El Mirador: el incierto futuro de unas ruinas

El mayor impulsor y defensor de los planes turísticos para El Mirador es el arqueólogo Richard Hansen. Investigador afiliado a la Universidad Estatal de Idaho, graduado en la Brigham Young University, centro de estudios de confesión mormona, obtuvo su doctorado en arqueología en la Universidad de California, Los Ángeles. Por más de 30 años, ha sido el director de las investigaciones arqueológicas en El Mirador, y a él se le debe la fama mundial de estas ruinas del preclásico maya.

El doctor Hansen tiene un gran proyecto. Este abarca no solo el sitio arqueológico, sino también una amplia zona de 2,169 kilómetros cuadrados que ha bautizado “cuenca Mirador”. Sobre el mapa, se presenta como un triángulo cuya base sería la frontera norte con México, y que bajaría hacia el sur, hasta el Biotopo San Miguel La Palotada-El Zotz, a un costado de Tikal. Allí, bajo una selva virgen en excepcional estado de conservación duermen otras importantes ciudades mayas: Nakbé, Tintal, Xulnal y Wakna.

“Esta área debería ser declarada como zona silvestre libre de carreteras”, declaró Richard Hansen a Plaza Pública.

Esta figura de protección ambiental no existe en Guatemala, pero según el científico podría inspirarse en modelos exitosos de Estados Unidos y Canadá. Para acceder a los sitios, el científico promueve la construcción de un tren. Según él, esta es la única forma de evitar la construcción de una carretera que pondría en peligro el bosque, ya que difícilmente se podría impedir la llegada de invasores.

En la mente del arqueólogo también está la construcción, dentro del parque nacional El Mirador, de un lujoso eco-lodge de a 200 dólares por noche, perfectamente integrado en el entorno natural. La exclusividad de este complejo se justifica por razones ecológicas: pocos turistas deben poder permanecer en una zona tan frágil. Para las personas que no puedan hospedarse en el hotel, se prevé acondicionar áreas de campamento.

Richard Hansen está convencido de que El Mirador podría atraer fácilmente 30 mil turistas al año y generar ingresos comparables o superiores a los que genera Tikal, es decir, alrededor de 200 millones de dólares al año. Los ingresos permitirían proseguir con las investigaciones arqueológicas, proteger la naturaleza, y beneficiar a las comunidades aledañas gracias al flujo de turistas que forzosamente las visitarían para tomar el tren.

La visión de Richard Hansen está plasmada en un proyecto de ley que fue ingresado al Congreso el 15 de julio del 2010 por el entonces diputado Manuel Baldizón. Pero para muchos actores que han estudiado de cerca el proyecto, el problema es que está basado en graves manipulaciones de la realidad. Suplantando las medidas de protección ambiental que ya existen en el área, el proyecto podría poner en peligro la reserva de la Biosfera Maya en su conjunto, y representar un gasto millonario y ruinoso para el Estado guatemalteco. Además, les impediría a varias comunidades forestales de la Reserva de la Biosfera Maya, entre estas Carmelita, el vivir de sus actividades tradicionales, que son compatibles con la conservación del bosque.

Según los que se oponen a Hansen, la manipulación empieza por la definición misma de la “cuenca Mirador”, que el arqueólogo define como “un sistema ecológico, geográfico y cultural”. En realidad, el área no corresponde a la definición geográfica de cuenca, un territorio en el que las aguas confluyen todas hacia un mismo punto, río, lago o mar. El área está, en su mayoría, dentro de la cuenca del Río San Pedro, un espacio mucho más amplio que llega hasta la frontera Oeste de México y Petén. Según Roan Balas, director de la ONG ambientalista Wildlife Conservation Society Guatemala, el trazado de Hansen es totalmente arbitrario. El nombre “cuenca Mirador” sería en realidad un intento para darle al área que ambiciona el arqueólogo una especificidad y una unidad que en realidad no tiene.

El ambientalista tampoco admite que la definición del territorio tenga argumentos ecológicos: el mismo sistema natural se prolonga hasta los humedales de la Laguna del Tigre, al extremo occidental del país. “A mi criterio”, agrega Roan Balas, “la así llamada ‘cuenca Mirador’ es un invento para el control territorial de la zona”.

Se le reprocha también a Richard Hansen exagerar los peligros que acechan a la “cuenca Mirador” y de divulgar una visión falsa del estado de la selva fuera de la “cuenca”.

En la página de internet de la Fundación para la Investigación Antropológica y Estudios Ambientales, creada y dirigida por Hansen, se puede leer: “A menos que se tomen medidas inmediatas, El Petén no tardará en desaparecer. Mientras las carreteras madereras se internan cada vez más profundamente, la selva virgen está siendo rodeada por la desolación y la destrucción”.

Los mapas de incendios que presenta Hansen en sus conferencias dejan pensar que todo lo que está fuera de la “cuenca Mirador” es un campo arrasado, lo cual no es así. Roan Balas McNab afirma que: “por años, ellos han intentado posicionar la “cuenca Mirador” como la única área que vale la pena conservar. Pero nuestros estudios muestran que el 72% de la Reserva de la Biósfera Maya está en buenas condiciones de conservación”.

Con una superficie de 21,602 kilómetros cuadrados, la Reserva de la Biosfera Maya es el espacio natural protegido más grande de Guatemala. Los mapas de cobertura boscosa del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar demuestran que, si bien ha sido depredada en muchos lugares, en especial en el Parque Nacional de la Laguna del Tigre, el Parque Nacional Sierra del Lacandón y la ruta a Carmelita, la selva se ha mantenido prácticamente intacta en la mayor parte de la reserva. Ni la “cuenca Mirador” ni las zonas aledañas han sido objeto de episodios de invasión y tala rasa.

Desde el punto de vista legal, la “cuenca Mirador” no está desprotegida. En ella se encuentran los parques nacionales Naachtún-Dos Lagunas y El Mirador-Río Azul, además del corredor biológico que reúne estos parques con el de la Laguna del Tigre. En estas zonas, ningún tipo de actividad productiva es permitida. Las otras dos terceras partes del área definida por Hansen están dentro de la llamada zona de usos múltiples, en donde sí se puede hacer un uso sostenible de los recursos naturales, a condición de no afectar negativamente al ecosistema. En ese sentido, nada indica que el declarar la cuenca área protegida o zona silvestre mejoraría su nivel de resguardo.

En lo arqueológico, la promoción de la “cuenca Mirador” ha llevado a Richard Hansen a hacer afirmaciones que especialistas contactados por Plaza Pública encuentran exageradas o falsas, o simplemente imposibles de demostrar. En una entrevista concedida a Plaza Pública, Hansen afirmó que en la cuenca El Mirador se encuentran “siete sitios mayores que Tikal, y ocho más del mismo tamaño”. Afirmó también que las fronteras de la cuenca albergaron el primer Estado del continente americano, el Reino Kan.

“Estas cosas, a los arqueólogos nos dan risa”, afirma un colega de Hansen que pide que no se publique su nombre. “De ninguna manera”, agrega, “se puede decir que Nakbé o Tintal son mayores que Tikal. Tampoco se puede decir que es el primer Estado de América. Monte Albán, en México, es anterior, y en Suramérica había ciudades mil años antes del surgimiento de los mayas”.

Los arqueólogos coinciden en que las exageraciones de tipo “lo más antiguo, lo más alto, lo más grandioso” son sistemáticas por parte de Hansen. En su descargo, añaden, esta actitud es frecuente entre los arqueólogos, quienes esperan de esta forma atraer más fondos hacia sus investigaciones.

Exagerar la magnitud de las ruinas de la zona podría levantar expectativas equivocadas, y quizás llevar al Estado a invertir recursos que podrían ser destinados a otros sitios que merecerían ser más visitados. Según Omar Samayoa, del Banco Interamericano de Desarrollo, invertir demasiado en El Mirador sería un error. “Hay sitios arqueológicos cuya relación costo-beneficio sería superior a la de El Mirador. Hablo de Uaxactún, Yaxhá, Aguateca, Ceibal. Son más accesibles, y deberían promoverse también”.

Desde el punto de vista académico, las posibles exageraciones de Hansen molestan a muchos de sus colegas. Además, le reprochan el que muy pocos de los hallazgos realizados en El Mirador hayan sido objeto de publicaciones académicas. Sin estas publicaciones, los demás especialistas no pueden evaluar las interpretaciones y las teorías defendidas por Hansen en los medios de comunicación masivos. Por otra parte, los arqueólogos contactados admiran la dedicación de Hansen a su proyecto arqueológico, su carisma y el haberle dedicado tantos años a un sitio tan complicado como El Mirador, en algunos periodos invirtiendo su propio dinero. “Ojalá los chapines tuviéramos la décima parte de su fuerza de convicción”, afirma un arqueólogo que no quiere que se revele su nombre.

Llama la atención que, de los seis arqueólogos nacionales y extranjeros con los que Plaza Pública se puso en contacto, ninguno haya querido ser mencionado. Algunos ni siquiera quisieron contestar preguntas acerca de El Mirador y las afirmaciones de Hansen. El debate científico, que debiera ser abierto y público, en este caso se cierra y se esconde. Una de las explicaciones puede ser que muchos arqueólogos comparten las mismas fuentes de financiamiento para sus proyectos, en especial fondos de Pacunam y del Departamento del Interior de los Estados Unidos.

En donde más temor producen los planes de Richard Hansen y el proyecto de ley 4234 es en la comunidad de Carmelita, situada en el interior de la Reserva de la Biosfera Maya. Esta aldea, la más próxima a El Mirador, está constituida en su mayoría por gente que extrae productos del bosque desde hace más de cien años. La madera, el xate (pequeña palmera cuyas hojas sirven para hacer arreglos florales) y el chicle (resina del árbol de chico zapote que sirve para fabricar goma de mascar natural) son los productos que sustentan a Carmelita, además de las excursiones turísticas a El Mirador y los empleos temporales que ofrece el proyecto arqueológico de Hansen.

En 1997, el CONAP otorgó a esta comunidad una concesión forestal de 53 mil hectáreas para extraer recursos del bosque, con la condición de que se respetaran los objetivos de conservación de la Reserva de la Biosfera Maya. Una cooperativa es la encargada de administrar la concesión. El temor de la comunidad radica en que el proyecto “cuenca Mirador” le arrebata el 70% del área concesionada. También le quitaría parte de su territorio a dos concesiones similares: Uaxactún y Cruce a la Colorada, así como a las concesiones industriales Paxbán y La Gloria.

En Carmelita, las instalaciones de la cooperativa muestran el grado de desarrollo al que ha llegado en 15 años de existencia. Cuenta con un aserradero de grandes dimensiones, capaz de transformar en tablones las inmensas trozas de caoba, santa maría o machiche que se arrastran desde la selva. Estas maderas preciosas son exportadas, principalmente a los Estados Unidos. También hay un taller de carpintería en donde la madera que no califica para la exportación es transformada en muebles o machimbres. Un carpintero, antiguo profesor del Intecap, enseña a seis jóvenes el oficio.

Un gran rancho cerca de la carpintería sirve de bodega de xate. Es donde los xateros, que pueden pasar hasta veinte días en la selva recolectando estas hojas, depositan el producto que será seleccionado y acondicionado para su exportación por las mujeres de la cooperativa.

El 85% de los habitantes mayores de edad de Carmelita son socios de la cooperativa. Esta es también la principal empleadora de la comunidad. Cada año, la cooperativa genera ingresos comprendidos entre tres y cuatro millones de quetzales. Una vez restados los gastos, las utilidades son repartidas entre los socios o reinvertidas en diversos proyectos como becas para estudiantes, una telesecundaria, créditos y seguro de vida para todos los socios. El mayor orgullo de la cooperativa son quizás las becas. Gracias a estas, se han podido graduar nueve maestros, dos contadores y tres peritos en administración de empresas, así como varios guías turísticos acreditados por el INGUAT. “Nuestra visión es mejorar el nivel de vida, desarrollar capacidades en nuestra gente, y que esto sea un proceso participativo”, explica Carlos Crasborn, el joven presidente de la cooperativa Carmelita. En este esfuerzo, la comunidad ha recibido apoyo continuo de organizaciones como Rainforest Alliance, WCS, Asociación Balam, y, desde este año, de Pacunam.

Estas organizaciones avalan el buen manejo de los recursos forestales. Toda la madera extraída tiene el sello de la FSC (Forest Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal), que certifica a las explotaciones madereras sustentables. Para obtener esta garantía, los concesionarios deben establecer un plan de manejo que solo les permite talar uno a dos árboles por hectárea cada 25 años. Tienen prohibido cortar árboles a menos de 150 metros de un río o en los sitios arqueológicos. Los árboles de diámetro inferior a 55 centímetros y los que están cargados de semillas se dejan para una próxima ocasión, 25 años más tarde. El mayor impacto que puede tener el aprovechamiento forestal es la apertura de caminos para sacar las trozas con tractores, y las bacadillas, zonas en donde se opera una tala rasa de alrededor de una manzana de extensión para acumular provisionalmente estas trozas. Aún así, la certificación FSC, que debe ser revalidada cada año por un experto acreditado, demuestra que no se puede hablar, como lo hace Richard Hansen, de tala inmoderada.

Sin embargo, ambientalistas como Francisco Asturias critican duramente la labor de los concesionarios. Asturias, representante de Fundaeco para el norte de Petén, fue un cercano colaborador de Richard Hansen hasta hace unas semanas. Afirma haberse alejado del arqueólogo por razones de ética profesional: la petrolera franco-británica Perenco es ahora uno de los grandes financistas del proyecto arqueológico de Hansen, y el ambientalista no acepta la intromisión creciente de los directivos de la transnacional en los asuntos de El Mirador.

Asturias afirma que los concesionarios de Carmelita, además de cortar más árboles de lo que tienen autorizado, cazan de forma inmoderada, abusan en la explotación de recursos como el xate, dejan grandes cantidades de basura, y saquean sitios arqueológicos. “Deberían sacarlos de allí, y darles una finca en otra parte para que hagan lo que quieran”, declara. Sus críticas coinciden casi punto por punto con las de Richard Hansen, con el matiz de que el arqueólogo no propone desmantelar las concesiones ni evacuar a los habitantes, sino simplemente prohibir la actividad maderera. “Dejémoslos funcionar, no hay que hacerlos desaparecer. Pero la madera no es sostenible. El que diga que sí, miente.” La madera genera el 60% de los ingresos de la cooperativa, y por lo tanto, esta última no sería viable sin esta actividad.

Contrario a las afirmaciones de Hansen y Asturias, varios estudios realizados por WCS demuestran que el impacto del manejo forestal ejercido tanto por Carmelita como por las principales concesiones forestales de Petén es moderado. Roan Balas, el director de WCS, explica que hicieron “un estudio en diez concesiones comparando áreas de aprovechamiento forestal con áreas en donde no se talan árboles. Se estudiaron poblaciones de aves, mariposas, mamíferos, reptiles. Nos enfocamos”, dijo, “en áreas que habían sido aprovechadas uno o dos años atrás para ver qué tan rápida era la recuperación del bosque. El resultado fue que no era perceptible ninguna diferencia entre la fauna de las áreas aprovechadas y la de las no aprovechadas. Esto nos muestra que esa estrategia resulta a largo plazo buena”. Otro estudio mostró que la población de jaguares en el área de Carmelita es excepcionalmente alta, más de once felinos por cada 100 km2. En la Amazonia brasileña, la población es de tres jaguares por cada 100 km2. Este es un dato que a Richard Hansen le gusta mencionar en sus conferencias, en apoyo a su proyecto “cuenca Mirador”, omitiendo decir que el estudio fue realizado en las concesiones forestales que él rechaza.

En los años noventa, en la Reserva de la Biosfera Maya se formaron doce concesiones forestales comunitarias como Carmelita, de las cuales tres fueron suspendidas o canceladas por CONAP a causa de malos manejos. Pero nueve grandes concesiones han tenido un desempeño satisfactorio. Según Gustavo Pinelo, de Rainforest Alliance, “este proceso tiene éxito en un 85%”.

Muchas organizaciones e instituciones como CONAP admiten que sin las concesiones comunitarias, el estado de la Reserva de la Biosfera Maya sería catastrófico. Como prueba, citan el caso de la Laguna del Tigre. Allí, en vez de dar el área en concesión, el Estado dibujó un parque nacional sin tener los recursos para protegerlo. Las comunidades, a veces manipuladas por grandes ganaderos o narcotraficantes, fueron las primeras en depredarlo. “Un sistema de bajo impacto conserva mejor las áreas que un sistema que no genera aprovechamiento”, opina Omar Samayoa, del Banco Interamericano de Desarrollo, quien anteriormente laboraba en Rainforest Alliance.

Las comunidades que encuentran en el bosque su medio de subsistencia, se convierten en su mejor vigilante. “Nadie está dispuesto a proteger cuando no hay beneficios directos. Si queremos promover la preservación de recursos naturales, hay que ver cómo beneficiar a las comunidades”, agrega Gustavo Pinelo.

Dicho esto, a nivel mundial, existe un encendido debate científico entre quienes defienden, como Francisco Asturias, la protección total de las selvas vírgenes, y quienes creen que sin actividades económicas de bajo impacto, esta protección es ineficiente. Casos exitosos y desastrosos de explotación sostenible o de protección absoluta sirven a cada bando de argumento.

Los cooperativistas y las organizaciones que los apoyan ven con preocupación los planes de Richard Hansen y su extraordinaria capacidad para incidir al más alto nivel político. Ejemplo de esto, en el 2002 el arqueólogo logró que el presidente Alfonso Portillo emitiera un acuerdo gubernativo por medio del cual se daba existencia legal a la “cuenca Mirador”, bajo la figura de zona arqueológica especial.

Las concesiones, reunidas en una asociación llamada ACOFOP (Asociación de Comunidades Forestales de Petén), lideraron un movimiento de rechazo a este acuerdo, y después de una larga lucha, en la que obtuvieron el apoyo legal de CALAS, lograron que fuera derogado por el presidente Óscar Berger en el 2005.

Cuando en el 2008 Álvaro Colom llegó al poder, lanzó un gran programa para el desarrollo del Petén, el 4 Balam. Las primeras declaraciones del mandatario parecían bastante influenciadas por las ideas de Hansen. Sin embargo, a partir del 2010 se modificó el proyecto 4 Balam para incluir la visión y los deseos de las comunidades. Patricia Cifuentes, quien fue coordinadora interinstitucional del proyecto 4 Balam explica que en el poco tiempo que quedó antes del lanzamiento de la campaña electoral, que como cada cuatro años paraliza las labores de los gobiernos, 4 Balam logró establecer las directrices que permitieran la protección de la Reserva de la Biosfera Maya, entre ellas, el desarrollo de proyectos de turismo comunitario que incluyeran sitios como Uaxactún, Piedras Negras y El Mirador.

Con el cambio de gobierno, el proyecto 4 Balam se ha detenido y los avances logrados en la administración anterior parecen haber caído en saco roto. La nueva administración aún no ha dejado en claro cuáles son sus proyectos con El Mirador, y eso preocupa a las comunidades.

En el 2010, el proyecto de ley 4234 ingresado por Manuel Baldizón retomó, punto por punto, el proyecto definido por dicho acuerdo gubernativo. Esta ley pretende crear el Área Protegida “Cuenca Mirador” y, a la vez, promover proyectos de desarrollo turístico en esta zona. En el preámbulo del proyecto, pésima traducción de un documento en inglés, se habla de tres mil visitantes diarios que podrían llegar gracias a un tren eléctrico. Para lograr esto, se romperían los contratos de concesión forestal firmados entre el Estado y las comunidades. La ley relajaría además el nivel de protección de los Parques Nacionales El Mirador-Río Azul y Naachtún-Dos Lagunas ya que, con la legislación vigente, no se puede levantar en su área ningún tipo de infraestructura hotelera, ni tampoco construir nuevas vías de acceso.

El CONAP y el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) ya han emitido dos dictámenes desfavorables contra esta iniciativa de ley. Según el CONAP, porque contraviene la legislación actual sobre áreas protegidas. “Para modificar las áreas protegidas, primero hay que hacer un estudio técnico, que debe aprobar CONAP, que conlleve justificaciones ambientales y sociales. Ese estudio técnico no fue presentado con esta iniciativa de ley”, recuerda Juan Carlos Carrera, director del departamento jurídico de CONAP en el momento de emitirse este dictamen. El IDAEH opinó que era absurdo presentar la ley como una ley de conservación, cuando en realidad promueve la explotación turística del área.

La iniciativa 4234 no ha entrado en la agenda legislativa. Sin embargo, el diputado de la bancada LIDER, Mario Yanes, afirmó a Plaza Pública que sí se le está dando seguimiento. “Vamos a retomar la iniciativa 4234, pero antes queremos consensuarla con la gente de las mismas áreas. Para nosotros es muy importante porque El Mirador es una de las ciudades más grandes del imperio maya”.

Según Patricia Cifuentes, este tipo de proyectos promovidos por fundaciones, ONGs o empresas privadas, son el resultado de la debilidad y falta de visión del Estado. “El Estado es el encargado de definir un ordenamiento territorial y ejes de desarrollo que tomen en cuenta tanto al interés general como las expectativas locales. Cuando no existen estos lineamientos, aparecen iniciativas individuales, que pueden no ser malintencionadas, pero en donde solo se ve el interés de un pequeño grupo”.

El plan de Hansen conlleva prohibir toda extracción de madera. Asegura que las comunidades podrían vivir mejor si se dedicaran a construir hostales y restaurantes para los turistas que vendrían a Carmelita a tomar el tren hacia El Mirador. Esa también es la visión del diputado Mario Yanes: “Tienen que ver en esto una oportunidad para progresar económicamente, y encontrar una nueva forma de mantener a sus familias”.

La idea de sustituir la explotación maderera por el turismo no genera de por sí el rechazo de los concesionarios. “Ojalá fuera cierto. ¿Pero de qué plazo estamos hablando? En el mediano o largo plazo, podría llegar al momento en que el turismo generara más que la madera. Pero es absurdo decirle ahora a la gente que ya no haga aprovechamiento forestal y viva del turismo”, comenta un responsable del proceso concesionario. Carlos Crasborn, presidente de la cooperativa Carmelita, añade: “Si nos prohíben el manejo forestal, y tampoco nos dan trabajo en el parque El Mirador, y si además, nos ponen un trencito que nos quita el ingreso económico de las excursiones, la pregunta es: ¿de qué vamos a vivir? La gente tendrá que hacer agricultura y botar el bosque”.

Si acaso un día llegan las inversiones, los concesionarios no quieren tampoco ser vistos como mano de obra barata. Quieren ser actores principales en el desarrollo de un área que ocupan desde hace cien años y cuyo bosque han conservado desde entonces. Para esto, ellos son los primeros en admitirlo, necesitarían bastante capacitación para llevar a bien proyectos de turismo comunitario con buenos estándares de calidad.

En el 2006, un nuevo actor irrumpió en la Reserva de la Biosfera Maya: la Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya (Pacunam). Está constituida por algunas de las mayores empresas del país y varias transnacionales: Cementos Progreso, Cervecería Centroamericana, Wal Mart, Citi, Blue Oil, Banco Industrial, Cofiño Stahl, entre otras. Este club de empresarios, muy cercano a Fundesa, el centro de pensamiento del sector privado organizado, empezó siendo un fondo de ayuda a los proyectos de Hansen.

Esto causó zozobra entre los actores ya presentes en el Petén. Entendían que, con este poderoso apoyo, el plan “cuenca Mirador” se haría pronto realidad. Se vislumbraba una inversión masiva en el sector turístico y una ofensiva legislativa para modificar el diseño de la reserva de la Biosfera Maya.

Hasta hace un año o dos, los discursos de los directivos de Pacunam se apegaban a los de Richard Hansen. Por ejemplo, en una conferencia en la Universidad Francisco Marroquín en el 2010, Fernando Paiz, uno de los fundadores de Pacunam, elogiaba el “polo de desarrollo excepcional que constituye El Mirador”.

“Los empresarios tenían motivaciones empresariales: Hansen les vendió su proyecto”, opina Byron Castellanos, director de Asociación Balam, organización que apoya a las concesiones forestales, y administra fondos de Pacunam. “Pero luego, se dieron cuenta de que ese era un proyecto equivocado y que no era tan fácil: allí había población, ONGs, otro tipo de actores. Vieron que no había figura de co-manejo posible, y que no se puede comprar El Mirador”.

Hoy en día, el discurso de la fundación ha cambiado radicalmente. “Estamos conscientes que El Mirador jamás será un Tikal: no puede haber inversión turística masiva”, afirma Hilda María Morales, coordinadora de proyectos de Pacunam. “La legislación actual no lo permite. Además, existen otros frenos como el poco acceso al agua”. Hilda María Morales ve poco factible la construcción de un tren, y por ende, de un acceso fácil a las ruinas.

Desde entonces, Pacunam ha reenfocado su actividad. Ya no financia exclusivamente las investigaciones arqueológicas en El Mirador, sino que además aporta y gestiona fondos para otros sitios como El Perú, La Corona, Naachtún o El Zotz. Por otra parte, ha implementado acuerdos de conservación con varias comunidades: Carmelita, Uaxactún, Paso Caballos y Dos Aguadas. Estos acuerdos permiten apoyar económicamente a las comunidades en sus tareas de control y vigilancia sobre el área concesionada y el control de incendios.

Personas vinculadas con el proceso concesionario aún ven con mucho recelo la llegada de Pacunam. Creen que detrás de los programas de ayuda hay una estrategia para disminuir la oposición de las comunidades y, al final, apoderarse de los servicios turísticos generados por El Mirador, relegando a los comunitarios al rango de simples empleados. Sin embargo, no hay hechos que permitan fundamentar este temor. Una persona que trabajó de cerca con Pacunam afirma que esta tiene la misma finalidad que cualquier otra fundación privada: obtener deducciones de impuestos a cambio de realizar tareas que son obligación del Estado, pero que el Estado no cumple. Pero no cree que el objetivo sea apropiarse de una u otra forma de El Mirador.

Tanto Pacunam como las ONGs ambientalistas afirman que el futuro de El Mirador no es el desarrollo turístico masivo, sino el turismo de aventura. Le apuestan a mejorar la ruta Carmelita-El Mirador: un circuito de cinco días que se realiza a pie o a lomo de mula. Si por ahora la infraestructura es inexistente, el Banco Interamericano de Desarrollo acaba de otorgar un préstamo con el que se podrán construir áreas de campamento, baños, duchas, cocinas y corrales para las bestias. La licitación para estas obras está próxima a ser publicada. Conforme al contrato de concesión, la cooperativa Carmelita debería ser la principal beneficiada de estas mejoras.  

Richard Hansen no cree en esta solución: “No puede ser rentable si vamos caminando. Además, si mandamos a diez mil gentes caminando, ¿cuánta deforestación va a haber a causa del ramoneo de las mulas, ya que las mulas comen hojas de ramón? Los senderos están llenos de garrapatas, de heces de mulas, lombrices. Estamos condenando al bosque”.

Según estudios financiados por Pacunam, la capacidad máxima del sendero sería, una vez en pie la infraestructura mínima, de 147 personas por día, es decir 53,655 por año. Actualmente, entre 2 mil y 3 mil personas visitan El Mirador, aunque en el 2012, con el 13 Baktun, se piensa que el número de visitantes llegará a 4 mil. Es imposible saber si, con la nueva infraestructura estas cifras aumentarán sustancialmente.

Actualmente, la entrada al parque El Mirador es gratuita: el visitante solo debe pagar de Q2,000 a Q3,000 por cinco días de excursión. Pero en un futuro cercano, la entrada sí tendrá un costo, que servirá para el mantenimiento de la ruta y del sitio arqueológico. Aún no se ha oficializado su precio, pero, según Carlos Crasborn, presidente de la cooperativa Carmelita, en las reuniones con los diversos actores implicados en el desarrollo de la ruta, se manejan cifras de Q200 para los nacionales y Q800 para los extranjeros. Para el líder comunitario, el sobreprecio podría desalentar a los visitantes, generalmente turistas jóvenes sin excesivos recursos.

Después de tanta agitación, príncipes, empresarios, millonarios internacionales, puede que El Mirador no pase de ser un destino turístico muy alternativo, reservado a los que gocen de buena condición física, puedan pagar el costo y tengan cinco días que dedicarle. Las ruinas de La Danta y La Tigra seguirán entonces disfrutando de su sueño milenario, apartadas de las grandes multitudes.