Una ‘papa caliente’ con altavoz
Gianfranco Napolitano pasó de tener una ferretería en el pueblo llanero de Tinaquillo a levantar más de 40 empresas entre Estados Unidos y Panamá. En el camino dejó una estela tan controversial que ni siquiera el bufete de Mossack Fonseca quiso tenerlo como cliente. Del chavismo obtuvo varios contratos públicos en el estado Yaracuy, desde donde huyó tras las acusaciones por corrupción contra el ex gobernador Carlos Giménez. Recientemente, mientras en Miami se declaraba en bancarrota, ponía su plataforma de medios a la orden del diputado Luis Parra, cabecilla de la llamada ‘fracción Clap’ que en enero intentó tomar por asalto la directiva de la Asamblea Nacional.
“Tengo siete años en los Estados Unidos,
tuve que venirme al exilio por enfrentar al régimen y al gobierno del hoy muerto
Hugo Chávez y sus gobernadores regionales”.
Así
se describía Gianfranco Napolitano frente a las cámaras de su canal televisivo
Doral News TV en julio de 2015. Para entonces el empresario venezolano, oriundo
del estado Cojedes -entidad llanera del centrooccidente del país-, se había
convertido en propietario de una plataforma de medios de comunicación instalada
en el estado de Florida tras una dilatada relación con el chavismo, que lo cobijó
desde sus primeros pasos en su estado natal.
Rodeado siempre de amitiés
dangereuses, Napolitano ha cultivado una extensa comunidad de amigos y
colaboradores en ambos extremos del espectro político venezolano, y aunque hoy
se erige como adalid del antichavismo su pasado lo traiciona. La amistad que
mejor explica esos matices le llevó a contactar hace unos meses al controversial
diputado Luis Parra, con quien mantiene cercanía en el también centrooccidental
estado Yaracuy, donde desde hace años asentó buena parte de sus
negocios.

Radicado en Florida desde el año 2009, Gianfranco Napolitano es propietario de una plataforma de medios de comunicación.
Parra, quien junto a otros parlamentarios de la Comisión de
Contraloría de la Asamblea Nacional hizo en 2019 gestiones en beneficio de los
empresarios Alex Saab y Carlos Lizcano (responsables de los negociados en torno
a las importaciones para las cajas Clap), necesitaba ayuda urgente en enero de este año tras un espectacular
salto de talanquera: había pasado de ser una cara desconocida en las filas
opositoras a ser el presidente de facto de la Asamblea Nacional, por obra
y gracia de las triquiñuelas del chavismo.
En
medio de esa tormenta política, Napolitano ofreció a Parra su plataforma
comunicacional en Florida para contrarrestar la fama de “traidor” asociada a su
imagen. Con ello ambos revivieron el camino que cada quien decidió seguir hace quince años en el estado Yaracuy: Parra por los senderos de la política, Napolitano
por el de los negocios.
Luis Parra comenzó su carrera política como dirigente estudiantil en el Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy. En 2005, en las planchas del partido político Convergencia -ese que concentró a los seguidores de Rafael Caldera desde 1993 y que por algún tiempo fue la primera fuerza política en Yaracuy, tierra natal del dos veces presidente- , alcanzó una curul en el Concejo Municipal de Independencia.
Ese mismo año, Napolitano -cuya experiencia
se limitaba al comercio a través de una ferretería- empezó a acaparar las contrataciones
para la venta y distribución de alimentos destinados a los programas sociales de
la gobernación de Yaracuy. Pero no tardó mucho en decantarse por el
negocio mediático. Así, se convirtió en propietario del diario La Noticia
de Cojedes y en Yaracuy creó la televisora Teleyaracuy, el
impreso Diario de Yaracuy y la emisora Rumbera Network. En Florida,
Napolitano es propietario del homónimo circuito Rumbera Network, y de un diario
y una televisora con la denominación Doral News y Doral News TV, apelando así al
nombre de la ciudad al oeste de Miami donde se concentró una gran porción del
exilio venezolano.
Desde 2010 comenzó la vinculación de
Parra con los medios de comunicación bajo el control de Napolitano. En el dial
106.5 FM de Rumbera Network en San Felipe, capital de Yaracuy, Parra condujo
junto al concejal Miguel Ponente el programa “Más claro no canta un gallo”, por
casi diez años. El espacio era la única producción de Rumbera Network, ya que el
resto de la parrilla de la estación se limitaba a poner al aire contenidos musicales. Desde allí, Napolitano ayudaría a Parra y Miguel Ponente,
actual jefe de gabinete del sobrevenido -y espurio, desde la perspectiva de la
oposición al chavismo- presidente de la Asamblea Nacional, a construir una
tribuna que le garantizó el ascenso político en la
entidad.
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Pregonero de reputaciones
Cuando el 1 de diciembre de 2019 quedó
al descubierto la participación del grupo de diputados de oposición
-encabezados
por Parra-, en una gira internacional buscando
indulgencias para Saab y compañía, Napolitano ofreció su apoyo mediático a Parra
a validar su versión. Según información a la que tuvo acceso
Armando.Info, le aseguró a Parra que estaba en capacidad de obtener espacios en al menos 20 medios y el apoyo de quince periodistas de renombre.
Una
fórmula similar le había servido a Napolitano para construirse un retrato de
perseguido político, tras los acontecimientos que lo vincularon con el ex
gobernador Carlos Giménez en 2008. Gracias a su plataforma de medios y sus nexos
con factores de poder variopintos, Napolitano logró ser incluido en la lista de
perseguidos políticos y exiliados presentada por el jefe de la fracción
parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano,
como parte del Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Política presentada
en el año 2013.
Rafael José Otero Acosta, esposo de
Fabiola Leontina Napolitano Falciatore, prima de Gianfranco Napolitano, es
actualmente el enlace entre Parra y el empresario radicado en la
Florida. Otero, quien publicó una fotografía recientemente en su cuenta en
Instagram desde las instalaciones del hemiciclo del parlamento venezolano,
figuró como gerente general del Diario de Yaracuy y como miembro de Kintore
Capital, S.A., una de las empresas creadas por Napolitano en Panamá. En esta
última, comparte en la junta directiva con Lucia del Carmen Reyes Casadiego, un
personaje central en el universo empresarial de
Napolitano.
Reyes Casadiego lidera el equipo de
confianza del empresario -integrado por José Luis Di Palma, Yulisbel Domínguez
Rojas y Rafael Otero Acosta-. Su nombre se repite en nueve compañías asociadas a
Napolitano. Con él comparte puestos de directiva en al menos dos empresas: Casco
Investments Inc. y Kintore Capital S.A., Inc.
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Junto a José Luis Di Palma Silva y
Yulisbel Domínguez Rojas, Reyes Casadiego también integra Honsel Trading, Inc. y
Pidela Holdings, así como Minden Associated. También aparece incorporada en condición de socia desde el primero de
junio de 2009 a Gan-Ric Investment, LLC., la primera organización creada por la
familia Napolitano en los Estados Unidos.
Fue
por estas compañías -Honsel Trading Inc, Minden Associated, INC y Pidela
Holdings- y Kyra Global Inc., que Gianfranco Napolitano recurrió en 2012 a los
servicios del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca. Procuraba transferir a esa compañía el control de las sociedades Honsel Trading Inc y Kyra Global Inc,
hasta entonces representadas por el Banco Español de Crédito (Banesto), así como
la representación de las sociedades Minden Associated, INC y Pidela Holdings,
gestionadas hasta entonces por el también panameño escritorio jurídico Alfaro
Ferrer & Ramírez.
"Un riesgo que no vale la pena"
Esa
gestión dejó al descubierto la red de socios empresariales de Napolitano, quien,
entre tanto, fue rechazado como cliente por Mossack Fonseca. El mismo bufete que
acogió todo tipo de nombres y apoyó cientos de transacciones para lavado de
dinero y establecimiento de empresas de maletín, especializado en el registro de
compañías en paraísos fiscales y conocido por el escándalo de los llamados
Panama Papers, prefirió pasar de largo con el empresario venezolano.
Un
total de 29 empresas inscritas en Estados Unidos y quince en Panamá constituyen la amplia red de compañías por donde transitaron los negocios y la
fortuna que amasó Napolitano desde sus primeros contratos con la Gobernación de
Yaracuy.
En 2012, Napolitano tocó a la puerta de Mossack Fonseca. Su deseo era transferir el control de las sociedades que había registrado entre 2008 y 2009 en Panamá, como parte de la estrategia de internacionalización de Napolitano para movilizar el capital de sus negocios. En tres de ellas, Honsel Trading Inc, Minden Associated, Inc y Pidela Holdings, figuran como propietarios su chofer, José Luis Di Palma Silva, y Lucía Reyes Casadiego.
El
primer contacto con Mossack Fonseca lo hizo Banesto, el banco español con el que Napolitano hacía negocios, y que apenas unos meses más tarde sería absorbido por el Banco de Santander. En un correo electrónico
incluido en la filtración de Panama Papers, de fecha 3 de mayo de 2012, un
representante de la entidad bancaria le comunicó al personal del bufete las
aspiraciones de su cliente: “Necesitamos un poder general a nombre de
Lucía Reyes para las sociedades Kyra y Honsel […] son sociedades patrimoniales,
aunque Honsel va a pasar a ser operativa al entrar en un negocio de gestión de
cajeros automàticos en Puerto Rico y República Dominicana. Por otra parte
nuestro cliente quiere transferir desde Alfaro Ferrer una fundación, Xiant, y
dos sociedades, Milden y Pidela. En definitiva, que seáis vosotros el agente
registrador. Él se pondrá en contacto con vosotros para
esto”.

El bufete de abogados se hizo mundialmente conocido por el escándalo de los "Panama Papers".
Lo
que siguió fue un intenso intercambio de correos electrónicos entre Banesto,
Mossack Fonseca y Napolitano, que se prolongó por un mes y terminó con la
respuesta negativa del bufete: “[…] les aviso que hemos consultado con el
departamento de Cumplimiento de nuestra Fiduciaria, y ellos han decidido no
aceptar al Sr. Napolitano como cliente”.
Otros correos electrónicos arrojan luces
sobre las razones por las que el escritorio jurídico -que ayudó con
transacciones oscuras a ocultar la riqueza y la evasión de impuestos de
políticos y figuras del crimen organizado en todo el mundo-, negó sus servicios a Napolitano. “El
Sr. Napolitano está demasiado expuesto políticamente para aceptarlo como cliente
[…] no se puede demostrar que la fuente de su riqueza sea limpia”, afirma
un representante de la firma en uno de los correos
filtrados.
En
una de las últimas conversaciones internas del bufete sobre la posibilidad de
prestar servicios a Gianfranco Napolitano, la entonces directora para relaciones
con el cliente, Jennifer Mossack, escribe a los directivos Jürgen Mossack y
Ramón Fonseca Mora: “Napolitano quiere traer tres entidades a Mossack que
originalmente estaban con Morgan & Morgan y actualmente están con Alfaro,
Ferrer y Ramírez. El hecho de que haya tanto movimiento con estas entidades y el
hecho de que Banesto quiere entregar al Sr. Napolitano a Mossack Fonseca como
cliente apunta al hecho de que el Sr. Napolitano es una ‘papa caliente’. Si
invitamos al cliente a M&F Trust, una entidad regulada por la
Superintendencia de Bancos de Panamá, corremos el riesgo de aparecer en
cualquier número de publicaciones periódicas si se produce un escándalo en torno
al Sr. Napolitano. Entiendo que, en este negocio, tenemos que tomar riesgos,
pero no es un riesgo que valga la pena”.
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A
Napolitano se le contactó para que comentara este y otros episodios relatados en
el presente reportaje. A comienzos de la semana en curso se le hizo llegar por
vía electrónica un cuestionario que accedió a responder, pero -dijo- no sin antes
consultar con sus abogados. Al momento de cerrar esta publicación, las
respuestas no habían sido recibidas por la
reportera.
En sintonía con el ex gobernador de Yaracuy
Pero
Napolitano no se convirtió en un “riesgo” de la noche a la mañana. Su verdadera
historia de ascenso empresarial comenzó junto al ex gobernador chavista del
estado Yaracuy, Carlos Eduardo Giménez Colmenares, bajo cuyo amparo Napolitano
se hizo con el contrato para la venta y distribución de alimentos destinados a
los programas sociales de la gobernación.
Solo
en 2005 un grupo de cooperativas vinculadas a su entorno y cobijadas bajo la
empresa familiar de Napolitano, Inversiones Naser, C.A., fueron beneficiadas por
las adjudicaciones directas para dotar a 96 mercados móviles en los catorce
municipios del estado, tres ferias escolares y la implementación del programa
Feria Bolivariana del Chigüire 2005, destinada a abastecer a los
municipios del estado
Yaracuy.

75.000 Kg de Chigüire y 10.000 Kg de Jari (babo) facturó la Cooperativa El Lamedero por la primera Feria del Chigüire celebrada en San Felipe
Carlos Giménez fue, junto a Didalco
Bolívar y Ramón Martínez, uno de los tres gobernadores que el partido político
Podemos -aliado del extinto Movimiento V República, el primer partido de Hugo
Chávez- alcanzó en las elecciones regionales de 2004. Aunque algunas fuentes
reconocen la cercanía entre Napolitano e Ismael García, entonces secretario
general de Podemos, García niega enfáticamente alguna relación de amistad. “Lo
conozco, así como conozco a muchos más, pero él nunca militó en el Podemos, ni
formó parte de su estructura”, señaló en una entrevista con Armando.Info.
La
organización política, fundada dos años antes, se posicionó velozmente como la
principal aliada del oficialismo, abanderado por el Movimiento V República hasta
el intento de fusión de todas las fuerzas chavistas en el Partido Socialista
Unido de Venezuela (Psuv). Giménez fue electo con 50,73% de los votos y gobernó
el estado centrooccidental entre octubre de 2004 y junio de
2008.
Pero esa gestión cayó en desgracia
poco antes de su término, tras ser señalada por corrupción por la Fiscalía
General de la República. Luego quedó oficialmente interrumpida al acordar la Sala
Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el antejuicio de mérito
contra el gobernador, bajo cargos de peculado doloso, evasión de procesos licitatorios y concierto con
contratistas. Entonces, como ahora, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo
estaban bajo un estrecho control político del Ejecutivo
Nacional.
Las pruebas presentadas por la
Fiscalía demostraron que Giménez adjudicó contratos a proveedores sin licitación
y bajo el uso de la figura de “estado de alarma”, como una estrategia para
evadir los mecanismos de auditoría y contraloría previstos en las leyes. La
Fiscalía demostró que el mismo día que el ex gobernador declaró el estado de
emergencia regional, el 8 de diciembre de 2004, firmó contratos con un
grupo de cooperativas y empresas, entre ellas, dos controladas por Napolitano:
Cooperativa El Lamedero R.L, e Insumos Tecnológicos Insutech,
C.A.

Las cooperativas manejadas por Napolitano fueron beneficiadas para dotar a mercados móviles instalados en los catorce municipios del estado Yaracuy
Todas las contrataciones se manejaron a
través del Instituto Autónomo para el Desarrollo Social del Estado Yaracuy
(Fundesoy), un ente que también fue objeto de escrutinio por parte de la
Fiscalía durante el gobierno de Giménez, tras hacer patente la frenética
adjudicación de contratos sin licitación.
Cooperativa El Lamedero R.L, “no
poseía la capacidad financiera suficiente para respaldar el volumen y la cuantía
de las operaciones comerciales que realizó con el Instituto”, describe la
sentencia del TSJ. La investigación de la Fiscalía concluyó, además, que la
cooperativa no estaba inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC),
requisito obligatorio para hacer negocios con el Estado
venezolano.
En
ese tiempo Napolitano estrenó una fórmula: evitar concentrar la adjudicación de
contratos bajo una sola figura empresarial a su nombre. Así fue como en agosto
de 2005 creó en el estado Yaracuy las cooperativas Luacel 347, Atavis 345 y
Tinuaca 342 R.L, con el objetivo de relevar a la cooperativa El Lamedero en la
contratación del Programa de Bolsas de Comida y Suministros de Insumos de la
Cesta Básica. Así lo evidencia la documentación presentada como prueba ante el
Tribunal Quinto de Control de Yaracuy, el 29 de enero de 2008, que juzga la
causa del entonces contador de la Fundasoy por el delito de ocultamiento ilícito
de documentos públicos.
Expansión permanente
Durante 2006, sus cooperativas
concentraron todas las contrataciones con Fundasoy, destinadas a llevar a cabo
el plan de subsidio de productos alimenticios para abastecer a 126 mercados
móviles, el plan de subsidio de útiles y uniformes escolares a través de la gran
feria escolar Yaracuy 2006 y el plan de subsidio de pinturas, hallacas y
juguetes para la feria navideña.

La entrega de bolsas de alimentos subsidiados con la imagen del rostro de Chávez le sirvió a Carlos Giménez para hacer proselitismo político en la región
En
las cooperativas Luacel 347, Atavis 345 y Tinuaca 342 R.L no figura el nombre de
Gianfranco Napolitano, pero sí el de un personaje recurrente en las empresas que
lo vinculan: José Luis Di Palma Silva, su chofer y a quien señalan como su
principal testaferro.
Di
Palma Silva es también nativo del estado Cojedes. Además de integrar la
cooperativa Atavis 345, RL, figura junto a su hermano, Claudio Antonio Di Palma
Silva, como socio en Dragas y Caminos Dracaminca, C.A, una empresa creada en
abril de 2005 en el estado Carabobo, bajo el exitoso esquema de Napolitano de
dispersión de su nombre. La lista de contratos que colecciona Dracaminca, C.A,
muestra que los negocios de Napolitano y sus socios no se limitaron al estado
Yaracuy.
Tres meses después de creada,
Dracaminca, C.A obtuvo contratos del Instituto Nacional de Vivienda (Inavi). Un
año después, en junio de 2006, fue contratada por la alcaldía de Las Vegas, en el
municipio Rómulo Gallegos de Cojedes. En el primer trimestre del año 2007 logró
adjudicarse dos contratos con el Instituto Autónomo de la Salud del estado
Yaracuy (Prosalud), para refaccionar áreas del Hospital Pediátrico “Dr. Placido
Daniel Rodríguez River” de la ciudad de San
Felipe.
Solo
a través de Dracaminca, C.A consiguió al menos trece contratos entre 2005 y
2009, todos con gobernaciones, alcaldías e instituciones controladas por el
chavismo, aún después de la destitución de Giménez. En 2009, durante la primera
gestión del oficialista Julio León Heredia, Dracaminca obtuvo con el Instituto
Autónomo de Vialidad del Estado Yaracuy (Invity) el contrato para la
construcción de un distribuidor en la autopista centro occidental, que según el
Registro Nacional de Contratistas (RNC) solo avanzó 35%.
Al
menos hasta 2011, en el RNC quedó asentado que Napolitano mantuvo negocios con
el Estado. A través de otra empresa, Construcciones e Inversiones Vesubio
(Coninveca), la familia se hizo de contrataciones que contaron entre su cartera de
clientes con el Ministerio de Vivienda y Hábitat, el Instituto Corporativo de la
Vivienda de Aragua, el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi), Vialidad De
Cojedes (Vialco, S.A), las gobernaciones de Apure, Monagas, Cojedes y Carabobo,
Fundación Propatria 2000 y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
La
obra contratada con Pdvsa para la construcción de Puntos de Expendio de Gas
Natural Vehicular en el estado Lara, no se ejecutó, y en noviembre de 2011 Pdvsa
demandó a Coninveca ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia por el “incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato
N° 4600027518 suscrito el 13 de noviembre de 2008”.
En
enero de 2012, la Fiscalía Trigésima Novena del Área Metropolitana de Caracas
inició una investigación contra Gianfranco Napolitano Serradimigni y José
Ricardo Napolitano Serradimigni por los delitos de estafa y asociación para
delinquir, con ocasión a una denuncia interpuesta por Seguros Pirámide, C.A
contra Construcciones e Inversiones Vesubio. Un mes después el Ministerio
Público solicitó orden de aprehensión y el Juzgado Décimo Noveno de Control del
Área Metropolitana de Caracas ordenó la detención de los hermanos, quienes para
ese entonces estaban fuera del país.
Ese
año la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, acordó solicitar
a las autoridades de ese país la extradición a Venezuela de José Ricardo,
detenido en Panamá en junio de 2013, pero la medida nunca se concretó y el
hermano mayor sigue participando como socio o director en al menos siete
empresas establecidas en el país del canal.
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Para
entonces Napolitano ya tenía constituidas quince compañías en Panamá y diez en Estados
Unidos.Tinaquillo, Cojedes, Yaracuy y Venezuela le habían quedado pequeñas al ferretero.
Giro dramático y ¿verosímil?
Casi
de la nada, en medio de una parábola constante de expansión
empresarial, esta historia tuvo un giro inesperado: Gianfranco Napolitano se
declaró en quiebra ante un Tribunal de Bancarrota del Distrito Sur de la Florida
en junio de 2018. Aún más: durante el proceso legal -que brinda "protección" y
ayuda a enfrentar las deudas y los acreedores de quien se encuentra en aprietos
financieros-, la instancia, tras analizar las compañías del empresario
registradas en ese estado, incluyendo las de su panoplia de medios, concluyó que
no poseían valor alguno.
En
la ficha del caso figuran trece de sus empresas, todas declaradas inactivas entre
los años 2011 y 2017. De aquellas 29 constituidas en Florida desde el 2005 con
Gan-Ric Investment Llc -vinculada al caso de los programas de alimentación con
la Gobernación de Yaracuy-, apenas cuatro perduran en la actualidad. El nombre
de Gianfranco Napolitano solo figura en dos, junto a otros miembros de su
familia.

El 26 de junio de 2018 Gianfranco Napolitano presentó una Petición voluntaria para individuos que se declaran en bancarrota en un Tribunal del Distrito sur de la Florida
Al
lado de la inexplicable declaratoria de bancarrota en Florida, la extensa red de
empresas de Napolitano y sus asociados en Panamá sigue mostrando mayor
estabilidad. Todas las compañías constituidas desde el año 2007 por Gianfranco o
su hermano, José Ricardo Napolitano Serradimigni, se mantienen activas. Al igual
que las firmas creadas por Lucía del Carmen Reyes Casadiego, José Luis Di Palma
Silva y Yulisbel Romary Domínguez Rojas, sus socios
irrestrictos.
Pidela Holdings INC, constituida en
2009 por este anillo de confianza, es titular de las marcas registradas en la
Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, que arropa el núcleo de medios
de comunicación erigido en Florida. Tal es el caso de Noticias de Doral TV,
antes Doral News TV; Noticias Doral, antigua marca de Doral News; Rumbera
Network y por poco de El Venezolano Newspaper. Aunque esta última marca se vincula a Napolitano, en realidad pertenece al Grupo Editorial El Venezolano INC., propiedad de Oswaldo Muñoz; Napolitano intentó ser su dueño pero -tras un largo y costoso proceso judicial- la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU desestimó su solicitud y falló a favor de Muñoz. Aún así, el negocio de Pidela Holdings INC mantiene activo al empresario en
Florida y le sirve de tribuna para difundir su imagen de antichavista y
perseguido político. Así como también a sus amigos.
**Esta nota fue actualizada el miércoles 27 de mayo de 2020, con la aclaratoria sobre la propiedad de la marca El Venezolano Newspaper.