Veximca es 'pa'los panas’

En el JPMorgan Chase apenas se habían ocupado de revisar el website oficial de Veximca, y esa comprobación primaria había bastado para encontrar una contradicción en línea: la misión-visión de la empresa venezolana proclamaba entonces su propósito de "permitir al país alcanzar niveles más altos de desarrollo y mejorar la calidad de vida y bienestar de la población".

"Pareciera que una agencia dedicada a la promoción del desarrollo también exportaría bienes para así traer fondos a la nación", apuntaba no sin sorna quien desde el JPMC redactó el reporte, uno de los 2.100 documentos que forman parte de la filtración recibida por Buzzfeed News y que, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) y otros 108 medios en 88 países -entre ellos, Armando.info-, dieron lugar a los FinCEN Files.

Para coronar sus sospechas, la ejecutiva del banco concluyó: eran evidencias de un posible esquema de structuring. Así se llama en la jerga especializada al método por el que una operación grande de lavado de dinero o fraude se segmenta en una serie de transacciones pequeñas, más difíciles de detectar en el sistema bancario como parte de un mismo flujo de dinero.

De ese modo quedó archivada en los recovecos de la administración pública estadounidense una muestra del poder y la discrecionalidad adquiridas por Giuseppe Angelo Yoffreda Yorio, un opaco oficial de la Fuerza Aérea, hijo de comerciantes italianos asentados en el estado Aragua, entidad del centronorte de Venezuela que es también cuna y corazón de la aviación militar.

El viernes reciente se cumplió un nuevo aniversario del levantamiento militar del 27 de noviembre de 1992 contra el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. La rebelión fue una especie de réplica tardía de la intentona liderada meses antes por el comandante de paracaidistas y futuro presidente, Hugo Chávez.  

A diferencia del 4F de Chávez y su logia de oficiales del Ejército agrupados en el Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR 200), ese putsch frustrado de hace 28 años fue una operación básicamente protagonizada por la Fuerza Aérea Venezolana (FAV). El mosaico de imágenes emblemáticas de esa fecha incluye el paso supersónico de cazas F16 sobre Caracas, el bombardeo impreciso del Palacio de Miraflores, el derribo de un Bronco OV10 sobre la base aérea de La Carlota y la llegada de un nutrido grupo de sediciosos a bordo de un Hércules C130 de la FAV a la ciudad peruana de Iquitos, donde solicitarían asilo al régimen de Alberto Fujimori.

A pesar de la cuota de sacrificio pagada por la Fuerza Aérea en la demolición de la democracia en Venezuela, a la larga, cuando Chávez llegó al poder y proclamó una Revolución Bolivariana de carácter cívico-militar, la Aviación tendría una figuración modesta en su jerarquía. De hecho, y para completar la jugarreta histórica, el oficial de ese componente de la Fuerza Armada que más poder llegó a detentar en la nomenklatura chavista no tuvo participación alguna en el golpe del 27N y ni siquiera llegó a pilotear una aeronave durante su carrera de armas: el mayor general Giuseppe Yoffreda Yorio.

Yoffreda, actual Embajador de Venezuela en Qatar, controló a lo largo de una década las compras internacionales del sector militar, primero, y luego todas las del Estado. Ha hecho del cultivo del bajo perfil y de la maleabilidad de su carácter las claves de su éxito político. Entre otros cargos de la administración pública, fue ministro de Transporte Acuático y Aéreo (2014-2016), y Comandante General de la Fuerza Aérea (2013-14), el primer oficial que no hizo el curso de vuelo -es especialista en Comunicaciones, no piloto- y que, sin embargo, llega a esa posición en toda la historia de la aviación militar venezolana, desde su fundación en 1920.

Según aseguran diversas fuentes que lo conocieron en los cuarteles, la creciente influencia de Peppino Yoffreda en el régimen revolucionario no tuvo que ver ni con sus galones militares ni con su reputación de trabajador dedicado y buen organizador, sino con la confianza que le otorgó el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, oficial del ejército con quien coincidió en su formación como especialista en Comunicaciones y Electrónica en el Iupfan (antiguo Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas Nacionales, precursor de la actual Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, Unefa). En los años 80, Cabello y Yoffreda forjaron una sólida amistad que, a la vez, dio masa crítica al futuro grupo tecnocrático-desarrollista de oficiales que dentro del régimen mostrarían la mayor sensibilidad ante la suerte de la empresa privada y los negocios. Pero a partir del mandato original de los hermanos Cabello Rondón -Diosdado y José David-, Yoffreda supo ganarse la confianza de Nicolás Maduro y de los hermanos Rodríguez Gómez -Delcy y Jorge-, entre otros cabecillas de las facciones que componen el chavismo gobernante. "Él es como una especie de encrucijada", atestigua un antiguo suboficial, hoy exiliado, que trabajó con Yoffreda y que pidió mantener su nombre en reserva. 

La palanca a disposición de Yoffreda para ejercer su poder fue, entre todos sus cargos burocráticos, la presidencia de la Venezolana de Exportaciones e Importaciones C.A., Veximca. Se trata de una sociedad mercantil del Estado venezolano para "la importación y exportación de toda clase de bienes de servicios", según rezaba en Gaceta Oficial el decreto de Hugo Chávez que en 2008 la creó. Desde ese vamos, Yoffreda estuvo en la presidencia de Veximca.

Cuando en 2013 el sucesor de Chávez en la presidencia, Nicolás Maduro, concibe un nuevo ente, la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), no solo para centralizar todo lo que del Estado tenía que ver con el intercambio internacional sino para sustituir a la extenuada Cadivi (Comisión Nacional de Administración de Divisas, la oficina encargada desde 2003 por Chávez para gestionar el régimen de control de cambios y sus diversas tasas, lo que dio lugar a un foco descomunal de corrupción), dispone también que Veximca se ubique bajo el paraguas del nuevo organismo, junto a otros grandes compradores del Estado, como Suvinca (Suministros Venezolanos Industriales C.A.) y Bariven, la poderosa filial de la petrolera Pdvsa encargada de negociar con proveedores externos. Y cómo no: a la vez designa a Yoffreda como presidente de Corpovex, cargo que tendrá hasta noviembre de 2018, al ser nombrado como jefe de la misión diplomática ante la monarquía catarí.

Yoffreda fue, por lo tanto, el zar de las compras internacionales de Venezuela durante una década, incluyendo el período 2008-12, cuando el boom de los precios petroleros exacerbó el furor de importaciones del chavismo. Eso lo consagró como el más poderoso de los jerarcas menos conocidos del régimen, inmune todavía hoy tanto a sanciones extranjeras como a purgas internas.

Fuera del radar de la opinión pública venezolana, eso no quiere decir que las autoridades del Departamento del Tesoro no le siguieran los pasos. El SAR filtrado con los FinCEN Files es prueba al menos de que, desde muy temprano, Washington lo tenía en la mira.

El SAR de diciembre de 2012 hace notar que entre 2009 y 2011 dos empresas de Florida, Safe Trade Corp y Floppy Inc, habían recibido en conjunto pagos de Veximca por 74,3 millones de dólares. Ambas compañías eran clientes del banco BB&T y tenían por presidente a Doner García, un hombre de negocios venezolano hasta entonces solo conocido como representante en el sur de Florida de las motocicletas BMW, marca alemana de la que gerencia un concesionario oficial en la ciudad de Doral, en el oeste del condado de Miami-Dade.

También subraya el documento emitido por el departamento de cumplimento del JPMorgan Chase que las dos compañías parecen estar fondeadas exclusivamente por los pagos de Veximca y que "en ambos casos luce como algo fuera de lo ordinario que una entidad del gobierno adquiera vehículos y equipos a empresas tan pequeñas y desconocidas".

En efecto, García era el propietario del par de compañías. Con 42 años de edad, el joven empresario es parte de la familia García Romero, manufactureros e importadores tradicionales para el mercado venezolano de equipos de protección y accesorios para cuerpos policiales y de seguridad: chalecos antibalas, luces cocteleras para patrullas, por ejemplo. También cuentan con empresas incorporadas tanto en Panamá como Estados Unidos. La misma Safe Trade Corp que despertó sospechas entre el personal del JPMorgan Chase, registrada en 2003, aparecía en las fichas bancarias en inglés con el propósito de fabricar "body armor" (armadura de protección corporal). Floppy Inc, en cambio, fue constituida en octubre de 2009, apenas semanas antes de empezar a recibir millonarios pagos de Veximca.

Hay compañías homónimas en Venezuela, Uniformes Floppy C.A. y Floppy Body Armor, por ejemplo, ambas bajo control del mismo grupo familiar y dedicadas a la provisión de equipos para cuerpos de seguridad. En otra, sin embargo, registrada también en 2009 pero en Panamá, Floppy Group Inc, en la que Doner García Romero aparece como presidente, el directorio incluía hasta 2018 a la madre de García y a su ahora ex esposa, María Eugenia Fanti.

García tuvo con Fanti dos hijas, todavía menores de edad. María Eugenia Fanti es también venezolana y periodista de profesión, aunque en los últimos años se ha dedicado a la venta y administración de propiedades inmobiliarias. En su rol de periodista, con cierta frecuencia aparece como comentarista invitada en Ahora con Óscar Haza, uno de los programas de opinión más populares de la televisión hispana del sur de Florida, que transmite el canal Mega TV bajo la conducción del periodista dominicano.

Fanti aparecía para la fecha del SAR como directora en varias de las decenas de empresas de Doner García en Florida, incluyendo la dudosa Floppy Inc, disuelta finalmente en 2020; en Safe Trade Corp, en cambio, estaban inscritos como directores una hermana y un cuñado de García al momento de su disolución en 2012.

La mayoría de esas empresas correspondían a vehículos de control de propiedades inmobiliarias. Y es que, según consta en la oficina de Catastro de Miami-Dade, García y Fanti se embarcaron entre 2013 y 2016 en una virtual campaña de compra de inmuebles: al menos 22 propiedades por un valor de compra de alrededor de 6,5 millones de dólares, principalmente predios, residencias y galpones en el enclave venezolano de Doral, y apartamentos en la lujosa zona de Brickell, en Miami.

La racha tuvo fin con la crisis y zozobra final del matrimonio. Muchas de esas propiedades y de las compañías a cuyos nombres estaban quedaron asentadas en los expedientes de la demanda de divorcio introducida por Fanti en agosto de 2017 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade. La acción judicial, resuelta con un acuerdo entre las partes que otorgó algunos de esos haberes a Fanti en junio de 2018, estuvo precedida por una denuncia de violencia doméstica, según se puede comprobar en línea.

Para este reportaje se intentó conocer la versión de Doner García a través de llamadas telefónicas y cuestionarios enviados a sus direcciones de correo electrónico disponibles, sin que se obtuviera respuesta alguna. Con María Eugenia Fanti, por su parte, el autor de esta nota tuvo un primer intercambio por medio de Facebook Messenger y Whatsapp en marzo de este año, luego del cual no volvió a responder a las llamadas.

Pedro Cestari Navarro también se exhibe como director y accionista de al menos otras dos empresas en el registro mercantil de Florida. En ambas figuran, en calidad de directores o de agentes, familiares de la esposa del coronel retirado con residencia en la ciudad de Boca Ratón.

La gerencia y directorio de Turpial Airlines es como un relicario nostálgico de la oficialidad del Grupo Aéreo de Operaciones Especiales Número 10 de la Aviación, con dotación de helicópteros artillados y de transporte. El representante legal en Panamá de Turpial Airlines C.A. es el coronel retirado y piloto de helicópteros Wilmer José Pino Quijada; su apoderado, el general retirado Noel José López Capriata, ex piloto oficial en los años 90 del helicóptero designado al servicio del entonces presidente Carlos Andrés Pérez.

El propio coronel Pedro Cestari Navarro sirvió en esa unidad. Pero su hermano menor, el general de Aviación William Cestari Navarro, estaba en el Grupo 10 cuando ocurrió la rebelión del 27 de noviembre, a la que se plegó entonces como teniente y piloto de helicópteros.

Tras ser reincorporado a la Fuerza Aérea, William Cestari Navarro siguió su carrera hasta el grado de general de división. En la Aviación llegaría a ocupar la Comandancia de Operaciones Logísticas, ligada al mantenimiento de los equipos y su compra. Pero en esa fuerza se le conoció más como el medium de las instrucciones del mayor general Giuseppe Yoffreda para el resto de la oficialidad aérea. Intimidado ante los pilotos, y siempre según el testimonio de diversas fuentes venidas de los cuarteles, Yoffreda usaba como mensajeros y factotums tanto a William Cestari Navarro como a Jackson Rivas, este último teniente coronel de la Aviación en la actualidad y presidente del Instituto Nacional de Canalizaciones, quien también acompañó a Yoffreda durante su gestión en el ministerio de Transporte Acuático y Aéreo. Cuando Yoffreda se marchó a Qatar en 2018, el general William Cestari Navarro quedó designado en Venezuela como Presidente de Pdvsa Naval, filial de la petrolera.

Se envió una petición de entrevista al coronel Pedro Cestari Navarro por el formulario de contacto de Turpial Airlines en su website oficial. La solicitud no tuvo respuesta.

El Reporte de Actividad Sospechosa despachado en diciembre de 2012 por JPMorgan Chase no solo ponía reparos en las transferencias de Veximca a las empresas de Doner García. También se fijó en los pagos por hasta 16,7 millones de dólares de Veximca a Pemica Inc, una empresa registrada en Florida en junio de 1999. En el documento enviado al Departamento del Tesoro se describe a Pemica Inc como un cliente del banco BNP Paribas y proveedor de "servicios de construcción de infraestructura y dotación de equipos para aeropuertos, así como de sofisticados sistemas de seguridad".

Pemica Inc y otras compañías de nombre similar en el propio estado de Florida, en Panamá o en República Dominicana, son derivaciones de una empresa familiar fundada en Caracas por Pedro Guillermo de León en 1987 para cubrir las necesidades del mercado de instalaciones aeroportuarias, un propósito que luego se extendió a las categorías de equipos de seguridad -como monitores de rayos X y circuitos cerrados- y puertas automáticas, entre otras. Inversiones Pemica C.A. es la matriz del grupo, un emprendimiento de tradición que al menos desde 1993 contrata con el Estado. Ha acometido grandes obras para puertos y aeropuertos, el sector militar, refinerías de petróleo, entre diversos proyectos de infraestructura -algunos llave en mano-. Antes de que Hugo Chávez llegara al poder trabajó bajo las condiciones de la llamada Ley Paraguas de 1998, y ha recibido financiamiento de los bancos oficiales de importación-exportación de Estados Unidos y Reino Unido.

"En nuestro caso, jamás hemos sido cuestionados ni requeridos por ninguna autoridad o ente regulador acerca de transacciones realizadas durante nuestros años de actividad comercial", afirma el presidente de Pemica, Andrés Eloy de León, hijo del fundador corporativo y único accionista, en un largo intercambio de correos electrónicos con Armando.info.

De León hizo llegar a la redacción de Armando.info una lista pormenorizada de las ventas efectuadas a Veximca durante el período señalado por el SAR de JPMorgan Chase, por las que suplió desde camiones de volteo hasta piezas de televisión. Al mismo tiempo señaló que, como en ese caso, cuenta con los respaldos necesarios para seguir la pista de todas las contrataciones hechas con Veximca y el Estado venezolano, a disposición de las autoridades que los requieran. "Podemos entender que, ante el existente clima político, o las denuncias concretas que se están manejando sobre funcionarios públicos de Venezuela, se quiera investigar con lupa las compras ejecutadas por el Estado, lo cual en cierta forma nos satisface", declaró.

El propietario de Pemica y de sus filiales en el extranjero admite que conoce desde 1995 al mayor general Giuseppe Yoffreda -"él desempeñaba entonces un cargo técnico en la Dirección de Tránsito Aéreo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que adquirió de Pemica unos equipos transformadores de corriente para campo y pista"- y que luego lo tuvo por cliente en otras dependencias con las que siguió trabajando incluso cuando Yoffreda ya no estuviera en ellas: "Nuestras relaciones son con las instituciones, no con las personas".

De León dice que el general Grisanti Sáez sí es su empleado "y no es el primer oficial retirado que trabaja o ha trabajado en Pemica". Encomia las cualidades de los oficiales dados de baja tras sus servicios regulares, pues "están entrenados para trabajar duro, son disciplinados, organizados, excelentes ingenieros y si puede añadir a su forma de vida la honestidad, son candidatos potenciales para trabajar en mi equipo". Subraya, eso sí, que Grisanti nunca otorgó contratos a Pemica durante su servicio activo, del que se retiró en 2010: "El general Grisanti Sáez fue un destacado oficial de Ingeniería del Ejército y Pemica tiene muchos años vinculada a los Servicios de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, donde hemos comercializado muchísimos equipos. No recuerdo el día exacto que lo conocí, solo recuerdo que siempre admiré su rectitud en el ejercicio de sus funciones profesionales. Por motivos de salud, tuve que trasladar a nuestro gerente de Administración a Estados Unidos, luego de ejercer esa función durante 18 años, así que decidí encomendar esa tarea al general Grisanti, que la ejerció por dos años en Venezuela antes de promoverlo a Panamá".

Según De León, Veximca acumuló una gran deuda con Pemica, que todavía no termina de honrar. Esa situación, junto a la arremetida de las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos al régimen de Caracas y a algunos de sus personeros, le persuadieron para dejar de tener a Veximca como cliente en 2016. Todavía después de esa decisión cumpliría otro par de contratos con Corpovex, relata, pero con las debidas garantías y un pago inicial significativo: "La única acción que hemos interpuesto es la de oficiar a Veximca periódicamente solicitando se nos informe la situación de esos pagos. De esa manera se interrumpen los lapsos para la prescripción. Las repercusiones a las acciones legales contra empresas del Estado nos previenen de ejercerlas".

Se enviaron comunicaciones a las direcciones electrónicas de contacto de la Embajada de Venezuela en Qatar, públicas en Internet, a fin de conseguir alguna reacción del general Yoffreda, sin éxito hasta el momento de redactar este reportaje.

Tamoa Calzadilla, de Univision, colaboró con este reportaje desde Miami, Florida.