El capataz que “mantiene a Venezuela”

Hoy Rivas es bien conocido en El Callao y en todo el eje minero al sur de Bolívar, pero mientras más lo conocen más le temen. Quienes trabajan en el sector, directa o indirectamente, prefieren no nombrarlo o guardar silencio por miedo. “Aquí dicen que ese es el hombre que está manteniendo al país”, susurra un trabajador de una de las plantas de procesamiento de oro de la zona, al otro lado del teléfono. El temor se sobreentiende. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) es responsable de la seguridad de Rivas y del Complejo Industrial Domingo Sifontes, así como de algunas plantas de procesamiento de oro en la zona. La presencia de este organismo de inteligencia en áreas mineras y plantas para cumplir funciones de resguardo y vigilancia no era común. Esta labor siempre le había correspondido y aún corresponde a la Fuerza Armada Nacional, pero a los funcionarios regulares de uniforme verdeoliva, no a los que visten de negro de pies a cabeza y ocultan su rostro con pasamontañas.

Más recientemente, en noviembre de 2019, fue inaugurado otro complejo similar bautizado como Manuel Carlos Piar, por el general independentista guayanés. Se trata de una versión menor de la anterior instalación, dotada de nueve plantas de cianuración, de las que por ahora solo una está activa. Otra diferencia es que este no se encuentra ubicado en la zona aurífera del río Cuyuní, sino a tres horas de distancia en carro, en la zona industrial de Matanzas, en Puerto Ordaz, a orillas del Orinoco y junto al mayor cluster venezolano de industria pesada para la transformación de minerales.

A pesar de la distancia, la instalación también es presidida por Eduardo Rivas y resguardada por la Dgcim. Como ha venido ocurriendo desde la creación del Arco Minero del Orinoco (AMO) en febrero de 2016, el mapa de actores que participan en la zona se ha reconfigurado.

En el pueblo de El Callao se tienen al menos dos certezas: que el complejo de cianuración reviste gran interés para la cúpula que se mantiene en Miraflores, y que Rivas es el gran hombre de confianza, casi intocable. Cómo llegó a convertirse en una figura de tanta importancia en el sector aurífero es algo que pocos saben.

Rivas es del estado Bolívar, aunque no de El Callao. En 2008 fue candidato al Consejo Legislativo del estado (parlamento regional), con apoyo de la coalición conformada por el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), UPV e IPCN. A pesar de semejante respaldo en una entidad que desde el año 2000 no ha dejado de tener un gobernador chavista, su candidatura perdió. Al menos hasta 2013 era un desconocido en el sector aurífero. Algunos de quienes dicen que su oficio era el de técnico de refrigeración, recuerdan haber sabido que de vez en cuando vendía oro.

Alguien que llegó a tener información de primera mano sobre esta persona es el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), así como subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cargo que tuvo durante años.

En entrevista concedida para este reportaje, el general asegura que Eduardo Rivas “es persona de confianza de Nicolasito”, en referencia a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro Moros. Su afirmación se desprende, en parte, de un hecho que siguió desde el órgano de contrainteligencia militar. “Con información que proporcionó ese individuo (Rivas), Nicolasito utilizó la Dirección General de Contrainteligencia Militar para conducir la llamada ‘Operación Manos de Metal’. Cuando se inició esa operación, yo me desempeñaba como subdirector de la Dgcim y también como director del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, donde me llegaron denuncias de familiares de personas perseguidas por la Dgcim, que se dedicaban al comercio del oro”.

Cuando intentó saber más información sobre las personas detenidas en la Dgcim por esas causas sobre la comercialización del oro, recibió como respuesta que esos procedimientos los estaba dirigiendo personalmente Nicolás Maduro Guerra con apoyo de la Dgcim, bajo instrucciones presidenciales y que el director del organismo de inteligencia, el general Iván Hernández Dala, “estaba en cuenta y dio la orden de apoyar”, sostiene el general, actualmente exiliado en Estados Unidos luego de haber desertado del gobierno de Maduro tras el fallido golpe de Estado del 30 de abril de 2019. De hecho, es él quien confirma que la Dgcim tiene la responsabilidad de cuidar a Rivas desde hace, al menos, tres años por órdenes de Nicolás Maduro. “Es público que Rivas ascendió a las esferas del poder de forma meteórica”, dice.

La "Operación Manos de Metal", activada en junio de 2018 por el Ejecutivo nacional, buscaba impedir el contrabando y extracción de minerales, sobre todo oro, de acuerdo con la versión del entonces vicepresidente Tarek El Aissami, quien hizo el anuncio. Pero, según el general Cristopher Figuera, “fue para establecer un monopolio con la compra-venta del oro, en la que Eduardo Rivas con apoyo desde la presidencia de la República, estableció un ‘pranato industrial y artesanal’ en ese comercio”.

Sobre esto no dio mayores detalles. Tampoco se pudo confirmar de manera independiente cómo operaría ese supuesto “pranato”. Eduardo Rivas fue contactado para este reportaje a través del equipo de prensa del complejo Manuel Carlos Piar, pero no atendió la entrevista solicitada. “El señor Eduardo está cumpliendo unos compromisos y por eso está aislado de entrevistas”, indicaron.

Pero más allá de ese rol que le atribuye Cristopher Figuera, la prensa local abiertamente afín con el proceso que encabeza Nicolás Maduro muestra otra faceta del personaje. Una vez hecho pública en 2018 la identidad de Eduardo Rivas, comenzó a aparecer regularmente en las reseñas de la prensa oficialista o sumisa como el gran ingeniero-empresario, inversionista y benefactor, comprometido con acciones sociales que van desde el asfaltado de vías, recuperación de áreas verdes y recientemente, la dotación de insumos médicos y desinfección de espacios para mantenerlos “libres” de la Covid-19, tanto en El Callao como en Puerto Ordaz. En todas esas actividades el complejo Domingo Sifontes se muestra como el mecenas que hace posible las obras sociales en alianza, eso sí, con la gobernación del estado, a cargo del general del Ejército Justo Noguera Pietri. Así como Rivas se convirtió en un actor clave en Bolívar, el centro industrial que dirige también.

Una imagen satelital permite apreciar las dimensiones del complejo industrial construido en el sector Nacupay de El Callao. El Domingo Sifontes fue levantado en tiempo récord, recuerdan los lugareños, y posee una capacidad de procesamiento envidiable en comparación con las procesadoras de oro que existían en los alrededores. Adentro operan seis plantas, al menos según las palabras de Victor Cano el día de su inauguración, puestas en marcha en el marco de las “alianzas estratégicas” firmadas entre la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y seis empresas privadas: Inversiones y Representaciones Glenduard (que pertenece a Rivas), Corporación Petroglobal (de Bonilla y Saavedra), Invertrade, Mipre, Inversiones RPN e Inversiones Oriente. Tan solo dos de las seis plantas suman una capacidad para procesar, entre ambas, 600 toneladas de material primario al día.

Se trata de plantas de “hidrometalurgia por lixiviación con cianuro para el aprovechamiento de las arenas auríferas derivadas de la pequeña minería” para la producción de oro, de acuerdo con el ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. En palabras más sencillas, son plantas que usan cianuro en lugar de mercurio para recuperar el oro que queda en las arenas, una técnica que no es nueva pero que el ministerio ofrece como solución para reducir el uso del tóxico mercurio en el Arco Minero del Orinoco. La apuesta era grande: para 2018 se esperaba haber instalado 45 de esas plantas.

Este proceso de cianuración es como un repaso o segundo tamizado en la producción de oro. El insumo básico para alimentar el proceso es el de las llamadas arenas de cola, es decir, el desecho que queda luego de procesar las arenas auríferas en un molino primario.

En detalle, el minero extrae con técnicas rudimentarias de las minas de galerías o túneles, a unos 30 metros de profundidad, trozos de piedras que luego lleva a triturar a un molino, también con escasa tecnología. Allí, con el uso de mercurio, se puede rescatar del 30% al 35% del oro que contiene el material aurífero extraído de la mina. Culminado el proceso queda un desecho o remanente, en forma de arena, que posee aún un porcentaje considerable de oro, hasta 70%. “Por eso las arenas se volvieron la última panacea”, comenta un geólogo que trabaja en el sector y que por precaución ante posibles represalias de la Dgcim o de los grupos irregulares que operan en la zona, pide mantener su anonimato.

“De ese 70% que deja el minero aún le puedo sacar un 85% o 90% del oro que contiene, usando la técnica de cianuración”, continúa explicando. Justamente ese remanente del que aún es posible recuperar buena cantidad de oro es el que los molineros le venden al complejo Domingo Sifontes y a las plantas de cianuración, pues estas nacieron con una debilidad: no tienen mina propia que les garantice el material primario que necesitan. “Las arenas de oro no se importan, las tienes o no”, sentencia el geólogo.

En la inauguración, Víctor Cano precisó que estas seis plantas, junto a otras dos que se activaron ese mismo día, tendrían capacidad para producir 21,6 kilos de oro al día, lo que se traduciría en un promedio de ocho toneladas de oro al año, equivalentes -de acuerdo a la cotización del momento- a 270 millones de euros.

No se conoce con claridad cuáles son las funciones que cumplen cada una de las empresas, pues solo dos de las seis aparecen en los informes oficiales del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico que presentan balances de logros y alianzas firmadas al cierre de 2018. Se trata de Glenduard y Petroglobal. En ambos casos, firmaron la “alianza estratégica” con la Corporación Venezolana de Minería (CVM) en 2017 por un período de cinco años, contados a partir de 2018. La alianza establece que la CVM aporta el derecho minero y la comercialización del mineral mientras que las empresas aportan el capital, la tecnología y el talento humano.

Glenduard fue registrada en enero de 2016, un mes antes de la publicación del decreto presidencial que anunciaba la creación del Arco Minero del Orinoco, como una empresa que se dedicaría al análisis de suelos, estudios de planificación urbana y de rentabilidad de proyectos, con posibilidades de suscribir alianzas estratégicas con el Estado. En ella, Eduardo Rivas posee el 90% de las acciones y es el director principal, mientras que la abogada Eukarys Lazzar Bernay es la accionista minoritaria y directora gerente. 

En septiembre de 2017 modifica su objeto social, “por requerimiento del  Banco Central de Venezuela (BCV) y del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes)”, para incluir dos detalles: que las alianzas estratégicas con el Estado pueden ser para compartir procesos productivos para el aprovechamiento del oro y demás materiales estratégicos y, la más llamativa, para “la compra y venta de oro al Banco Central de Venezuela y al Bandes”.

Corporación Petroglobal, en cambio, fue constituida a finales de septiembre de 2016, a los pocos días de haberse hecho una modificación en el expediente mercantil de una empresa homónima, registrada en otro país. En este caso, la dupla de Mario Bonilla y Raúl Saavedra, conocidos por haber usado otra de sus empresas -Constructora MyR- para la compra de siete de las catorce casas de la calle Laguna de Tacarigua de Cumbres de Curumo, a donde se mudaron los hijos de Cilia Flores y su familia tras adquirir todas las viviendas del callejón, habían registrado en Panamá a través de terceros la compañía Petroglobal Management, en octubre de 2015.

La misma tendría como fin principal la gestión petrolera, incluida la operación, servicios, comercialización de productos y materiales, compartido con otras actividades amplias como bienes raíces, importación y exportación en general y la facultad de servir de agentes o representantes de cualquier empresa nacional o internacional.

Pero este objetivo petrolero no fue suficiente para sus intereses (o para los intereses de quienes representan), pues al año siguiente modificaron la razón social de la empresa procurando no dejar rastros: en abril de 2016 Mario Bonilla había sido designado presidente y representante legal de Petroglobal Management, Raúl Saavedra fue nombrado secretario y Carlos Villafranca Blanco quedó como tesorero. Allí estuvieron por cinco meses, hasta el 23 de septiembre, cuando cambiaron de nuevo a toda la directiva (ellos tres salen) y amplían las atribuciones de la compañía, incorporando la explotación y comercialización de minerales como el carbón, manganeso, oro, diamante, hierro, bauxita y cobre.

Cinco días después de haber efectuado este cambio en Panamá, Bonilla y Saavedra registraron en Puerto Ordaz la Corporación Petroglobal, dedicada también a la minería y con la posibilidad de firmar alianzas estratégicas con el Estado. El objetivo estaba claro desde el principio, tener presencia en otro negocio de interés para la familia presidencial.

En esta empresa ya no contaron con Carlos Villafranca Blanco, un personaje que los sigue conectando con el entorno de Cilia Flores: Villafranca es el vicepresidente de Esaica, la empresa de cacao favorecida por sus conexiones con el poder, y está casado con Erika Alexandra Albornoz Gavidia, sobrina de Walter Gavidia y por tanto prima de los hijos de Cilia Flores. Bonilla también tiene un cargo en la directiva de Esaica. 

La planta de cianuración de Corporación Petroglobal tiene capacidad para procesar 200 toneladas de material primario al día, mientras que la planta de Glenduard puede procesar el doble, 400 toneladas.

Otra de las empresas del complejo Domingo Sifontes, Invertrade, tiene otra historia no menos interesante. Se ha dedicado desde 2019 a la importación de cianuro de sodio, indispensable para el funcionamiento de las plantas y la recuperación del oro de las arenas. Pareciera que su rol dentro del complejo es ese.

A partir de un proveedor mexicano, Invertrade importó cinco cargamentos de cianuro de sodio en 2019 y tres más en 2020 (febrero, abril y mayo), de acuerdo con información de la base de datos Panjiva. Seis de esos envíos, de 150.800 kilogramos en total, significaron un costo de 478.000 dólares.

Adicionalmente, en abril de 2019 importaron 5.140 kilogramos de mercurio desde México hasta Cuba, en tres envíos que costaron 257.000 dólares, según los registros de la base de datos Veritrade, procesados y suministrados a Armando.Info por la organización no gubernamental C4ADS, con sede en Washington DC. El destino de estos cargamentos de mercurio no está claro, pero no deja de ser llamativo que una empresa venezolana dedicada a la minería importe un elemento que desde agosto de 2016 tiene prohibición de uso, tenencia, almacenamiento y transporte con fines de obtención o tratamiento de oro.

Invertrade también fue creada en febrero de 2016, días antes de la publicación del decreto presidencial sobre el arco minero. En los papeles de la empresa aparecen como accionistas Carlos Alberto Ávila Mendoza, Ricardo Alfonso Brito Arasme y la compañía panameña Steel and Mining Group, donde a su vez participan otros venezolanos (Katiuska Da Camara Lucas, Félix Manuel Bastardo Arias y Richard Pinzón Neira).

Estas tres empresas, junto a Mipre (registrada en enero de 2017), tienen en común no solo formar parte del complejo Domingo Sifontes sino también compartir a la misma abogada como redactora de las actas constitutivas, quien además es la socia de Eduardo Rivas en Inversiones y Representaciones Glenduard: Eukarys Lazzar Bernay. La abogada fue contactada para este reportaje y aunque en un primer momento mostró disposición para hablar con el equipo de Armando.Info, luego no respondió más. Sobre las otras dos, Inversiones RPN e Inversiones Oriente, no se obtuvo la documentación.

Según Cristopher Figuera, el complejo Domingo Sifontes inició actividades en mayo de 2018 con una producción de 150 kilos de oro al mes, pero luego comenzó a bajar y para el primer semestre del año estaría entre 80 y 90 kilos por mes. La reducción también la confirman algunos molineros de la zona con conocimiento de causa, pues estos pequeños molinos son los proveedores de ese material primario que necesita el complejo. Los molineros reciben como forma de pago el 10% del oro que se puede recuperar de las toneladas de arenas que suministran; pero cuando se inauguró, pagaban el 20%. “Ellos se quedan con el lomito. No podemos hacer nada, usted sabe cómo son las reglas aquí”, dice con temor uno de los molineros contactados.

La escasez de gasolina y la emergencia instaurada desde marzo por el coronavirus han incidido en el trabajo de los mineros y de los molinos que procesan el material aurífero hasta convertirlo en arenas. La producción ha disminuido.

En junio de 2018, a un mes de la inauguración, se realizó la primera fundición de oro en el complejo y Rivas, en compañía del presidente de Minerven de ese momento, mostró el lingote de 4,4 kilogramos ante las cámaras. Desde entonces no ha habido más información sobre la producción.

El 28 de junio de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Nicolás Maduro Guerra, Nicolasito, entre otras cosas por haberse “beneficiado de las minas venezolanas junto con Maduro y su esposa, Cilia Flores”. Si bien el diputado de la Asamblea Nacional, Américo De Grazia, actualmente en el exilio, lo ha vinculado a una de las empresas que está explotando coltán en la zona del arco minero, las declaraciones del general Cristopher Figuera sobre la posible influencia de Maduro Guerra en la llamada “Operación Manos de Metal” y la confianza de Eduardo Rivas, dan una nueva perspectiva sobre su participación en el sector aurífero.

El exdirector del Sebin también sostiene que Rivas “cuida los intereses de los Maduro Flores, de los hermanos Rodríguez Gómez, de Jorge Arreaza, de un sector de la élite militar y de Tareck El Aissami”, e incluso menciona a Alex Saab, detenido desde el 12 de junio en Cabo Verde por ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro, y solicitado por Estados Unidos para su extradición hasta ese país, que lo investiga por lavado de dinero. Sobre él asegura que “aparece como el principal financista en la mayoría de las empresas” del complejo Domingo Sifontes.

En el caso del complejo Manuel Carlos Piar, construido en Puerto Ordaz e inaugurado en noviembre de 2019, es aún más grande la opacidad. Solo está claro que Rivas es también el presidente y que su producción es también importante; la planta se instaló en menos de seis meses y de esa eficiencia hizo alarde el almirante Gilberto Pinto, actual ministro de Desarrollo Minero Ecológico. Además, el propio Nicolás Maduro comentó, el día de la inauguración, que el oro allí extraído sería usado “para las medicinas, para la alimentación, para la vida, la salud del pueblo y la educación”.

Fue construido en la vieja zona industrial Matanzas, uno de los primeros desarrollos de la pequeña y mediana industria en Guayana, devenido en reflejo del descalabro productivo en el país. En uno de los extremos, dos briqueteras expropiadas por el gobierno de Hugo Chávez en 2009 operan con limitaciones y a un ritmo alejado de sus máximos registros de producción.

En ese enclave de ruina industrial, instalaron la primera planta de lixiviación de oro de las nueve previstas, que tendrán capacidad para procesar 200 toneladas de arena aurífera por día con la aspiración de extraer 20 kilos de oro por mes, de acuerdo con la información oficial difundida. El complejo está ubicado detrás de las alicaídas briqueteras en una extensión de tierra en la que está ubicada una sede de la Dgcim, cerca de la margen sur del río Orinoco. La presencia de uniformados de la Dgcim fuertemente armados en la entrada del complejo es otra evidencia del nexo entre la iniciativa privada y el régimen de Nicolás Maduro.

Iniciativa privada que tampoco es transparente con los datos que declara sobre las empresas. El equipo de Armando.Info se acercó a las oficinas de Corporación Petroglobal, Invertrade, Mipre e Inversiones Glenduard y solo pudo confirmar la existencia de esta última. Allí también funciona otra empresa llamada Veta Minera, dedicada también a la explotación de minerales y con la misma abogada como redactora del documento constitutivo. Y en la oficina de al lado está otra compañía con las mismas características de Glenduard y Veta Minera, llamada Cripto Gold.

La sede de Petroglobal no existe, en el centro comercial en el que supuestamente está ubicada no hay un local con el número de oficina 2-16 ni un segundo piso como sugiere la dirección; los datos no corresponden con la del espacio comercial. La sede de Invertrade no tiene identificación ni tampoco alguien abrió la puerta del lugar. Y el galpón donde estaría la oficina de Mipre no pudo ser ubicado.

Aunque se trate de empresas sin experiencia previa en el sector aurífero, creadas justo para participar en alianzas estratégicas con el Gobierno para la explotación minera, nada indica que eso sea impedimento para que el complejo Domingo Sifontes esté operativo. En varias ocasiones se han visto camiones cargados de arenas auríferas escoltados por la Dgcim y la Guardia Nacional ingresar a la planta ubicada en El Callao, mientras que la entrada y salida de sus instalaciones tiene un control férreo.

Es en este contexto de vigilancia extrema, inteligencia militar, opacidad y extracción de oro “para la vida”, como expresó Nicolás Maduro, que Eduardo Rivas halló un ascenso meteórico tras llevar una vida aparentemente anónima, alejada de la minería. Ahora le atribuyen, incluso, el control de la comercialización del oro.