La Revolución entregó esta planta mediante un proceso muy poco refinado
Tras bambalinas de la pandemia y a las bravas: así se consumó a fines del año pasado la reprivatización virtual del central azucarero Pío Tamayo en el estado Lara. Es el colofón de un proceso de desmantelamiento, mediante nacionalizaciones y quiebras, de lo que alguna vez fue una poderosa procesadora de caña. Ahora puesta en manos de unos privados sin experiencia en la industria pero con contactos en el oficialismo, despedida toda su plantilla obrera, parece destinada a la maquila, aunque todavía nadie explica -y nadie entiende- qué se planea hacer con sus instalaciones.
Tras el
fallo monumental del chavismo en administrar las empresas estatizadas por Hugo
Chávez, la autodenominada Revolución Bolivariana que ahora lidera Nicolás Maduro
le da la vuelta al círculo y ejecuta una ola reprivatizadora. Los objetivos de
este giro pragmático, más allá de repartir lo confiscado, no parecen evidentes:
¿Reactivar las empresas, rematarlas, prolongar su agonía? Pero un resultado
concreto que ya se verifica es el surgimiento de una nueva clase empresarial
venida de la nada.
Es lo que
se está viendo en torno del central azucarero Pío Tamayo, en El Tocuyo, estado
Lara, recientemente entregado bajo la figura de comodato al Consorcio Veinca,
una empresa privada sin antecedentes conocidos en el ramo.
Esa es, en
torno de la negociación sobre la planta, una de dos certezas. La otra es que
llegaron cortando empleos de raíz.
La entrega
de la planta se hizo efectiva en octubre de 2020. En diciembre hubo despidos
masivos. En marzo de 2021, 450 trabajadores despedidos del central -algunos. con
hasta 25 años de antigüedad- salieron a la calle a protestar. Cerraron la
avenida principal de El Tocuyo. Dijeron que sus salarios se habían mantenido
entre 2.400.000 y 4.000.000 de
bolívares (entre 1,3 y 2,16 dólares) mensuales y a pesar de ese valor ínfimo,
todavía no se les pagaban las liquidaciones a algunos de
ellos.
Héctor
Escalona, por ejemplo, ha vivido (y padecido, si se toma en cuenta lo que más
adelante relata), como trabajador del azucarero desde mediados de los años 90,
buena parte del control estatal en la empresa. Pero la llegada de una
administración privada no le trajo nada mejor. Hoy es uno de los cientos de
despedidos a raíz del proceso de privatización. Y uno de los que ha
protestado.
Volvieron a la calle los trabajadores del Central Pío Tamayo, en El Tocuyo. pic.twitter.com/Ku8TAzSyur
— El Tocuyo Al Dia (@ElTocuyoalDia) March 4, 2021
“Quedaron
comprometidos en que en quince días nos iban a pagar lo que nos debían. El
representante de Veinca dijo que iba a asumir la deuda [las liquidaciones que
deben a 42 trabajadores] y que iban a ver la posibilidad de cancelar esa
deuda y de reenganchar a los despedidos. Si en quince días [se completan el
18 de marzo] no nos cumplen, saldremos a protestar de nuevo”, explica a
Armando.info.
Fue la
primera vez que los reclamos y advertencias consiguieron romper el secretismo de
la dirección de la empresa, que tiene voz pero todavía carece de rostro, no solo
frente a los trabajadores sino ante el público.
El 27 de
diciembre del año pasado en la cuenta de Twitter del azucarero (@AZUCARERO_APTCA
en aquel momento, @CVeinca_apt ahora) quedó colgado un aviso. En este, el
Consorcio Veinca anunciaba que a partir del día siguiente “dará inicio al
proceso de contratación del personal que formará parte del talento humano de la
azucarera Pío Tamayo, S.A., para el cumplimiento de su próximo ciclo
productivo”. Se puede considerar como su único pronunciamiento
público.
"Ciclo
productivo", ¿es un eufemismo? En el Pío Tamayo hasta cierto punto lo
es.
Desde la
zafra 2014-2015, la producción de la planta no incluye la molienda de la caña.
Hasta comienzos de 2020 solo consistió en la refinación y empacado de azúcar
moscabada de Nicaragua. Esa etapa de casi maquila fue la culminación de un
proceso de desmantelamiento del central cuyo epílogo es su cesión a una
empresa privada.
Nadie dijo nunca
La
importancia del central tiene una base no solamente industrial, sino también
histórica, condensada en casi 70 años. La compañía anónima Central Tocuyo se
fundó el 24 de noviembre de 1952. En su primera zafra, en
1954, se
procesaron 60.000 toneladas de caña y se produjeron 5.100 toneladas de azúcar
refinada.
Casi dos
décadas después de su fundación alcanzó un récord de 499.000 toneladas de caña
procesadas y 41.712 toneladas de azúcar refinada producidas. Fue una cúspide que
no volvió a conseguirse.

El central Tocuyo, hoy Pío Tamayo, se fundó a comienzos de los años 50. Foto: Prensa MinAgricultura.
Ese año,
1972, el central azucarero Tocuyo fue el cuarto con mayor producción en
Venezuela, tras El Palmar (en San Mateo, Aragua), Río Turbio (en Barquisimeto,
Lara) y Matilde (en Yaritagua, Yaracuy).
En 2020,
cuando Veinca se hizo de su control, ya no procesaba
caña.
Los
nombres que están tras Veinca y con cuyos rostros nadie ha dado, ni en el
Central Pío Tamayo ni en El Tocuyo, son dos: Edward Gudiño y Yorjuaniris Ojeda.
Esta última es socia desde 2017.
El
Consorcio Veinca se fundó en 2009 en Caracas. Luego de una venta de acciones en
2014 y de un cambio de domiciliación, desde 2018 tiene sede en San Felipe,
capital del estado Yaracuy, en el centro occidente venezolano. La razón social
plasmada en su acta constitutiva deja entrever una multiplicidad de propósitos.
Su fin principal es la comercialización de equipos ferreteros, automotrices y de
construcción, aunque nada es limitativo. Unas líneas abajo se añade que,
indistintamente, los bienes raíces, la planificación de proyectos de ingeniería
y la negociación de alimentos son también parte de sus
objetivos.
Gudiño y
Ojeda comparten otra sociedad en la cooperativa Construiviase, también con sede
en San Felipe y dedicada, principalmente, a la comercialización de pinturas
industriales.
Gudiño es
el artífice de un pequeño holding de empresas, en franco proceso de expansión.
Como socio figura en al menos tres: Alimentos El Llanito, Alreca y Asociación
Cooperativa Dismaca EG 25, R.L. Las dos primeras están registradas en Barinas,
en los Llanos occidentales, terruño del comandante Chávez. La segunda, en
Yaracuy. Todas tienen como parte de sus razones sociales el rubro de los
alimentos, entre otros, aunque disímiles (por ejemplo, además de la
comercialización de comida, Dismaca se dedica a la
tapicería).

En diciembre de 2020, mientras los trabajadores despedidos exigían su reinserción y el pago de lo la CVA les debía, Veinca anunció en sus redes sociales nuevas contrataciones.
Ni Gudiño
ni Ojeda se han mostrado en público tras la reprivatización del central, ni
siquiera para apaciguar el malestar de los
trabajadores.
Fue
Raimond Manuel Gutiérrez Martínez quien se presentó como representante jurídico
del consorcio, en cuyo nombre prometió, mediante una declaración
a medios locales a comienzos de enero, reenganchar a los trabajadores. Una promesa a
la que todavía nadie da cumplimiento.
Gutiérrez
Martínez, quien en su cuenta de Twitter se presenta como “abogado postgraduado
en Derecho administrativo y Derecho procesal civil, profesor universitario,
creyente de las utopías posibles, de la democracia social”, además de masón,
también tiene un historial de altos cargos en el Poder Judicial venezolano.
Entre 2014 y 2016 fue juez del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y
ejecutor de medidas de los municipios San Felipe, Independencia y Cocorote,
todos en Yaracuy.
Fue la
única vez, con aquella declaración del representante legal, en que un vocero de
la empresa compareció ante los trabajadores y ante los medios. Para este
trabajo, Armando.info solicitó ocho veces una entrevista con Gudiño y
envió un cuestionario por correo electrónico para que despejara esas incógnitas
pero no hubo respuestas. Lo mismo ocurrió con Gutiérrez Martínez en un par de
oportunidades.
Trabajadores consultados que optan por el
anonimato afirman que las metas productivas de esta nueva etapa están bajo
llave. Aseguran que, durante los tumultuosos días de diciembre, les dijeron que
en un par de meses la planta estaría funcionando. Tanto para esto como para
anunciar los despidos, los nuevos representantes de la empresa se valieron de un
intermediario cuya actuación les resulta irónica a los trabajadores: el
sindicato. Sus delegados, a puertas cerradas, se reunieron con los
directivos.
“La
promesa de Veinca fue refinar. Ellos prometieron el refino para febrero,
pero a estas alturas (9 de marzo) no hay ni un gramo de azúcar refinado”, dice
uno de los trabajadores.
¿Malo conocido?
Si para
quienes están en el entorno del central azucarero estos dos nombres -los de
Gudiño y Ojeda- son un misterio, no parecen serlo para el oficialismo
revolucionario.
El primer
enlace entre una empresa relacionada con Gudiño y el gobierno fue entre los años
2008 y 2011, con Dismaca y la CVA Leander Carnes y Pescados, liquidada en 2010 en el gobierno
de Hugo Chávez en un proceso que precipitó la falta de productividad, la
obesidad de las nóminas y el anexionamiento febril de empresas expropiadas al
ente que las regía, la Corporación Venezolana Agraria
(CVA).
El
Consorcio Veinca, habilitado para contratar con el Estado, tiene entre sus
clientes la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios C.A.
(Cuspal), desde abril de 2020 presidida por Luis Fernando Soteldo, exdiputado de
la fracción oficialista de la Asamblea Nacional por el estado Portuguesa y
expresidente del Instituto Nacional de Tierras (Inti), además de sobrino de
Wilmar Castro Soteldo, ministro de Agricultura y
Tierras. Luis Fernando Soteldo figura como contacto en los contratos con Veinca,
resumidos como “comercialización de carnes en diversas presentaciones y
cortes”.
Las
gobernaciones afines al chavismo también son parte de la cartera de clientes de
Veinca. La de Miranda, con Héctor Rodríguez al frente, ha sido una de ellas,
también por venta de carne. Los contratos registrados en el sistema de
contrataciones del Estado, suscritos a partir del año 2017, no especifican
cuánta carne vendió la empresa al ente.
Pero si ha
habido una oficina gubernamental que ha promocionado con alharaca los acuerdos
con Veinca ha sido la Gobernación de Guárico, con José Vásquez al frente. En
septiembre de 2018, esa gobernación de los Llanos centrales de Venezuela
anunció, como parte de un “plan de recuperación, crecimiento y prosperidad
económica”, una alianza estratégica con el consorcio para la operación del
matadero de Valle de la Pascua, municipio Leonardo
Infante.

Antes de tomar el azucarero Pío Tamayo, Veinca prestó servicios, mediante alianzas estratégicas, a gobernaciones oficialistas como las de Miranda y Guárico. Foto: Cuenta @Gob_Guarico
El plan
tenía números claros en su primera fase: 60 toneladas de carne por mes que
serían distribuidas en los mercados municipales del estado Guárico. Sin embargo,
dos meses después, alrededor de 60 trabajadores del matadero denunciaron, a
razón del cierre por descontrol sanitario, haberse quedado sin trabajo. Nunca se
informó, de paso, si las metas anunciadas por la alianza estratégica entre
Veinca y la Gobernación de Guárico habían sido
cumplidas.
Una fuente
de Valle de la Pascua afirma que el matadero, lejos de su razón social (y
socialista), mueve su escasa producción, cuya cifra está encriptada, para grupos
privados afines al gobernador Vásquez. A los mercados municipales nada
llega.
El ingenio de la ley antibloqueo
El ex
trabajador recientemente despedido, Héctor Escalona, asegura que la figura
jurídica de la que se valió Veinca para hacerse con el control del central
tocuyano es la del comodato (en pos del contraste, tampoco se pudo establecer
contacto con representantes sindicales). Al respecto, el basamento es el
artículo 26 de la Ley Antibloqueo, promulgada en octubre de 2020,
justo cuando sonaron las primeras clarinadas de la toma del
central.
Ese
artículo especifica que “el Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de
constitución, gestión, administración, funcionamiento y participación del Estado
de determinadas empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como
en el exterior, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela”.
También se
refiere al comodato el diputado de la Asamblea Nacional (durante el período
legislativo 2016-2021) por el estado Lara, Guillermo Palacios (del partido
opositor Un Nuevo Tiempo), quien también alerta que, tal y como ocurre con el
caso de Veinca, la Ley Antibloqueo servirá para que el gobierno de Maduro
entregue empresas quebradas con discrecionalidad y sin
transparencia.
La buena
racha de la zafra de los 70 fue inversamente proporcional a lo que pasó después.
La producción nunca superó aquellos números robustos que para muchos supusieron
un despegue indetenible. Al contrario, luego de un declive financiero a finales
de esa década, el Estado tomó el control de la planta, primero mediante la
Corporación Venezolana de Fomento (CVF) y luego mediante Centrales Azucareros,
C.A (Cenazuca). Nada de eso rescató a la empresa del desplome. Ni siquiera la
reprivatización en 1991.
Luego de
varias administraciones privadas y de la declaración de quiebra en 1999, la
empresa se convirtió en uno de los primeros experimentos de cogestión en el
relativamente reciente gobierno de Hugo Chávez.
Así, dos
años después de iniciado el conflicto, trabajadores y cañicultores tomaron el
control y se hicieron socios del 51 por ciento de las acciones. El Estado
venezolano, a través de la Gobernación de Lara y de la Corporación Venezolana
Agraria, tomó el restante 49 por ciento. Fue a partir de entonces cuando la
empresa fue rebautizada con el nombre de Pío Tamayo (1898-1935), poeta tocuyano
y uno de los primeros druidas del marxismo en Venezuela, además de fundador del
Partido Comunista de Cuba.
Una nota
del 21 de noviembre de 2010 del diario El Universal de Caracas rememoraba
que, una década antes, el gobierno de Chávez prometió a los trabajadores y a los
cañicultores el 100 por ciento de las acciones, pero la propuesta no se concretó
nunca. En cambio, Chávez, en pleno afán expropiatorio, compró las acciones de
320 trabajadores y 39 cañicultores y se hizo con el 100 por ciento de la
empresa. Para ello contó también con una mampara institucional, la Corporación
Venezolana del Azúcar (CVA), creada en 2005 bajo dependencia de la Corporación
Venezolana de Alimentos (Cval).
Héctor
Escalona recuerda que el comienzo de la pandemia por la Covid-19 terminó de
hundir los procesos de refinación que se ejecutaban en la empresa, además de los
pocos beneficios que tenían los trabajadores. Según su testimonio, ni Veinca ni
la CVA se responsabilizaron al respecto.

Desde marzo, la cuenta de Twitter del central describe la alianza de Veinca con el Gobierno.
“A
nosotros la directiva sindical nos convocó a una asamblea para informarnos de la
privatización de la empresa. Nunca vimos a un directivo de la CVA ni de Veinca.
Se llegó al acuerdo de privatizar y se hicieron muchos trámites indebidos.
Estábamos en pandemia y no sabíamos de quién dependíamos. Entonces nos pidieron
que renunciáramos a los pasivos laborales, porque prácticamente nos obligaron a
renunciar”, explica por vía telefónica.
De todos,
42 trabajadores se negaron a aceptar la renuncia. Escalona fue uno de ellos: “La
liquidación fue antes de fin de año (2020). Nos presentaron un formato para
firmar. El pago de la liquidación para los que tenían más tiempo fue de 85
dólares. Eso no da ni para llegar a la esquina. Pero además de eso, Veinca dice
que hay que tener 67 por ciento de patologías para entrar en el proceso de
incapacidad. No puedo creer que tengamos que presentar unas patologías para que
nos jubilen”.
Al
contrario de la promesa de reenganche, Escalona asegura que el abogado Gutiérrez
Martínez les dijo que Veinca “no está en la obligación de asumir a los
trabajadores”.
Sobre los
dueños de Veinca reitera que “no tenemos los nombres de ninguno”, lo que
alimenta en muchos de ellos la sospecha de que “allí hay algo oculto. En mi
opinión, esto es el mismo musiú con diferente cachimbo”.
Azúcar amargo
El
20 de octubre de 2012, en una
reunión televisada con sus ministros, el expresidente Hugo Chávez, convaleciente de
cáncer en aquel momento, asomó, en tono de crítica, la situación de los
sembradíos de caña, tomando como referencia el terreno del central azucarero
Ezequiel Zamora (en San Hipólito, Barinas): de 7.000 hectáreas, solo 1.000
estaban sembradas.

A pesar de
aquel tono decepcionado, la política expropiatoria de Hugo Chávez alcanzó
terrenos tocuyanos de cañicultura. La precariedad de los mismos ha sido tratado
de ocultar por la propaganda del sucesor gobierno de Nicolás Maduro. En junio de
2017, el ministro de Tierras, Wilmar
Castro Soteldo, ofrecía varios minutos de su programa televisivo, Cultivando
patria, para
una puesta en escena. En ella se veía al presidente de la junta liquidadora de
la CVA, Faiez Kassen, acompañando a un cañicultor en faena en los terrenos del
central Pío Tamayo.
“Estamos
en la unidad experimental con el banco de semilla donde los agricultores hacen
sus ensayos en una parcela de aproximadamente diez hectáreas donde luego se
convertirá para sembrar 1.000 hectáreas más entre todos los productores (...)
hacemos un llamado a los productores para incorporar más siembra de la caña para
que seamos una potencia productiva, como nos dijo el comandante Chávez en su
momento, y no solo para producir azúcar sino también para tener capacidad de
exportar a otros países aliados”.
El ímpetu
en la transmisión pretendía barnizar el hecho de que la política expropiatoria y
la falta de producción habían menoscabado el central. Ya un año antes, los
trabajadores se lamentaban de que la falta de caña de azúcar (entre otros
recursos) determinó el hundimiento de la empresa.
Oscar Arias, superintendente
industrial del azucarero, declaró en 2016 a VPI: “El proceso está parado. Este central se paró
el año pasado (2015) en abril. La zafra tuvo 34.000 toneladas de caña. Queríamos
moler 96.000 pero se molieron 33.000 porque no había logística. Se estima
trabajar con 24 camiones y el año pasado hubo diez”. En la misma entrevista,
apuntaba que el Pío Tamayo satisfacía apenas el cinco por ciento a toda la
demanda nacional de azúcar.
Cifras
recientes de Fesoca robustecen estos temores: la única central estatal que molió
caña y produjo azúcar en la zafra 2020-2021 fue el Central Azucarero Batalla de
Araure (Caba) en Guanare, estado Portuguesa. Pero la palabra producción no
significa alto rendimiento. Los números lo demuestran: esta planta tenía
previsto moler 200.000 toneladas de caña de azúcar. Pero solo molió 15.000
toneladas y refinó 600 toneladas de azúcar.
La escasez
de caña suma entonces una incertidumbre: a falta de ella, ¿qué y cómo producirá
Veinca después de tomar el central? “No hay condiciones ni para un arranque y
menos para el retorno de esa inversión. La materia prima, la caña de azúcar, no
la están sembrando. Quienes tienen terrenos cambian de rubro porque las
condiciones para la siembra de caña no han sido las mejores. Luego de que en
1999 producíamos 99 por ciento del azúcar que se consumía en Venezuela, hemos
pasado a 80 por ciento de déficit”, resume el diputado
Palacios.
Édgar
Contreras, gerente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela
(Fesoca), cañicultor de El Tocuyo y extrabajador del central (durante los años
80) explica que la ausencia de materia prima ha sido consecuencia de la política
expropiatoria de Chávez.
“Hay una
falta de incentivos para los productores y vinieron competencias no muy leales:
entra azúcar importada de Brasil, empaquetada en sacos, y la venden más barata
porque no paga aranceles y por eso los centrales azucareros que están moliendo
tienen que ajustar los precios para competir con la que viene de afuera”,
dice.
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Detalla
que los cañicultores no cuentan con los insumos básicos para sembrar: “Cuando
expropiaron Agroisleña y vino Agropatria, acabaron con los incentivos hacia los
productores. Uno de los insumos primordiales son los fertilizantes, que es la
comida de la planta. Por otra parte, un saco de urea cuesta 20 dólares y en el
cultivo de la caña necesitamos por lo menos doce sacos, más el cloruro de
potasio. La fertilización de ahorita no se da bien porque los insumos están
caros y los ingresos bajos”. Y añade, a modo de vuelo rasante, que a todo lo
anterior se suma “la escasez de diésel, que es grave. Los centrales que están
moliendo están a punto de parar”.
Para
comparar, resalta un dato: en la zafra 2006-2007, cuando la empresa estaba
regida por la figura de la cogestión, se molieron 315.000 toneladas de caña de
azúcar, luego de que se cosecharon 4370 hectáreas en el valle de El Tocuyo.
“Después de eso se vino en picada hasta llegar donde llegamos. No ajustar los
precios fue la debacle”.
Esa
“debacle” tiene una fecha, añade el diputado Palacios: “Hasta el año 2014 (se
refiere a la zafra 2014-2015) hubo molienda de caña de azúcar. Posteriormente
importaban el crudo para refinar y empaquetar. Traían azúcar en crudo de
Nicaragua, Brasil… de algún país productor. En 2014 se produjeron 6200 toneladas
de azúcar en el país. En 2009, 172 mil toneladas. Eso es todo lo que podemos
saber. El problema es que las estadísticas no son constatables porque las
secuestran”.
José
Ricardo Álvarez teme que a todos esos escollos se sume una ambición importadora
que desplace el ímpetu productivo en la empresa.
“Creo que
lo toman (el central) como un negocio comercial para tener la oportunidad de
importar azúcar. Tenemos que tomar en cuenta que también hay problemas con el
arranque por la falta de gasoil. Tocamos piso, y de aquí en adelante lo que
tenemos que ver es cómo crecer, pero lo que se ha visto es que continúa la
importación de azúcar de manera desproporcionada y
salvaje”.
Mientras,
la economía de El Tocuyo sobrevive apenas con la siembra de tubérculos y de café
y con pocas esperanzas de que el central azucarero sea una fuente de ingresos,
pues como señala un lugareño que se reserva su identidad, “lo que es más seguro
es que a esa planta la conviertan en una maquila”.