La Revolución entregó esta planta mediante un proceso muy poco refinado

“Quedaron comprometidos en que en quince días nos iban a pagar lo que nos debían. El representante de Veinca dijo que iba a asumir la deuda [las liquidaciones que deben a 42 trabajadores] y que iban a ver la posibilidad de cancelar esa deuda y de reenganchar a los despedidos. Si en quince días [se completan el 18 de marzo] no nos cumplen, saldremos a protestar de nuevo”, explica a Armando.info. 

Fue la primera vez que los reclamos y advertencias consiguieron romper el secretismo de la dirección de la empresa, que tiene voz pero todavía carece de rostro, no solo frente a los trabajadores sino ante el público.

El 27 de diciembre del año pasado en la cuenta de Twitter del azucarero (@AZUCARERO_APTCA en aquel momento, @CVeinca_apt ahora) quedó colgado un aviso. En este, el Consorcio Veinca anunciaba que a partir del día siguiente “dará inicio al proceso de contratación del personal que formará parte del talento humano de la azucarera Pío Tamayo, S.A., para el cumplimiento de su próximo ciclo productivo”. Se puede considerar como su único pronunciamiento público.

"Ciclo productivo", ¿es un eufemismo? En el Pío Tamayo hasta cierto punto lo es. 

Desde la zafra 2014-2015, la producción de la planta no incluye la molienda de la caña. Hasta comienzos de 2020 solo consistió en la refinación y empacado de azúcar moscabada de Nicaragua. Esa etapa de casi maquila fue la culminación de un proceso de desmantelamiento del central cuyo epílogo es su cesión  a una empresa privada.  

La importancia del central tiene una base no solamente industrial, sino también histórica, condensada en casi 70 años. La compañía anónima Central Tocuyo se fundó el 24 de noviembre de 1952. En su primera zafra, en 1954, se procesaron 60.000 toneladas de caña y se produjeron 5.100 toneladas de azúcar refinada.

Casi dos décadas después de su fundación alcanzó un récord de 499.000 toneladas de caña procesadas y 41.712 toneladas de azúcar refinada producidas. Fue una cúspide que no volvió a conseguirse.

Ese año, 1972, el central azucarero Tocuyo fue el cuarto con mayor producción en Venezuela, tras El Palmar (en San Mateo, Aragua), Río Turbio (en Barquisimeto, Lara) y Matilde (en Yaritagua, Yaracuy). 

En 2020, cuando Veinca se hizo de su control, ya no procesaba caña. 

Los nombres que están tras Veinca y con cuyos rostros nadie ha dado, ni en el Central Pío Tamayo ni en El Tocuyo, son dos: Edward Gudiño y Yorjuaniris Ojeda. Esta última es socia desde 2017.

El Consorcio Veinca se fundó en 2009 en Caracas. Luego de una venta de acciones en 2014 y de un cambio de domiciliación, desde 2018 tiene sede en San Felipe, capital del estado Yaracuy, en el centro occidente venezolano. La razón social plasmada en su acta constitutiva deja entrever una multiplicidad de propósitos. Su fin principal es la comercialización de equipos ferreteros, automotrices y de construcción, aunque nada es limitativo. Unas líneas abajo se añade que, indistintamente, los bienes raíces, la planificación de proyectos de ingeniería y la negociación de alimentos son también parte de sus objetivos.

Gudiño y Ojeda comparten otra sociedad en la cooperativa Construiviase, también con sede en San Felipe y dedicada, principalmente, a la comercialización de pinturas industriales.

Gudiño es el artífice de un pequeño holding de empresas, en franco proceso de expansión. Como socio figura en al menos tres: Alimentos El Llanito, Alreca y Asociación Cooperativa Dismaca EG 25, R.L. Las dos primeras están registradas en Barinas, en los Llanos occidentales, terruño del comandante Chávez. La segunda, en Yaracuy. Todas tienen como parte de sus razones sociales el rubro de los alimentos, entre otros, aunque disímiles (por ejemplo, además de la comercialización de comida, Dismaca se dedica a la tapicería).

Ni Gudiño ni Ojeda se han mostrado en público tras la reprivatización del central, ni siquiera para apaciguar el malestar de los trabajadores. 

Fue Raimond Manuel Gutiérrez Martínez quien se presentó como representante jurídico del consorcio, en cuyo nombre prometió, mediante una declaración a medios locales a comienzos de enero, reenganchar a los trabajadores. Una promesa a la que todavía nadie da cumplimiento. 

Gutiérrez Martínez, quien en su cuenta de Twitter se presenta como “abogado postgraduado en Derecho administrativo y Derecho procesal civil, profesor universitario, creyente de las utopías posibles, de la democracia social”, además de masón, también tiene un historial de altos cargos en el Poder Judicial venezolano. Entre 2014 y 2016 fue juez del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y ejecutor de medidas de los municipios San Felipe, Independencia y Cocorote, todos en Yaracuy.

Fue la única vez, con aquella declaración del representante legal, en que un vocero de la empresa compareció ante los trabajadores y ante los medios. Para este trabajo, Armando.info solicitó ocho veces una entrevista con Gudiño y envió un cuestionario por correo electrónico para que despejara esas incógnitas pero no hubo respuestas. Lo mismo ocurrió con Gutiérrez Martínez en un par de oportunidades.

Trabajadores consultados que optan por el anonimato afirman que las metas productivas de esta nueva etapa están bajo llave. Aseguran que, durante los tumultuosos días de diciembre, les dijeron que en un par de meses la planta estaría funcionando. Tanto para esto como para anunciar los despidos, los nuevos representantes de la empresa se valieron de un intermediario cuya actuación les resulta irónica a los trabajadores: el sindicato. Sus delegados, a puertas cerradas, se reunieron con los directivos.

“La promesa de Veinca fue refinar. Ellos prometieron el refino para febrero, pero a estas alturas (9 de marzo) no hay ni un gramo de azúcar refinado”, dice uno de los trabajadores.

Si para quienes están en el entorno del central azucarero estos dos nombres -los de Gudiño y Ojeda- son un misterio, no parecen serlo para el oficialismo revolucionario.

El primer enlace entre una empresa relacionada con Gudiño y el gobierno fue entre los años 2008 y 2011, con Dismaca y la CVA Leander Carnes y Pescados, liquidada en 2010 en el gobierno de Hugo Chávez en un proceso que precipitó la falta de productividad, la obesidad de las nóminas y el anexionamiento febril de empresas expropiadas al ente que las regía, la Corporación Venezolana Agraria (CVA). 

El Consorcio Veinca, habilitado para contratar con el Estado, tiene entre sus clientes la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios C.A. (Cuspal), desde abril de 2020 presidida por Luis Fernando Soteldo, exdiputado de la fracción oficialista de la Asamblea Nacional por el estado Portuguesa y expresidente del Instituto Nacional de Tierras (Inti), además de sobrino de Wilmar Castro Soteldo, ministro de Agricultura y Tierras. Luis Fernando Soteldo figura como contacto en los contratos con Veinca, resumidos como “comercialización de carnes en diversas presentaciones y cortes”. 

Las gobernaciones afines al chavismo también son parte de la cartera de clientes de Veinca. La de Miranda, con Héctor Rodríguez al frente, ha sido una de ellas, también por venta de carne. Los contratos registrados en el sistema de contrataciones del Estado, suscritos a partir del año 2017, no especifican cuánta carne vendió la empresa al ente.

Pero si ha habido una oficina gubernamental que ha promocionado con alharaca los acuerdos con Veinca ha sido la Gobernación de Guárico, con José Vásquez al frente. En septiembre de 2018, esa gobernación de los Llanos centrales de Venezuela anunció, como parte de un “plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica”, una alianza estratégica con el consorcio para la operación del matadero de Valle de la Pascua, municipio Leonardo Infante.

El plan tenía números claros en su primera fase: 60 toneladas de carne por mes que serían distribuidas en los mercados municipales del estado Guárico. Sin embargo, dos meses después, alrededor de 60 trabajadores del matadero denunciaron, a razón del cierre por descontrol sanitario, haberse quedado sin trabajo. Nunca se informó, de paso, si las metas anunciadas por la alianza estratégica entre Veinca y la Gobernación de Guárico habían sido cumplidas.    

Una fuente de Valle de la Pascua afirma que el matadero, lejos de su razón social (y socialista), mueve su escasa producción, cuya cifra está encriptada, para grupos privados afines al gobernador Vásquez. A los mercados municipales nada llega.  

El ex trabajador recientemente despedido, Héctor Escalona, asegura que la figura jurídica de la que se valió Veinca para hacerse con el control del central tocuyano es la del comodato (en pos del contraste, tampoco se pudo establecer contacto con representantes sindicales). Al respecto, el basamento es el artículo 26 de la Ley Antibloqueo, promulgada en octubre de 2020, justo cuando sonaron las primeras clarinadas de la toma del central.

Ese artículo especifica que “el Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, gestión, administración, funcionamiento y participación del Estado de determinadas empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

También se refiere al comodato el diputado de la Asamblea Nacional (durante el período legislativo 2016-2021) por el estado Lara, Guillermo Palacios (del partido opositor Un Nuevo Tiempo), quien también alerta que, tal y como ocurre con el caso de Veinca, la Ley Antibloqueo servirá para que el gobierno de Maduro entregue empresas quebradas con discrecionalidad y sin transparencia.

La buena racha de la zafra de los 70 fue inversamente proporcional a lo que pasó después. La producción nunca superó aquellos números robustos que para muchos supusieron un despegue indetenible. Al contrario, luego de un declive financiero a finales de esa década, el Estado tomó el control de la planta, primero mediante la Corporación Venezolana de Fomento (CVF) y luego mediante Centrales Azucareros, C.A (Cenazuca). Nada de eso rescató a la empresa del desplome. Ni siquiera la reprivatización en 1991. 

Luego de varias administraciones privadas y de la declaración de quiebra en 1999, la empresa se convirtió en uno de los primeros experimentos de cogestión en el relativamente reciente gobierno de Hugo Chávez.

Así, dos años después de iniciado el conflicto, trabajadores y cañicultores tomaron el control y se hicieron socios del 51 por ciento de las acciones. El Estado venezolano, a través de la Gobernación de Lara y de la Corporación Venezolana Agraria, tomó el restante 49 por ciento. Fue a partir de entonces cuando la empresa fue rebautizada con el nombre de Pío Tamayo (1898-1935), poeta tocuyano y uno de los primeros druidas del marxismo en Venezuela, además de fundador del Partido Comunista de Cuba.

Una nota del 21 de noviembre de 2010 del diario El Universal de Caracas rememoraba que, una década antes, el gobierno de Chávez prometió a los trabajadores y a los cañicultores el 100 por ciento de las acciones, pero la propuesta no se concretó nunca. En cambio, Chávez, en pleno afán expropiatorio, compró las acciones de 320 trabajadores y 39 cañicultores y se hizo con el 100 por ciento de la empresa. Para ello contó también con una mampara institucional, la Corporación Venezolana del Azúcar (CVA), creada en 2005 bajo dependencia de la Corporación Venezolana de Alimentos (Cval).

Héctor Escalona recuerda que el comienzo de la pandemia por la Covid-19 terminó de hundir los procesos de refinación que se ejecutaban en la empresa, además de los pocos beneficios que tenían los trabajadores. Según su testimonio, ni Veinca ni la CVA se responsabilizaron al respecto. 

“A nosotros la directiva sindical nos convocó a una asamblea para informarnos de la privatización de la empresa. Nunca vimos a un directivo de la CVA ni de Veinca. Se llegó al acuerdo de privatizar y se hicieron muchos trámites indebidos. Estábamos en pandemia y no sabíamos de quién dependíamos. Entonces nos pidieron que renunciáramos a los pasivos laborales, porque prácticamente nos obligaron a renunciar”, explica por vía telefónica.

De todos, 42 trabajadores se negaron a aceptar la renuncia. Escalona fue uno de ellos: “La liquidación fue antes de fin de año (2020). Nos presentaron un formato para firmar. El pago de la liquidación para los que tenían más tiempo fue de 85 dólares. Eso no da ni para llegar a la esquina. Pero además de eso, Veinca dice que hay que tener 67 por ciento de patologías para entrar en el proceso de incapacidad. No puedo creer que tengamos que presentar unas patologías para que nos jubilen”.

Al contrario de la promesa de reenganche, Escalona asegura que el abogado Gutiérrez Martínez les dijo que Veinca “no está en la obligación de asumir a los trabajadores”.

Sobre los dueños de Veinca reitera que “no tenemos los nombres de ninguno”, lo que alimenta en muchos de ellos la sospecha de que “allí hay algo oculto. En mi opinión, esto es el mismo musiú con diferente cachimbo”.

El 20 de octubre de 2012, en una reunión televisada con sus ministros, el expresidente Hugo Chávez, convaleciente de cáncer en aquel momento, asomó, en tono de crítica, la situación de los sembradíos de caña, tomando como referencia el terreno del central azucarero Ezequiel Zamora (en San Hipólito, Barinas): de 7.000 hectáreas, solo 1.000 estaban sembradas. 

A pesar de aquel tono decepcionado, la política expropiatoria de Hugo Chávez alcanzó terrenos tocuyanos de cañicultura. La precariedad de los mismos ha sido tratado de ocultar por la propaganda del sucesor gobierno de Nicolás Maduro. En junio de 2017, el ministro de Tierras, Wilmar Castro Soteldo, ofrecía varios minutos de su programa televisivo, Cultivando patria, para una puesta en escena. En ella se veía al presidente de la junta liquidadora de la CVA, Faiez Kassen, acompañando a un cañicultor en faena en los terrenos del central Pío Tamayo.

“Estamos en la unidad experimental con el banco de semilla donde los agricultores hacen sus ensayos en una parcela de aproximadamente diez hectáreas donde luego se convertirá para sembrar 1.000 hectáreas más entre todos los productores (...) hacemos un llamado a los productores para incorporar más siembra de la caña para que seamos una potencia productiva, como nos dijo el comandante Chávez en su momento, y no solo para producir azúcar sino también para tener capacidad de exportar a otros países aliados”. 

El ímpetu en la transmisión pretendía barnizar el hecho de que la política expropiatoria y la falta de producción habían menoscabado el central. Ya un año antes, los trabajadores se lamentaban de que la falta de caña de azúcar (entre otros recursos) determinó el hundimiento de la empresa.

Oscar Arias, superintendente industrial del azucarero, declaró en 2016 a VPI: “El proceso está parado. Este central se paró el año pasado (2015) en abril. La zafra tuvo 34.000 toneladas de caña. Queríamos moler 96.000 pero se molieron 33.000 porque no había logística. Se estima trabajar con 24 camiones y el año pasado hubo diez”. En la misma entrevista, apuntaba que el Pío Tamayo satisfacía apenas el cinco por ciento a toda la demanda nacional de azúcar. 

Cifras recientes de Fesoca robustecen estos temores: la única central estatal que molió caña y produjo azúcar en la zafra 2020-2021 fue el Central Azucarero Batalla de Araure (Caba) en Guanare, estado Portuguesa. Pero la palabra producción no significa alto rendimiento. Los números lo demuestran: esta planta tenía previsto moler 200.000 toneladas de caña de azúcar. Pero solo molió 15.000 toneladas y refinó 600 toneladas de azúcar. 

La escasez de caña suma entonces una incertidumbre: a falta de ella, ¿qué y cómo producirá Veinca después de tomar el central? “No hay condiciones ni para un arranque y menos para el retorno de esa inversión. La materia prima, la caña de azúcar, no la están sembrando. Quienes tienen terrenos cambian de rubro porque las condiciones para la siembra de caña no han sido las mejores. Luego de que en 1999 producíamos 99 por ciento del azúcar que se consumía en Venezuela, hemos pasado a 80 por ciento de déficit”, resume el diputado Palacios.

Édgar Contreras, gerente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela (Fesoca), cañicultor de El Tocuyo y extrabajador del central (durante los años 80) explica que la ausencia de materia prima ha sido consecuencia de la política expropiatoria de Chávez.

“Hay una falta de incentivos para los productores y vinieron competencias no muy leales: entra azúcar importada de Brasil, empaquetada en sacos, y la venden más barata porque no paga aranceles y por eso los centrales azucareros que están moliendo tienen que ajustar los precios para competir con la que viene de afuera”, dice.

Detalla que los cañicultores no cuentan con los insumos básicos para sembrar: “Cuando expropiaron Agroisleña y vino Agropatria, acabaron con los incentivos hacia los productores. Uno de los insumos primordiales son los fertilizantes, que es la comida de la planta. Por otra parte, un saco de urea cuesta 20 dólares y en el cultivo de la caña necesitamos por lo menos doce sacos, más el cloruro de potasio. La fertilización de ahorita no se da bien porque los insumos están caros y los ingresos bajos”. Y añade, a modo de vuelo rasante, que a todo lo anterior se suma “la escasez de diésel, que es grave. Los centrales que están moliendo están a punto de parar”. 

Para comparar, resalta un dato: en la zafra 2006-2007, cuando la empresa estaba regida por la figura de la cogestión, se molieron 315.000 toneladas de caña de azúcar, luego de que se cosecharon 4370 hectáreas en el valle de El Tocuyo. “Después de eso se vino en picada hasta llegar donde llegamos. No ajustar los precios fue la debacle”.

Esa “debacle” tiene una fecha, añade el diputado Palacios: “Hasta el año 2014 (se refiere a la zafra 2014-2015) hubo molienda de caña de azúcar. Posteriormente importaban el crudo para refinar y empaquetar. Traían azúcar en crudo de Nicaragua, Brasil… de algún país productor. En 2014 se produjeron 6200 toneladas de azúcar en el país. En 2009, 172 mil toneladas. Eso es todo lo que podemos saber. El problema es que las estadísticas no son constatables porque las secuestran”.

José Ricardo Álvarez teme que a todos esos escollos se sume una ambición importadora que desplace el ímpetu productivo en la empresa.

“Creo que lo toman (el central) como un negocio comercial para tener la oportunidad de importar azúcar. Tenemos que tomar en cuenta que también hay problemas con el arranque por la falta de gasoil. Tocamos piso, y de aquí en adelante lo que tenemos que ver es cómo crecer, pero lo que se ha visto es que continúa la importación de azúcar de manera desproporcionada y salvaje”.

Mientras, la economía de El Tocuyo sobrevive apenas con la siembra de tubérculos y de café y con pocas esperanzas de que el central azucarero sea una fuente de ingresos, pues como señala un lugareño que se reserva su identidad, “lo que es más seguro es que a esa planta la conviertan en una maquila”.