Buhoneros globales comercian con el coltán venezolano

Expuesta en la web, en sitios como por ejemplo Tradeboss.com, se encuentra la oferta del mineral venezolano –coltán, sobre todo, pero también oro y aluminio, entre otros- por parte de Korea TPC Development de Venezuela. Garantiza despachos a cualquier parte del mundo y confidencialidad: “A través de nuestra plataforma comercial totalmente automatizada, los clientes pueden interactuar directamente por cada envío manteniendo el control de su orden en un ambiente anónimo y libre de conflictos”. 

Korea TPC Development de Venezuela quedó inscrita en el Registro Mercantil Primero de la ciudad de Valencia, estado Carabobo, el 29 de julio de 2010, apenas nueve meses después de que el presidente Chávez ordenara el control militar de los yacimientos de coltán en la Orinoquía. Según asienta, la empresa, con un capital de 23 millones de dólares, se dedicaría a la “construcción de plantas de bioenergía y de gas, así como manufactura de instalaciones a base de diesel”.

Hoy, sin embargo, sus sedes declaradas en hoteles como el Gran Meliá Caracas y el Caracas Palace, simplemente, no existen. Su rastro se pierde también en otros domicilios en las urbanizaciones Altamira y Los Cortijos, en Caracas.

Desde Seúl, capital de Corea del Sur, en cambio, Yang Ha Young reconoce que su nombre y su empresa corresponden a la misma firma de Valencia que ofrece minerales por Internet. Después de varios intentos por contactarlo, declara que fue estafado por un socio venezolano, Moisés González, en una serie de negocios que, supone, ahora lo involucran con la compra y venta de coltán.

“El aviso no tiene nada que ver conmigo”, asegura. “Yo fui víctima de mi socio y no he podido comunicarme con él desde que me engañó”. Aunque se intentó contactar a González, nunca atendió las llamadas telefónicas en el número que publicó a través de los avisos de Internet; ni siquiera los vecinos de las direcciones que anunció bajo su nombre saben algo de él.

Todo –a juicio del empresario coreano– forma parte de un malentendido. Al otro lado del mundo, desde una oficina del barrio de Garak-Dong, admite que pasó una temporada en Venezuela esperando por unos contratos que Pdvsa y otras empresas del Estado finalmente nunca le dieron. El malentendido, de serlo, ilustra de cualquier modo la cara oscura de un comercio apenas conocido y que tiene su origen en las estribaciones del Escudo Guayanés, al norte del estado Amazonas y sureste del estado Bolívar, donde las minas improvisadas de oro y diamantes comienzan a compartir el terreno con un mineral nuevo en el barrio: las piedras negras, el llamado oro azul o coltán, como mejor se le conoce.

El coltán es una amalgama de columbita y tantalita. El primer mineral contiene Niobio, y la tantalita, Tantalio, puestos 41 y 73 de la Tabla Periódica de Mendeleiev. Aunque ambos elementos pertenecen a la franja de las llamadas tierras raras, su uso se ha vuelto cada vez más común e indispensable para la miniaturización de equipos electrónicos que van desde teléfonos celulares hasta misiles. 

Pese a su rareza, ya a finales de los años 70, el Ministerio de Energía y Minas de Venezuela (entonces, de Minas e Hidrocarburos) financió investigaciones alrededor de esos y otros minerales del macizo guayanés, la particular formación geológica que en sus entrañas guarda elementos tan valiosos como escasos. Pero más de 30 años después, cuando esos experimentos pioneros eran apenas referencias archivadas en las bibliotecas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), apareció una nueva oleada de mineros en busca de materia prima para las nuevas tecnologías. Y llegan con voracidad.

Justo en Parguaza –en el estado Bolívar, piedemonte del macizo guayanés- se ven los primeros indicios de la fiebre del coltán.

En el sector Los Gallitos, desde uno de los yacimientos que se vislumbran en medio de las sabanas, los mineros confirman que son extranjeros los que buscan el botín como si se tratara de un servicio a domicilio. “Los colombianos son los que mueven esta piedra aquí”, señala Flandes a secas, sin apellido ni nombre formal, dejando entrever que se trata de un apodo.

“Vienen en moto y viajan otra vez hasta el puerto de El Burro, para luego agarrar una lancha que en menos de 15 minutos los deja en Puerto Carreño, la capital del departamento del Vichada”, añade Flandes, quien es hijo de otro minero que lo acompaña en la búsqueda de las llamadas piedras negras. Han aprendido a distinguir la diferencia entre este mineral y otras rocas que también se encuentran entre las tierras de la zona: es casi negra y pesa más que una piedra tradicional.

Padre e hijo tienen historia extrayendo oro y diamantes por la región. Ahora, inclinados sobre un montículo de tierras rojizas, se les ve con pico y pala extrayendo coltán alrededor de Parguaza, una esquina del estado Bolívar que empieza a aparecer en el radar de las grandes empresas del sector tecnológico. En esa zona y al menos en otros cuatro puntos más conocidos por los locales, cuando los militares bajan la guardia, acuden en oleadas de hasta 30 mineros para dar con el oro azul.

Allí, donde las montañas de piedra se levantan sobre la selva hasta hace poco virgen, brotó una nueva actividad. “La gente está en esto porque hay necesidad y no se consigue trabajo”, justifica Camilo, otro de los tantos mineros de la zona.

Todos recuerdan bien que un grupo de empresarios extranjeros se apareció hace más de un año en el lugar con ofertas de progreso. Hablaron de nuevos tiempos, de beneficios para aquellos que respaldaran con sus firmas una solicitud al gobierno para legalizar la extracción de coltán. Todo quedó en palabras al viento; ni tarjetas de presentación impresas les dejaron. “Le dijeron a la gente que iban a haber casas y fuentes de trabajo pero no volvieron más”, comenta Flandes.

Varios de los hacendados de la zona agregan que colombianos, australianos y hasta coreanos llegaron a tocar sus puertas con un proyecto de coltán bajo el brazo. Ofrecían millones de contado a cambio de sus títulos de propiedad. En Venezuela, de cualquier manera, extraer coltán es un delito.

Cualquier actividad minera está prohibida en Amazonas desde 1989. Solo en Bolívar la empresa Desarrollo Minero del Amazonas (Demina) obtuvo una concesión en el año 2001 para explorar y explotar coltán, entre otros minerales, pero ahora enfrenta el caso en tribunales, luego de que el Gobierno rescindiera en 2010 esa única licencia que el Estado había otorgado.

Extraer, guardar o transportar piedras negras se convirtió en delito a partir de entonces. Los registros judiciales revelan que la Guardia Nacional incautó casi dos toneladas (1800 kilos) de coltán entre 2009 y 2011 a siete personas, entre las que hay mujeres y hombres, indígenas, ciudadanos colombianos y menores de edad.

Aunque varios de los imputados han sido liberados, la mayoría de los casos permanecen abiertos. La Guardia Nacional les ha decomisado el mineral dentro de envoltorios, sacos de fique y medias blancas, junto a picos, surucas, palas, machetes y algunos pares de botas.

Una organización local, la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Amazonas (Fundacite Amazonas) reveló en un informe de 2009 que la Guardia Nacional tenía 46,800 kilogramos de columbita-tantalita confiscados a un ciudadano colombiano y que en el punto de control de Pozón de Babilla se encontraban máquinas incautadas por los militares cerca de la zona donde ocurrió la extracción ilegal. Fundacite, adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, encontró indicios de que los mineros tuvieron la asesoría de especialistas con conocimientos sobre métodos para estudiar los suelos.

Las seguridades de confidencialidad que en la red ofrece Korea TPC Development de Venezuela no son ni excesivas ni raras en este negocio. De hecho, el coltán se maneja al margen de la ley, sin facturas ni registros de aduana, y casi en el anonimato del que disponen empresas de fachada. Dos de ellas son Global Impact USA y Hawk Enterprises, por ejemplo. Solo la primera tiene registro legal en el estado de Florida, Estados Unidos, pero ambas remiten a los mismos números telefónicos de un contacto en Venezuela: en este caso se trata de Aribel Ojeda, que prefiere no hablar del negocio del mineral.

Ese mercadeo a las sombras es también trasnacional. Si el mineral se extrae en Venezuela, pronto traspasa las fronteras que en esta zona suelen coincidir con accidentes naturales. Entre Venezuela y Colombia ese accidente es el cauce del río Orinoco. En su cuenca, en medio de la selva, hay más arroyos que carreteras. A los buhoneros del coltán solo les toma 15 minutos de navegación en lancha para llevar la mercancía a buen puerto. A través de El Burro y Puerto Páez, los mercaderes cruzan el Orinoco hasta alcanzar Puerto Carreño, en Colombia. Más al Sur pero en el mismo estado Amazonas, otra ruta predilecta conecta a San Fernando de Atabapo en Venezuela con Puerto Inírida en Colombia.

El coltán es un secreto a voces en el sur del país. Pero como todo lo informal que se desenvuelve en secrecía, se presta a timos y al control del negocio por parte de poderes fácticos que ya manejan otros tráficos ilícitos. No escasean los casos de intermediarios que han recibido casiterita por coltán. También cunden las versiones que, bajo resguardo de la discreción, conceden una participación en el negocio a efectivos militares sin nombre. La iglesia local de Puerto Ayacucho, por su parte, no se ha inhibido de señalar en la edición de septiembre-diciembre de 2010 de su revista La iglesia en Amazonas, que “las Fuerzas Armadas no ejercen el control adecuado y los mineros evaden esos controles de diversas maneras, siendo cómplices en múltiples casos de los daños que se están produciendo en el ambiente y que en su mayoría son irreparables”.

Al otro lado de la frontera, en Colombia, de cualquier forma, hay pruebas de que un mercado negro de metales valiosos y tierras raras está creciendo en áreas en las que históricamente el Estado ha ejercido un débil control. Desde 2010 sus organismos de seguridad han incautado más de 83 toneladas de tantalio y tungsteno en una zona del departamento de Guainía.

El escenario es propicio para la intervención en el negocio de los cárteles de la droga. Una operación minera ilegal estuvo desarrollada por los hermanos Cifuentes Villa, vinculados con el narcotráfico. El gobierno colombiano les suspendió la concesión que les había dado para explotar niobio, tantalio, vanadio y circonio en el Parque Nacional Puinawai, al tiempo que Estados Unidos acusó a uno de ellos, Jorge Milton Cifuentes Villa, como uno de los principales proveedores de cocaína para el mexicano Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como ‘El Chapo Guzmán’ y su Cartel de Sinaloa.

“Lo que hemos encontrado son organizaciones sofisticadas de tráfico de drogas que están cada vez más involucradas con el tráfico de los minerales del Parque Puinawai y de Venezuela”, señala el comandante militar de la zona en Colombia, el coronel de Infantería de Marina Alfredo de Videro.

Más al sur, la tentación del coltán también permea la frontera brasileña. No en balde, buena parte de las procesadoras de minerales que hay en el hemisferio se encuentran en ese país. Casi por obligación han de pasar por allí para poder convertirse en un insumo apto para el uso industrial.

“Yo diría que a Colombia y Brasil les sale un gran negocio”, concluye el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, quien cree que el Gobierno nacional es cómplice del mercado negro por no establecer mecanismos para legalizar la explotación del mineral. “En esos países sí está oficializada esta actividad o por lo menos no es algo ilícito”.

En Brasil, expertos en legislación minera, como el abogado Sergio Rocha Brito Marques, han instado a políticos y empresas manufactureras del país a reforzar los controles sobre la minería. Para ellos, las leyes inadecuadas y obsoletas han permitido el crecimiento de un mercado negro al norte de las provincias amazónicas del país. Advierten que el resultado es un caos en la minería de su país en la zona fronteriza con Colombia y Venezuela, donde no hay pistas sobre los precios globales del mineral y los compradores no piden certificados de origen del coltán (una práctica que buena parte de la industria internacional viene adoptando como estándar, bajo fuerte presión de ONGs y organismos multilaterales).