresariales: Hansen les vendió su proyecto”,
opina Byron Castellanos, director de Asociación Balam, organización que apoya a
las concesiones forestales, y administra fondos de Pacunam. “Pero luego, se
dieron cuenta de que ese era un proyecto equivocado y que no era tan fácil: allí
había población, ONGs, otro tipo de actores. Vieron que no había figura de
co-manejo posible, y que no se puede comprar El Mirador”.
Hoy
en día, el discurso de la fundación ha cambiado radicalmente. “Estamos
conscientes que El Mirador jamás será un Tikal: no puede haber inversión
turística masiva”, afirma Hilda María Morales, coordinadora de proyectos de
Pacunam. “La legislación actual no lo permite. Además, existen otros frenos como
el poco acceso al agua”. Hilda María Morales ve poco factible la construcción de
un tren, y por ende, de un acceso fácil a las ruinas.
Desde
entonces, Pacunam ha reenfocado su actividad. Ya no financia exclusivamente las
investigaciones arqueológicas en El Mirador, sino que además aporta y gestiona
fondos para otros sitios como El Perú, La Corona, Naachtún o El Zotz. Por otra
parte, ha implementado acuerdos de conservación con varias comunidades:
Carmelita, Uaxactún, Paso Caballos y Dos Aguadas. Estos acuerdos permiten apoyar
económicamente a las comunidades en sus tareas de control y vigilancia sobre el
área concesionada y el control de incendios.
Personas
vinculadas con el proceso concesionario aún ven con mucho recelo la llegada de
Pacunam. Creen que detrás de los programas de ayuda hay una estrategia para
disminuir la oposición de las comunidades y, al final, apoderarse de los
servicios turísticos generados por El Mirador, relegando a los comunitarios al
rango de simples empleados. Sin embargo, no hay hechos que permitan fundamentar
este temor. Una persona que trabajó de cerca con Pacunam afirma que esta tiene
la misma finalidad que cualquier otra fundación privada: obtener deducciones de
impuestos a cambio de realizar tareas que son obligación del Estado, pero que el
Estado no cumple. Pero no cree que el objetivo sea apropiarse de una u otra
forma de El Mirador.
Turismo de bajo impacto
Tanto
Pacunam como las ONGs ambientalistas afirman que el futuro de El Mirador no es
el desarrollo turístico masivo, sino el turismo de aventura. Le apuestan a
mejorar la ruta Carmelita-El Mirador: un circuito de cinco días que se realiza a
pie o a lomo de mula. Si por ahora la infraestructura es inexistente, el Banco
Interamericano de Desarrollo acaba de otorgar un préstamo con el que se podrán
construir áreas de campamento, baños, duchas, cocinas y corrales para las
bestias. La licitación para estas obras está próxima a ser publicada. Conforme
al contrato de concesión, la cooperativa Carmelita debería ser la principal
beneficiada de estas mejoras.
Richard
Hansen no cree en esta solución: “No puede ser rentable si vamos caminando.
Además, si mandamos a diez mil gentes caminando, ¿cuánta deforestación va a
haber a causa del ramoneo de las mulas, ya que las mulas comen hojas de ramón?
Los senderos están llenos de garrapatas, de heces de mulas, lombrices. Estamos
condenando al bosque”.
Según
estudios financiados por Pacunam, la capacidad máxima del sendero sería, una vez
en pie la infraestructura mínima, de 147 personas por día, es decir 53,655 por
año. Actualmente, entre 2 mil y 3 mil personas visitan El Mirador, aunque en el
2012, con el 13 Baktun, se piensa que el número de visitantes llegará a 4 mil.
Es imposible saber si, con la nueva infraestructura estas cifras aumentarán
sustancialmente.
Actualmente,
la entrada al parque El Mirador es gratuita: el visitante solo debe pagar de
Q2,000 a Q3,000 por cinco días de excursión. Pero en un futuro cercano, la
entrada sí tendrá un costo, que servirá para el mantenimiento de la ruta y del
sitio arqueológico. Aún no se ha oficializado su precio, pero, según Carlos
Crasborn, presidente de la cooperativa Carmelita, en las reuniones con los
diversos actores implicados en el desarrollo de la ruta, se manejan cifras de
Q200 para los nacionales y Q800 para los extranjeros. Para el líder comunitario,
el sobreprecio podría desalentar a los visitantes, generalmente turistas jóvenes
sin excesivos recursos.
Después
de tanta agitación, príncipes, empresarios, millonarios internacionales, puede
que El Mirador no pase de ser un destino turístico muy alternativo, reservado a
los que gocen de buena condición física, puedan pagar el costo y tengan cinco
días que dedicarle. Las ruinas de La Danta y La Tigra seguirán entonces
disfrutando de su sueño milenario, apartadas de las grandes
multitudes.