Con la varita mágica de Pdvsa se construyó su propio 'Kingdom'

Según las fichas del Registro Nacional de Contratista, desde el año 2010 Flores Suárez es el socio único y presidente de Electricidad e Instrumentación C.A. (Elinca), una empresa dedicada a la perforación de pozos, construcción y mantenimiento de obras, transporte y maquinarias, así como electricidad e instrumentación de servicios, todos en el área petrolera. 

No pasó mucho tiempo para que el nombre de Flores Suárez saltara de la nómina de contratistas predilectos de Pdvsa Occidente al listado de transacciones bancarias sospechosas que fueron reportadas entre 2016 y 2017 por bancos estadounidenses a la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro en Washington DC. El empresario llamaría la atención de cualquiera, pues en la última década ha amasado una importante fortuna con sociedades mercantiles offshore, una mansión en el Caribe, un avión y un lujoso yate —ambos inmersos en problemas legales—, además de un conglomerado de empresas que le dan vida a The Kingdom, nombre del holding que maneja y que en español se traduce como “el reino”. 

Los años en los que florecieron sus negocios, que incluían una sociedad empresarial con la familia de Parada Sánchez, conectan a Francisco Flores Suárez con un éxito financiero que trasciende las contrataciones que obtuvo en el área petrolera y de construcción con Pdvsa.

Una hoja de cálculo que detalla los movimientos bancarios del empresario venezolano, es parte de los 2.100 archivos obtenidos por Buzzfeed News y que dieron origen a los FinCEN Files. Los documentos, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y trabajados por 108 medios en 88 países de todo el mundo, incluyendo a Armando.info, evidencian al menos 286 transacciones vinculadas a Flores Suárez, por un período de un año, de 2016 a 2017.

Normalmente la relación en hoja de cálculo estaría acompañando a un informe narrativo conocido como Reporte de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés), en el que la entidad denunciante explica a la FinCEN por qué encontró presuntas irregularidades en las transacciones mencionadas. Sin embargo, la filtración obtenida no incluyó el SAR correspondiente.

Los montos reflejados en las transacciones atribuibles a Flores Suárez son variados y van desde sumas muy modestas hasta una por 500.000 dólares. Siete transferencias tuvieron su origen en la empresa petrolera Elinca y el destino final fue Winterbotham Trust Company Ltd., con sede en Nassau, capital de Bahamas, la misma nación caribeña donde Flores Suárez registró su yate,  llamado también The Kingdom. El total de las mismas fue de casi 1,3 millones de dólares, ejecutadas entre el 23 de noviembre de 2016 y el 1 de febrero de 2017. Solo una de ellas fue acreditada a Euroclear Bank y las restantes terminaron en KBL European Private Bankers S.A.

“Sí tengo una relación con Winterbotham Trust Company Ltd., quienes son una entidad financiera de excelente prestigio y reputación”, confirmó Francisco Flores Suárez a Armando.info a través de un intercambio de correos facilitado por uno de sus abogados venezolanos. 

La hoja de cálculo tiene decenas de menciones a Winterbotham Trust Company Ltd., no todas relacionadas con Francisco Flores, e incluye una transferencia emitida el 9 de noviembre de 2016 por casi 6.000 dólares a una cuenta que aparece suspendida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El concepto de la transacción descrita en los FinCEN Files señala “pago de salario”. Para esa fecha, las transferencias bancarias estaban vinculadas con diversas cancelaciones de servicios financieros.

Winterbotham Trust Company Ltd. se dedica a prestar servicios fiduciarios y administrar fondos en paraísos fiscales desde sus sedes en, además de Bahamas, Uruguay, Hong Kong y las Islas Caimán. 

En algunas instituciones de este estilo, los inversionistas de estos fondos hacen sus aportes de manera colectiva y se emiten acciones que le dan derecho al portador del papel. Es un mecanismo que suele ser usado para desaparecer el rastro del dinero sin que sea detectado por la inteligencia financiera de los países y, de esta forma, evadir cualquier requisito de información que pueda alertar a las autoridades fiscales. 

En el sistema Offshore Alert —especializado en exponer delitos financieros graves— aparece mencionada Winterbotham Trust Company en al menos tres casos de fraude y pago de sobornos. Esta compleja bicicleta financiera offshore usada para ocultar dinero en paraísos fiscales fue destapada tras el escándalo de los Panama Papers, aunque Winterbotham Trust Company no fue salpicada en ese momento.

Al ser consultado al respecto, Flores Suárez no reveló a cuántos fondos fiduciarios está suscrito y las razones que lo motivaron a movilizar su dinero entre Europa y Estados Unidos a través de Winterbotham Trust Company Ltd. Solo se limitó a decir que mantiene “una relación que data de hace varios años… por su excelente servicio al cliente y su excepcional reputación en el mundo financiero”, y que no se trata de un “mecanismo especial”.

Para entender por qué los movimientos bancarios de Flores Suárez levantaron sospechas en Estados Unidos habría que radiografiar la carrera empresarial del venezolano, ahora residenciado entre España, República Dominicana y Venezuela.

Pasó de ser un empresario dedicado a la prestación de servicios de mantenimiento en el área petrolera a construir un entramado de sociedades comerciales que dieron forma a la corporación matriz de The Kingdom. Entró en sectores como el de la construcción, metalúrgico, farmacéutico, exportaciones, editorial, publicitario, de eventos y, recientemente, el turismo. 

Parte de las transacciones tenía como propósito —según se indicaba en las relaciones bancarias— el pago de sus colaboradores cercanos, que también eran sus socios en diversas compañías venezolanas y extranjeras. Otra parte estaba en sociedades offshore de las que se sabe muy poco. También se cancelaron servicios jurídicos que más de una vez llegaron a hacerle falta. 

Una de esas ocasiones fue la incautación en 2015 de un cargamento de drogas en su yate, entonces surto en aguas de República Dominicana y todavía hoy bajo custodia de las autoridades de ese país caribeño. A cuenta del yate, en casi dos meses pagó 173.045 dólares en mantenimiento, abogados, inspecciones y hasta un servicio satelital. Fueron debitadas en su mayoría del Crown Agents Bank Limited de Inglaterra y acreditadas a bancos norteamericanos, dominicanos y otros con sede en Puerto Rico.

Elinca, la empresa de Flores Suárez, aparece haciendo transferencias que, por ejemplo, llegaron a SEB Bankas, un banco comercial en Lituania, que recibió 32.500 dólares por pago de salarios y fees a Jurgita Svogzlyte. Otra fue transferida entre cuentas de la misma empresa petrolera Elinca, que pasaron por Crown Agents Bank Limited, y fueron acreditados a KBL European Private Bankers, Deutsche Bank Trust Company, JPMorgan Chase Bank National, Citibank, Wells Fargo Bank y Activo International Bank —este último, operación de un banco venezolano en Puerto Rico—, por concepto de “pagos de operaciones”. 

Al ser consultado sobre su relación con Crown Agents Bank Limited, el empresario rechazó tener algún vínculo con el banco, lo cual deja abierta la posibilidad de que se trate de un banco corresponsal. Un requisito de las cuentas en Winterbotham Trust Company es que el cliente remita fondos mediante un giro bancario a una de las entidades corresponsales, para luego ser acreditados en su propia cuenta como cliente de la entidad fiduciaria. Cuando los pagos salen de la cuenta con Winterbotham por una orden del titular o de las personas autorizadas, se procesan a través de uno de los bancos corresponsales.

En 2007, Pdvsa se transformó en el cliente exclusivo de Elinca, según se detalla en el Sistema de Contrataciones Públicas venezolano. La empresa, fundada hace 50 años, tenía otros socios en 2003, y posterior a esa fecha fue cuando Flores Suárez se convirtió en único accionista y presidente. Un dossier de la sociedad, que se puede conseguir en línea, menciona las obras y montos que suscribió con las filiales Petropiar, Pdvsa Gas, PetroPerijá y PetroBoscán, así como Desarrollos Urbanos S.A. (Ducolsa), la promotora de viviendas y filial de Pdvsa creada específicamente para abordar el problema habitacional en la costa oriental del lago de Maracaibo. 

Por ejemplo, Elinca asumió a nombre de Ducolsa el proyecto de construcción de 108 viviendas en el empobrecido sector Marite de Maracaibo. Allí se sustituyeron los precarios hogares de hojalata y bahareque de un grupo de familias indígenas wayúu procedentes de la península de La Guajira, por casas de 92 metros cuadrados, a las que agregaron una estructura metálica en forma de bohío. Las notas de prensa oficiales se refieren a inspecciones de la obra y algunos sectores del complejo habitacional fueron inaugurados. Sin embargo, no se sabe si el proyecto fue culminado.

Elinca realizó con Ducolsa al menos tres proyectos habitacionales por un monto de casi siete millones de bolívares fuertes, según reporta en su dossier. A finales de 2014, esa cifra podía equivaler entre un poco más de un millón de dólares, a tasa del Banco Central de Venezuela, o a unos 136.000 dólares, según los parámetros del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad II).

Cuando Rafael Ramírez salió de Pdvsa en 2015, ya con Nicolás Maduro en la presidencia de la República, la purga subsiguiente alcanzó a la División Occidente de Pdvsa. El otrora poderoso José Luis Parada Sánchez cayó en desgracia y estuvo inmerso en una serie de aprietos jurídicos. Entre otras irregularidades que se le achacaron, en medios se le llegó a señalar como el cabecilla del contrabando de combustible hasta Colombia. Logró escapar del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y luego, según versiones de prensa, habría colaborado con la acusación en el caso abierto ante la justicia norteamericana contra el iraní Ali Sadr Hasheminejad, por el presunto lavado de al menos 115 millones de dólares provenientes de contratos con el gobierno venezolano -el principal, uno con Ducolsa-. El caso finalmente se vino abajo en junio de 2020, cuando la Fiscalía admitió ante una jueza de Nueva York que no había dado acceso a la defensa a todas las evidencias del caso, incluyendo algunas que podían exculpar a Sadr, y por lo tanto sugería desechar la causa. El iraní, que enfrentaba cinco cargos relacionados con la evasión de las sanciones impuestas por Washington contra el régimen de los ayatolás en Teherán, quedó así en libertad por la extraña falla técnica de los fiscales.

La defenestración y huida de Parada no resultaron tan ruinosas para Flores Suárez. Tampoco sirvieron para poner al empresario de 49 años de edad bajo los focos de la atención pública, como apenas lo hizo el caso del decomiso de droga en su yate, y esa vez solo como parte de un equívoco que, durante unas horas y por efectos de la confusión, ligó el allanamiento a la embarcación con una operación encubierta por la cual, apenas con unas horas de diferencia, la DEA (agencia antinarcóticos de Estados Unidos) estaba capturando en la vecina Haití a dos venezolanos del mismo apellido: Francisco Flores de Freitas y Efraín Campo Flores, los denominados narcosobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores.

En 2010, Francisco Flores Suárez fue designado director y vicepresidente de Opyg Investment Inc, según documentos del registro mercantil de Panamá. La particularidad de esta relación es que Flores Suárez estuvo durante ese año reemplazando a Elizabeth Sánchez en la directiva de Opyg Investments, y en compañía de otra directora y presidenta de la sociedad, Oriely Parada; una y otra son la madre y hermana de José Luis Parada, el depuesto ejecutivo de Pdvsa. 

Al ser consultado por Armando.info sobre su relación con Parada o la familia del ex gerente petrolero, Flores Suárez afirmó no tener “ninguna” y rechazó la solicitud de información adicional sobre sus vínculos societarios. 

En 2012 Flores Suárez adquirió una lujosa mansión en el sureste de República Dominicana, identificada como Villa Naranjo N° 14, aunque a nombre de una sociedad con origen en Panamá, Management Kingdom Corporation Ltd. En el Excel del FinCEN también está mencionada esta empresa, con transferencias de casi 140.000 dólares que terminaron en las cuentas de Los Naranjos 14 S.A., una compañía registrada en Panamá y cuyos directores son socios de Flores Suárez en otras sociedades. Principalmente, los pagos eran para el mantenimiento de “la villa” y el bote. 

Además de ser propietario de un inmueble en el exclusivo resort dominicano de Casa de Campo, amarró un yate de 35,3 metros de eslora, The Kingdom, en la cercana marina de Chavón, en La Romana. El costo de la embarcación, registrada en la capitanía de Nassau, se calculaba en 15 millones de euros para 2014, y su propiedad está bajo control de una sociedad incorporada ese mismo año en Barbados, FGF Vessel Ltd., de Francisco Flores Suárez.

Según los registros de la compañía el objeto era “adquirir un barco que será rentado, y también actuará como tenedora para hoteles”. Flores Suárez explicó a Armando.info que no existen otros inversionistas y que el propósito de la empresa era “solo para el mantenimiento de un activo”. 

Con toda probabilidad nadie se habría enterado de ese activo suntuoso de Flores Suárez de no haber sido por el incidente del decomiso de drogas. El 8 de noviembre de 2015, agentes de la policía dominicana y de la DEA abordaron el yate poco antes de partir al sur de Florida. Consiguieron dos maletas negras ocultas en unos ductos con 50 paquetes de cocaína, un poco más de 52 kilos, y cuatro de heroína, con casi dos kilos. Aunque el caso sigue abierto y Flores Suárez no ha podido recuperar la nave, hay que subrayar que sobre el empresario venezolano no pesa ninguna acusación penal relacionada con el suceso.

El abordaje tuvo lugar el 8 de noviembre de 2015. El 10 de noviembre, 48 horas más tarde, la DEA arrestaba a los narcosobrinos en el otro extremo de la isla de La Española, cuyo territorio Haití comparte con República Dominicana. Atraídos con el señuelo de una sting operation que los agentes estadounidenses desplegaron por Honduras, Venezuela y la misma Haití, los sobrinos Flores transportaban 800 kilos de cocaína al momento de su arresto. Capturados in fraganti en Puerto Príncipe y puestos bajo custodia de la DEA, de inmediato fueron deportados a Nueva York, donde, un año más tarde, un tribunal los condenó a largas sentencias en prisión.

Ávida de detalles sobre el espectacular operativo, la prensa reparó en la coincidencia entre ambas incautaciones en los dos extremos de la isla y, diríase que inevitablemente, las vincularon. La Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana debió aclarar que eso no era cierto.

Armando.info tuvo acceso al expediente del Tribunal Constitucional de República Dominicana que contiene los detalles del caso penal vinculado al allanamiento del yate. En los folios figura la mencionada sociedad FGV Vessel Ltd., cuyo beneficiario final y propiedad son "del señor [Francisco] Flores (...) Tanto la villa en Casa de Campo como la embarcación son administradas por la sociedad de origen local denominada Management Kingdom Corporation SRL”, otra compañía constituida el 18 de septiembre de 2014, también en Barbados, y homónima a una en Panamá.

El documento legal es minucioso en la cronología de los hechos que rodean el caso del yate, y revela otras sociedades anónimas adheridas a los negocios de Francisco Flores Suárez que resultan prácticamente indetectables por la naturaleza de las mismas. 

A principios de 2020 los abogados del venezolano insistieron en una nueva apelación en el marco del proceso por recuperar el yate incautado y, casi cuando creían que podían lograrlo, en junio fue rechazada de nuevo la moción. 

Pero no fue este el único caso que involucró bienes de Francisco Flores Suárez y la DEA. Tampoco fue el único de 2015.

En los tribunales federales del Distrito Sur de Florida está el caso de un avión Beechcraft Super King Air 300, propiedad del empresario venezolano, que fue inspeccionado y confiscado hace cinco años por la agencia estadounidense bajo presunción de que transportó algún tipo de narcótico. No se demostró nada, de acuerdo a lo que dicen los abogados de Flores Suárez en el documento, en el que además solicitan que se permita a la aeronave volar desde el aeropuerto Opa-Locka, en el condado de Miami Dade, a Venezuela. Otra serie de situaciones irregulares quedaron de manifiesto durante el caso: por ejemplo,  porque el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) de Venezuela no emitía la autorización de repatriación por un “error” en la licencia. 

De acuerdo con lo descrito en el expediente judicial en Florida, FGF Aviation LLC, una sociedad registrada por Francisco Flores Suárez en el estado de Delaware -una suerte de paraíso fiscal en territorio estadounidense-, compró en 2011 el avión a Banyan Air. La aeronave estaba en proceso de nacionalización en Estados Unidos y, para operar en Venezuela mientras legalizaban los documentos, FGF Aviation recibió del Inac una licencia temporal, así como una licencia tributaria del Seniat que se extendió hasta 2014. Uno de los requisitos exigidos en Venezuela fue que el propietario debía ser una corporación nacional o registrada en el país. Parece probable que por ello la nave apareciera alquilada de una sociedad de Flores Suárez a otra; es decir, FGF Aviation le arrendaba el avión a Kingdom Flores Negociaciones C.A., la compañía en Venezuela que comparte con sus hermanos desde hace 20 años

“El propósito de esta empresa es la comercialización y distribución de diversos productos”, explica Flores Suárez. Agrega que “dichos arrendamientos de la aeronave fueron destinados a reuniones empresariales y eventos corporativos”, un propósito inusual para la compañía familiar, constituida en Naguanagua, hoy un suburbio al norte de Valencia, capital del estado Carabobo, y cuyo objeto mercantil está asociado al ramo editorial. 

Cuando el avión perdió la licencia tributaria, señala el documento, “Flores y sus asociados [de FGF] decidieron trasladarlo a Aruba”. Sobre este particular, el empresario venezolano indicó que “no existen otros inversionistas” a pesar de la mención en el expediente.

El aparato realizó su último vuelo desde Caracas el 18 de julio de 2015 con destino al Aeropuerto Internacional Reina Beatriz de Aruba; siguió luego a República Dominicana y, finalmente, a Miami. El 20 de abril de 2015, la propiedad del avión pasó a “título individual” de Francisco Flores Suárez, con lo cual garantizaba la nacionalización y así podría cumplir también con las leyes venezolanas. El 15 de junio de ese año, el empresario venezolano otorgó un poder especial a una empleada de Kingdom Flores Negociaciones para tramitar un registro de un vuelo de repatriación que nunca se logró. El 6 de agosto de 2015, la aeronave cayó incautada por la DEA, y aún no es entregada a su dueño.

Sobre este caso, Flores Suárez precisa que “ciertamente para tener una aeronave con matrícula norteamericana era necesario que esté a nombre de un Trust y una entidad de dicha jurisdicción por requerimientos legales”.

Si bien acosado por potenciales escándalos, a través de Internet es posible ver a Flores Suárez en una faceta distinta, que le exige adoptar la apariencia serena de un filántropo benefactor.

Sobrio, vestido con paltó negro, manejando un discurso en el que cita versículos de la Biblia y el particular gesto de llevarse las manos al frente en señal de bendición, Flores Suárez se presenta como presidente de la Fundación Venezuela Nueva. En 2020, esta organización cumplió diez años en una labor que promueve “nuevos niveles de pensamiento”, tal como dice en su página. 

“Nuestra intención no es la política, no somos religiosos, nuestra intención no es abrir ninguna iglesia, no criticamos a los políticos, no criticamos a ninguna iglesia… Promovemos un nuevo nivel de entendimiento”, dice Flores en un video colgado en la página web de la Fundación Venezuela Nueva a principios de 2020. Su antecedente, asegura, fue Reto a la Juventud, un centro de rehabilitación en el estado Carabobo vinculado con la iglesia evangélica. Sin embargo, lo visible de la fundación es su patrocinio de algunas carreras artísticas. 

Hace varios años, la Fundación Venezuela Nueva pagó la producción de dos sencillos musicales. El primero fue con el exitoso dúo venezolano postulado a los premio Grammy Latinos, el grupo SanLuis, con el tema Mis ilusiones. En la producción participaron los otros ex integrantes de la agrupación zuliana Voz Veis y el rapero caraqueño Apache. El videoclip correspondiente lo grabaron entre Caracas, Miami, California, Aruba, Milán y Panamá, según contaron los mismos cantantes a la prensa nacional. Además de los intérpretes, para la pieza audiovisual se contó con la participación de varios iconos de la cultura popular venezolana, desde el reconocido actor Edgar Ramírez, hasta el fallecido maestro Carlos Cruz-Diez. También los deportistas Omar Vizquel, Greivis Vásquez y Tomás Rincón, además de la modelo y actriz Gaby Espino y la presentadora Maite Delgado.

En 2017 el video fue un éxito y la canción, con sus pretensiones de convertirse en una especie de himno de alegría y esperanza para los decaídos venezolanos, no paraba de sonar en la radio. 

Así es como, en la misma hoja de cálculo contenida entre los FinCEN Files a la que este texto se viene refiriendo, quedó registrado, con fecha del 15 de diciembre de 2016, un pago por 18.000 dólares de Francisco Flores Suárez a SanLuis Music and Media. Elvia María Affaqui García, socia del empresario venezolano en al menos cuatro compañías, autorizó la transferencia, que tuvo como destino una cuenta en el Bank of America por concepto de “pago abono a contrato - marketing production”. 

Ese mismo día se detalla un segundo pago por casi 68.000 dólares, que fue a dar a la cuenta en el Banco Espirito Santo S.A. de la empresa venezolana Virao Producciones, por concepto de “pago factura anexa discográfica - compra de equipos musicales”. 

La Fundación Venezuela Nueva replicó apenas después el éxito del dúo SanLuis, pero esta vez con el solista venezolano Franco de Vita, quien dedicó una canción a los niños con síndrome de down llamada Tú de qué vas. El video fue dirigido por el productor y director musical venezolano Pablo Croce, residenciado en Miami, esposo de la bailaora Siudy Garrido. En este caso, la transacción fue por 15.000 dólares para la cuenta de Pablo Croce Productions LLC, en JPMorgan Chase Bank, NA. Esto ocurrió un día después del pago por la otra producción musical en 2016, y el concepto fue “marketing productions”. 

Francisco Flores Suárez señaló que el motivo para realizar poderosas —y también costosas— campañas promocionales fue “enteramente profesional”. Aclara que “destinó parte de los ingresos para concientizar” en valores, la unión familiar y el respeto. “Dios me premió con un niño especial, es mi deber promocionar la aceptación, la igualdad y la tolerancia”, dijo.

La sede presidencial de la Fundación Venezuela Nueva está en el penthouse de la Torre Movilnet de Valencia. Es la misma dirección que comparten varias de sus empresas registradas en Venezuela y Panamá: Prokingca C.A., Paraburutti S.A., Los Naranjos 14 S.A., Simba I S.A., Zazen S.A., y Kingdom International Group Inc. Esta última funcionó hasta 2019, y aparece en el Excel del FinCEN transfiriendo casi 1,5 millones de dólares para pagos de pilotos, servicios aeronáuticos, mantenimiento de aeronave e incluso pagos de aranceles al Inac, el 30 de diciembre de 2016.

Algunas de las mencionadas tienen su espejo en República Dominicana, donde el empresario consideró que había un “buen clima de inversión” y oportunidades para ampliar sus negocios, según declaró a un medio de la isla. 

A pesar de sus múltiples facetas, el círculo de confianza de Flores Suárez es cerrado. Un pequeño grupo de socios lo acompaña y se rota cargos en sus sociedades. Por ejemplo, la directora de la Fundación Venezuela Nueva, Gabriela Daza, es la persona contacto en Prokinga, y el chileno Mauricio Contreras Martínez, socio y representante de empresas conjuntas, además administra el alquiler de la villa en Casa de Campo. Su hermana, Ineira Flores, aparece como contacto de la compañía Elinca en el Registro Nacional de Contratistas y su hermano, Javier Flores, es quien resuelve los asuntos legales relacionados con el yate “en representación de FGF Vessel Ltd.”, en conjunto con los abogados y de acuerdo con un poder consular que emitió Francisco Flores Suárez desde España.

Según los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Flores Suárez vota en su natal Naguanagua. En ese municipio registró las compañías Kingdom Medical, y Kingdom Flores Negociaciones, partes de un “reino” que deslumbra y, por su meteórico desempeño, parece casi de fantasía. 

Este reportaje contó con la colaboración de Alicia Ortega y Julia Ramírez desde República Dominicana.