El defensor de los malqueridos se apunta al equipo de Nicolás Maduro
Audaz, bien conectado y fanático de la causa de los ‘underdogs’ en la City londinense, el abogado Sarosh Zaiwalla no cree en el bajo perfil para escoger a sus clientes, ni en la discreción para defenderlos. Una sonada victoria con la que logró levantar sanciones contra un banco iraní le abrió las puertas para litigar en casos de complejidad económica y política, como lo demuestra su prueba más reciente: representar al régimen de Caracas en tribunales británicos para la disputa legal por el control de 31 toneladas de oro de las reservas venezolanas atrapadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra, una pulseada en la que Juan Guaidó llevaba ventaja en el marcador, pero que el letrado de origen indio logró recientemente poner de nuevo cero a cero.
Tanto en el
deporte como en los tribunales, Sarosh Zaiwalla dice apoyar a los underdogs, aquellos desvalidos que
no cuentan con una gran fanaticada y que nadie daría por favoritos. Quizás porque
él considera que encaja en ese perfil: cuando se mudó a Londres para empezar su
carrera como abogado en renombradas firmas locales, sus pares británicos lo
miraban con desconfianza por tener un nombre indio, acento marcado y la tez
cobriza. Por esa razón, el abogado procedente de Mumbai decidió fundar su propio
bufete en 1982, Zaiwalla & Co. Solicitors, una pequeña firma ubicada en el
distrito legal de la City londinense que en la última década ha ganado
notoriedad por representar a clientes como el banco iraní Mellat y la petrolera
rusa Rosneft, específicamente en disputas contra sanciones internacionales.
Ahora puja ante las cortes inglesas para devolver a Nicolás Maduro el control
del oro venezolano resguardado en las bóvedas del Banco de
Inglaterra.
Los esfuerzos del
régimen de Caracas, encabezado por Maduro, para acceder a las 31 toneladas de
oro valuadas en más de 1.000 millones de dólares se iniciaron en 2018, cuando el
entonces presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Calixto Ortega, viajó
hasta Londres para reunirse con oficiales del banco inglés en un encuentro que
no arrojó el resultado que sin duda esperaba.
Al mes siguiente,
en enero de 2019, entraron en vigor sanciones financieras y comerciales contra
la administración de Maduro impuestas por la Unión Europea (UE), que afectaban y afectan a recursos y activos que están en el Reino Unido, y que continuarán siendo
efectivas aun después de que se concrete el Brexit, la polémica salida inglesa
del conglomerado europeo. Así, el oro que había sacado el gobierno venezolano
para dispersar sus activos, quedó atrapado bajo sanciones en las bóvedas
inglesas.
Fue entonces, ya
en mayo de 2020, que la pugna por el oro se materializó en una demanda del BCV
contra el banco inglés ante la Corte Comercial del Tribunal de Primera Instancia
(High Court).

Las bóvedas de oro del Banco de Inglaterra resguardan en total cerca de 400 mil lingotes de oro en reservas, valorados en más de 260 mil millones de dólares. Foto: Adrian Dennis / AFP
En un principio, una experimentada firma inglesa de abogados, Stephenson Harwood —que ha
representado a Pdvsa en disputas internacionales—, se encargó de representar al
demandante, el BCV. Pero “la junta de Maduro” —“Maduro board” el término con el que se
refieren a los gobiernos de Maduro o de Guaidó en los documentos legales ingleses—
terminó escogiendo el escritorio de Zaiwalla para recuperar el oro, en una
batalla legal que ha significado un reto para los tribunales locales por lo
intrincado del caso. Una disputa que también se ha librado en el terreno
mediático.
Mientras algunos
abogados optan por ser reservados sobre sus clientes, Zaiwalla habla en público
y sin pudor sobre su relación con figuras e instituciones controversiales,
por decir lo menos. En entrevistas y en su libro Honour Bound (Obligado por el honor) ha dado cuenta de
su defensa del integrante de la mafia calabresa, Giuseppe Zappia. O del dictador
iraquí Saddam Hussein, por quien actuó como intermediario ante el gobierno del
entonces primer ministro Tony Blair en 2002 para alcanzar, en sus propias
palabras, un “acuerdo amigable” y evitar el desenlace de una guerra, que de todas maneras llegó.
Zaiwalla &
Co. Solicitors se publicita como un pequeño escritorio de Londres capaz de
ofrecer servicios de la misma calidad que las firmas que conforman el magic circle (círculo mágico), cinco
despachos de abogados con sede en Londres conocidos internacionalmente por su
amplia experiencia y rentabilidad.
A diferencia de
estos escritorios, Zaiwalla & Co. dice ofrecer a sus clientes tarifas
atractivas bajo acuerdos de facturación flexibles y anticipos mensuales fijos
para los honorarios de los abogados, que en las firmas de la mítica calle de
Chancery Lane oscilan entre 500 y 850 dólares por hora, en el caso de los
honorarios de un abogado junior,
y a partir de 1.000 dólares por hora en el caso de uno senior.
Lejos de
considerar el tamaño de su despacho una desventaja, Zaiwalla ve su firma como
una especie de David enfrentado a los Goliat tradicionales, que pasó de
especializarse en arbitraje y derecho de transporte marítimo a representar a
clientes de alto perfil en arbitrajes y litigio internacional.

Zaiwalla aseguró en un comunicado que el Banco de Inglaterra tiene el “imperativo moral” de permitir que Venezuela acceda al oro para combatir los efectos de la pandemia en el país. Foto: zaiwalla.co.uk
En su website
dice que ser un despacho pequeño le permite tomar decisiones rápidamente y
“capitalizar nuevas áreas de apertura de la Ley” que, en el derecho común inglés
(Common Law), se basa en decisiones
judiciales —es decir, precedentes— dictadas por los tribunales.
A lo largo de su
carrera, Sarosh Zaiwalla ha forjado una reputación de atreverse a pelear lo que
él mismo califica como “casos imposibles de ganar”. Y ahora apunta a replicar el
éxito que obtuvo una vez en la defensa cuesta arriba del mayor banco privado
iraní, el Mellat, en un caso que guarda similitudes con el del reclamo del oro
venezolano.
El precedente iraní
En octubre de
2009 empezó la extensa batalla legal que libró el banco Mellat, la entidad
financiera privada más grande de Irán, en los tribunales británicos. Una parte,
20%, del capital de la institución bancaria con sede en Teherán corresponde al
gobierno iraní, mientras que el restante 80% a actores privados.
La disputa legal
comenzó dos meses después de que el Ministerio de Hacienda del Reino Unido
sancionara al banco, haciendo uso de los poderes que le otorgaba el Acta Contra
Terrorismo aprobada por el Parlamento en 2008, tras asegurar que la entidad
estaba involucrada en el programa nuclear iraní.
Una década
después de emprender acciones legales ante los tribunales ingleses, el gobierno
del Reino Unido acordó resolver la demanda interpuesta por el banco iraní de
1.600 millones de dólares por daños y perjuicios, por una cantidad que no se
reveló. Eso sí, Mellat no cantó victoria sin antes experimentar al menos un par de reveses
en las cortes inglesas durante los primeros años de la demanda, justo antes de la incorporación de Zaiwalla & Co. Solicitors al caso.
En noviembre de
2009, Mellat contrató a la firma británica Stepheson Harwood -la misma que
empezó a representar a Venezuela en el caso del oro- para impulsar la demanda
ante tribunales locales y la Corte Europea de Justicia, bajo el argumento de que
la orden promulgada por el Ministerio de Hacienda, que imponía restricciones
financieras a entidades iraníes, violentaba el derecho a la propiedad y a un
juicio justo. Sin embargo, tanto el Tribunal de Primera Instancia como la Corte
de Apelaciones fallaron en contra del banco.
No fue sino tres
años después, cuando Zaiwalla pasó a representar a Mellat y el Tribunal General
de la UE dictó que no había pruebas que demostraran la relación del banco con el
programa nuclear de Irán, que el caso dio un giro.
Zaiwalla llegó a
Mellat por recomendación de un antiguo director legal de la Compañía Nacional de
Petróleo Iraní (Nioc, por sus siglas en inglés), empresa que había contratado
los servicios del abogado años antes para resolver una disputa legal entre una
de sus empresas asociadas y Rosnefteflot, previamente conocida como la Compañía
Marítima del Lejano Oriente (Femco), propiedad de la petrolera rusa Rosneft.
El abogado indio
cuenta que esa demanda pionera de Nioc terminó en un acuerdo amistoso y que ambas partes
quedaron satisfechas.

El resultado exitoso con el caso Mellat, el banco privado iraní sancionado por Reino Unido en 2009, le dio a Zaiwalla y a su bufete con sede en Londres la notoriedad que tanto buscaba.
El trabajo de
Zaiwalla con empresas petroleras y marítimas no se limita a este caso. La
Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) figura entre sus clientes más
prominentes, pues llegó a ofrecer sus servicios al país asiático de forma
constante durante una década, hasta principios de los
2000.
El
pronunciamiento del Tribunal General de la UE dio un nuevo impulso a Mellat en
los tribunales de la región y en los medios de comunicación. En 2013, Zaiwalla
llevó el caso hasta el más alto tribunal del Reino Unido, la Corte Suprema, y
contrató a abogados de larga trayectoria para representar a los demandantes en las
audiencias.
Debido a la
confidencialidad de las evidencias, el despacho de Hacienda solicitó realizar el
juicio a puertas cerradas. No obstante, en junio de 2013, la Corte Suprema
dictó, con una estrecha mayoría de cinco contra cuatro, que las sanciones habían
sido ilegales y que la respuesta del gobierno británico era "arbitraria e
irracional" y "desproporcionada".
Poco después del
fallo de la Corte Suprema, Zaiwalla Solicitors emprendió acciones legales para
reclamar al gobierno del Reino Unido una indemnización por daños y perjuicios
contra el banco. La victoria no solo sentó un precedente en el sistema judicial
inglés y el sistema de justicia de la UE, sino que también le dio a Zaiwalla la
notoriedad que tanto buscaba.
Pierde con Rosneft
El resultado del
caso Mellat abrió a Zaiwalla las puertas de un nuevo cliente que también
intentaba desafiar unas sanciones, esta vez desde Rusia.
Poco después de
ganar en la Corte Suprema, Rosneft, la principal petrolera rusa, contactó a
Zaiwalla para anular las sanciones impuestas por el Tribunal General de la UE a
Rusia en 2014 tras la anexión rusa de Crimea, la península ucraniana.
El argumento de
Rosneft era que la imposición de sanciones dificultaba la recaudación de fondos
para que la petrolera estatal y sus otras compañías desarrollaran proyectos, por
lo que contrató a Zaiwalla para asistirle, alentada por el precedente que marcó
Mellat en los tribunales de la Unión Europea.
La estrategia de
Zaiwalla fue mantener el argumento que utilizó con Mellat: que la UE no tenía
ninguna evidencia que mostrara la participación de Rosneft en el conflicto con
Ucrania.

Sarosh Zaiwalla junto al futbolista Diego Maradona, ambos integrantes de la ONG Football for Unity, con sede en Londres. Foto: Facebook de Maradona
Representada por
abogados ingleses, entre ellos Zaiwalla, el 9 de octubre de 2014 Rosneft
interpuso un recurso ante el Consejo de la Unión Europea, acción legal que dio
comienzo al contencioso para anular las sanciones.
Después de dos
veredictos emanados del Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal General en
2017 y 2018, respectivamente, que manifestaban la negativa de levantar las
sanciones, el Tribunal de Justicia desestimó en su totalidad la apelación de
Rosneft el pasado 20 de septiembre de 2020. En su veredicto, el tribunal
reafirmó que las medidas fueron justificadas y resultan adecuadas para presionar a
Rusia para que cambie o abandone su participación en la crisis ucraniana.
Aunque Zaiwalla
formó parte del equipo defensor de Rosneft en un principio y anunció una
acreditación de cinco años para el panel legal de la petrolera, el nombre del
despacho no aparece en las decisiones más recientes emitidas por los tribunales.
En cambio, sí aparece el del abogado Lode Van Den Hende, de la firma Herbert
Smith Freehills LLP, como representante de la compañía rusa y sus empresas
relacionadas.
La contienda por el oro venezolano
Como ocurrió con
el banco Mellat, en el caso del BCV salió el bufete Stephenson Harwood para que entraran Zaiwalla y compañía. Ambos casos tienen similitudes: involucran a entidades
financieras, sanciones internacionales y han causado un revuelo mediático. Pero la
diferencia ahora es que la contienda se libra por el oro retenido bajo la City de
Londres.
De cualquier
manera, el caso interpuesto ante la Corte Comercial resultaba atractivo para los
medios. El Banco Central de Venezuela, representado por Sarosh Zaiwalla, alegaba
que los fondos retenidos por el Banco de Inglaterra son necesarios para
financiar la respuesta de Venezuela al coronavirus.
No es la primera
vez que se plantea entre actores internacionales un escenario que obligue a la
justicia británica a decidir entre reconocer un gobierno u otro. Sin embargo, el
caso venezolano tiene unas particularidades que lo hacen más complejo y
atractivo a abogados experimentados, como el hecho de que en los bandos enfrentados se encuentren partes localizadas en un mismo país y de las que una, el gobierno interino opositor, controla algunos poderes del Estado venezolano, y la otra, que corresponde al régimen de Maduro, controla otros poderes.
Ante la
disyuntiva de tener que decidir si entregar las reservas a Maduro o al
presidente interino apoyado por la oposición, Juan Guaidó, el banco inglés quedó
atrapado entre dos reclamos y pidió al Gobierno decir a cuál de los dos
presidentes reconoce como legítimo.

Mientras la justicia británica desentraña el intrincado caso por el oro venezolano, Guaidó tiene el tiempo en contra y la espera favorece a Maduro. Foto: Sebastian Derungs / AFP
Para la contienda
en la corte, Zaiwalla instruyó a Nicholas Vineall, un aventajado abogado que
ostenta el título simbólico de Queen’s
Counsel (QC), o consejero de la
Reina, reservado a profesionales de trayectoria en el sistema judicial
británico. Vineall cuenta con experiencia en la rama del derecho financiero y
anteriormente había defendido el multimillonario reclamo de Mellat contra el
gobierno del Reino Unido por las sanciones.
En la
contraparte, la junta de Guaidó estuvo representada por Arnold & Porter, una
firma global y tradicional, con catorce oficinas repartidas en Estados Unidos,
Europa y Asia, y cerca de un millar de abogados en su plantel.
El 2 de julio, el
Tribunal de Primera Instancia decidió en contra de Maduro y dijo que el Gobierno
del Reino Unido reconoce al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente
interino, por lo que las reservas de oro continuarían retenidas en las bóvedas
de la City.
Pero, lejos de
concluir el asunto con la primera decisión, menos de tres semanas después Sarosh
Zaiwalla anunciaba que la firma ganó el derecho de apelar la decisión del
Tribunal de Primera Instancia.
Para la segunda
vuelta, esta vez en la Corte de Apelaciones, Zaiwalla instruyó a Vineall y a dos
QC más, Vaughan Lowe y Dan Sarooshi, lo que representa un verdadero equipo de
lujo para complementar la pericia en derecho financiero de Vineall con la
experiencia en derecho internacional de los dos últimos.
La disputa tomó
un nuevo giro el pasado 5 de octubre, cuando la Corte de Apelaciones anuló la
decisión del Tribunal de Primera Instancia y le pidió a la Corte Comercial
aclarar cuál de los dos gobiernos ejerce el poder, Maduro board o Guaidó board.
La Corte de
Apelaciones insistió en que es necesario aclarar si el gobierno del Reino Unido
reconoce a Guaidó como presidente para todos los efectos y, por tanto no
reconoce a Maduro para ningún propósito; o, si por el contrario, reconoce que
Guaidó tiene derecho a ejercer todos los poderes de presidente, pero también
reconoce a Maduro como presidente de
facto.

El BCV anunció haber acordado con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destinar parte del oro a la compra directa de medicinas, alimentos y equipos médicos para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Foto: Federico Parra / AFP
Otro de
los puntos principales que se discutió en la última audiencia fue la necesidad
de aclarar la capacidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela para
actuar de forma imparcial e independiente, considerando que declaró sin efecto
la junta ad hoc del BCV designada por
Juan Guaidó el 19 de mayo de 2019.
Sin embargo,
antes de las disposiciones dictadas en el veredicto de la Corte de Apelaciones,
el juez Stephen Males hace una salvedad y dice que “claramente, la sentencia del
TSJ del 1 de agosto de 2016”, que establece que los actos de la Asamblea
Nacional son nulos, “pueden haberse basado, en mayor o menor medida, en la
opinión del TSJ de que el señor Guaidó no es presidente”, cuestionando la
imparcialidad del Poder Judicial.
El juez Males
detalla que ese es un asunto que se deberá considerar en el futuro pero que, de
ser verdad, “tales sentencias no pueden ser reconocidas o surtir efecto en un
tribunal inglés”.
El veredicto de
la Corte de Apelaciones, contrario a lo expresado por el equipo legal de Maduro
ante los medios de comunicación, no representa necesariamente una victoria para
el régimen bolivariano, pero sí significa un retroceso para la causa de Guaidó.
Ahora ambas "juntas" o boards permanecen a la espera de un pronunciamiento de la Corte Comercial.
Mientras la justicia británica desentraña el intrincado caso por el oro
venezolano, Guaidó tiene el tiempo en contra y la espera parece favorecer a Maduro.
Los marcadores de
los tribunales de la City están cero a cero. Zaiwalla aún no destraba las
sanciones que pesan sobre el BCV pero ha preservado un empate que, considerando
los antecedentes del abogado, pueden alimentar la esperanza en una futura
victoria.