La contabilidad en negro de la pandemia
Armando.info recolectó las relaciones extraoficiales llevadas por médicos de tres grandes hospitales públicos de Caracas y el interior del país. Solo esas cuentas superan con amplitud las cifras nacionales de víctimas de la Covid-19 que los portavoces del Gobierno ofrecen. El sistema establecido por las autoridades lleva por diseño al subregistro y al retraso: pruebas poco confiables, escasos laboratorios y la opacidad en los protocolos hacen que las muertes se multipliquen a una tasa más rápida que la capacidad -y la voluntad- para contarlas.
Luz Balza, de
52 años de edad, murió el 11 de julio luego de 19 días padeciendo síntomas que
parecían propios de la Covid-19. Presentó fiebre, tos, dolor en el cuerpo y
dificultad para respirar. La primera prueba rápida que le aplicaron -que solo
mide anticuerpos de la enfermedad- resultó negativa. Apenas fue después de 16
días postrada en cama y con una creciente dificultad para respirar cuando la
misma prueba de diagnóstico dio positivo. Ya era muy
tarde.
Mientras, el
gobierno de Nicolás Maduro anunciaba cada noche, desde ese mismo mes de julio,
el número de fallecidos en cada jornada como producto de la pandemia. La cifra
rara vez superó las cuatro víctimas fatales por jornada. Pero en ese reporte no
es seguro que se hayan incluido casos como el de Luz Balza.
Los boletines
oficiales denotaban un empeño por transmitir control sobre la situación más que
por confirmar las estadísticas. Todavía hoy, a principios de agosto de 2020,
cuando hasta las cifras oficiales muestran un repunte exponencial, la puesta en
escena de la comunicación oficial en pantalla -que contrasta con los cada vez
más frecuentes anuncios de medianoche por Twitter- presenta al ministro de
Comunicación, Jorge Rodríguez, ataviado con su bata de médico, como con ello
queriendo asegurar que las autoridades saben lo que hacen y que no hay motivo de
alarma en un país que no sufre los estragos del coronavirus como, en cambio, sí
ocurre en Colombia y Brasil, naciones vecinas.
Pero, puertas
adentro de los hospitales, la realidad es distinta.
Los pacientes
mueren más rápido que lo que la limitada capacidad de diagnóstico con pruebas
moleculares tarda en reaccionar. En cinco meses de pandemia, el Ministerio de
Salud no ha informado cómo apuntar los casos sospechosos de muerte por Covid-19
que carecen del examen confirmatorio; pero, a la vez, tampoco ha autorizado que
se descentralicen las pruebas diagnósticas, concentradas todavía en Caracas. La
consecuencia inevitable de esta paradoja es el subregistro de casos. Muchos
hogares pasan por el luto sin siquiera saber si fue la pandemia la que mató a su
familiar. Mientras, las salas de urgencia se acercan al punto del
colapso.

Solo el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, ubicado en Caracas, centralizó las pruebas confirmatorias para Covid-19 durante los cinco primeros meses de la epidemia.
Mediante
consultas con personal sanitario de tres grandes hospitales del sistema público
-el Hospital Universitario de Maracaibo, el Hospital Luis Razetti de Barcelona y
el Hospital Universitario de Caracas-, Armando.info recopiló el
número de fallecidos por Covid-19 en cada uno de esos centros. Aunque parcial,
la radiografía resultante comprueba que la incidencia real de la pandemia y las
muertes que ha causado exceden la cuenta ofrecida por las autoridades. Ello pone
en duda la gestión que se hace de la pandemia, agudizada además por la erosión
del sistema de salud y la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país
desde hace al menos dos años.
En el Hospital
Universitario de Maracaibo, en el estado Zulia -extremo noroccidental del país,
frontera con Colombia- fue a donde llegó Luz Balza con su emergencia. Le tomaron
una muestra nasofaríngea que a la postre permitió confirmar el diagnóstico de
Covid-19. Pero a esas alturas había poco que hacer. Murió al tercer día de
hospitalización. Entre tanto, el resultado de la prueba confirmatoria del virus,
que solo se puede procesar en Caracas, a 700 kilómetros de distancia, jamás fue
notificado a sus familiares.
Por su cuenta,
los médicos de este centro de salud ya suman 216 fallecidos con síntomas de
Covid-19. El gobierno central, por su parte, hasta el 7 de agosto solo admitía
63 decesos en todo el estado Zulia.

A tientas
La premisa
adoptada por el gremio médico en estos días de pandemia es que toda persona que
muera con problemas respiratorios debe considerarse un caso de Covid-19 hasta
que se demuestre lo contrario. Aunque los médicos comparten ese principio a la
hora de rellenar las actas de defunción, desde el Ministerio de Salud aún no tienen un protocolo establecido para el registro, o al menos no está disponible en su portal web oficial. Al final
del día, los médicos se percatan de que los casos sospechosos no forman parte de
las estadísticas que cada noche anuncia la Comisión Presidencial.
Se trata de
una zona gris que ya no debería generar dudas y ni tan solo plantearse. Tan
pronto como el 17 de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) marcó la
pauta para incluir los casos sospechosos de Covid-19 en el conteo de la
mortalidad.
Mientras el 16
de febrero la cifra mundial de casos detectados con Covid-19 ofrecida por la OMS
fue de 51.857 (de los que 51.174 estaban en China), la multilateral informó un
día después que los casos detectados aumentaban a 71.429.
La OMS aclaró
en su boletín que ese salto de casi 50% en el número de casos detectados de un
día al otro se debió a que incluyeron en el conteo a los que tenían el
diagnóstico clínico, es decir, a los que tenían los síntomas compatibles con el
virus. Desde ese momento el organismo internacional avaló el sistema de
codificación y clasificación de casos en el contexto de la Covid-19, que, si
bien diferencia entre aquellos donde el virus ha quedado identificado en el
paciente que muere y los que no tienen el virus confirmado pero evidenciaron ser
un caso probable, los junta. En este caso no se trata de sumar peras y manzanas:
el término “caso sospechoso de Covid-19” tiene validez técnica y debería
incluirse en la contabilidad.
Mientras el
coronavirus avanza más rápido que la capacidad de detección del virus, no parece
haber una buena explicación para que se continúe sin adoptar unos protocolos que
permitan tener una imagen más ajustada y fidedigna de la realidad -y, con ello,
una aproximación más efectiva-. El subregistro persiste a sabiendas de todas las
partes interesadas. La escasa cantidad de laboratorios habilitados para procesar
las muestras, la falta de pautas claras para notificar y clasificar los decesos, y la
confianza puesta en el uso masivo de pruebas rápidas que solo detectan
anticuerpos -pero no confirman la enfermedad-, conforman juntas una receta para
la ceguera.
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Las
autoridades venezolanas solo avalaron al Instituto Nacional de Higiene Rafael
Rangel (INHRR), ubicado dentro del campus de la Universidad Central de Venezuela
(UCV), en Caracas, para realizar la prueba molecular de diagnóstico llamada PCR.
Allí se procesan las muestras de los pacientes de todo el país.
A esta opción
se sumó un laboratorio móvil que fue habilitado en la frontera del estado
Táchira con el departamento de Norte de Santander, en Colombia, para agilizar
las pruebas de los migrantes que retornan. Se sabe poco sobre la capacidad de
esa instalación. El 21 de julio se anunció además que el Laboratorio de Biología
Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic), con
sede en las afueras de Caracas, también quedaba autorizado para realizar pruebas
de PCR (en español RCP, por reacción en cadena de la
polimerasa).
Aún con esas nuevas adiciones, la capacidad de diagnóstico resulta ínfima para un país de 30 millones de habitantes: dos laboratorios y una unidad móvil. En contraste, Colombia cuenta con 81 laboratorios trabajando en la detección del virus; Perú, con 19; Ecuador; con 21.

La
consecuencia más evidente es que hay un retraso en las confirmaciones. “Los
resultados de las pruebas duran entre 15 y 18 días en llegarnos. Los pacientes
mueren más rápido que eso y se mandan a enterrar o cremar”, cuenta un médico que
trabaja en el Hospital Universitario de Maracaibo y pide mantener su identidad
en resguardo.
Esto quiere
decir que la fotografía epidemiológica que cada noche muestra la Comisión
Presidencial para la Covid-19 es, cuando menos, la que corresponde a tres
semanas antes. Las decisiones son atemporales y el virus avanza a una velocidad
desconocida. “Estamos viendo una epidemia en diferido”, sentencia el exministro
de Salud, José Félix Oletta.
Para colmo, el
número total de muestras que el país tiene capacidad de hacer y procesar cada
día es un secreto bien guardado.
Hasta ahora
solo se ha podido inferir ese número a través de las estadísticas que publica la
Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios (Ocha). Según la Ocha, en marzo el país tenía capacidad para procesar entre 90 y 100 pruebas PCR diarias. El número ha aumentado progresivamente pero continía siendo poco. Para el 28
de julio, de acuerdo con el último informe de Ocha, en Venezuela se habían hecho 1.511.433 pruebas
diagnósticas de Covid-19, de las cuales estimaban que "alrededor de 5 a 6 por ciento son pruebas PCR".
Una de las
propuestas del asesor de Salud de la Asamblea Nacional -opositora- desde el
inicio de la epidemia, el infectólogo Julio Castro, ha sido la de ampliar el número de laboratorios
autorizados para seguirle la pista a la enfermedad. Asegura que hay diez
laboratorios que practican pruebas PCR de otros virus que podrían sumarse y así
descentralizar el trabajo.
“El ministerio
conoce la información de laboratorios del país que ya hacen PCR de otros virus,
que tienen los equipos y certificación. No entendemos cuál es la razón para no
ampliar los sitios”, explica.
La Academia
Nacional de la Medicina y sociedades médicas científicas recomendaron en un
comunicado del 30 de julio que se aumentaran las pruebas diagnósticas hasta no
menos de 8.000 al día -actualmente se realizan entre 1.000 y 2.000 según datos extraoficiales-. Además,
también sugirieron, habría que garantizar la obtención de resultados en no más
de tres días a partir de la toma de la muestra.
“Es posible
que al Gobierno le convenga el subregistro para mostrar un éxito
extraordinario”, supone el exministro Oletta, enfrentado a las cifras oficiales,
que señalan una tasa de letalidad de 1,7%, ligeramente superior al promedio
global de la OMS (0,6%), pero significativamente menor al de países vecinos.
“Pero lo que ocurre es que no tiene la capacidad. Esto está pasando porque no se
ha esmerado para hacer las pruebas”.
Es cierto que
las dificultades para reunir las estadísticas de la Covid-19 y su saldo de
muertes no son exclusivas de Venezuela. Es un proceso sobre la marcha, como todo
con esta emergencia sobrevenida. Pero la diferencia es que en distintos países,
desde China a España o Ecuador, las autoridades han sometido sus protocolos de
registro a constante revisión y enmienda, de modo de sincerar sus números. En
Venezuela no.
Luz y tantos otros que se apagaron
Hoy los nueve
pisos del Hospital Universitario de Maracaibo alojan a pacientes con
Covid-19. Hasta en las salas
quirúrgicas se encuentran personas a las que administran oxígeno. Los médicos
aseguran que desde mayo mueren en promedio cinco personas al día, pero hay días
como el 3 de julio, en el que fallecieron 17 personas con un diagnóstico clínico
de Covid-19. De ese día trágico en Maracaibo, las estadísticas oficiales solo
incluyeron la muerte de un hombre de 49 años. En ese momento sumaban solo 23 los
fallecidos confirmados oficialmente en
Zulia.

El centro de salud de la capital zuliana fue el epicentro de la epidemia en Venezuela durante los meses de mayo y junio. Foto: SAHUM
Apenas seis
días más tarde, el 9 de julio, cuando en Zulia las estadísticas oficiales
contabilizaban 1.721 casos de Covid-19 y 29 fallecimientos imputables a la
enfermedad, el hermano de Luz, Giovanny Balza, la llevó al hospital.
Giovanny no
dejó ni un cabo suelto para que la atendieran: llevó vías, tubo traqueal y una
máquina de ventilación de oxígeno alquilada por 300 dólares para poder usarla
mientras un equipo pudiera desocuparse en la emergencia del Hospital
Universitario de Maracaibo. Aunque no es médico, también tuvo la precaución de
adquirir por 30 dólares un traje de bioseguridad y una máscara N95 para estar al
lado de su hermana en todo momento. Ese día, al lado de Luz y Giovanny, según
este testimonio y con confirmación del personal de guardia, murieron 14
personas.
“Ella me dijo
que no la dejara sola y yo sabía que con ese hospital colapsado nadie estaría
pendiente de ella”, relata Giovanny Balza, quien asegura que ya para ese momento
no tenía miedo. Dos meses antes había sentido en sí mismo casi todos los
síntomas de la Covid-19, que ocultó lo mejor que pudo durante 25 días. Se trató
en casa con la asesoría de un médico privado y mejoró. Sin embargo, él no cree
que haya contagiado a su hermana porque no vivían juntos y guardó el
distanciamiento prescrito. Asegura que ella se enfermó un mes más tarde,
trabajando en una carnicería donde atendía al público.
El 11 de
julio, Luz dejó de respirar. “Eso era un hospital que parecía estar en guerra.
Vi muchos fallecidos. Los montaban de a dos en camillas. Morían sentados en
sillas porque ya no había ni camas, pero acá el gobierno anuncia muertos de
cuatro en cuatro”, cuenta Giovanny.
En el Hospital
Universitario de Maracaibo hace calor, el emblemático calor del Zulia. Los aires
acondicionados de los pisos de hospitalización no funcionan. El sofocón es otro
factor para sentir asfixia.
Los médicos
residentes de todas las especialidades están habilitados para atender los casos
de Covid-19. Cada día van a una oficina a buscar sus equipos de protección. En
marzo y abril cada uno recibía doble bata quirúrgica, dos tapabocas N95 y un
gorro por guardia. Cada uno llevaba su máscara facial y lentes protectores. Ya
en junio los médicos comenzaron a recibir la tela quirúrgica para que se
hicieran sus propios cubre botas. El material se empezó a racionar y, a veces, a
simplemente faltar.
“La gente en
el hospital está psicótica y delirando. Dicen cosas sin sentido por la falta de oxígeno. Veo a familiares
de colegas allá, además de los pacientes, diciendo que no pueden respirar. Nunca
había visto pacientes recibiendo oxígeno dentro de la sala operatoria”, relata
el médico zuliano que ofrece su testimonio.
Iván León, de
48 años, murió el 25 de junio tras estar solo doce horas hospitalizado e
intubado en este mismo centro de salud. No se supo el resultado de la prueba
PCR, solo que se complicó luego de estar dos semanas tratándose en la casa una
gripe que no se curaba. “Lo enterraron y no sabemos qué pasó”, dice un amigo que
fue quien se atrevió a montarlo en su carro y llevarlo hasta la sala de
emergencia.
Robert Gómez,
de 46 años de edad, tuvo los síntomas de Covid-19. Se trató con médicos privados
en casa, pero a la semana se complicó. Le faltaba el aire. Su hijo lo llevó
también al Hospital Universitario de Maracaibo en donde murió el 3 de julio, la
fecha del récord aciago. El acta de defunción decía que la causa de su muerte
era neumonía bilateral, pero el cadáver fue llevado a cremar sin oportunidad
para velarlo. Su cuerpo fue tratado como un caso de coronavirus: su familia no
pudo ni verlo ni despedirse, y todavía así el Gobierno no lo contó en sus
estadísticas.
Cientos a la espera
La brecha
entre los boletines y la realidad no ocurre solo en Zulia, zona al rojo vivo de
la pandemia en Venezuela. Al otro extremo del país, en Anzoátegui, sobre la
costa nororiental, hasta el 4 de agosto se admitían 194 contagios y solo dos
fallecimientos. Sin embargo, los médicos del Hospital Luis Razetti de la ciudad
de Barcelona, capital del estado, registraban 67 muertes hasta el 24 de julio
solo en ese centro de salud.

El gobernador
de la entidad, Antonio Barreto Sira, del opositor partido Acción Democrática
(AD), no tiene control epidemiológico del virus, pero denuncia que hay retraso
en el procesamiento de las pruebas confirmatorias y aseguraba al momento de sus
declaraciones que había 488 personas esperando resultados. Según la data
oficial, esta entidad es una de las que menos casos tiene, pero cada día llegan
las noticias de los fallecidos por neumonías. Barreto asegura que ya se acumulan
75 fallecidos sin pruebas confirmatorias.
“Solo pido que
hablen claro a Venezuela. Entre la verdad y la mentira nos jugamos la vida o la
muerte”, denuncia el gobernador.
La gobernación
de Anzoátegui tiene un laboratorio listo para funcionar y procesar los
diagnósticos del oriente del país, que aún el Ministerio de Salud no avala por
supuestos problemas de infraestructura.
“Dicen que el virus es altamente infeccioso y ese lugar donde está la
máquina no funciona, pero no sé si son excusas. Si tienes una máquina buena y
calificada y solo necesitamos la planta física, la decisión la debe tomar el
Gobierno nacional”, explica en entrevista con
Armando.info.

Los médicos del Hospital Dr Luis Razetti de Barcelona solo tienen capacidad para intubar a tres pacientes. Foto referencial.
El 8 de julio,
un policía de cerca de 50 años de edad entró en silla de ruedas al Hospital Luis
Razetti. No podía caminar sin asfixiarse. Pero como todavía podía hablar, contó
a los médicos de guardia que tenía cinco días con fiebre, dolor de cabeza, tos y
que, ese día, había comenzado con la dificultad para respirar. Aseguró que
estaba en cuarentena en su casa pero igual se enfermó.
La doctora
Blanca Mathinson era la médico de guardia y lo socorrió como pudo. Procedió a
intubarlo, tal como dicta el protocolo médico cuando un paciente tiene baja
saturación de oxígeno en la sangre. El hombre entró en paro respiratorio y
aunque Mathinson logró sacarlo de la crisis, a los minutos falleció. Solo duró
vivo tres horas dentro del hospital y su acta de defunción cita que murió de
“insuficiencia respiratoria aguda; sospecha de Covid-19”.
Desde la
segunda quincena de marzo, Mathinson empezó a ver a un fallecido con síntomas
sospechosos de Covid-19 por guardia. En junio ya eran cinco. Entonces dejó de
hacer ese balance personal. Debió darse de baja y salir de
reposo.
Solo el
domingo 24 de julio, el último día en que Armando.info recabó datos de
este centro de salud de Barcelona, murieron 11 personas. El Gobierno solo ha
anunciado dos fallecidos del estado Anzoátegui desde que comenzó el virus a
circular en el país.
En el Luis
Razetti solo hay tres ventiladores mecánicos. Pueden intubar a tres personas que
estén graves. Quien llegue después solo puede contar con mascarillas de oxígeno,
inhaladores, broncodilatadores y esteroides, y la intervención divina para
evolucionar satisfactoriamente.
“Sentí miedo
cuando vi morir al policía. Vi de frente la realidad del virus y del país. No
hay forma de salvarlos a todos”, cuenta
Mathinson.
Tarde hasta en Caracas
El Ministerio
de Salud venezolano no tiene un protocolo médico para certificar la mortalidad
de casos sospechosos de Covid-19 en su página web a los fines de tabular alguna
estadística. Los médicos a criterio personal o con los recursos que tengan al
alcance evalúan si hacen o no la PCR post mortem. Desconocen si cuando llega el
resultado se hace el cruce de esa data para incluirla entre los casos de
fallecidos.
Sin embargo, en las últimas directrices del Ministerio, dadas a conocer en una reunión con los directores estadales de salud y vistas por Armando.info, piden al personal de salud informar antes de las diez de
la mañana de cada día los casos de defunción por Covid-19 con los datos del
paciente: fecha de muerte, edad, sexo, dirección, ocupación, nexo
epidemiológico, circunstancia que favoreció al contagio, comorbilidad,
diagnóstico de ingreso, fecha de ingreso a cuidados intensivos y circunstancia
que favoreció la muerte. Sobre los casos no confirmados por prueba de
laboratorio no dicen nada.

El Ministerio de Salud exige a las autoridades sanitarias de los estados que informen cada día quiénes están muriendo, pero no detalla qué hacer con los pacientes que fallecen sin la prueba de PCR. Foto: Informe del MPPS para Directores de Salud
Mientras
Mathinson está de reposo, en este hospital del oriente del país, de los diez
médicos residentes de medicina de Emergencia y Desastres con los síntomas del
virus, siete están de reposo y presentando los síntomas similares al Covid-19.
Todos llevan tres semanas esperando por el resultado de su PCR. El jefe del área
de Emergencia está contagiado y con prueba confirmatoria en mano. Un médico
adjunto, también de Emergencia, se encuentra intubado y dos ginecólogos
hospitalizados. Todos esperan.
Al policía se
le hizo una prueba nasofaríngea para enviar a Caracas al INHRR y conocer si
murió realmente de Covid-19. Han pasado tres semanas y aún ese resultado no ha
llegado al hospital. Dos días después Mathinson se enfermó. Llegó la tos seca,
la fiebre y el dolor de cabeza a su casa. Lleva tres semanas aislada en su
residencia y aún no sabe si ella o si su último paciente tuvieron Covid-19.
También en su caso, los resultados de las pruebas siguen sin
llegar.
El Hospital
Universitario de Caracas, pese a estar físicamente al lado del INHRR, tiene 12 días sin pruebas rápidas y sin
virocult -instrumento que sirve de transporte de muestras- para el análisis
confirmatorio de la enfermedad. Hasta ahora contabilizan 33 muertes y las
últimas cuatro de la semana pasada no han sido contabilizadas entre los decesos
de la capital, donde las cifras oficiales admiten que se encuentra el epicentro
de la epidemia con más de 5.000 casos.
La carpa que
habían instalado a un costado del hospital, al aire libre, para hacer
despistajes y captar pacientes, quedó cerrada. Ahora solo tienen disponibilidad
en el Hospital, principal de referencia en todo el país, para atender a dos
pacientes en cuidados intensivos. “Ya estamos viendo llegar a pacientes que se
mueren al bajarlos del carro o duran solo horas en el área de Emergencia. Esto
está colapsando y no tenemos cómo atenderlos”, dice un médico del centro.
Ya que no hay
manera de hacer pruebas en los últimos días, los médicos apelan al protocolo
internacional para dar el alta médica: esperan a que pasen tres días sin que la
persona tenga síntomas y mínimo diez días desde que comenzó a padecer la
enfermedad.
La ONG Alianza
Venezolana por la Salud recomienda que, ante la falta de pruebas diagnósticas,
las actas de defunción deben dejar establecido que el caso es sospechoso de
Covid-19. Así, ante la duda, la cifra real de fallecidos quizá no se pueda
establecer, pero eventualmente los casos podrán ser estudiados a partir de esos documentos.
