La gerencia de Monómeros que se contrató a sí misma

Ronald Ramírez, quien posee vínculos comerciales con Alex Saab Morán, el principal contratista de Maduro, a través de la sociedad Adon Trading FZE, nunca asumió el cargo al ser “inadmitido” el 30 de enero de 2019 por las autoridades migratorias colombianas, lo que prorrogó unos meses la estadía de Pedro Lugo en la productora y comercializadora de fertilizantes en Barranquilla, pese a haber firmado el “acta de entrega” de su cargo el 8 de enero de 2019. 

Pedro Lugo finalmente permaneció en el cargo hasta el mes de junio, conviviendo un par de meses con la primera junta administradora nombrada por Guaidó y que tomó posesión el 11 de abril de 2019, como consecuencia del reconocimiento del Gobierno colombiano al interinato de Juan Guaidó y el desconocimiento a la figura de Nicolás Maduro. Con su renuncia, Lugo escapó a la tormenta administrativa que dejó en el segundo activo más importante de Venezuela en el exterior, sólo por detrás de Citgo, y huyó también del posterior sacudón que provocó a finales de 2019 Humberto Calderón Berti, ex embajador del Gobierno interino en Bogotá, al denunciar una politización en la compañía.

El expediente mercantil de Insapro muestra que Pedro Lugo no estuvo solo en la mudanza desde Monómeros. A Lugo lo acompañan como accionistas otros dos exdirectivos de la estatal venezolana: Ricardo Cera Corrales y Eduardo Rodríguez González. Este último, también venezolano y con carrera en Pequiven, fue gerente comercial de Monómeros hasta noviembre de 2019, cuando fue removido por la junta administradora designada por Guaidó.

Un cuarto accionista, según consta en el acta número 10 de asamblea extraordinaria, es otro empresario venezolano de nombre George Komander Gómez, propietario además de Sophia Chemical Trading Group y de Sunder Holding Group, las cuales usan la misma dirección de Insapro en Barranquilla. Komander Gómez explicó que Insapro es un “emprendimiento propio” y que es el accionista mayoritario. Negó que Pedro Lugo y Eduardo Rodríguez fueran propietarios, como demuestra el acta de accionistas que reposa en el expediente de la empresa en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Indicó que los exgerentes de Monómeros solo son “asesores sin sueldo de parte de Insapro”, pero nunca aportó los documentos para respaldar su versión.

El acuerdo sellado en diciembre de 2018 con Insapro obligaba a Monómeros a pagar 145.220 pesos colombianos, unos 41 dólares americanos, por cada tonelada de yeso producida. Entre 2019 y 2020 los pagos de la estatal venezolana a Monómeros rondan los 600 millones de pesos, unos 170.000 dólares, de acuerdo a documentos a los que tuvo acceso Armando.Info.  Esos mismos papeles revelan que entre 2017 y 2018 hubo pagos de Monómeros a Insapro por otros 1.900 millones de pesos colombianos, poco más de 500.000 dólares, por contratos previos a los que no se tuvo acceso al cierre de esta edición.

Pero el contrato otorgado a Insapro en diciembre de 2018, cuando estaba a punto de salir de Monómeros, no es el único lunar en esta historia. Insapro fue fundada en marzo de 2016 por María Claudia Pérez Sarabia, hija de Reginaldo Pérez Pérez, un renombrado empresario de Barranquilla, dueño del holding Grupo Merco, ampliamente beneficiado por la gestión de Lugo en Monómeros.

De la estrecha relación en los últimos años entre Monómeros y Grupo Merco hay testimonios en la prensa de Barranquilla, así como de proyectos conjuntos o encuentros en eventos de las directivas de ambas empresas. 

A Consorcio Merco Logistic Group, Opermec, Ingeopro y Servitransa, todas bajo el paraguas de Grupo Merco, el entonces gerente general de Monómeros, Pedro Lugo, le otorgó contratos que suman el equivalente a unos 30 millones de dólares por la prestación de servicios logísticos, de mantenimiento, operaciones portuarias o alquiler de equipos, entre otros conceptos, según los documentos obtenidos para este reportaje.

“Se observa una clara concentración en un solo grupo económico de operaciones medulares del proceso productivo de Monómeros. Esto representa un riesgo para la organización, ya que cualquier problema económico y/o legal que pudiera presentarse en esas empresas, afectaría significativamente las operaciones de Monómeros”, concluye un informe preparado por la junta ad hoc de Monómeros.

Fuentes, que prefirieron el anonimato, explicaron que desde hace semanas abogados de ambas partes, Monómeros y Grupo Merco, están en negociaciones para saldar esa relación comercial heredada de la administración de Pedro Lugo. Aunque se trata de un asunto legal entre las partes, los efectos han trascendido los muros de la empresa en Barranquilla.

Uno de los coletazos contra la gestión y decisiones de la junta administradora ad hoc salió el pasado 13 de abril. Ese día el senador colombiano por el partido de la U, José David Name Cardozo, publicó una dura columna con el título “Hay que rescatar Monómeros”, en la que exhortaba al Gobierno de Iván Duque a “intervenir cuanto antes” a la compañía.

El senador refirió un “manejo turbio de los recursos”, una “desconfianza por la forma en la que actualmente se administra la empresa”, el incumplimiento de los “estatutos de la empresa” por parte de la junta directiva y hasta de gastos de entre “tres y cuatro millones de dólares al año” en dietas por parte de la actual directiva.

El pronunciamiento de Name Cardozo causó sorpresa en la opinión pública ya que fue el propio senador quien en enero de 2019 hizo gestiones para impedir la llegada de Ronald Ramírez Mendoza, el presidente designado por Nicolás Maduro para sustituir a Pedro Lugo, y posteriormente celebró el ascenso de la junta administradora ad hoc en abril de 2019.

A los pocos días de la publicación de la columna, Monómeros emitió un comunicado en el que rechazó y desmintió el escrito de Name Cardozo al considerarlo “sin fundamento y con graves vacíos de información”, destacando además que la compañía venía del “saqueo de la anterior administración” que reportó dividendos en 2018 por 20 millones de dólares “a pesar de registrar una pérdida por ese mismo valor”.

Asimismo, la estatal indicó haber generado utilidades en el segundo semestre de 2019 por casi 8.000 millones de pesos colombianos y recordó, además, que fue a mediados de 2019 que el Departamento del Tesoro norteamericano otorgó licencias a la compañía, lo que permitió comprar materia prima en mercados internacionales, así como obtener créditos en la banca colombiana.

La respuesta de Monómeros surtió efecto y el senador barranquillero se retractó. “Esta aclaración la realizo a partir de la nueva información que he recibido y que evidencia que dicha columna fue redactada a partir de información que no se encontraba actualizada, pues los reportes con los cuales contaba no correspondía a la nueva administración de la cual ustedes hacen parte”, rectificó en otro escrito el pasado 28 de abril.

A lo interno de Monómeros, atribuyeron las afirmaciones del senador a la ruptura de los contratos con el Grupo Merco por la posible cercanía entre el empresario Reginaldo Pérez Pérez y el senador Name Cardozo, anotada en alguna oportunidad por la prensa barranquillera. En los datos del Consejo Nacional Electoral de Colombia también consta que Reginaldo Pérez aportó 6 millones de pesos para la campaña al senado de Name Cardozo en 2014.

En cualquier caso, Pedro Lugo, en su nueva calidad de copropietario de Insapro, ha escapado también a esa polémica. Ahora desde la acera de enfrente hasta compite con la propia Monómeros, que aún domina el 40% del mercado de fertilizantes en Colombia, y despacha los productos de la marca Nutricampo a Venezuela.