La empresa que tuvo éxito antes de existir
Un consorcio argentino del terruño de los Kirchner obtuvo en diciembre pasado un proyecto para la construcción de 10.000 casas en el estado Carabobo. Conlat es su nombre, registrado en Buenos Aires 25 días después de que en el palacio de Miraflores se anunció la adjudicación. Entre sus socios se encuentran tres inversionistas de la provincia de Santa Cruz cuyas conexiones con el poder parecen justificar la buena racha que tiene en Argentina y empieza a tener en otras tierras. Aunque en Venezuela todavía no haya todavía otro rastro ni de la empresa ni de las viviendas que debe levantar.
El pasado 1 de diciembre de 2011, toda
Venezuela pudo ver en cadena nacional de radio y TV, desde el Palacio de
Miraflores, el momento en que el presidente Hugo Chávez obsequió a la presidenta
argentina, Cristina Fernández de Kirchner, un cuadro de su propia autoría que lo
muestra en apretado abrazo con el difunto Néstor Kirchner. La ceremonia, simple
pero emotiva, fue ocasión para las lágrimas y palabras de agradecimiento de la
mandataria argentina. Una atmósfera entrañable parecía coronar entonces la
cúspide de la cooperación entre dos naciones y de la convergencia entre dos
proyectos políticos.
Minutos después, en el marco de la firma de
35 convenios de cooperación, la locutora del acto leyó el punto 6 de la minuta
de la reunión binacional, que contenía un “acuerdo marco de cooperación en
materia de vivienda y hábitat”, el primero en este rubro firmado por ambos
países. Lo firmaron el canciller argentino, Héctor Timerman, y el ministro de
Vivienda y Hábitat venezolano, Ricardo Molina, y en los hechos significaba la
llave de ingreso de las empresas argentinas a la Gran Misión Vivienda Venezuela,
el colosal programa de construcción que impulsa el gobierno venezolano en este
año electoral. La locutora agregó que como “acuerdo complementario” se
suscribiría también un convenio “para la construcción de 10.000 viviendas en el
estado Carabobo con la empresa Conlat”.
Detrás de las declaraciones rimbombantes del
protocolo, sin embargo, yacía una realidad más cruda. Pues, como demuestra esta
investigación de un equipo argentino-venezolano de reporteros, la denominación
“Conlat” describe a un extraño consorcio, que incluye como pares a una experta
empresa de ingeniería y a una compañía de inversores de Santa Cruz -la provincia
patagónica que es el terruño de la dinastía Kirchner- que pusieron plata para la
campaña presidencial de la Cristina de Kirchner, pero que no había sido
constituida todavía para el momento del anuncio y la firma oficial en Caracas.
Negocios por adelantado
En realidad, Conlat solo llega a
constituirse el 26 de diciembre de 2011, 25 días después del acto en Miraflores.
El 1 de diciembre, mientras en el palacio de la avenida Urdaneta se celebraba la
lacrimógena ceremonia, Conlat no existía. O, mejor dicho: ya debía existir en la
mente de unas pocas y bien avisadas personas, entre ellas sin duda el ministro
argentino de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De
Vido, quien -como siempre- intervino directamente en la negociación de esa tanda
de acuerdos con Venezuela.
De Vido, originario de Santa Cruz, ha estado
junto a los Kirchner desde la época en que Néstor, el patriarca, estuvo en la
gobernación de la provincia, y los acompañó ya desde su entrada a la presidencia
de Argentina en 2003. En sus gestiones como funcionario público, De Vido fue
señalado por Guido Antonini Wilson durante el escándalo del maletín de 2007, y
en 2011 su nombre salió a relucir en el caso Schoklender, relacionado con la
Fundación “Sueños Compartidos” de las Madres de Plaza de Mayo. También se le
conoce como una suerte de Embajador de facto ante el gobierno de Venezuela, a
cargo por vía de los hechos de los negocios entre ambas naciones. En la reciente
nacionalización de las acciones de la española Repsol en la petrolera YPF, De
Vido fue nombrado Interventor, y son tan amplias sus facultades y áreas de
influencia, que viene a ser una especie de superministro del gabinete Kirchner.
Luego de aquella mención prenatal delante de
los dos presidentes, Conlat apareció documentada por primera vez en un acta de
la empresa publicada en el Boletín Oficial (equivalente en Argentina de la
Gaceta Oficial o la Gaceta Mercantil) del 26 de diciembre. “Bajo la denominación
CONLAT Construcciones Latinoamericanas SA seguirá funcionando la sociedad
anónima que fuera inscripta el 18 de abril de 2007, como Consular Latinoconsult
SA”, se informa allí. La publicación refiere a una asamblea que, realizada el 15
de diciembre, había sido convocada por los accionistas el 5 de diciembre, es
decir, cuatro días después del acto en Caracas.
La situación, irregular sin dudas, solo
puede deberse o a una capacidad premonitoria de los redactores de los convenios
o, con más probabilidad, a que en las cúpulas del poder existía un acuerdo
previo de palabra para beneficiar a una empresa cuya denominación todavía no se
había formalizado en el papel. Hoy, cuando se acaban de cumplir los primeros
seis meses de la firma del “acuerdo complementario”, Conlat sigue siendo nada
más que verbo y papel para la parte venezolana. De las 10.000 viviendas
anunciadas, en Carabobo no hay ni movimiento de tierras ni vallas que den rastro
de ellas. En la Cámara de la Construcción del estado Carabobo no conocen de
Conlat.
Los paisanos
Entonces, ¿cómo pudo Conlat disponer de una
venia semejante? La sospecha cobra cuerpo cuando se sabe quiénes integran la
firma argentina beneficiada en el acuerdo binacional.
Tres de sus socios provienen de Consular
(Consultores Argentinos Asociados SA), una firma especializada en la mensura, el
diseño y dirección de obras públicas que fue creada en 1972, pero que registró
un impresionante crecimiento desde que en 2005 fue vendida por sus creadores, un
grupo de viejos arquitectos porteños, a tres profesionales recién llegados de
Santa Cruz.
Casualidad o no, esa venta ocurre apenas
unos meses después del arribo de De Vido al ministerio. Consular S.A. tiene
oficinas en la ciudad de Buenos Aires, a pocos metros de la sede del organismo
que encabeza De Vido, en la cuadra del número 600 de la avenida Julio A. Roca.
Uno de esos empresarios pingüinos (un mote
ganado por las latitudes australes de Santa Cruz), Jorge Luis Pinto, aparece
como presidente tanto de la flamante Conlat como de Consular. Y según varios
testimonios recogidos para este reporte, suele acompañar al ministro De Vido en
sus rutinarios viajes a Venezuela. Otro de los accionistas es Jorge Osvaldo
Donnini, quien ya había estado en sociedad con Pinto compartiendo un estudio de
agrimensura y un servicio de catering en Río Gallegos, la capital provincial. El
trío lo completa Guido José Ambrosi, viejo compañero de colegio del gobernador
santacruceño Daniel Peralta y exempleado de varias empresas constructoras
santacruceñas. Los tres figuran como aportantes a la primera campaña
presidencial de Cristina Kirchner en Argentina. Pinto y Donnini pusieron 26.666
pesos cada uno (alrededor de 8.574 dólares al cambio de entonces). Ambrosi fue
apenas más generoso: aportó 26.902,50 pesos (alrededor de 8.650 dólares al
cambio de entonces). Juan Franco Donnini, hijo de uno de ellos y asesor del
gobierno argentino y el Congreso en temas energéticos, figura como director
suplente de la sociedad.
Para su desembarco en el prometedor negocio
de la construcción en Venezuela, los santacruceños de Consular decidieron
reflotar su alianza con Latinoconsult SA, pues en noviembre de 2011 (días antes
del anuncio en Caracas) rehabilitaron, mediante una segunda inscripción ante la
autoridad tributaria, una vieja unión transitoria de empresas nacida en 2007.
Latinoconsult es una tradicional empresa de ingeniería con sede en Buenos Aires,
que acumula una rica historia desde 1958, incluso en varios países
latinoamericanos. En Venezuela, sin embargo, no registra mayores antecedentes
que tareas de asesoría en planes de desarrollo ganadero, de acuerdo a su
website.
El redactor Matías Longoni contactó desde
Buenos Aires tanto a la embajada argentina en Venezuela como a Conlat, para
obtener su versión de los hechos. Sin embargo, no obtuvo respuesta.
La buena estrella y el mal rastro
En Argentina, ambas sociedades (Consular y
Latinoconsult, los socios en Conlat) integraron además uno de los tres
consorcios que este año compitieron en la Licitación Pública Internacional
1/2010, para concretar la construcción de la represa binacional de Garabí, sobre
el río Uruguay y en la frontera entre Brasil y Argentina. A la postre, fueron
los ganadores de este proyecto de 4.600 millones de dólares.
Fue el 8 de marzo de
2012 cuando se dio a conocer el veredicto del proceso, que favorecía al
Consorcio Energético del Río Uruguay, al que, además de Consular y
Latinoconsult, lo conformaron Engevix Engenharia SA, Grupo Consultor
Mesopotámico SRL, IATASA e Intertechne Consultores S.A. Pero entonces no fue
sorpresa para sus competidores, al decir de uno de los empresarios de los
consorcios rivales: “Nosotros ya sabíamos desde bastante antes el resultado del
concurso”, admitió a condición de mantener el anonimato.
Esta adjudicación puede considerarse la
guinda del postre entre las obras obtenidas en racha por Consular, S.A. En su
propia página web, la firma creada en 1972 admite que su buena estrella comenzó
en mayo de 2005, con la llegada de los inversionistas santacruceños, ya que,
según su relato, “se fusionó con Topografía y Agrimensura SA, una empresa de 30
años de trayectoria en el área de servicios de la ingeniería y quienes han
incorporado una nueva gestión de negocios, incorporando personal, renovando el
equipamiento, y fundamentalmente reposicionando a Consular como consultora líder
del mercado”.
El Plan de Terminación de la represa
Yaciretá, sobre el río Paraguay; el mejoramiento de la ruta 40 en la provincia
de Jujuy; trabajos en las rutas nacionales 12 (Entre Ríos) o la 205 (Buenos
Aires); el camino de acceso al parque nacional Monte León; los puentes
Reconquista-Goya y Encarnación-Posadas. Todas esas obras públicas fueron
adjudicadas en su oportunidad a Consular S.A.
En su controvertida foja también aparece un
conjunto de obras en Santa Cruz y Córdoba. Entre ellas, una que ahora es
investigada por la justicia federal. Se trata de la construcción de La
Barrancosa – Cóndor Cliff, dos represas sobre el Río Santa Cruz que tendrían un
costo de 16.000 millones de pesos (alrededor de 3.600 millones de dólares al
cambio actual) y que han sido cuestionadas por dirigentes opositores al
kirchnerismo, pues sospechan que se pagarán elevados sobreprecios.
En febrero de 2010, además, diputados de la
Coalición Cívica denunciaron que el empresario local de afiliación kirchnerista,
Lázaro Báez, había comprado grandes extensiones de tierras aledañas a ese río
sabiendo que allí se realizaría la construcción del complejo hidroeléctrico. La
especulación de los denunciantes era que por esa obra, los terrenos iban a ser
inundados, y su nuevo dueño debía recibir una millonaria indemnización del
Estado. “Consideramos que Lázaro Báez ha adquirido los terrenos a sabiendas de
ello y bajo las indicaciones de Néstor Kirchner", sostuvieron entonces los
diputados Adrián Pérez y Juan Carlos Morán.
En esta historia también metió la cola la
consultora designada ahora para operar en Venezuela. Y es que el 27 de noviembre
de 2007, el exministro de Economía de Santa Cruz, Juan Bontempo, firmó el
decreto 3110 donde aprobó la licitación para llevar adelante “levantamientos
topográficos del área necesaria para el diseño de las obras correspondientes a
la Central Hidroeléctrica de Cóndor Cliff”. Aquel contrato, que hubiera
permitido saber al dedillo qué tierras debían luego ser inundadas, recayó en “la
Empresa CONSULAR SA, representada por su apoderado señor Jorge
Donnini”.
