El coronavirus se adentra más que el Estado en la selva profunda
Las primeras pruebas rápidas para el diagnóstico de la pandemia en el recóndito municipio Alto Orinoco del Amazonas venezolano tardaron cinco meses en llegar desde que se declaró la emergencia. En agosto, un equipo del Programa Nacional de Eliminación de la Oncocercosis viajó al corazón de la selva amazónica y constató que el virus está muy presente en la población yanomami del sector La Esmeralda, una comunidad indígena que se caracteriza por su movilidad entre Brasil y Venezuela y que padece, de este lado, una indefensión total en materia de salud.
“Si nos enfermamos no sabemos a dónde ir, tendríamos que caminar unos cuatro días para llegar al ambulatorio más cercano, a veces hay médico, en otras ocasiones no, es decir, estamos totalmente desprotegidos, nos queda es el radio de comunicación [sic], con el que al menos podemos pedir auxilio”. Con este comunicado, fechado el 10 de junio de este año, catorce comunidades yanomami dieron cuenta del único apoyo que tienen para afrontar la pandemia de coronavirus.
Se trató de la primera visita al Alto Orinoco, en el extremo sur de Venezuela, cerca de la frontera con Brasil, que el equipo médico y personal de la salud que integran el Programa Nacional de Eliminación de la Oncocercosis concretó desde que en marzo el gobierno venezolano impuso el estado de alarma y confinamiento general debido a la pandemia del nuevo coronavirus, y una oportunidad para identificar contagios de Covid-19 entre la población, mayoritariamente indígena. La iniciativa formó parte de los esfuerzos realizados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para cortar la transmisión de la enfermedad parasitaria -también conocida como la “ceguera de los ríos”-, entre la población yanomami, donde persiste el último foco de contagio de América.
Una vez instalada la comisión en el terreno se envió una alerta, y un equipo de la Dirección de Salud del estado Amazonas arribó vía aérea a la zona, con el objetivo de desplegar un operativo de diagnóstico de casos de Covid-19 entre la población que habita el Alto Orinoco.

No es la
primera vez que el equipo de la Dirección Regional de Salud de Amazonas se apoya
en el Programa para la Eliminación de la Oncocercosis para realizar visitas
locales, atender a la población y hacer despistajes de enfermedades. Por contar
con recursos extranjeros, el programa es prácticamente el único operativo médico
que atiende a la zona y sobre el que se apoya esa dependencia del Estado
venezolano para recabar datos sobre la salud en esa región.
De hecho,
los últimos datos oficiales sobre la atención en salud al pueblo yanomami datan
de 2018, cuando el Estado detalló el tratamiento aplicado a las comunidades, durante los
meses de enero a junio, en el marco del mismo Programa de Eliminación de
Oncocercosis, coordinado por el Centro Amazónico de Investigación y Control de
Enfermedades Tropicales (Caicet), un ente descentralizado adscrito al Ministerio
de Salud, con sede en la ciudad de Puerto Ayacucho, creado en 1983 por decreto
presidencial y que en 2006 se transformó en servicio autónomo. Rige, como autoridad
única responsable, los programas y proyectos de investigación, vigilancia y
control de endemias en la región amazónica.
Como en el
resto del país, la propagación de los contagios de Covid-19 ha sido exponencial
en el Alto Orinoco. Desde el comienzo de la pandemia, en el Amazonas venezolano
se han registrado 742 contagios según datos oficiales de la Comisión
Presidencial para la Prevención del Covid-19. Los primeros casos fueron
anunciados el 10 de mayo, cuando cuatro indígenas de la etnia Yeral fueron
diagnosticados entonces como positivos y confirmados por aplicación de la prueba
PCR luego de que regresaran de un viaje a San Gabriel de Cachoeira, ciudad a
orillas del Río Negro en el estado Amazonas de Brasil, donde se cree se
contagiaron.
Entre el
10 de mayo y el 2 de agosto, se diagnosticaron otros 43 casos de Covid-19 , de
los que 26 correspondían a población indígena, de acuerdo con cifras recogidas
en el Boletín: Impacto del Covid-19 en
Los Pueblos Indígenas de La Panamazonía, una iniciativa de la Coordinadora
de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y la Red Eclesial
Panamazónica (Repam) con el fin de
visibilizar de manera periódica la situación particular de los pueblos y
comunidades indígenas de la Amazonía. En Venezuela el informe se alimenta con
los datos recopilados por la Organización de Pueblos Indígenas de Amazonas
(Orpia) y Wataniba. Hasta entonces el registro de casos se concentraba en Río
Negro, Atures y Maroa.

Los últimos datos oficiales sobre la atención en salud al pueblo yanomami datan de 2018. Foto Leo Ramírez / AFP
Entre los
meses de agosto y septiembre la cifra oficial de contagios en el estado
amazónico se elevó de 43 casos a 571, con un registro de seis fallecidos. Según
el boletín número 10 del Observatorio Wataniba-Orpia “entre el 30 de agosto y el
26 de septiembre se tiene conocimiento que los casos con pruebas confirmatorias
diferenciados por localidad por las autoridades locales se ubican en los
municipios Alto Orinoco, Manapiare y Atures”.
Esa
información se fundamenta en la presencia de síntomas clínicos reconocidos por
médicos y enfermeros indígenas de los que se tiene registro gracias a la
incursión del equipo del Programa Nacional de Eliminación de la Oncocercosis.
Hasta entonces la información no era oficial, y tampoco reconocida en los
boletines regulares presentados por la Comisión Presidencial para la Prevención
del Covid-19.
El propio
Gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, se trasladó hasta el Alto
Orinoco para verificar la situación, que calificó como
"bastante grave". En declaraciones ofrecidas a medios de comunicación locales ese día de la visita, el
2 de septiembre pasado, desde Puerto Ayacucho, Rodríguez hizo referencia a casos de
indígenas yanomami en la capital del municipio Alto Orinoco contagiados, que
hasta entonces no habían sido reportados. El 7 de septiembre, a través de su
cuenta personal en Facebook, afirmó que “luego de cinco días de intenso trabajo,
hemos regresado de La Esmeralda (....) donde de acuerdo a cifras preliminares
de Pruebas Rápidas PDR, producto de una amplia pesquisa tendríamos un nivel de
contagio cercano al 40% (...) ya se tienen 2 PCR positivas, lo que confirma la
presencia del Covid-19”.

Los yanomami residen en casas comunales grandes y circulares, compartiendo no solo un techo, sino también alimentos y utensilios. Foto Leo Ramírez / AFP
En
comunidades ribereñas del Orinoco, como Mavaca, Mavaquita, Ocamo y Platanal, no
se tienen reportes de personas con síntomas, lo que no necesariamente indica que
la pandemia está focalizada en La Esmeralda, sino que los sistemas de detección
no han llegado a la selva profunda. La intención de la comisión que viajó hasta
La Esmeralda era visitar tres sectores del municipio y ampliar el rango de
prueba, pero problemas logísticos y de desarticulación con los militares en la
zona impidieron el avance del operativo.
En las
zonas de difícil acceso no se han implementado protocolos para detectar y tratar
la enfermedad, como es el caso del Alto Orinoco, y eso se debe a la casi
inexistente infraestructura sanitaria que ha contribuido con la propagación de
epidemias fatales entre los pueblos indígenas que habitan la Reserva de Biosfera
Alto Orinoco-Casiquiare.
Vaivén yanomami
Los
pueblos indígenas suelen cambiar de asentamientos constantemente y, en los casos
de los pueblos yanomami y ye’kwana, sus territorios de errancia se extienden a
uno y otro lado de la frontera establecida por los criollos entre Venezuela y
Brasil. Cuando se basan en
Venezuela, a menudo les resulta más sencillo buscar apoyo en materia de salud en
centros de Brasil, bien por cercanía, bien por la disponibilidad de medios para
la movilización.
A finales
del mes de agosto, cuando el Programa Nacional de Eliminación de la Oncocercosis
visitó La Esmeralda y encontró 115 casos positivos para Covid-19, entre la
población yanomami de Brasil ya se habían confirmado 405 casos, quince
sospechosos, y otras ocho muertes sospechosas por
Covid-19.

El modo de vida comunitario del pueblo indígena yanomami aumenta los riesgos de contagio de Covid-19. Foto Leo Ramírez / AFP
Para la
primera semana de junio, 72.3% de los casos con Covid-19 en la Panamazonia, que
se extiende por territorios de nueve países, se encontraban en Brasil. En los
estados Bolívar y Amazonas venezolanos, la mayor parte de los casos detectados
correspondían a individuos llegados de Brasil, según el Boletín: Impacto del Covid-19 en Los Pueblos
Indígenas de La Panamazonía, elaborado por la Coordinadora de las
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y la Red Eclesial
Panamazónica (Repam).
El río
Uraricoera, tributario de la cuenca del Amazonas, atraviesa territorio yanomami.
Corre en paralelo con un tramo de la frontera venezolano-brasileña y es en la
práctica uno de los corredores viales más importantes para ese pueblo. Otros
tres pasillos transfronterizos que usa son los del Alto Ocamo, Cerro Delgado
Chalbaud (en la sierra de Parima, nacimiento oficial del Orinoco) y el Alto
Siapa.
El
territorio yanomami en Brasil es de unas 9,6 millones de hectáreas, mientras en
Venezuela los yanomamis viven en la Reserva de la Biósfera del Alto
Orinoco-Casiquiare, que cuenta con otras 8,2 millones. Para Survival.es, una
organización civil con sede en España que trabaja por los derechos de los
pueblos indígenas y tribales, “estas dos áreas juntas conforman el mayor
territorio indígena selvático del mundo”, por lo que el coronavirus, “podría
tener un impacto devastador, en el que se considera el pueblo indígena
relativamente aislado más numeroso de América del Sur”. La realidad se ha
encargado de darle la razón a este
vaticinio.
La
pandemia de Covid-19 llegó a Venezuela en un contexto de crisis sanitaria, en la
que el sistema de salud ya se
encontraba en un estado de grave deterioro debido a la carencia de insumos,
personal médico, servicios básicos y medicinas, colapso de los centros de salud
y reaparición de enfermedades que se consideraban controladas como la malaria y
el sarampión.

En Venezuela, los Yanomami viven en la Reserva de la Biosfera del Alto Orinoco-Casiquiare, que tiene 8,2 millones de hectáreas. Foto Leo Ramírez / AFP
En la
tierra yanomami no hay hospitales,
solo pequeños puestos de salud, estructuras rudimentarias donde se ofrecen
tratamientos sencillos. En el caso del Alto Orinoco, la gran distancia que lo
separa del único hospital del estado, que se encuentra en Puerto Ayacucho, revelan un panorama
adverso para el registro y control de la pandemia, sin contar con la dificultad
adicional que representa la escasez de combustible.
Un informe
preparado por el investigador Luis Betancourt para el Observatorio de Derechos
Indígenas Kapé-Kapé, sobre la situación sociosanitaria del pueblo yanomami del
Alto Orinoco, a partir de información suministrada por funcionarios del sistema
de salud pública y entrevistas a actores clave de comunidades indígenas del Alto
Orinoco, afirma que no hay registro oficial de los decesos y sus causas en la
zona. “Tal como ocurrió en febrero pasado en la comunidad Haximú del Alto
Orinoco, donde fallecieron cinco indígenas yanomami a causa de presunto
paludismo -según síntomas característicos-, decesos que no están reportados en
los organismos oficiales sanitarios, porque se trata de una comunidad de difícil
acceso”, reza el documento.
La red de
servicios de salud en el Alto Orinoco consta de 21 establecimientos sanitarios
ubicados en 19 localidades, pero el único centro de salud que se encuentra
funcionando en todo el Alto Orinoco es el CDI de La Esmeralda y apenas cuenta
con un médico. Esta infraestructura se encuentra en muy mal estado, sin dotación
de medicamentos ni agua.
En el
comunicado difundido en junio de 2020 tras cumplirse 27 años de la masacre de
Haximú, 14 comunidades yanomami, entre ellas Parima A, Parima B, Parima C y Haximú, denunciaban la
presencia de minería ilegal y grave situación de salud: “en estos momentos no
hay médicos, antes había enfermeros indígenas comunitarios pero no transportan
medicamentos de nada; en Haximú lo que había era un Plan Indígena Salud, y en
Chalbaud también había dos enfermeros más, pero desde el año 2016 no tienen
insumos, y tampoco hay ningún personal médico, ni profesionales de la salud con
quien contar.”

Según datos oficiales, desde el comienzo de la pandemia, en el Amazonas venezolano se han registrado 742 contagios de Covid-19. Foto Leo Ramírez / AFP
Los
enfermeros indígenas y los Agentes Comunitarios Yanomamis de Atención Primaria
en Salud (ACYAPS) continúan desprovistos de equipamiento y medicinas. Entre las
carencias y la falta de registro de casos de muerte o enfermedad, no extraña el
silencio sobre los contagios de Covid-19.
El informe
preparado por Betancourt afirma: “se estima, en la cifra más conservadora, que
entre cinco y ocho yanomami fallecen al mes por diferentes afecciones, lo que
evidencia la ausencia de atención médica en la mayoría de los 250 shaponos o
comunidades que conforman este pueblo indígena”.
Un acuerdo olvidado
En 1993,
en el estado Amazonas, en el sector conocido como Haximú, se produjo el
asesinato de 16 indígenas yanomami, ocho de ellos niños y niñas, incluyendo un
bebé. La masacre fue perpetrada por 22 mineros de nacionalidad brasileña que
realizaban labores de minería ilegal.
El caso
fue presentado en diciembre de 1996 ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) por el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el Centro para la
Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Human Rights Watch
Américas.
Tras un
diálogo con autoridades del gobierno de Rafael Caldera, posteriormente con el
gobierno de Hugo Chávez, y bajo la mediación de la CIDH, el 10 de octubre de
1999 se suscribió un acuerdo que incluyó seis compromisos del Estado venezolano
en favor del pueblo yanomami y otros pueblos indígenas. Uno de esos acuerdos
incluyó la puesta en funcionamiento -a través del Ministerio de Sanidad y en
coordinación con el Consejo Regional de Salud del Estado Amazonas- de un
Programa Integral de Salud dirigido al pueblo yanomami, para enfrentar la grave
situación sanitaria de la zona.

En la tierra yanomami no hay hospitales, solo pequeños puestos de salud en los que se ofrecen tratamientos sencillos. Foto Leo Ramírez / AFP
El
objetivo del Plan de Salud era expandir la asistencia a estos pueblos indígenas
a través del mejoramiento de la infraestructura sanitaria, el reforzamiento de
los equipos médicos itinerantes y la formación de los Agentes Comunitarios
Yanomamis de Atención Primaria en Salud (ACYAPS), con capacidad para ofrecer
atención primaria especialmente en comunidades lejanas y aisladas donde no
existe acceso al sistema de salud.
En una
reciente comunicación enviada por las organizaciones no gubernamentales
venezolanas Provea y Cejil a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las
organizaciones informaron del incumplimiento por parte del gobierno nacional de
sus obligaciones en materia de atención de salud. “Un elemento fundamental para
la exitosa implementación del Plan de Salud Yanomami es la disponibilidad de
transporte aéreo esencialmente para: el traslado de personal, equipos e insumos
médicos desde la ciudad de Puerto Ayacucho hasta distintos lugares del Alto
Orinoco; el abordaje de sectores de difícil acceso que sólo son accesibles por
vía aérea mediante avionetas o helicópteros; y el traslado de emergencias
médicas desde el Alto Orinoco al hospital de Puerto Ayacucho, único centro de
salud del estado Amazonas”, denunciaron.
En esto
coincide Aimé Tillett, especialista en antropología y asesor de la Dirección de
Salud Indígena del Ministerio de Salud entre 2003 y 2010, quien señala que el
Plan de Salud dejó de funcionar debido a la escasa asignación de recursos por
parte de las autoridades venezolanas. “Había recursos importantes que en 2005
permitieron echarlo a andar, además del apoyo militar que facilitó la logística
aérea. A partir de 2010 el programa empezó a decaer y con la declaración de la
crisis humanitaria todo se cayó. El Plan de Salud dejó de tener presupuesto para
su funcionamiento”, señaló a Armando.info vía telefónica.
A ocho
meses de haberse reportado el primer caso positivo de Covid-19 en Venezuela, los
pueblos indígenas del Amazonas enfrentan un nuevo virus que amenaza su
supervivencia, ya comprometida por la incidencia de otras enfermedades como la
malaria, tuberculosis, neumonía y sarampión.