Bancos globales desafían el control de EE.UU. para mover dinero sucio

JP Morgan, el mayor banco con sede en Estados Unidos, movió dinero para personas y sociedades ligadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, según revelan los documentos filtrados.

El banco movió más de 1.000 millones de dólares [un billón en el sistema de EE UU] para el financiero fugado que está detrás del escándalo 1MDB de Malasia, según muestran los archivos. Entre el fajo de transacciones sospechosas están los 2,1 millones de dólares que movieron entre 2011 y 2012 unos jóvenes venezolanos magnates de la energía, Alejandro Betancourt y otros directivos de Derwick Associates. La suma es una pequeña parte de los 5.000 millones de dólares que recibieron en contratos con el gobierno venezolano para resolver la crisis eléctrica de Venezuela, que todavía sigue en gran parte del país, que con frecuencia se paraliza por los apagones.

JP Morgan también movió dinero de Alejandro Piojo Istúriz, un antiguo funcionario del gobierno venezolano que ha sido acusado por las autoridades de Estados Unidos como un actor en el esquema internacional de lavado de dinero. Los fiscales alegaron que,  entre 2011 y 2013, Istúriz y otros pidieron sobornos para manipular los contratos de energía del Gobierno. El banco movió más de 63 millones de dólares para empresas relacionadas con Istúriz y el esquema de blanqueo de dinero entre 2012 y 2016, según muestran los FinCEN Files.

Según la filtración, JP Morgan también gestionó pagos por más de 50 millones de dólares durante una década para Paul Manafort, el antiguo jefe de campaña del presidente Donald Trump. El banco movió al menos 6,5 millones de dólares en transacciones de Manafort en los catorce meses posteriores a su renuncia de la campaña en el marco de un sinfín de acusaciones de blanqueo de dinero y corrupción, a partir de su trabajo con un partido político prorruso en Ucrania.

Transacciones contaminadas continuaron apareciendo en cuentas bancarias de JP Morgan pese a las promesas del banco para mejorar sus controles de blanqueo de dinero, como parte de acuerdos que alcanzaron con las autoridades de Estados Unidos en 2011, 2013 y 2014.

JP Morgan dijo que tiene prohibido legalmente contestar preguntas sobre transacciones o clientes. Agregó que ha tomado un “rol de liderazgo” en la realización de “investigaciones proactivas de inteligencia” y en el desarrollo de “técnicas innovadoras para ayudar a combatir el crimen financiero”.

La filtración conocida como FinCEN Files incluye más de 2.100 reportes de actividades sospechosas completados por bancos y otras firmas financieras para la Red de Control de Delitos Financieros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La agencia, más conocida por su acrónimo en inglés FinCEN, es una unidad de inteligencia en el corazón del sistema global para luchar contra el blanqueo de dinero.

BuzzFeed News obtuvo los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), y este organizó un equipo de más de 400 periodistas de 110 medios en 88 países para investigar el mundo de los bancos y el blanqueo de dinero.

En total, los documentos muestran transacciones realizadas entre 2000 y 2017 por un monto de al menos dos billones de dólares [trillones en el sistema de EE UU], marcadas por las oficinas internas de cumplimiento de las instituciones financieras como potenciales de blanqueo de dinero u otra actividad criminal. La cifra incluye 514.000 millones [514 billones en el sistema estadounidense] de JP Morgan y 1,3 billones [trillones en el sistema estadounidense] de Deutsche Bank. Los informes de actividades sospechosas reflejan las preocupaciones de la primera línea de vigilancia de los bancos y no son necesariamente evidencia de conductas criminales o malas prácticas.

También evidencian que al menos 20 bancos ayudaron a la brasileña Odebrecht -acusada por el mayor caso internacional de sobornos en la historia- a mover 677 millones de dólares entre 2010 y 2016. De esta cantidad, Deutsche Bank movió más de 560 millones de dólares, según muestran los registros.

Autoridades de Estados Unidos, país que juega un rol principal en la batalla global contra el blanqueo de dinero, han ordenado a los grandes bancos a reformar sus prácticas, los han multado con cientos e incluso miles de millones de dólares, y los han amenazado con cargos judiciales como parte de los llamados acuerdos de procesamiento diferidos.

La investigación de 16 meses del ICIJ y sus medios asociados muestra que estas tácticas no han funcionado. Los grandes bancos continúan desempeñando un papel central en el movimiento de dinero ligado a la corrupción, el fraude, el crimen organizado y el terrorismo.

“Al fallar por completo en prevenir transacciones corruptas a gran escala, las instituciones financieras han abandonado su papel como defensas en primera línea contra el blanqueo de dinero”, afirmó al ICIJ Paul Pelletier, un ex alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscal de delitos financieros. Los bancos, señaló, saben que “operan en un sistema sin controles”.

Cinco de los bancos que aparecen con más frecuencia en los FinCEN Files —Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, JP Morgan y HSBC— violaron en repetidas ocasiones sus promesas oficiales de buen comportamiento, según muestran los archivos secretos.

En 2012, la sede de Londres del HSBC, el banco más grande de Europa, firmó un acuerdo de procesamiento diferido y admitió que había blanqueado al menos 881 millones de dólares de carteles de droga de América Latina. Los narcotraficantes usaron cajas especiales que se ajustan a las ventanillas de los cajeros del HSBC para dejar enormes cantidades de dinero de la droga que estaban empujando al sistema financiero.

Mediante el acuerdo con los fiscales, HSBC pagó 1.900 millones de dólares [1,9 billones en el sistema estadounidense] y el gobierno acordó poner las acusaciones criminales contra el banco en cuarentena y desistir de ellas a los cinco años si HSBC mantenía su promesa de combatir agresivamente el flujo de dinero sucio.

Como muestran los FinCEN Files, durante esos cinco años de período de prueba, HSBC continuó moviendo dinero de personajes cuestionables, incluidos sospechosos de blanquear dinero de Rusia y de una estafa piramidal Ponzi bajo investigación en varios países.

Pese a ello, el gobierno permitió a HSBC anunciar en diciembre de 2017 que había “cumplido con todos sus compromisos” establecidos en el pacto de procesamiento diferido, y que los fiscales habían desistido de los cargos criminales para siempre.

En un comunicado dirigido al ICIJ, HSBC rechazó contestar las preguntas sobre clientes específicos o transacciones. HSBC dijo que la información del ICIJ es “histórica y precede” su acuerdo de procesamiento diferido de cinco años.  El Departamento de Justicia se negó a contestar preguntas específicas. En un comunicado, un portavoz de la división criminal del departamento afirmó: “El Departamento de Justicia respalda su trabajo, y mantiene su compromiso de investigar y enjuiciar agresivamente los delitos financieros —incluyendo el blanqueo de dinero—, donde sea que lo encontremos”.

El análisis del ICIJ encontró que los bancos que aparecen en FinCEN Files a menudo procesan transacciones a sociedades registradas en jurisdicciones opacas y lo hacen sin saber el último beneficiario de carne y hueso de la cuenta. Los propietarios de estas cuentas corporativas a menudo ofrecen direcciones en Reino Unido, Estados Unidos, Chipre, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Suiza. Al menos 20% de los informes tienen un cliente con una dirección en Islas Vírgenes Británicas, conocido paraíso fiscal.

En el análisis que hizo ICIJ se encontró que la mitad de los bancos no disponían de información sobre entidades que se encuentran detrás de transacciones. En 630 reportes las instituciones financieras preguntaron por más información sobre estas sociedades y en más de 160 de los casos los otros bancos no respondieron. Algunos bancos o filiales en países como Suiza citaron leyes nacionales de reserva de la información para denegar esta información.

La Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen calcula que 2,4 billones de dólares en fondos ilícitos son blanqueados cada año -cifra equivalente a casi el 2,7% de todos los bienes y servicios que se producen cada año en el mundo-. Pero las autoridades, dice la agencia, detectan menos de 1% del dinero negro mundial.

“Todos lo están haciendo mal”, admitió en una entrevista con el ICIJ David Lewis, secretario ejecutivo de Financial Action Task Force, con sede en París, una asociación de gobiernos de todo el mundo para establecer estándares contra el lavado de dinero.

Los informes de evaluación por países de su organización —que profundizan en cuán bien los bancos y las agencias gubernamentales ejecutan las leyes y reglamentos contra el blanqueo de dinero— muestran mucha verificación de casillas pero poco progreso práctico. Muchos países parecen estar más preocupados por cómo aparecen sobre el papel que por acabar con el blanqueo de dinero, afirmó.

Los FinCEN Files también muestran, por ejemplo, lo que pasaba detrás del Arab Bank, acusado en tribunales —por familiares de un sobreviviente de un atentado en un autobús en Jerusalén en 2003— de ayudar a mover los fondos con los que se financió un ataque terrorista. A la par del litigio, el banco jordano se estaba beneficiando de una relación laboral con un banco más grande e influyente: el Standard Chartered. El banco con sede en Reino Unido ayudó a los clientes del Arab Bank a acceder al sistema financiero de Estados Unidos después de que los reguladores encontraran deficiencias en los controles del Arab Bank contra el blanqueo de dinero en 2005, obligándole a reducir sus transferencias de dinero hacia Estados Unidos.

Standard Chartered continuó su relación con el Arab Bank a medida que la demanda contra el banco jordano proseguía su curso por los tribunales de Estados Unidos e incluso después de que las autoridades estadounidenses avisaran a Standard Chartered de que debía detener el procesamiento de transacciones en favor de clientes sospechosos.

Los reguladores de Nueva York concluyeron en 2012 que Standard Chartered había “conspirado con el Gobierno de Irán” por cerca de una década para mover 250.000 millones de dólares en transacciones secretas, obteniendo “cientos de millones de dólares en comisiones” y dejando “el sistema financiero estadounidense vulnerable a terroristas, traficantes de armas, narcotraficantes y regímenes corruptos”. Este patrón de conducta le costó a Standard Chartered casi 670 millones de dólares en multas en la segunda mitad de 2012, como parte de dos acuerdos de procesamiento diferido y otros acuerdos con las autoridades de Nueva York y Estados Unidos.

Luego de esto movió casi doce millones de dólares más en transacciones para clientes del Arab Bank referidas a “beneficencia”, “donaciones”, “apoyo” o “regalos”. El informe de seguimiento advirtió que los registros de pagos aumentaron la preocupación de que “actividades ilícitas” estaban siendo financiadas "bajo la apariencia de la beneficencia”.

¿Por qué los bancos mueven dinero sospechoso? Porque es rentable. Los bancos pueden llenar sus resultados finales con las comisiones que cobran a medida que el dinero se mueve a través de redes de cuentas mantenidas por clientes corruptos. JP Morgan, por ejemplo, sumó una estimación de 500 millones de dólares en beneficios por ser el banquero jefe de Bernie Madoff y su multimillonaria estafa bajo el esquema Ponzi.

Pero tratar con clientes turbios también tiene sus riesgos. JP Morgan pagó 88,3 millones de dólares en 2011 para solventar las reclamaciones de los reguladores de que había violado las sanciones económicas contra Irán y otros países sujetos a embargos de Estados Unidos. Funcionarios del Tesoro golpearon al banco con una orden de “cese y desistimiento” en 2013 que detalló “deficiencias sistémicas” en sus esfuerzos contra el blanqueo de dinero “a la hora de identificar volúmenes significantes de actividades sospechosas”.

Pero el banco continuó moviendo dinero para personas envueltas en supuestos delitos financieros, según muestran los FinCEN Files, entre ellos Jho Low, un banquero que salía de fiesta con Paris Hilton y Leonardo Di Caprio y que fue acusado por las autoridades de varios países de ser el autor intelectual de un fraude de 4.500 millones de dólares a partir de un fondo de desarrollo económico de Malasia, llamado 1Malaysia Development Berhad, o 1MDB.

La FinCEN y otras agencias estadounidenses juegan un importante papel en los esfuerzos contra el lavado de dinero en todo el mundo, en gran parte porque los blanqueadores y otros delincuentes comparten el mismo objetivo que otros clientes bancarios que operan entre fronteras: convertir su dinero a dólares de Estados Unidos, la moneda global de facto, a través de bancos corresponsales. Un pequeño grupo de bancos con importantes operaciones en Nueva York, en su mayoría estadounidenses y europeos, se embolsillan comisiones realizando este truco, aprovechando su privilegiado acceso a la Reserva Federal de Estados Unidos (el equivalente en ese país al banco central).

La ley estadounidense confía a los bancos la responsabilidad en primera línea de prevenir el blanqueo de dinero, a pesar de que sus incentivos financieros se dirigen completamente a que el dinero —sucio o limpio— continúe moviéndose. Si bien los bancos están autorizados para detener una transacción si parece sospechosa, no están necesariamente obligados a ello. Simplemente tienen que presentar un informe de actividad sospechosa a la FinCEN.

La FinCEN, con aproximadamente 270 empleados, recopila y analiza más de dos millones de nuevos informes de actividad sospechosa cada año procedentes de bancos y otras firmas financieras. Comparte información con las agencias estadounidenses de cumplimiento de la ley y con unidades de inteligencia financiera de otros países.

Dentro de los grandes bancos, los sistemas para detectar flujos ilícitos de dinero dependen de personal con exceso de trabajo y falta de recursos, que normalmente trabajan en oficinas internas lejos de la sede central y con poca influencia dentro de sus organizaciones. Documentos en los FinCEN Files muestran que los empleados de cumplimiento en los grandes bancos a menudo dependen de búsquedas básicas en Google para intentar saber quién está detrás de transferencias de cientos de millones de dólares.

Según los documentos secretos, los bancos a menudo completan los informes de actividad sospechosa sólo después de que una transacción o un cliente se convierten en protagonistas de un artículo periodístico negativo o de una investigación del gobierno, generalmente después de que el dinero ya ha corrido lejos.

En entrevistas con el ICIJ y BuzzFeed News, más de una docena de antiguos empleados de cumplimiento en HSBC cuestionaron la eficacia de los programas del banco contra el blanqueo de dinero. Algunos dijeron que el banco no les dio lo suficiente para ir más allá de una mirada superficial sobre los grandes flujos de dinero, y que las oficinas de HSBC fuera de Estados Unidos a menudo los ignoraban cuando solicitaban información sobre quién se escondía detrás de las grandes transacciones.

“Ellos decían: ‘Claro, te volveremos a contactar’. Pero nunca se ponían en contacto de nuevo”, recuerda Alexis Grullon, quien supervisó la actividad sospechosa internacional para HSBC en Nueva York entre 2012 y 2014.

Según una demanda judicial presentada en diciembre de 2019 en un tribunal federal de Nueva York, empleados del Standard Chartered Bank que se opusieron a que transacciones ilegales fueran ignoradas resultaron amenazados, acosados y despedidos.

Julian Knight y Anshuman Chandra, los demandantes, afirman que se vieron obligados a abandonar sus trabajos de gestión en el banco después de que el banco se enteró de que habían cooperado con una investigación del FBI sobre transferencias de dinero que Standard Chartered había realizado a través de empresas de Irán, Libia, Sudán y Myanmar (Birmania) sancionadas por Estados Unidos. Según la demanda, Standard Chartered participó en un “esquema de blanqueo de dinero altamente sofisticado”, alterando los nombres de las partes sujetas a sanciones en Estados Unidos en los documentos de las transacciones y creando una solución tecnológica que permitió que estas transacciones ilegales pasaran inadvertidas para el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Chandra, que trabajó en la filial del banco en Dubai entre 2011 y 2016, concluyó que la eliminación de las sanciones ayudó a financiar ataques terroristas “que mataron e hirieron a soldados que servían en la coalición liderada por Estados Unidos, así como a muchos civiles inocentes”. La demanda afirma que el esquema permitió al banco beneficiarse de la “alta prima” que Irán y sus agentes estaban dispuestos a pagar para convertir los riales iraníes —la depreciada y sancionada moneda del país persa— en dólares.

“Puedes ejecutar un programa como este probablemente durante unos pocos meses sin ser pillado si se trata de un grupo pequeño el que lo coordina dentro del banco”, manifestó Chandra en una entrevista con BuzzFeed News, socio del ICIJ. “Pero algo como esto sucedió durante un período de años y generó miles de millones de dólares. Alguien en la cima debió haberse preguntado: ¿Cómo estamos ganando este dinero?”.

Chandra y Knight afirman que el banco admitió sólo una parte de sus incumplimientos y mintió sobre cuándo se detuvieron las transacciones ilegales. Esto ocurrió cuando el banco compareció para asumir las sanciones como parte del acuerdo de procesamiento diferido, con las autoridades de Estados Unidos, en 2012. La agencia prorrogó el período de prueba del banco una y otra vez durante varios años. Finalmente, en 2019, el banco pagó 1.100 millones de dólares más por incumplimientos reiterados de sanciones contra Irán y otros países, y acordó ampliar su pacto de procesamiento diferidos por dos años más.

Los fiscales americanos y otros funcionarios han elogiado los acuerdos de procesamiento diferido y otros tipos de acuerdos por blanqueo de dinero como herramientas efectivas para asegurarse de que los grandes bancos cumplieran la ley y dejaran de trabajar para delincuentes. Cuando las autoridades anunciaron el acuerdo de procesamiento diferido de Standard Chartered en 2012, un empleado del FBI manifestó: “Nueva York es una capital financiera mundial y un centro bancario internacional, y tienes que cumplir con las leyes para realizar negocios aquí”.

La investigación del ICIJ muestra que cinco de los bancos que aparecen más frecuentemente en los FinCEN Files —HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered y Bank of New York Mellon— continuaron moviendo dinero para personas y empresas sospechosas a raíz de acuerdos de procesamiento diferido y otras acciones de cumplimiento de la ley contra el blanqueo de grandes cantidades de dinero.