La gerencia de Monómeros que se contrató a sí misma

El segundo activo más importante de Venezuela en el exterior, después de Citgo, esconde una historia reciente en la que sus ejecutivos, poco antes de dejar las riendas de la estatal venezolana en Barranquilla, pactaron negocios con una empresa privada que a la postre comprarían. Se trata, además, de una compañía cuyo origen está ligado al mundo empresarial del principal contratista que favorecieron durante años siendo directivos de Monómeros. Hoy, incluso, compite en el mercado de fertilizantes contra la filial de Pequiven en Colombia.
Anticipando
la tormenta que asomaba en el horizonte, algunos directivos de Monómeros Colombo
Venezolanos S.A buscaron resguardo en beneficio propio, pero en desmedro de la
empresa. Sólo eso explica que el exgerente general de esa filial de la estatal
Petroquímica de Venezuela (Pequiven), se convirtiera en accionista de una
compañía privada a la que benefició con un contrato cuando estaba por dejar su
puesto y meses antes de que la junta ad hoc, nombrada por el Gobierno interino
de Juan Guaidó, tomara control de ese activo en Colombia.
Todo
comenzó en diciembre de 2018, cuando ni siquiera la oposición venezolana pensaba
que podría pasar a administrar los bienes de la República en el exterior, pero
continuó durante 2019 en medio de la disputa política que golpeó a Monómeros y
que también alcanza a actores políticos y económicos de Barranquilla, donde
tiene su sede principal la empresa.
Como
si fuese una partida de ajedrez, Pedro José Lugo Gómez, un empleado de carrera
en Pequivén y quien dirigía a Monómeros desde finales de 2013, fue moviendo
fichas para garantizar su futuro. El 10 de diciembre de 2018, Pedro Lugo, en su
condición de gerente general de Monómeros, firmó un contrato por tres años para
la “maquila de yeso agrícola” con Insapro S.A.S. Casi un año después, Lugo y
otros dos exdirectivos de la estatal venezolana figuraban como dueños de
Insapro, en lo que ahora parece una retirada estratégica.
Al
momento de suscribir el acuerdo con Insapro, los rumores sobre la salida de
Pedro Lugo eran incesantes dentro de la compañía. Ese ruido se confirmó sólo
diez días después, el 20 de diciembre de 2018, con un decreto de Nicolás Maduro
publicado en la Gaceta Oficial 41.550, que anunció la designación de Ronald
Alexander Ramírez Mendoza como presidente de Monómeros.
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Ronald
Ramírez, quien posee vínculos comerciales con Alex Saab Morán, el principal
contratista de Maduro, a través de la sociedad Adon Trading FZE, nunca asumió el
cargo al ser “inadmitido” el 30 de enero de 2019 por las autoridades migratorias
colombianas, lo que prorrogó unos meses la estadía de Pedro Lugo en la
productora y comercializadora de fertilizantes en Barranquilla, pese a haber
firmado el “acta de entrega” de su cargo el 8 de enero de 2019.
Pedro
Lugo finalmente permaneció en el cargo hasta el mes de junio, conviviendo un par
de meses con la primera junta administradora nombrada por Guaidó y que tomó
posesión el 11 de abril de 2019, como consecuencia del reconocimiento del
Gobierno colombiano al interinato de Juan Guaidó y el desconocimiento a la
figura de Nicolás Maduro. Con su renuncia, Lugo escapó a la tormenta
administrativa que dejó en el segundo activo más importante de Venezuela en el
exterior, sólo por detrás de Citgo, y huyó también del posterior sacudón que
provocó a finales de 2019 Humberto Calderón Berti, ex embajador del Gobierno
interino en Bogotá, al denunciar una politización en la
compañía.
Beneficios desde antes
El
expediente mercantil de Insapro muestra que Pedro Lugo no estuvo solo en la
mudanza desde Monómeros. A Lugo lo acompañan como accionistas otros dos
exdirectivos de la estatal venezolana: Ricardo Cera Corrales y Eduardo Rodríguez
González. Este último, también venezolano y con carrera en Pequiven, fue gerente
comercial de Monómeros hasta noviembre de 2019, cuando fue removido por la junta
administradora designada por Guaidó.
Un
cuarto accionista, según consta en el acta número 10 de asamblea extraordinaria,
es otro empresario venezolano de nombre George Komander Gómez, propietario
además de Sophia Chemical Trading Group y de Sunder Holding Group, las cuales
usan la misma dirección de Insapro en Barranquilla. Komander Gómez explicó que Insapro es un “emprendimiento propio” y que es el accionista mayoritario. Negó que Pedro Lugo y Eduardo Rodríguez fueran propietarios, como demuestra el acta de accionistas que reposa en el expediente de la empresa en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Indicó que los exgerentes de Monómeros solo son “asesores sin sueldo de parte de Insapro”, pero nunca aportó los documentos para respaldar su versión.
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El
acuerdo sellado en diciembre de 2018 con Insapro obligaba a Monómeros a pagar
145.220 pesos colombianos, unos 41 dólares americanos, por cada tonelada de yeso
producida. Entre 2019 y 2020 los pagos de la estatal venezolana a Monómeros
rondan los 600 millones de pesos, unos 170.000 dólares, de acuerdo a documentos
a los que tuvo acceso Armando.Info.
Esos mismos papeles revelan que entre 2017 y 2018 hubo pagos de Monómeros
a Insapro por otros 1.900 millones de pesos colombianos, poco más de 500.000
dólares, por contratos previos a los que no se tuvo acceso al cierre de esta
edición.
Pero
el contrato otorgado a Insapro en diciembre de 2018, cuando estaba a punto de
salir de Monómeros, no es el único lunar en esta historia. Insapro fue fundada
en marzo de 2016 por María Claudia Pérez Sarabia, hija de Reginaldo Pérez Pérez,
un renombrado empresario de Barranquilla, dueño del holding Grupo Merco,
ampliamente beneficiado por la gestión de Lugo en
Monómeros.
De
la estrecha relación en los últimos años entre Monómeros y Grupo Merco hay
testimonios en la prensa de Barranquilla, así como de proyectos conjuntos o
encuentros en eventos de las directivas de ambas empresas.
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A
Consorcio Merco Logistic Group, Opermec, Ingeopro y Servitransa, todas bajo el
paraguas de Grupo Merco, el entonces gerente general de Monómeros, Pedro Lugo,
le otorgó contratos que suman el equivalente a unos 30 millones de dólares por
la prestación de servicios logísticos, de mantenimiento, operaciones portuarias
o alquiler de equipos, entre otros conceptos, según los documentos obtenidos
para este reportaje.
“Se
observa una clara concentración en un solo grupo económico de operaciones
medulares del proceso productivo de Monómeros. Esto representa un riesgo para la
organización, ya que cualquier problema económico y/o legal que pudiera
presentarse en esas empresas, afectaría significativamente las operaciones de
Monómeros”, concluye un informe preparado por la junta ad hoc de Monómeros.
Fuentes,
que prefirieron el anonimato, explicaron que desde hace semanas abogados de
ambas partes, Monómeros y Grupo Merco, están en negociaciones para saldar esa
relación comercial heredada de la administración de Pedro Lugo. Aunque se trata
de un asunto legal entre las partes, los efectos han trascendido los muros de la
empresa en Barranquilla.
El frenazo del senador
Uno
de los coletazos contra la gestión y decisiones de la junta administradora ad
hoc salió el pasado 13 de abril. Ese día el senador colombiano por el partido de
la U, José David Name Cardozo, publicó una dura columna con el título “Hay que
rescatar Monómeros”, en la que exhortaba al Gobierno de Iván Duque a “intervenir
cuanto antes” a la compañía.
El
senador refirió un “manejo turbio de los recursos”, una “desconfianza por la
forma en la que actualmente se administra la empresa”, el incumplimiento de los
“estatutos de la empresa” por parte de la junta directiva y hasta de gastos de
entre “tres y cuatro millones de dólares al año” en dietas por parte de la
actual directiva.
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El
pronunciamiento de Name Cardozo causó sorpresa en la opinión pública ya que fue
el propio senador quien en enero de 2019 hizo gestiones para impedir la llegada
de Ronald Ramírez Mendoza, el presidente designado por Nicolás Maduro para
sustituir a Pedro Lugo, y posteriormente celebró el ascenso de la junta
administradora ad hoc en abril de 2019.
A
los pocos días de la publicación de la columna, Monómeros emitió un comunicado
en el que rechazó y desmintió el escrito de Name Cardozo al considerarlo “sin
fundamento y con graves vacíos de información”, destacando además que la
compañía venía del “saqueo de la anterior administración” que reportó dividendos
en 2018 por 20 millones de dólares “a pesar de registrar una pérdida por ese
mismo valor”.
Asimismo,
la estatal indicó haber generado utilidades en el segundo semestre de 2019 por
casi 8.000 millones de pesos colombianos y recordó, además, que fue a mediados
de 2019 que el Departamento del Tesoro norteamericano otorgó licencias a la
compañía, lo que permitió comprar materia prima en mercados internacionales, así
como obtener créditos en la banca colombiana.
La
respuesta de Monómeros surtió efecto y el senador barranquillero se retractó.
“Esta aclaración la realizo a partir de la nueva información que he recibido y
que evidencia que dicha columna fue redactada a partir de información que no se
encontraba actualizada, pues los reportes con los cuales contaba no correspondía
a la nueva administración de la cual ustedes hacen parte”, rectificó en otro
escrito el pasado 28 de abril.
A
lo interno de Monómeros, atribuyeron las afirmaciones del senador a la ruptura
de los contratos con el Grupo Merco por la posible cercanía entre el empresario
Reginaldo Pérez Pérez y el senador Name Cardozo, anotada en alguna oportunidad
por la prensa barranquillera. En los datos del Consejo Nacional Electoral de Colombia también consta que Reginaldo Pérez aportó 6 millones de pesos para la campaña al senado de Name Cardozo en 2014.
En
cualquier caso, Pedro Lugo, en su nueva calidad de copropietario de Insapro, ha
escapado también a esa polémica. Ahora desde la acera de enfrente hasta compite
con la propia Monómeros, que aún domina el 40% del mercado de fertilizantes en
Colombia, y despacha los productos de la marca Nutricampo a Venezuela.