El defensor de los malqueridos se apunta al equipo de Nicolás Maduro

En un principio, una experimentada firma inglesa de abogados, Stephenson Harwood —que ha representado a Pdvsa en disputas internacionales—, se encargó de representar al demandante, el BCV. Pero “la junta de Maduro”  —“Maduro board” el término con el que se refieren a los gobiernos de Maduro o de Guaidó en los documentos legales ingleses— terminó escogiendo el escritorio de Zaiwalla para recuperar el oro, en una batalla legal que ha significado un reto para los tribunales locales por lo intrincado del caso. Una disputa que también se ha librado en el terreno mediático.

Mientras algunos abogados optan por ser reservados sobre sus clientes, Zaiwalla habla en público y sin pudor sobre su relación con figuras e instituciones controversiales, por decir lo menos. En entrevistas y en su libro Honour Bound (Obligado por el honor) ha dado cuenta de su defensa del integrante de la mafia calabresa, Giuseppe Zappia. O del dictador iraquí Saddam Hussein, por quien actuó como intermediario ante el gobierno del entonces primer ministro Tony Blair en 2002 para alcanzar, en sus propias palabras, un “acuerdo amigable” y evitar el desenlace de una guerra, que de todas maneras llegó.

Zaiwalla & Co. Solicitors se publicita como un pequeño escritorio de Londres capaz de ofrecer servicios de la misma calidad que las firmas que conforman el magic circle (círculo mágico), cinco despachos de abogados con sede en Londres conocidos internacionalmente por su amplia experiencia y rentabilidad.

A diferencia de estos escritorios, Zaiwalla & Co. dice ofrecer a sus clientes tarifas atractivas bajo acuerdos de facturación flexibles y anticipos mensuales fijos para los honorarios de los abogados, que en las firmas de la mítica calle de Chancery Lane oscilan entre 500 y 850 dólares por hora, en el caso de los honorarios de un abogado junior, y a partir de 1.000 dólares por hora en el caso de uno senior.

Lejos de considerar el tamaño de su despacho una desventaja, Zaiwalla ve su firma como una especie de David enfrentado a los Goliat tradicionales, que pasó de especializarse en arbitraje y derecho de transporte marítimo a representar a clientes de alto perfil en arbitrajes y litigio internacional.

En su website dice que ser un despacho pequeño le permite tomar decisiones rápidamente y “capitalizar nuevas áreas de apertura de la Ley” que, en el derecho común inglés (Common Law), se basa en decisiones judiciales —es decir, precedentes— dictadas por los tribunales.

A lo largo de su carrera, Sarosh Zaiwalla ha forjado una reputación de atreverse a pelear lo que él mismo califica como “casos imposibles de ganar”. Y ahora apunta a replicar el éxito que obtuvo una vez en la defensa cuesta arriba del mayor banco privado iraní, el Mellat, en un caso que guarda similitudes con el del reclamo del oro venezolano.

En octubre de 2009 empezó la extensa batalla legal que libró el banco Mellat, la entidad financiera privada más grande de Irán, en los tribunales británicos. Una parte, 20%, del capital de la institución bancaria con sede en Teherán corresponde al gobierno iraní, mientras que el restante 80% a actores privados. 

La disputa legal comenzó dos meses después de que el Ministerio de Hacienda del Reino Unido sancionara al banco, haciendo uso de los poderes que le otorgaba el Acta Contra Terrorismo aprobada por el Parlamento en 2008, tras asegurar que la entidad estaba involucrada en el programa nuclear iraní.

Una década después de emprender acciones legales ante los tribunales ingleses, el gobierno del Reino Unido acordó resolver la demanda interpuesta por el banco iraní de 1.600 millones de dólares por daños y perjuicios, por una cantidad que no se reveló. Eso sí, Mellat no cantó victoria sin antes experimentar al menos un par de reveses en las cortes inglesas durante los primeros años de la demanda, justo antes de la incorporación de Zaiwalla & Co. Solicitors al caso.

En noviembre de 2009, Mellat contrató a la firma británica Stepheson Harwood -la misma que empezó a representar a Venezuela en el caso del oro- para impulsar la demanda ante tribunales locales y la Corte Europea de Justicia, bajo el argumento de que la orden promulgada por el Ministerio de Hacienda, que imponía restricciones financieras a entidades iraníes, violentaba el derecho a la propiedad y a un juicio justo. Sin embargo, tanto el Tribunal de Primera Instancia como la Corte de Apelaciones fallaron en contra del banco.

No fue sino tres años después, cuando Zaiwalla pasó a representar a Mellat y el Tribunal General de la UE dictó que no había pruebas que demostraran la relación del banco con el programa nuclear de Irán, que el caso dio un giro.

Zaiwalla llegó a Mellat por recomendación de un antiguo director legal de la Compañía Nacional de Petróleo Iraní (Nioc, por sus siglas en inglés), empresa que había contratado los servicios del abogado años antes para resolver una disputa legal entre una de sus empresas asociadas y Rosnefteflot, previamente conocida como la Compañía Marítima del Lejano Oriente (Femco), propiedad de la petrolera rusa Rosneft.

El abogado indio cuenta que esa demanda pionera de Nioc terminó en un acuerdo amistoso y que ambas partes quedaron satisfechas.

El trabajo de Zaiwalla con empresas petroleras y marítimas no se limita a este caso. La Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) figura entre sus clientes más prominentes, pues llegó a ofrecer sus servicios al país asiático de forma constante durante una década, hasta principios de los 2000.

El pronunciamiento del Tribunal General de la UE dio un nuevo impulso a Mellat en los tribunales de la región y en los medios de comunicación. En 2013, Zaiwalla llevó el caso hasta el más alto tribunal del Reino Unido, la Corte Suprema, y contrató a abogados de larga trayectoria para representar a los demandantes en las audiencias.

Debido a la confidencialidad de las evidencias, el despacho de Hacienda solicitó realizar el juicio a puertas cerradas. No obstante, en junio de 2013, la Corte Suprema dictó, con una estrecha mayoría de cinco contra cuatro, que las sanciones habían sido ilegales y que la respuesta del gobierno británico era "arbitraria e irracional" y "desproporcionada".

Poco después del fallo de la Corte Suprema, Zaiwalla Solicitors emprendió acciones legales para reclamar al gobierno del Reino Unido una indemnización por daños y perjuicios contra el banco. La victoria no solo sentó un precedente en el sistema judicial inglés y el sistema de justicia de la UE, sino que también le dio a Zaiwalla la notoriedad que tanto buscaba.

El resultado del caso Mellat abrió a Zaiwalla las puertas de un nuevo cliente que también intentaba desafiar unas sanciones, esta vez desde Rusia.

Poco después de ganar en la Corte Suprema, Rosneft, la principal petrolera rusa, contactó a Zaiwalla para anular las sanciones impuestas por el Tribunal General de la UE a Rusia en 2014 tras la anexión rusa de Crimea, la península ucraniana.

El argumento de Rosneft era que la imposición de sanciones dificultaba la recaudación de fondos para que la petrolera estatal y sus otras compañías desarrollaran proyectos, por lo que contrató a Zaiwalla para asistirle, alentada por el precedente que marcó Mellat en los tribunales de la Unión Europea.

La estrategia de Zaiwalla fue mantener el argumento que utilizó con Mellat: que la UE no tenía ninguna evidencia que mostrara la participación de Rosneft en el conflicto con Ucrania.

Representada por abogados ingleses, entre ellos Zaiwalla, el 9 de octubre de 2014 Rosneft interpuso un recurso ante el Consejo de la Unión Europea, acción legal que dio comienzo al contencioso para anular las sanciones.

Después de dos veredictos emanados del Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal General en 2017 y 2018, respectivamente, que manifestaban la negativa de levantar las sanciones, el Tribunal de Justicia desestimó en su totalidad la apelación de Rosneft el pasado 20 de septiembre de 2020. En su veredicto, el tribunal reafirmó que las medidas fueron justificadas y resultan adecuadas para presionar a Rusia para que cambie o abandone su participación en la crisis ucraniana.

Aunque Zaiwalla formó parte del equipo defensor de Rosneft en un principio y anunció una acreditación de cinco años para el panel legal de la petrolera, el nombre del despacho no aparece en las decisiones más recientes emitidas por los tribunales. En cambio, sí aparece el del abogado Lode Van Den Hende, de la firma Herbert Smith Freehills LLP, como representante de la compañía rusa y sus empresas relacionadas.

Como ocurrió con el banco Mellat, en el caso del BCV salió el bufete Stephenson Harwood para que entraran Zaiwalla y compañía. Ambos casos tienen similitudes: involucran a entidades financieras, sanciones internacionales y han causado un revuelo mediático. Pero la diferencia ahora es que la contienda se libra por el oro retenido bajo la City de Londres.

De cualquier manera, el caso interpuesto ante la Corte Comercial resultaba atractivo para los medios. El Banco Central de Venezuela, representado por Sarosh Zaiwalla, alegaba que los fondos retenidos por el Banco de Inglaterra son necesarios para financiar la respuesta de Venezuela al coronavirus.

No es la primera vez que se plantea entre actores internacionales un escenario que obligue a la justicia británica a decidir entre reconocer un gobierno u otro. Sin embargo, el caso venezolano tiene unas particularidades que lo hacen más complejo y atractivo a abogados experimentados, como el hecho de que en los bandos enfrentados se encuentren partes localizadas en un mismo país y de las que una, el gobierno interino opositor,  controla algunos poderes del Estado venezolano, y la otra, que corresponde al régimen de Maduro, controla otros poderes.

Ante la disyuntiva de tener que decidir si entregar las reservas a Maduro o al presidente interino apoyado por la oposición, Juan Guaidó, el banco inglés quedó atrapado entre dos reclamos y pidió al Gobierno decir a cuál de los dos presidentes reconoce como legítimo.

Para la contienda en la corte, Zaiwalla instruyó a Nicholas Vineall, un aventajado abogado que ostenta el título simbólico de Queen’s Counsel (QC), o consejero de la Reina, reservado a profesionales de trayectoria en el sistema judicial británico. Vineall cuenta con experiencia en la rama del derecho financiero y anteriormente había defendido el multimillonario reclamo de Mellat contra el gobierno del Reino Unido por las sanciones.

En la contraparte, la junta de Guaidó estuvo representada por Arnold & Porter, una firma global y tradicional, con catorce oficinas repartidas en Estados Unidos, Europa y Asia, y cerca de un millar de abogados en su plantel.

El 2 de julio, el Tribunal de Primera Instancia decidió en contra de Maduro y dijo que el Gobierno del Reino Unido reconoce al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente interino, por lo que las reservas de oro continuarían retenidas en las bóvedas de la City.

Pero, lejos de concluir el asunto con la primera decisión, menos de tres semanas después Sarosh Zaiwalla anunciaba que la firma ganó el derecho de apelar la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

Para la segunda vuelta, esta vez en la Corte de Apelaciones, Zaiwalla instruyó a Vineall y a dos QC más, Vaughan Lowe y Dan Sarooshi, lo que representa un verdadero equipo de lujo para complementar la pericia en derecho financiero de Vineall con la experiencia en derecho internacional de los dos últimos.

La disputa tomó un nuevo giro el pasado 5 de octubre, cuando la Corte de Apelaciones anuló la decisión del Tribunal de Primera Instancia y le pidió a la Corte Comercial aclarar cuál de los dos gobiernos ejerce el poder, Maduro board o Guaidó board.

La Corte de Apelaciones insistió en que es necesario aclarar si el gobierno del Reino Unido reconoce a Guaidó como presidente para todos los efectos y, por tanto no reconoce a Maduro para ningún propósito; o, si por el contrario, reconoce que Guaidó tiene derecho a ejercer todos los poderes de presidente, pero también reconoce a Maduro como presidente de facto.

Otro de los puntos principales que se discutió en la última audiencia fue la necesidad de aclarar la capacidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela para actuar de forma imparcial e independiente, considerando que declaró sin efecto la junta ad hoc del BCV designada por Juan Guaidó el 19 de mayo de 2019.

Sin embargo, antes de las disposiciones dictadas en el veredicto de la Corte de Apelaciones, el juez Stephen Males hace una salvedad y dice que “claramente, la sentencia del TSJ del 1 de agosto de 2016”, que establece que los actos de la Asamblea Nacional son nulos, “pueden haberse basado, en mayor o menor medida, en la opinión del TSJ de que el señor Guaidó no es presidente”, cuestionando la imparcialidad del Poder Judicial.

El juez Males detalla que ese es un asunto que se deberá considerar en el futuro pero que, de ser verdad, “tales sentencias no pueden ser reconocidas o surtir efecto en un tribunal inglés”.

El veredicto de la Corte de Apelaciones, contrario a lo expresado por el equipo legal de Maduro ante los medios de comunicación, no representa necesariamente una victoria para el régimen bolivariano, pero sí significa un retroceso para la causa de Guaidó.

Ahora ambas "juntas" o boards permanecen a la espera de un pronunciamiento de la Corte Comercial. Mientras la justicia británica desentraña el intrincado caso por el oro venezolano, Guaidó tiene el tiempo en contra y la espera parece favorecer a Maduro.

Los marcadores de los tribunales de la City están cero a cero. Zaiwalla aún no destraba las sanciones que pesan sobre el BCV pero ha preservado un empate que, considerando los antecedentes del abogado, pueden alimentar la esperanza en una futura victoria.