El capataz que “mantiene a Venezuela”

Eduardo Rivas salió de la nada para consagrarse como el zar de la explotación del oro, el último maná que permite obtener divisas para las arcas del Gobierno después del colapso de la industria petrolera. Se expuso a la luz pública por primera vez en 2018, al frente de un complejo de procesamiento del metal precioso, pero desde entonces hace sentir su poder al sur del Orinoco mediante campañas de prensa regional y el amedrentamiento con su guardia pretoriana constituida por agentes de la contrainteligencia militar. Más que por credenciales técnicas o antecedentes -casi nulos- en la actividad minera, debe su figuración a la cercanía que tiene con los Nicolás Maduro, padre e hijo.
El miércoles 9 de mayo de 2018, Eduardo José Rivas dejó de ser un
desconocido: los medios oficiales lo retrataron sentado a la derecha de Víctor
Cano, para ese momento ministro de Desarrollo Minero Ecológico, en la
inauguración del Complejo Industrial Domingo Sifontes ubicado en El Callao, una
de las localidades auríferas por excelencia en el estado Bolívar, en el sureste
de Venezuela, cerca de la frontera con el Territorio Esequibo controlado por
Guyana. Entonces Rivas era presentado en sociedad como presidente del complejo,
un inversionista que había aportado capital privado en este proyecto, sin
destacar hasta entonces ni como hombre clave ni poderoso. Esos atributos estaban
por concretarse y su ascenso meteórico en el sector aurífero apenas comenzaba.
Tan ambicioso fue ese proyecto industrial previsto para procesar oro
con la técnica de la cianuración, y tan grande fue la inversión -precisada por
Víctor Cano en 30 millones de euros- que les pareció pertinente tener material
promocional para la inauguración: franelas y gorras bordadas especialmente para
la ocasión, con los nombres y logos de las seis empresas privadas que hacen
parte del complejo Domingo Sifontes. El combo lo lucieron varios de los
invitados capturados por las cámaras y, por supuesto, el propio Rivas, quien
tenía razones para vestir con orgullo esa franela.
Uno de los nombres bordados, Inversiones y Representaciones
Glenduard, resulta ser el de una empresa de su propiedad, donde Rivas controla
la mayoría accionaria y actúa como director principal; y como esa, hay otra
empresa del complejo de importancia particular, Corporación Petroglobal, cuyos
dueños son Mario Bonilla Vallera y Raúl Saavedra Leterni, los fieles socios en
más de una docena de empresas en Venezuela y el exterior, amigos cercanos de los
hijos de Cilia Flores, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, y de su hermanastro
Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.
Bonilla Vallera fue identificado en 2018 como testaferro de los
hijos de Cilia Flores en la investigación penal llevada en Estados Unidos bajo
el nombre de Operación Money Flight, que siguió el rastro al lavado de 1.200
millones de dólares de Pdvsa, y por la que Bonilla Vallera se mantiene prófugo
de la justicia estadounidense tras ser sentenciado a 20 años de prisión.
La importancia del complejo Sifontes y de su presidente guarda
relación directa con la alta jerarquía de la administración de Nicolás Maduro,
lo que explica el rol prominente que tiene Rivas ahora y que se ha consolidado
en los últimos dos años.

De izquierda a derecha, el alcalde de El Callao, Alberto Hurtado, Eduardo José Rivas (de negro) y Víctor Cano, hoy exministro, el día de la inauguración del complejo. Foto: Alcaldía de El Callao.
Hoy Rivas es bien conocido en El Callao y en todo el eje minero al
sur de Bolívar, pero mientras más lo conocen más le temen. Quienes trabajan en
el sector, directa o indirectamente, prefieren no nombrarlo o guardar silencio
por miedo. “Aquí dicen que ese es el hombre que está manteniendo al país”,
susurra un trabajador de una de las plantas de procesamiento de oro de la zona,
al otro lado del teléfono. El temor se sobreentiende. La Dirección General de
Contrainteligencia Militar (Dgcim) es responsable de la seguridad de Rivas y del
Complejo Industrial Domingo Sifontes, así como de algunas plantas de
procesamiento de oro en la zona. La presencia de este organismo de inteligencia
en áreas mineras y plantas para cumplir funciones de resguardo y vigilancia no
era común. Esta labor siempre le había correspondido y aún corresponde a la
Fuerza Armada Nacional, pero a los funcionarios regulares de uniforme
verdeoliva, no a los que visten de negro de pies a cabeza y ocultan su rostro
con pasamontañas.
Más recientemente, en noviembre de 2019, fue inaugurado otro
complejo similar bautizado como Manuel Carlos Piar, por el general
independentista guayanés. Se trata de una versión menor de la anterior
instalación, dotada de nueve plantas de cianuración, de las que por ahora solo
una está activa. Otra diferencia es que este no se encuentra ubicado en la zona
aurífera del río Cuyuní, sino a tres horas de distancia en carro, en la zona
industrial de Matanzas, en Puerto Ordaz, a orillas del Orinoco y junto al mayor
cluster venezolano de industria
pesada para la transformación de minerales.
A pesar de la distancia, la instalación también es presidida por
Eduardo Rivas y resguardada por la Dgcim. Como ha venido ocurriendo desde la
creación del Arco Minero del Orinoco (AMO) en febrero de 2016, el mapa de
actores que participan en la zona se ha
reconfigurado.
El hombre intocable
En el pueblo de El Callao se tienen al menos dos certezas: que el
complejo de cianuración reviste gran interés para la cúpula que se mantiene en
Miraflores, y que Rivas es el gran hombre de confianza, casi intocable. Cómo
llegó a convertirse en una figura de tanta importancia en el sector aurífero es
algo que pocos saben.
Rivas es del estado Bolívar, aunque no de El Callao. En 2008 fue
candidato al Consejo Legislativo del estado (parlamento regional), con apoyo de
la coalición conformada por el gubernamental Partido Socialista Unido de
Venezuela (Psuv), UPV e IPCN. A pesar de semejante respaldo en una entidad que
desde el año 2000 no ha dejado de tener un gobernador chavista, su candidatura
perdió. Al menos hasta 2013 era un desconocido en el sector aurífero. Algunos de
quienes dicen que su oficio era el de técnico de refrigeración, recuerdan haber
sabido que de vez en cuando vendía oro.
Alguien que llegó a tener información de primera mano sobre esta
persona es el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, exdirector del Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y del Centro Estratégico de
Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), así como subdirector de la
Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cargo que tuvo durante
años.
En entrevista concedida para este reportaje, el general asegura que
Eduardo Rivas “es persona de confianza de Nicolasito”, en referencia a Nicolás
Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro Moros. Su afirmación se
desprende, en parte, de un hecho que siguió desde el órgano de
contrainteligencia militar. “Con información que proporcionó ese individuo
(Rivas), Nicolasito utilizó la Dirección General de Contrainteligencia Militar
para conducir la llamada ‘Operación Manos de Metal’. Cuando se inició esa
operación, yo me desempeñaba como subdirector de la Dgcim y también como
director del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, donde me
llegaron denuncias de familiares de personas perseguidas por la Dgcim, que se
dedicaban al comercio del oro”.
Cuando intentó saber más información sobre las personas detenidas en
la Dgcim por esas causas sobre la comercialización del oro, recibió como
respuesta que esos procedimientos los estaba dirigiendo personalmente Nicolás
Maduro Guerra con apoyo de la Dgcim, bajo instrucciones presidenciales y que el
director del organismo de inteligencia, el general Iván Hernández Dala, “estaba
en cuenta y dio la orden de apoyar”, sostiene el general, actualmente exiliado
en Estados Unidos luego de haber desertado del gobierno de Maduro tras el
fallido golpe de Estado del 30 de abril de 2019. De
hecho, es él quien confirma que la Dgcim tiene la responsabilidad de cuidar a
Rivas desde hace, al menos, tres años por órdenes de Nicolás Maduro. “Es público que Rivas ascendió a
las esferas del poder de forma meteórica”, dice.

El general Manuel Cristopher Figuera, ahora en el exilio, trabajó en los dos organismos de inteligencia del Estado. Foto: Presidencia
La "Operación Manos de Metal", activada en junio de 2018 por el
Ejecutivo nacional, buscaba impedir el contrabando y extracción de minerales,
sobre todo oro, de acuerdo con la versión del entonces vicepresidente Tarek El
Aissami, quien hizo el anuncio. Pero, según el general Cristopher Figuera, “fue
para establecer un monopolio con la compra-venta del oro, en la que Eduardo
Rivas con apoyo desde la presidencia de la República, estableció un ‘pranato
industrial y artesanal’ en ese comercio”.
Sobre esto no dio mayores detalles. Tampoco se pudo confirmar de
manera independiente cómo operaría ese supuesto “pranato”. Eduardo Rivas fue
contactado para este reportaje a través del equipo de prensa del complejo Manuel
Carlos Piar, pero no atendió la entrevista solicitada. “El señor Eduardo está
cumpliendo unos compromisos y por eso está aislado de entrevistas”, indicaron.
Pero más allá de ese rol que le atribuye Cristopher Figuera, la
prensa local abiertamente afín con el proceso que encabeza Nicolás Maduro
muestra otra faceta del personaje. Una vez hecho pública en 2018 la identidad de
Eduardo Rivas, comenzó a aparecer regularmente en las reseñas de la prensa
oficialista o sumisa como el gran ingeniero-empresario, inversionista y
benefactor, comprometido con acciones sociales que van desde el asfaltado de
vías, recuperación de áreas verdes y recientemente, la dotación de insumos
médicos y desinfección de espacios para mantenerlos “libres” de la Covid-19,
tanto en El Callao como en Puerto Ordaz. En todas esas actividades el complejo
Domingo Sifontes se muestra como el mecenas que hace posible las obras sociales
en alianza, eso sí, con la gobernación del estado, a cargo del general del
Ejército Justo Noguera Pietri. Así como Rivas se convirtió en un actor clave en
Bolívar, el centro industrial que dirige
también.
Una apuesta colosal que se queda corta
Una imagen satelital permite apreciar las dimensiones del complejo
industrial construido en el sector Nacupay de El Callao. El Domingo Sifontes fue
levantado en tiempo récord, recuerdan los lugareños, y posee una capacidad de
procesamiento envidiable en comparación con las procesadoras de oro que existían
en los alrededores. Adentro operan seis plantas, al menos según las palabras de
Victor Cano el día de su inauguración, puestas en marcha en el marco de las
“alianzas estratégicas” firmadas entre la Corporación Venezolana de Minería
(CVM) y seis empresas privadas: Inversiones y Representaciones Glenduard (que
pertenece a Rivas), Corporación Petroglobal (de Bonilla y Saavedra), Invertrade,
Mipre, Inversiones RPN e Inversiones Oriente. Tan solo dos de las seis plantas
suman una capacidad para procesar, entre ambas, 600 toneladas de material
primario al día.
Se trata de plantas de “hidrometalurgia por lixiviación con cianuro
para el aprovechamiento de las arenas auríferas derivadas de la pequeña minería”
para la producción de oro, de acuerdo con el ministerio de Desarrollo Minero
Ecológico. En palabras más sencillas, son plantas que usan cianuro en lugar de
mercurio para recuperar el oro que queda en las arenas, una técnica que no es
nueva pero que el ministerio ofrece como solución para reducir el uso del tóxico
mercurio en el Arco Minero del Orinoco. La apuesta era grande: para 2018 se
esperaba haber instalado 45 de esas plantas.
Este proceso de cianuración es como un repaso o segundo tamizado en
la producción de oro. El insumo básico para alimentar el proceso es el de las
llamadas arenas de cola, es decir, el
desecho que queda luego de procesar las arenas auríferas en un molino
primario.
En detalle, el
minero extrae con técnicas rudimentarias de las minas de galerías o túneles, a
unos 30 metros de profundidad, trozos de piedras que luego lleva a triturar a un
molino, también con escasa tecnología. Allí, con el uso de mercurio, se puede
rescatar del 30% al 35% del oro que contiene el material aurífero extraído de la
mina. Culminado el proceso queda un desecho o remanente, en forma de arena, que
posee aún un porcentaje considerable de oro, hasta 70%.
“Por eso las arenas se volvieron la última panacea”,
comenta un geólogo que trabaja en el sector y que por precaución ante posibles
represalias de la Dgcim o de los grupos irregulares que operan en la zona, pide
mantener su anonimato.
“De ese 70% que deja el minero aún le puedo sacar un 85% o 90% del
oro que contiene, usando la técnica de cianuración”, continúa explicando.
Justamente ese remanente del que aún es posible recuperar buena cantidad de oro
es el que los molineros le venden al complejo Domingo Sifontes y a las plantas
de cianuración, pues estas nacieron con una debilidad: no tienen mina propia que
les garantice el material primario que necesitan. “Las arenas de oro no se
importan, las tienes o no”, sentencia el
geólogo.
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En la inauguración, Víctor Cano precisó que estas seis plantas,
junto a otras dos que se activaron ese mismo día, tendrían capacidad para
producir 21,6 kilos de oro al día, lo que se traduciría en un promedio de ocho
toneladas de oro al año, equivalentes -de acuerdo a la cotización del momento- a
270 millones de euros.
No se conoce con claridad cuáles son las funciones que cumplen cada
una de las empresas, pues solo dos de las seis aparecen en los informes
oficiales del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico que presentan balances
de logros y alianzas firmadas al cierre de 2018. Se trata de Glenduard y
Petroglobal. En ambos casos, firmaron la “alianza estratégica” con la
Corporación Venezolana de Minería (CVM) en 2017 por un período de cinco años,
contados a partir de 2018. La alianza establece que la CVM aporta el derecho
minero y la comercialización del mineral mientras que las empresas aportan el
capital, la tecnología y el talento humano.
Glenduard fue registrada en enero de 2016, un mes antes de la
publicación del decreto presidencial que anunciaba la creación del Arco Minero
del Orinoco, como una empresa que se dedicaría al análisis de suelos, estudios
de planificación urbana y de rentabilidad de proyectos, con posibilidades de
suscribir alianzas estratégicas con el Estado. En ella, Eduardo Rivas posee el
90% de las acciones y es el director principal, mientras que la abogada Eukarys
Lazzar Bernay es la accionista minoritaria y directora gerente.
En septiembre de 2017 modifica su objeto social, “por requerimiento
del Banco Central de Venezuela
(BCV) y del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes)”, para incluir dos
detalles: que las alianzas estratégicas con el Estado pueden ser para compartir
procesos productivos para el aprovechamiento del oro y demás materiales
estratégicos y, la más llamativa, para “la compra y venta de oro al Banco
Central de Venezuela y al Bandes”.
Corporación Petroglobal, en cambio, fue constituida a finales de
septiembre de 2016, a los pocos días de haberse hecho una modificación en el
expediente mercantil de una empresa homónima, registrada en otro país. En este
caso, la dupla de Mario Bonilla y Raúl Saavedra, conocidos por haber usado otra
de sus empresas -Constructora MyR- para la compra de siete de las catorce casas
de la calle Laguna de Tacarigua de Cumbres de Curumo, a
donde se mudaron los hijos de Cilia Flores y su familia tras adquirir todas las
viviendas del callejón, habían registrado en Panamá a través de terceros la
compañía Petroglobal Management, en octubre de 2015.
Complejo Sifontes by ArmandoInfo on Scribd
La misma tendría como fin principal la gestión petrolera, incluida
la operación, servicios, comercialización de productos y materiales, compartido
con otras actividades amplias como bienes raíces, importación y exportación en
general y la facultad de servir de agentes o representantes de cualquier empresa
nacional o internacional.
Pero este objetivo petrolero no fue suficiente para sus intereses (o
para los intereses de quienes representan), pues al año siguiente modificaron la
razón social de la empresa procurando no dejar rastros: en abril de 2016 Mario
Bonilla había sido designado presidente y representante legal de Petroglobal
Management, Raúl Saavedra fue nombrado secretario y Carlos Villafranca Blanco
quedó como tesorero. Allí estuvieron por cinco meses, hasta el 23 de septiembre,
cuando cambiaron de nuevo a toda la directiva (ellos tres salen) y amplían las
atribuciones de la compañía, incorporando la explotación y comercialización de
minerales como el carbón, manganeso, oro, diamante, hierro, bauxita y
cobre.
Cinco días después de haber efectuado este cambio en Panamá, Bonilla
y Saavedra registraron en Puerto Ordaz la Corporación Petroglobal, dedicada
también a la minería y con la posibilidad de firmar alianzas estratégicas con el
Estado. El objetivo estaba claro desde el principio, tener presencia en otro
negocio de interés para la familia presidencial.
En esta empresa ya no contaron con Carlos Villafranca Blanco, un
personaje que los sigue conectando con el entorno de Cilia Flores: Villafranca
es el vicepresidente de Esaica, la empresa de cacao favorecida por sus
conexiones con el poder, y está casado con Erika Alexandra Albornoz Gavidia,
sobrina de Walter Gavidia y por tanto prima de los hijos de Cilia Flores.
Bonilla también tiene un cargo en la directiva de
Esaica.
La planta de cianuración de Corporación Petroglobal tiene capacidad
para procesar 200 toneladas de material primario al día, mientras que la planta
de Glenduard puede procesar el doble, 400 toneladas.

Aunque la meta era instalar 45 plantas a finales de 2018, el balance del ministerio -de ese año- indica que se activaron siete.
Otra de las empresas del complejo Domingo Sifontes, Invertrade,
tiene otra historia no menos interesante. Se ha dedicado desde 2019 a la
importación de cianuro de sodio, indispensable para el funcionamiento de las
plantas y la recuperación del oro de las arenas. Pareciera que su rol dentro del
complejo es ese.
A partir de un proveedor mexicano, Invertrade importó cinco
cargamentos de cianuro de sodio en 2019 y tres más en 2020 (febrero, abril y
mayo), de acuerdo con información de la base de datos Panjiva. Seis de esos
envíos, de 150.800 kilogramos en total, significaron un costo de 478.000
dólares.
Adicionalmente, en abril de 2019 importaron 5.140 kilogramos de
mercurio desde México hasta Cuba, en tres envíos que costaron 257.000 dólares,
según los registros de la base de datos Veritrade, procesados y suministrados a
Armando.Info por la organización no
gubernamental C4ADS, con sede en Washington DC. El destino de estos cargamentos
de mercurio no está claro, pero no deja de ser llamativo que una empresa
venezolana dedicada a la minería importe un elemento que desde agosto de 2016
tiene prohibición de uso, tenencia, almacenamiento y transporte con fines de
obtención o tratamiento de oro.
Invertrade también fue creada en febrero de 2016, días antes de la
publicación del decreto presidencial sobre el arco minero. En los papeles de la
empresa aparecen como accionistas Carlos Alberto Ávila Mendoza, Ricardo Alfonso
Brito Arasme y la compañía panameña Steel and Mining Group, donde a su vez
participan otros venezolanos (Katiuska Da Camara Lucas, Félix Manuel Bastardo
Arias y Richard Pinzón Neira).

Estas tres empresas, junto a Mipre (registrada en enero de 2017),
tienen en común no solo formar parte del complejo Domingo Sifontes sino también
compartir a la misma abogada como redactora de las actas constitutivas, quien
además es la socia de Eduardo Rivas en Inversiones y Representaciones Glenduard:
Eukarys Lazzar Bernay. La abogada fue contactada para este reportaje y aunque en
un primer momento mostró disposición para hablar con el equipo de
Armando.Info, luego no respondió más. Sobre las otras dos, Inversiones
RPN e Inversiones Oriente, no se obtuvo la documentación.
Según Cristopher Figuera, el complejo Domingo Sifontes inició
actividades en mayo de 2018 con una producción de 150 kilos de oro al mes, pero
luego comenzó a bajar y para el primer semestre del año estaría entre 80 y 90
kilos por mes. La reducción también la confirman algunos molineros de la zona
con conocimiento de causa, pues estos pequeños molinos son los proveedores de
ese material primario que necesita el complejo. Los molineros reciben como forma
de pago el 10% del oro que se puede recuperar de las toneladas de arenas que
suministran; pero cuando se inauguró, pagaban el 20%. “Ellos se quedan con el
lomito. No podemos hacer nada, usted sabe cómo son las reglas aquí”, dice con
temor uno de los molineros contactados.
La escasez de gasolina y la emergencia instaurada desde marzo por el
coronavirus han incidido en el trabajo de los mineros y de los molinos que
procesan el material aurífero hasta convertirlo en arenas. La producción ha
disminuido.
En junio de 2018, a un mes de la inauguración, se realizó la primera
fundición de oro en el complejo y Rivas, en compañía del presidente de Minerven
de ese momento, mostró el lingote de 4,4 kilogramos ante las cámaras. Desde
entonces no ha habido más información sobre la
producción.

Eduardo Rivas junto al presidente de Minerven en ese momento, Nino Angulo, mostrando el primer lingote de oro, el primer logro del complejo a un mes de iniciar operaciones. Foto: Minerven
Los grandes intereses
El 28 de junio de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
sancionó a Nicolás Maduro Guerra, Nicolasito, entre otras cosas por haberse “beneficiado de las
minas venezolanas junto con Maduro y su esposa, Cilia Flores”. Si bien el
diputado de la Asamblea Nacional, Américo De Grazia, actualmente en el exilio,
lo ha vinculado a una de las empresas que está explotando coltán en la zona del
arco minero, las declaraciones del general Cristopher Figuera sobre la posible
influencia de Maduro Guerra en la llamada “Operación Manos de Metal” y la
confianza de Eduardo Rivas, dan una nueva perspectiva sobre su participación en
el sector aurífero.
El exdirector del Sebin también sostiene que Rivas “cuida los
intereses de los Maduro Flores, de los hermanos Rodríguez Gómez, de Jorge
Arreaza, de un sector de la élite militar y de Tareck El Aissami”, e incluso
menciona a Alex Saab, detenido desde el 12 de junio en Cabo Verde por ser el
presunto testaferro de Nicolás Maduro, y solicitado por Estados Unidos para su
extradición hasta ese país, que lo investiga por lavado de dinero. Sobre él
asegura que “aparece como el principal financista en la mayoría de las empresas”
del complejo Domingo Sifontes.
En el caso del complejo Manuel Carlos Piar, construido en Puerto
Ordaz e inaugurado en noviembre de 2019, es aún más grande la opacidad. Solo
está claro que Rivas es también el presidente y que su producción es también
importante; la planta se instaló en menos de seis meses y de esa eficiencia hizo
alarde el almirante Gilberto Pinto, actual ministro de Desarrollo Minero
Ecológico. Además, el propio Nicolás
Maduro comentó, el día de la inauguración, que el oro allí extraído sería
usado “para las medicinas,
para la alimentación, para la vida, la salud del pueblo y la
educación”.
Fue construido en la vieja zona industrial
Matanzas, uno de los primeros desarrollos de la pequeña y mediana industria en
Guayana, devenido en reflejo del descalabro productivo en el país. En uno de los
extremos, dos briqueteras expropiadas por el gobierno de Hugo Chávez en 2009
operan con limitaciones y a un ritmo alejado de sus máximos registros de
producción.
En ese enclave de
ruina industrial, instalaron la primera planta de lixiviación de oro de las
nueve previstas, que tendrán capacidad para procesar 200 toneladas de arena
aurífera por día con la aspiración de extraer 20 kilos de oro por mes, de
acuerdo con la información oficial difundida. El complejo está ubicado detrás de
las alicaídas briqueteras en una extensión de tierra en la que está ubicada una
sede de la Dgcim, cerca de la margen sur del río Orinoco. La presencia de
uniformados de la Dgcim fuertemente armados en la entrada del complejo es otra
evidencia del nexo entre la iniciativa privada y el régimen de Nicolás
Maduro.
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Iniciativa privada que tampoco es transparente con los datos que
declara sobre las empresas. El equipo de Armando.Info se acercó a las oficinas
de Corporación Petroglobal, Invertrade, Mipre e Inversiones Glenduard y solo
pudo confirmar la existencia de esta última. Allí también funciona otra empresa
llamada Veta Minera, dedicada también a la explotación de minerales y con la
misma abogada como redactora del documento constitutivo. Y en la oficina de al
lado está otra compañía con las mismas características de Glenduard y Veta
Minera, llamada Cripto Gold.
La sede de
Petroglobal no existe, en el centro comercial en el que supuestamente está
ubicada no hay un local con el número de oficina 2-16 ni un segundo piso como
sugiere la dirección; los datos no corresponden con la del espacio comercial. La
sede de Invertrade no tiene identificación ni tampoco alguien abrió la puerta
del lugar. Y el galpón donde estaría la oficina de Mipre no pudo ser
ubicado.
Aunque se trate de
empresas sin experiencia previa en el sector aurífero, creadas justo para
participar en alianzas estratégicas con el Gobierno para la explotación minera,
nada indica que eso sea impedimento para que el complejo Domingo Sifontes esté
operativo. En varias ocasiones se han visto camiones cargados de arenas
auríferas escoltados por la Dgcim y la Guardia Nacional ingresar a la planta
ubicada en El Callao, mientras que la entrada y salida de sus instalaciones
tiene un control férreo.
Es en este contexto
de vigilancia extrema, inteligencia militar, opacidad y extracción de oro “para
la vida”, como expresó Nicolás Maduro, que Eduardo Rivas halló un ascenso
meteórico tras llevar una vida aparentemente anónima, alejada de la minería.
Ahora le atribuyen, incluso, el control de la comercialización del
oro.