Veximca es 'pa'los panas’
Al mayor general de la Aviación, Giuseppe Yoffreda, con toda propiedad se le puede calificar como el más poderoso de los menos conocidos funcionarios de la administración chavista. Hoy Embajador en Qatar, por una década controló las compras del Estado en el extranjero desde dos empresas, Corpovex y Veximca. De esta última el Departamento del Tesoro hizo seguimiento por las multimillonarias transferencias en dólares hechas, sobre todo, a desconocidas compañías en Florida que gestionaban allegados al oficial.
"Las
transacciones vistas a través de JPMC y descritas más arriba no parecen
respaldar la declaración de visión de Veximca", comentaba, entre
asombrada y sarcástica, la oficial de cumplimiento del banco JPMorgan Chase
(JPMC) que en diciembre de 2012 firmaba un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR,
por sus siglas en inglés) de siete páginas dirigido a las autoridades de la Red
de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, acróstico en inglés), la unidad de
inteligencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Por muchos
años el Banco Central de Venezuela (BCV) había mantenido un acuerdo de
corresponsalía con el JPMorgan Chase para completar las transacciones
internacionales en dólares del ente monetario de la rica -por entonces- nación
petrolera de América del Sur. Ello permitía a los ejecutivos de compliance de la corporación bancaria de
Nueva York monitorear las operaciones ordenadas desde Caracas e informar a las
autoridades en Washington sobre aquellas que mostraran rasgos inusuales, tal
como estaban y siguen estando obligados por la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act) de
1970.
En la ocasión
se trataba de las voluminosas órdenes colocadas por el BCV a nombre de una joven
empresa del Estado venezolano, Veximca (Venezolana de Exportaciones e
Importaciones C.A.). Fundada en 2008 por decreto de Hugo Chávez, Veximca tenía
registrada ante JPMorgan Chase una dirección física que correspondía a la sede
de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, a la
que la compañía estaba adscrita: Avenida Urdaneta, Esquina de Carmelitas,
Caracas. Para la fecha, Nicolás Maduro se desempeñaba como Vicepresidente de
Venezuela, mientras el presidente Hugo Chávez agonizaba en La Habana. Un alto
oficial de la Aviación Militar Bolivariana, Giuseppe Yoffreda Yorio, figuraba
como presidente de Veximca.
Según el
relato de JPMC, el informe de diciembre de 2012 era el tercero de un seguimiento
iniciado a la "wire activity"
(actividad de transferencias electrónicas) de Veximca en septiembre de 2011, que
también había generado otro reporte en septiembre de 2012.
Varias cosas
sobre Veximca habían llamado suficientemente la atención de los oficiales del
banco en Nueva York como para apretar los botones de alarma. Una, la cuantía de
las remesas: solo ese tercer reporte se refería a transacciones por casi 230
millones de dólares. En segundo lugar que, a pesar de que la propia
denominación comercial de la empresa aseguraba que se dedicaba a la "exportación
e importación" de bienes, "con excepciones menores", decía el documento enviado
al Departamento del Tesoro, las transacciones registradas eran egresos
"presumiblemente destinados al pago de importaciones" y "ningún ingreso por pago
de exportaciones se ha observado". Y la tercera: quedaba en evidencia que dos de
cada tres beneficiarios de tales pagos correspondían a un puñado de empresas
localizadas en el estado de Florida que "o bien son oscuras, o pertenecen a
categorías del más alto riesgo".
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En el JPMorgan
Chase apenas se habían ocupado de revisar el website oficial de Veximca, y esa
comprobación primaria había bastado para encontrar una contradicción en línea:
la misión-visión de la empresa venezolana proclamaba entonces su propósito de
"permitir al país alcanzar niveles más altos de desarrollo y mejorar la calidad
de vida y bienestar de la población".
"Pareciera que
una agencia dedicada a la promoción del desarrollo también exportaría bienes
para así traer fondos a la nación", apuntaba no sin sorna quien desde el JPMC
redactó el reporte, uno de los 2.100 documentos que forman parte de la
filtración recibida por Buzzfeed News y que, compartidos con el Consorcio
Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) y
otros 108 medios en 88 países -entre ellos, Armando.info-, dieron lugar a los FinCEN
Files.
Para coronar
sus sospechas, la ejecutiva del banco concluyó: eran evidencias de un posible
esquema de structuring. Así se llama
en la jerga especializada al método por el que una operación grande de lavado de
dinero o fraude se segmenta en una serie de transacciones pequeñas, más
difíciles de detectar en el sistema bancario como parte de un mismo flujo de
dinero.
De ese modo
quedó archivada en los recovecos de la administración pública estadounidense una
muestra del poder y la discrecionalidad adquiridas por Giuseppe Angelo Yoffreda
Yorio, un opaco oficial de la Fuerza Aérea, hijo de comerciantes italianos
asentados en el estado Aragua, entidad del centronorte de Venezuela que es
también cuna y corazón de la aviación militar.
Vuela alto aunque no sea piloto
El viernes reciente se cumplió un nuevo aniversario del levantamiento militar del 27 de noviembre de 1992 contra el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. La rebelión fue una especie de réplica tardía de la intentona liderada meses antes por el comandante de paracaidistas y futuro presidente, Hugo Chávez.
A diferencia del 4F de Chávez y su logia de oficiales del Ejército
agrupados en el Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR 200), ese putsch frustrado de hace 28 años fue una
operación básicamente protagonizada por la Fuerza Aérea Venezolana (FAV). El mosaico de imágenes
emblemáticas de esa fecha incluye el paso supersónico de cazas F16 sobre
Caracas, el bombardeo impreciso del Palacio de Miraflores, el derribo de un
Bronco OV10 sobre la base aérea de La Carlota y la llegada de un nutrido grupo
de sediciosos a bordo de un Hércules C130 de la FAV a la ciudad peruana de
Iquitos, donde solicitarían asilo al régimen de Alberto
Fujimori.
A pesar de la
cuota de sacrificio pagada por la Fuerza Aérea en la demolición de la democracia
en Venezuela, a la larga, cuando Chávez llegó al poder y proclamó una Revolución
Bolivariana de carácter cívico-militar, la Aviación tendría una figuración
modesta en su jerarquía. De hecho, y para completar la jugarreta histórica, el
oficial de ese componente de la Fuerza Armada que más poder llegó a detentar en
la nomenklatura chavista no tuvo
participación alguna en el golpe del 27N y ni siquiera llegó a pilotear una
aeronave durante su carrera de armas: el mayor general Giuseppe Yoffreda
Yorio.
Yoffreda,
actual Embajador de Venezuela en Qatar, controló a lo largo de una década las
compras internacionales del sector militar, primero, y luego todas las del
Estado. Ha hecho del cultivo del bajo perfil y de la maleabilidad de su carácter
las claves de su éxito político. Entre otros cargos de la administración
pública, fue ministro de Transporte Acuático y Aéreo (2014-2016), y Comandante
General de la Fuerza Aérea (2013-14), el primer oficial que no hizo el curso de
vuelo -es especialista en Comunicaciones, no piloto- y que, sin embargo, llega a
esa posición en toda la historia de la aviación militar venezolana, desde su
fundación en 1920.
Según aseguran
diversas fuentes que lo conocieron en los cuarteles, la creciente influencia de
Peppino Yoffreda en el régimen
revolucionario no tuvo que ver ni con sus galones militares ni con su reputación
de trabajador dedicado y buen organizador, sino con la confianza que le otorgó
el número dos del chavismo, Diosdado
Cabello, oficial del ejército con quien coincidió en su formación como
especialista en Comunicaciones y Electrónica en el Iupfan (antiguo Instituto
Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas Nacionales, precursor de la
actual Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, Unefa). En los
años 80, Cabello y Yoffreda forjaron una sólida amistad que, a la vez, dio masa
crítica al futuro grupo tecnocrático-desarrollista de oficiales que dentro del
régimen mostrarían la mayor sensibilidad ante la suerte de la empresa privada y
los negocios. Pero a partir del mandato original de los hermanos Cabello Rondón
-Diosdado y José David-, Yoffreda supo ganarse la confianza de Nicolás Maduro y
de los hermanos Rodríguez Gómez -Delcy y Jorge-, entre otros cabecillas de las
facciones que componen el chavismo gobernante. "Él es como una especie de
encrucijada", atestigua un antiguo suboficial, hoy exiliado, que trabajó con Yoffreda y que pidió mantener su nombre en
reserva.
La palanca a
disposición de Yoffreda para ejercer su poder fue, entre todos sus cargos
burocráticos, la presidencia de la Venezolana de Exportaciones e Importaciones
C.A., Veximca. Se trata de una sociedad mercantil del Estado venezolano para "la
importación y exportación de toda clase de bienes de servicios", según rezaba en
Gaceta Oficial el decreto de Hugo
Chávez que en 2008 la creó. Desde ese vamos, Yoffreda estuvo en la presidencia
de Veximca.

Giuseppe Yoffreda Yorio se mantiene como embajador de Venezuela en Qatar. En noviembre de 2018 entregó sus credenciales al ministro de Asuntos Exteriores de la monarquía. Foto: Ministerio de Comunicación e Información.
Cuando en 2013
el sucesor de Chávez en la presidencia, Nicolás Maduro, concibe un nuevo ente,
la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), no solo para
centralizar todo lo que del Estado tenía que ver con el intercambio
internacional sino para sustituir a la extenuada Cadivi (Comisión Nacional de
Administración de Divisas, la oficina encargada desde 2003 por Chávez para
gestionar el régimen de control de cambios y sus diversas tasas, lo que dio
lugar a un foco descomunal de corrupción), dispone también que Veximca se ubique bajo el paraguas del nuevo organismo, junto a otros grandes compradores del
Estado, como Suvinca (Suministros Venezolanos Industriales C.A.) y Bariven, la
poderosa filial de la petrolera Pdvsa encargada de negociar con proveedores
externos. Y cómo no: a la vez designa a Yoffreda como presidente de Corpovex,
cargo que tendrá hasta noviembre de 2018, al ser nombrado como jefe de la
misión diplomática ante la monarquía catarí.
Yoffreda fue,
por lo tanto, el zar de las compras internacionales de Venezuela durante una
década, incluyendo el período 2008-12, cuando el boom de los precios petroleros exacerbó
el furor de importaciones del chavismo. Eso lo consagró como el más poderoso de
los jerarcas menos conocidos del régimen, inmune todavía hoy tanto a sanciones
extranjeras como a purgas internas.
Fuera del
radar de la opinión pública venezolana, eso no quiere decir que las autoridades
del Departamento del Tesoro no le siguieran los pasos. El SAR filtrado con los
FinCEN Files es prueba al menos de que, desde muy temprano, Washington lo tenía
en la mira.
De amigos a socios
El SAR de
diciembre de 2012 hace notar que entre 2009 y 2011 dos empresas de Florida, Safe
Trade Corp y Floppy Inc, habían recibido en conjunto pagos de Veximca por 74,3
millones de dólares. Ambas compañías eran clientes del banco BB&T y tenían
por presidente a Doner García, un hombre de negocios venezolano hasta entonces
solo conocido como representante en el sur de Florida de las motocicletas BMW,
marca alemana de la que gerencia un concesionario oficial en la ciudad de Doral,
en el oeste del condado de Miami-Dade.
También
subraya el documento emitido por el departamento de cumplimento del JPMorgan
Chase que las dos compañías parecen estar fondeadas exclusivamente por los pagos
de Veximca y que "en ambos casos luce como algo fuera de lo ordinario que una
entidad del gobierno adquiera vehículos y equipos a empresas tan pequeñas y
desconocidas".
En efecto,
García era el propietario del par de compañías. Con 42 años de edad, el joven
empresario es parte de la familia García Romero, manufactureros e importadores
tradicionales para el mercado venezolano de equipos de protección y accesorios
para cuerpos policiales y de seguridad: chalecos antibalas, luces cocteleras
para patrullas, por ejemplo. También cuentan con empresas incorporadas tanto en
Panamá como Estados Unidos. La misma Safe Trade Corp que despertó sospechas
entre el personal del JPMorgan Chase, registrada en 2003, aparecía en las fichas
bancarias en inglés con el propósito de fabricar "body armor" (armadura de protección
corporal). Floppy Inc, en cambio, fue constituida en octubre de 2009, apenas
semanas antes de empezar a recibir millonarios pagos de
Veximca.
Hay compañías
homónimas en Venezuela, Uniformes Floppy C.A. y Floppy Body
Armor, por ejemplo, ambas bajo control del mismo grupo familiar y dedicadas a la provisión de equipos para cuerpos de seguridad. En
otra, sin embargo, registrada también en 2009 pero en Panamá, Floppy Group Inc,
en la que Doner García Romero aparece como presidente, el directorio incluía
hasta 2018 a la madre de García y a su ahora ex esposa, María Eugenia
Fanti.
García tuvo
con Fanti dos hijas, todavía menores de edad. María Eugenia Fanti es también
venezolana y periodista de profesión, aunque en los últimos años se ha dedicado
a la venta y administración de propiedades inmobiliarias. En su rol de
periodista, con cierta frecuencia aparece como comentarista invitada en Ahora con Óscar Haza, uno de los
programas de opinión más populares de la televisión hispana del sur de Florida,
que transmite el canal Mega TV bajo la conducción del periodista dominicano.

García solo era conocido como representante de las motocicletas BMW en el sur de Florida. En el SAR enviado al Departamento del Tesoro en 2012 aparecía como propietario de dos empresas, en una de las cuales figuraba como directora su hoy ex esposa.
Fanti aparecía
para la fecha del SAR como directora en varias de las decenas de empresas de
Doner García en Florida, incluyendo la dudosa Floppy Inc, disuelta finalmente en
2020; en Safe Trade Corp, en cambio, estaban inscritos como directores una hermana y un
cuñado de García al momento de su disolución en 2012.
La mayoría de
esas empresas correspondían a vehículos de control de propiedades inmobiliarias.
Y es que, según consta en la oficina de Catastro de Miami-Dade, García y Fanti
se embarcaron entre 2013 y 2016 en una virtual campaña de compra de inmuebles:
al menos 22 propiedades por un valor de compra de alrededor de 6,5 millones de
dólares, principalmente predios, residencias y galpones en el enclave venezolano
de Doral, y apartamentos en la lujosa zona de Brickell, en Miami.
La racha tuvo
fin con la crisis y zozobra final del matrimonio. Muchas de esas propiedades y
de las compañías a cuyos nombres estaban quedaron asentadas en los expedientes de la demanda
de divorcio introducida por Fanti en agosto de 2017 ante el Tribunal del
Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade. La acción judicial, resuelta con un
acuerdo entre las partes que otorgó algunos de esos haberes a Fanti en junio de
2018, estuvo precedida por una denuncia de violencia doméstica, según se puede
comprobar en línea.
Para este
reportaje se intentó conocer la versión de Doner García a través de llamadas
telefónicas y cuestionarios enviados a sus direcciones de correo electrónico
disponibles, sin que se obtuviera respuesta alguna. Con María Eugenia Fanti, por
su parte, el autor de esta nota tuvo un primer intercambio por medio de Facebook Messenger y Whatsapp
en marzo de este año, luego del cual no volvió a responder a las
llamadas.
En todo caso,
durante la bonanza captada por el SAR que el JPMorgan Chase presentó ante el
Departamento del Tesoro, Doner García debió sentirse tan seguro de su relación con la estatal Veximca en Caracas, que en marzo de 2012 registró en Florida una
compañía bajo el nombre de Veximca LLC. Hasta la disolución de la compañía en
marzo de 2015, Doner García, que entonces daba una dirección de residencia en
Doral, actuaba como Agente Registrador, Presidente y Gerente-Director de Veximca
LLC ante la División de Corporaciones del Estado de
Florida.
Pero aún resta
otro dato, más rotundo que el anterior, para establecer una conexión orgánica
entre Doner García y el círculo cercano al mayor general Giuseppe Yoffreda,
mandamás de Veximca en Venezuela: García fue socio en al menos una empresa del
coronel retirado de la Aviación Militar Bolivariana, Pedro Cestari Navarro.
La empresa se
llamó Onix Trade Corporation, registrada en Florida en agosto de 2015 y activa
hasta abril de 2018, cuando quedó disuelta por decisión voluntaria de su
accionista principal, el coronel Cestari Navarro, que entonces informaba como su
domicilio la calle Diego de Lozada de la urbanización Andrés Bello de Maracay,
ciudad capital del estado Aragua. Entre 2015 y 2016 Doner García fue el primer
Agente de Registro de Onix, antes de ceder su lugar a una agencia de la ciudad
de Opa-locka.
Como recogía
Armando.info hace un par de años, el coronel Cestari Navarro empezó a tener un
perfil público desde que en 2014 fundó una aerolínea, Turpial Airlines, con casi
800.000 dólares de capital. Hoy, cuando la empresa cuenta con tres aeronaves
Boeing 737-400, Cestari la sigue presidiendo desde su cuartel general panameño,
país donde tiene otras dos empresas y que, entre tanto, se convirtió en el
principal destino de la aerolínea.
Luce como una
culminación inesperada para la carrera del oficial de la Fuerza Aérea, retirado
en 2006 con el grado de coronel, y con una carrera apenas mediana en la
burocracia chavista. En ese 2006 pasó a las órdenes del Ministerio de Turismo,
en el que tuvo a su cargo la administración de un hotel y el sistema de
teleférico del estado Mérida, en los Andes del suroeste venezolano. Antes había
formado parte del equipo del general Yoffreda Yorio cuando este comandó como su Presidente el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), entre 2004 y
2006. Giuseppe Yoffreda y Pedro Cestari Navarro estudiaron juntos en la Escuela
de Aviación Militar de Tapa Tapa, a las afueras de Maracay. Ambos se graduaron
en 1983 como parte de la misma promoción y desarrollaron
una cercana amistad.
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Pedro Cestari
Navarro también se exhibe como director y accionista de al menos otras dos
empresas en el registro mercantil de Florida. En ambas figuran, en calidad de
directores o de agentes, familiares de la esposa del coronel retirado con
residencia en la ciudad de Boca Ratón.
La gerencia y
directorio de Turpial Airlines es como un relicario nostálgico de la oficialidad
del Grupo Aéreo de Operaciones Especiales Número 10 de la Aviación, con dotación
de helicópteros artillados y de transporte. El representante legal en Panamá de
Turpial Airlines C.A. es el coronel retirado y piloto de helicópteros Wilmer
José Pino Quijada; su apoderado, el general retirado Noel José López Capriata,
ex piloto oficial en los años 90 del helicóptero designado al servicio del
entonces presidente Carlos Andrés Pérez.
El propio
coronel Pedro Cestari Navarro sirvió en esa unidad. Pero su hermano menor, el
general de Aviación William Cestari Navarro, estaba en el Grupo 10 cuando
ocurrió la rebelión del 27 de noviembre, a la que se plegó entonces como
teniente y piloto de helicópteros.
Tras ser
reincorporado a la Fuerza Aérea, William Cestari Navarro siguió su carrera hasta
el grado de general de división. En la Aviación llegaría a ocupar la Comandancia
de Operaciones Logísticas, ligada al mantenimiento de los equipos y su compra.
Pero en esa fuerza se le conoció más como el medium de las instrucciones del mayor
general Giuseppe Yoffreda para el resto de la oficialidad aérea. Intimidado ante
los pilotos, y siempre según el testimonio de diversas fuentes venidas de los
cuarteles, Yoffreda usaba como mensajeros y factotums tanto a William Cestari
Navarro como a Jackson Rivas, este último teniente coronel de la Aviación en la
actualidad y presidente del Instituto Nacional de Canalizaciones, quien también
acompañó a Yoffreda durante su gestión en el ministerio de Transporte Acuático y
Aéreo. Cuando Yoffreda se marchó a Qatar en 2018, el general William Cestari
Navarro quedó designado en Venezuela como Presidente de Pdvsa Naval, filial de
la petrolera.
Se envió una
petición de entrevista al coronel Pedro Cestari Navarro por el formulario de
contacto de Turpial Airlines en su website oficial. La solicitud no tuvo
respuesta.
Cliente de vieja data
El Reporte de
Actividad Sospechosa despachado en diciembre de 2012 por JPMorgan Chase no solo
ponía reparos en las transferencias de Veximca a las empresas de Doner García.
También se fijó en los pagos por hasta 16,7 millones de dólares de Veximca a
Pemica Inc, una empresa registrada en Florida en junio de 1999. En el documento
enviado al Departamento del Tesoro se describe a Pemica Inc como un cliente del
banco BNP Paribas y proveedor de "servicios de construcción de infraestructura y
dotación de equipos para aeropuertos, así como de sofisticados sistemas de
seguridad".
Pemica Inc y
otras compañías de nombre similar en el propio estado de Florida, en Panamá o en
República Dominicana, son derivaciones de una empresa familiar fundada en
Caracas por Pedro Guillermo de León en 1987 para cubrir las necesidades del
mercado de instalaciones aeroportuarias, un propósito que luego se extendió a
las categorías de equipos de seguridad -como monitores de rayos X y circuitos
cerrados- y puertas automáticas, entre otras. Inversiones Pemica C.A. es la
matriz del grupo, un emprendimiento de tradición que al menos desde 1993
contrata con el Estado. Ha acometido grandes obras para puertos y aeropuertos,
el sector militar, refinerías de petróleo, entre diversos proyectos de
infraestructura -algunos llave en mano-. Antes de que Hugo Chávez llegara al
poder trabajó bajo las condiciones de la llamada Ley Paraguas de 1998, y ha
recibido financiamiento de los bancos oficiales de importación-exportación de
Estados Unidos y Reino Unido.

El reporte de actividad sospechosa sobre Veximca incluyó a varias empresas de Doner García y otra más, propiedad de Andrés Eloy de León, que también hizo negocios con la empresa estatal venezolana, llamada Pemica Inc.
"En nuestro
caso, jamás hemos sido cuestionados ni requeridos por ninguna autoridad o ente
regulador acerca de transacciones realizadas durante nuestros años de actividad
comercial", afirma el presidente de Pemica, Andrés Eloy de León, hijo del
fundador corporativo y único accionista, en un largo intercambio de correos
electrónicos con Armando.info.
De León hizo
llegar a la redacción de Armando.info una lista pormenorizada de
las ventas efectuadas a Veximca durante el período señalado por el SAR de
JPMorgan Chase, por las que suplió desde camiones de volteo hasta piezas de
televisión. Al mismo tiempo señaló que, como en ese caso, cuenta con los
respaldos necesarios para seguir la pista de todas las contrataciones hechas con
Veximca y el Estado venezolano, a disposición de las autoridades que los
requieran. "Podemos entender que, ante el existente clima político, o las
denuncias concretas que se están manejando sobre funcionarios públicos de
Venezuela, se quiera investigar con lupa las compras ejecutadas por el Estado,
lo cual en cierta forma nos satisface", declaró.
El propietario
de Pemica y de sus filiales en el extranjero admite que conoce desde 1995 al
mayor general Giuseppe Yoffreda -"él desempeñaba entonces un cargo técnico en la
Dirección de Tránsito Aéreo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que
adquirió de Pemica unos equipos transformadores de corriente para campo y
pista"- y que luego lo tuvo por cliente en otras dependencias con las que siguió
trabajando incluso cuando Yoffreda ya no estuviera en ellas: "Nuestras relaciones son
con las instituciones, no con las personas".
Aún así supone
que Yoffreda debió tener "opinión y decisión en la evaluación de ofertas y el
otorgamiento de contratos suscritos por Veximca con todas las empresas
contratistas", incluyendo a Pemica, una potestad que, por cierto, De León
precisa que Yoffreda no ejerció, entonces con el rango de coronel, cuando en
2003 el oficial estuvo primero en el directorio del Aeropuerto de Maiquetía y
luego en el Instituto Nacional de Aviación Civil, Inac, y Pemica recibió
contratos para participar en el proyecto de modernización del principal
aeropuerto del país: "Yoffreda nos manifestó que para ese proyecto había
delegado todas las adquisiciones a la oficina de la OACI (la Organización
Internacional de Aviación Civil) y, en efecto, fue la OACI desde Canadá la que
nos seleccionó como contratistas".
Un indicio de
una posible relación privilegiada entre De León y Yoffreda surgió en 2016. En
septiembre de ese año, la periodista Sebastiana Barráez publicó en su
columna del
semanario Quinto Día un trascendido
según el cual las oficinas que Corpovex -el organismo presidido por Yoffreda
entre 2014 y 2018- había tenido por sede en el anexo ejecutivo del hotel
Eurobuilding de Caracas "fueron vendidas a precio de gallina flaca a Pemica y
con dólares de Dicom (tasa de cambio flotante)". A los pocos días De León
ejercería su derecho a réplica, convocando a la periodista para explicarle que
las oficinas habían estado a disposición de un tribunal tras haber sido
confiscadas como parte de un operativo contra el crimen organizado; luego fueron
puestas en subasta, que Pemica ganó con una oferta por 2,85 millones de dólares.
"No veo dónde está la gallina flaca", ironiza De León en un comentario para Armando.info.
En la misma
columna Barráez también informaba que "un oficial con alto cargo en Corpovex
ahora es gerente en Pemica". No se pudo comprobar si con ello se refería -y de ser así, sería un equívoco- al general de división del Ejército, retirado, Noel
Grisanti Sáez, quien no estuvo en Corpovex sino que llegó a encargarse del
Viceministerio de Servicios, Personal y Logística del despacho de la Defensa en
el gobierno de Hugo Chávez, desde donde tuvo incidencia en compras militares.
Grisanti Sáez aparece en la actualidad como gerente y apoderado de Pemica en
Panamá, y como apoderado de otra empresa del grupo de De León, W Aviación Panamá, concebida
para ofrecer servicios aeroportuarios en la terminal de Tocumen pero inactiva
desde 2018.

Yoffreda se convirtió en el zar de las compras internacionales de Venezuela durante una década. Foto: Corpovex.
De León dice
que el general Grisanti Sáez sí es su empleado "y no es el primer oficial
retirado que trabaja o ha trabajado en Pemica". Encomia las cualidades de los
oficiales dados de baja tras sus servicios regulares, pues "están entrenados para
trabajar duro, son disciplinados, organizados, excelentes ingenieros y si puede
añadir a su forma de vida la honestidad, son candidatos potenciales para
trabajar en mi equipo". Subraya, eso sí, que Grisanti nunca otorgó contratos a
Pemica durante su servicio activo, del que se retiró en 2010: "El general
Grisanti Sáez fue un destacado oficial de Ingeniería del Ejército y Pemica tiene
muchos años vinculada a los Servicios de Ingeniería de las Fuerzas Armadas,
donde hemos comercializado muchísimos equipos. No recuerdo el día exacto que lo
conocí, solo recuerdo que siempre admiré su rectitud en el ejercicio de sus
funciones profesionales. Por motivos de salud, tuve que trasladar a nuestro
gerente de Administración a Estados Unidos, luego de ejercer esa función durante
18 años, así que decidí encomendar esa tarea al general Grisanti, que la ejerció
por dos años en Venezuela antes de promoverlo a Panamá".
Según De León,
Veximca acumuló una gran deuda con Pemica, que todavía no termina de honrar. Esa
situación, junto a la arremetida de las sanciones financieras impuestas por
Estados Unidos al régimen de Caracas y a algunos de sus personeros, le
persuadieron para dejar de tener a Veximca como cliente en 2016. Todavía después
de esa decisión cumpliría otro par de contratos con Corpovex, relata, pero con
las debidas garantías y un pago inicial significativo: "La única acción que
hemos interpuesto es la de oficiar a Veximca periódicamente solicitando se nos
informe la situación de esos pagos. De esa manera se interrumpen los lapsos para
la prescripción. Las repercusiones a las acciones legales contra empresas del
Estado nos previenen de ejercerlas".
Se enviaron
comunicaciones a las direcciones electrónicas de contacto de la Embajada de
Venezuela en Qatar, públicas en Internet, a fin de conseguir alguna reacción del
general Yoffreda, sin éxito hasta el momento de redactar este reportaje.
Tamoa Calzadilla, de Univision, colaboró con este reportaje desde Miami, Florida.