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Las ataduras de un gigante verde

Latinoamérica tiene enterrado un jugoso negocio ambiental: la posibilidad de usar 831.000 millones de hectáreas de bosque como proyectos forestales en el mercado de bonos carbono, el doble de extensión que cualquier otra región del mundo. Pero la burocracia y el exceso de trámites hacen que esta rentable opción de conservación se aleje de un mercado con controles, y se convierta masivamente en proyectos dispersos, con insuficiente regulación pública.

01/03/2011 14:18:02

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En el sur de Brasil, un ejército de agricultores tiene un trabajo singular: reciben un ingreso fijo por mantener intactas dos mil hectáreas de bosque que están en sus tierras. El costo de la vigilancia lo paga un grupo de empresas brasileñas que dedican unos 30.000 dólares al año con la intención de conservar las plantaciones y de esta forma subsanar la emisión de 220.000 toneladas de carbono (CO2) que se da en otras partes del mundo.

Este mecanismo de compensación es en esencia cómo funciona el mercado de bonos de carbono. Los países que han suscrito el Protocolo de Kioto promulgado en 2005, se comprometen a reducir sus emisiones de CO2, responsables del efecto invernadero y el calentamiento global. Para eso obligan a sus industrias o a mejorar sus mecanismos de producción, o a comprar bonos de proyectos en cualquier parte del mundo que certifiquen que se evitó la producción de carbono. Para esto, el Protocolo diseñó los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), conocidos como el mercado regulado.

La participación en este mercado podría hacer autosostenible y rentable la conservación de 831.000 millones de hectáreas de bosque que, según cálculos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), tiene América Latina, un potencial forestal que duplica el de regiones como África o Asia del Sur.

El problema es que las regulaciones del MDL no contemplan la deforestación evitada como método para que los países industrializados mitiguen sus emisiones. Solo aceptan proyectos que estén secuestrando emisiones en la actualidad (normalmente bosques jóvenes), no los que únicamente almacenan, como sucede con las plantaciones viejas.

Esa traba, sumada al viacrucis burocrático y los altos costos que implican la incorporación al mercado regulado, hacen que solo existan 15 iniciativas de reforestación y tres de conservación inscritas en el MDL. Esos proyectos representan apenas el 2% del portafolio de proyectos latinoamericano en los MDL documentados en esta investigación. Pero que los proyectos de conservación sean difíciles de certificar no significa que estén quedando por fuera del atractivo negocio de las compensaciones del carbono. Una puerta se hace cada vez más popular entre los inversionistas de esta actividad: el mercado voluntario. El problema es que en Latinoamérica el concepto de este mercado es literalmente voluntario. Ningún país de la región exige que se registren los proyectos que se desarrollan en esos mercados, pocos tienen regulación específica sobre su operación técnica y financiera, en algunas regiones hay inquietud por la forma como estos proyectos se relacionan con las comunidades locales, e incluso hay casos donde despierta recelo el exceso de secretismo con el que se manejan las finanzas entorno a las millonarias transacciones que este mercado empieza a incentivar.

Un estudio sobre el estado del mercado voluntario, publicado en junio de 2010 por Ecosystem Marketplace, de Bloomberg New Energy Finance, muestra cómo este gigantesco negocio verde está sacudiéndose sus ataduras. Revela un “tremendo” crecimiento de Latinoamérica en el mercado de proyectos forestales: entre el 2008 y en el 2009 el número de créditos originados en esta región se triplicó y continuó aumentando. Tanto así, que ese año los proyectos forestales representaron el 80% de todas las iniciativas emprendidas en la región en el mercado voluntario de bonos de carbono.

El estudio les dio seguimiento a proyectos de ocho países Latinoamericanos: Brasil, Perú, Ecuador, Panamá, México, Guatemala, Honduras, Argentina, Nicaragua y Uruguay. De todos, concluye el informe, Brasil es el que más creció (56 por ciento), seguido de Perú (23 por ciento).

Las iniciativas de protección forestal están enmarcadas dentro de un mecanismo que se conoce como Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD, por sus siglas en inglés), que busca proveer incentivos a los países en desarrollo para llevar a cabo esas reducciones. Esto es, a su vez, un estímulo para los gobiernos que, por esta vía, buscan posicionarse internacionalmente como los catalizadores del crecimiento de la región en los mercados voluntarios; pero, contradictoriamente, no genera igual estímulo para que estos mismos gobiernos ejerzan unos mínimos de vigilancia y control que garanticen que las cosas se están haciendo bien.

Esa tendencia la predijo, desde el 2007, el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Desde entonces, ese organismo señaló a Centro y Sur América como la región con mayor potencial en reducción de la deforestación. (3100 MtCO2 al año).

De ese crecimiento en los mercados voluntarios, que florece cuanto más se marchitan los accesos en el MDL, fueron testigos periodistas de 11 países latinoamericanos que participaron en el primer esfuerzo periodístico conjunto por documentar el estado de la región en los mercados de bonos de carbono.

El proyecto de capacitación e investigación fue liderado por Consejo de Redacción (CdR) en Colombia, y es el producto de la alianza de la Asociación Brasilera de Periodismo Investigativo (Abraji), el Centro de Investigación e Información Periodística de Chile (Ciper), la revista mexicana emeequis, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), el Foro de Periodistas Paraguayos (Fopep), el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).

La iniciativa contó con el acompañamiento de expertos en el mercado de carbono y se gestó a través de la plataforma virtual del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, con el apoyo del Banco para el Desarrollo de América Latina CAF y el Programa de Estudios de Periodismo (PEP) de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

En total, participaron 39 periodistas de México, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Chile, que dedicaron cuatro semanas a inventariar los proyectos forestales en el mercado de carbono en sus países y a investigar con más detalle su operación técnica y financiera, así como las diferencias de crecimiento de América Latina en los mercados regulado y voluntario.

Los reportes individuales por país, que forman parte de esta entrega conjunta (que se pueden ver a partir del menú de navegación que contiene esta presentación), están llenos de vívidas descripciones y datos que confirman un mismo patrón: el de una región inquieta y en ebullición frente a las oportunidades de colocar su protección forestal en los mercados internacionales, pero incipiente en el desarrollo de accesos propios para posicionarse en el negocio regulado de la mitigación de emisiones.

Gordos y flacos

Vista con un lente amplificador, sin embargo, Latinoamérica refleja notables diferencias entre cada país. En el mismo bloque geográfico conviven naciones como Venezuela, cuyo gobierno rechaza con vehemencia participar en el mercado de bonos de carbono por considerarlo “mercantilista”, y otros, como Brasil, líder indiscutible en Latinoamérica y que ocupa el tercer lugar en el mundo en la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero con el siete por ciento del total mundial en el MDL, solamente superado por China e India.

Las asimetrías también afloran cuando se trata de medir el empuje que inyectan los gobiernos a la incorporación en los mercados, y la supervisión que ya se da, aunque aún insuficiente, en países como México, Chile y Costa Rica, que se vienen tomando más en serio el tema.

Los contrastes están al orden del día. Mientras Chile está sacando jugosos dividendos del llamado cambio climático, al punto de que en 2009 instauró la primera bolsa de bonos de carbono del hemisferio sur, la Santiago Climate Exchange (SCX) que proyecta  para el 2020 transacciones por más de 100 millones de toneladas de CO2 anuales, Bolivia lidera una voz disidente desde el año pasado, cuando no solo declaró que no participará en los mercados, sino que más bien exigirá la compensación económica para mitigar los efectos del cambio climático, a través de la “deuda ecológica”.

En la región también existen diferencias en cuanto al mercado interno de mitigación forestal. México, por ejemplo, puso en la palestra un esquema propio de protección llamado Programa de Servicios Ambientales. Desde el 2003, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) de ese país se convirtió en un referente internacional cuando lanzó el esquema que pretende generar beneficios a nivel local, regional y global mediante el pago directo de subsidios. La iniciativa es financiada por el gobierno federal y trabaja con la captación, infiltración y provisión de agua de calidad, y en la mitigación de emisiones generadas por deforestación y degradación forestal, mediante el secuestro y almacenamiento de carbono atmosférico. Siete años después, México sigue innovando en la adaptación de nuevos mecanismos. En la actualidad, diseña la estrategia de REDD Plus (+) que pretende promover la conservación de carbono en los ecosistemas forestales y su incremento a través del manejo forestal sustentable.

En los foros de discusión regionales sobre cambio climático, y concretamente los de mercado de bonos de carbono, no solo se discute sobre la relación financiera de los países en desarrollo con los industrializados que buscan mitigar emisiones. Los mismos países latinoamericanos tienen tratos entre ellos.

Chile, en su papel de inversionista, tiene puestos los ojos en varias zonas de la geografía colombiana y ya está participando con la compañía agrícola La Sierra, la cual adquirió en el departamento de Antioquia 27.000 hectáreas para proyectos forestales, también asociados al negocio del mercado voluntario de bonos de carbono.

Otra innovación despuntó en Argentina, con la inauguración de la primera certificadora de huella de carbono del país, en las provincias de San Juan y Mendoza. Las firmas Green Solutions, de origen chileno, y la consultora argentina Know How Wines, especialista en mercadotecnia del sector vitivinícola, emprendieron la iniciativa conjunta. Green Solutions es representante de Carbon Reduction Institute, una empresa global dedicada exclusivamente al Mercado del Carbono y al Cambio Climático, considerada una de las entidades certificadoras más importantes en la reducción de gases de efecto invernadero.

El nacimiento de la certificadora estuvo motivado en parte por los sectores productivos vitivinícola y fruti-hortícola, a razón de que, desde 2011, empezará a regir en Francia la ley Grenelle 2, a partir de la cual los productos con mayor impacto ambiental -como los alimentos y derivados- deberán informar sobre las emisiones de gas de efecto invernadero que generó su elaboración y transporte. En concreto, ningún producto alimenticio que no esté certificado con Huella de Carbono se podrá exportar a ese país. Se estima que una vez que esa norma entre en vigencia, a la brevedad será adoptada por el resto de los países de la Unión Europea.

Muralla regulada

Cuando los periodistas latinoamericanos que participaron en esta iniciativa empezaron a inventariar los proyectos forestales en sus países, detectaron de inmediato que algo estaba trabado en el mercado regulado. Se lanzaron a buscar los porqués, y regresaron a documentar una colección de reclamos coincidentes entre los desarrolladores de proyectos, las organizaciones no gubernamentales y los mismos gobiernos.

Denilson Cardoso, coordinador de deforestación evitada de la Ong Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), entidad que desarrolla el proyecto de agricultores en el sur de Brasil citado inicialmente, afirma que las dificultades para entrar al MDL son realmente grandes porque el bono generado por un proyecto forestal es considerado temporal, en cambio, proyectos de otro tipo como los hidroeléctricos son considerados permanentes. “La Unión Europea no compra bonos de carbono forestales, por eso no hay una gran demanda de inversores. Así, si no hay demanda, tampoco los ambientalistas tienen interés en crear proyectos forestales”, explicó Cardoso. La razón por la cual la UE no compra los bonos forestales, considerados bonos temporales, es que hay un riesgo de que no se evite la emisión hasta el término del proyecto, explicó el desarrollador.

Otras regiones como México documentan no solo reclamos, sino un frustrante record de intentos fallidos por ingresar al MDL. A pesar de que México es el segundo país de América Latina con el mayor número de proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio registrados ante la junta ejecutiva, la falta de financiamiento, información y tecnología ha provocado que la mayoría de esos planes se quede en las primeras etapas del proceso. Existen 124 proyectos mexicanos registrados ante la Junta Ejecutiva del MDL, sin embargo, ninguno de ellos es forestal. Un total de cinco proyectos forestales que intentaron ingresar en el mercado regulado no siguieron el proceso y se quedaron “atorados” como anteproyectos con carta de no objeción y sin carta de no aprobación. Estos buscaban mitigar 971 mil emisiones de toneladas de CO2 al año.

Los proyectos no han prosperado porque para las empresas es un proceso costoso y complejo, afirma Lucrecia Martín, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El acceso es tan complejo que solo en abril de 2010 Colombia pudo registrar su primer proyecto forestal en el MDL, luego de ocho años de trabajo. El proyecto comprende la restauración de la cuenca del río Chinchiná, una alternativa ambiental y productiva para la ciudad de Manizales y su región aledaña. Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la iniciativa consiste en la captura de dióxido de carbono a través de 4.538 hectáreas de plantaciones forestales. En total, se capturarán 7.783 toneladas anuales de CO2 y se podrán obtener ingresos hasta por 3.5 millones de dólares durante los 20 años del periodo de acreditación.

Las dificultades de acceso para los proyectos forestales en el MDL también se resaltan en Guatemala. Raúl Castañeda, coordinador de la Oficina Nacional de Desarrollo Limpio del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, recuerda que de los más de 1.865 proyectos MDL registrados en todo el mundo, solo el 0,58 por ciento pertenece al ámbito forestal. “La mayor flexibilización y menor burocratización del mercado voluntario permite llevar a cabo iniciativas de menor envergadura que no tendrían cabida de otro modo”, dice.

Paraguay es otro de los pocos países de la región con un proyecto registrado en el MDL y a pesar de eso, se considera deficiente ese resultado entre los desarrolladores locales, quienes ven en el mecanismo REDD+ una opción más conveniente. A impulsar ese viraje se dedica la organización no gubernamental Asociación Guyrá Paraguay, que asumió el desafío de empezar a ejecutar proyectos con este nuevo mecanismo.

Libertad sin reglas

Los apuros, tropiezos y exigencias para lograr gestionar los proyectos como MDL, son lo que hacen que cada vez más estas iniciativas se vuelquen al mercado voluntario, que en la región es entendido como un espacio con escasas reglas del juego. Los requisitos del MDL, por ejemplo, contemplan que la captura de carbono debe hacerse en predios deforestados que por sí solos no podían regenerarse, lo cual resulta difícil para los productores.

Un indicador de esas escasas reglas son las restricciones a la información que algunos de los promotores del mercado voluntario practican. Los periodistas latinoamericanos se toparon de frente con múltiples casos.

En Colombia, por ejemplo, como en casi todos los países de la región, el mercado voluntario no tiene un marco regulatorio. Por eso, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entidad encargada del tema ambiental, no tiene en la actualidad un inventario de los proyectos y solo suministra información con respecto a los proyectos MDL. Los proyectos inventariados por los periodistas, en su mayoría, fueron rastreados en la web, o se supo de ellos por estar ubicados en su área de influencia.

En Nicaragua, las reglas del juego están menos claras. Ese país ratificó el Protocolo de Kioto en 1999 y creó una Oficina Nacional para el Desarrollo Limpio (Ondl) en el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. La Ondl desarrolló un documento donde supuestamente detalla los procedimientos a seguir para que una persona natural o jurídica, de carácter público o privado, obtenga el respaldo gubernamental de Nicaragua para poder desarrollar un proyecto en el mercado de bonos de carbono. Sin embargo, el gobierno se niega a entregar el documento porque se encuentra “en proceso de revisión”.

Otro ejemplo. El pasado 4 de noviembre en Perú, el banco Scotiabank Perú y la empresa forestal Maderacre convocaron a la prensa para la firma de un convenio para un proyecto voluntario con el mecanismo REDD. Cuando una periodista preguntó por el monto de la transacción, los representantes de ambas empresas se negaron a entregar los montos. Abraham Cardozo, uno de los socios de Maderacre, solo explicó que se trataba de una inversión de muchos años que “todavía era difícil de cuantificar”. Sin embargo, Fiorella Ceruti, gerente de Responsabilidad Social de Scotiabank, dijo que "la inversión es confidencial debido a un acuerdo con Maderacre. “Por eso no podemos revelarlo. Las cifras están claras para nosotros, pero Maderacre nos ha pedido que no se revele”.

De acuerdo con el arreglo, Scotiabank comprará bonos de carbono por un total de 16 mil toneladas de CO2, lo cual significará la neutralización de sus emisiones durante un año. El proyecto contempla el manejo de bosques mediante la deforestación evitada en la localidad de Iñapari, en Madre de Dios.

Algunas señales sugieren que los protagonistas del mercado voluntario empiezan a ponderar la transparencia en las transacciones como generador de credibilidad y, por ende, de dividendos.

Poderosas firmas estadounidenses como Markit promueven esa cultura abiertamente. “Los registros robustos de los bonos de carbono juegan un papel clave en el diseño de los mercados (..) Pueden proveer más de la tan necesitada transparencia”, dijeron Sal Naro y Kathy Benini, de Markit, en una carta abierta enviada en diciembre del 2010 al secretario de una comisión reguladora en su país.

Markit y otras firmas con pensamiento similar pretenden entrar con fuerza en el mercado latinoamericano, pero mientras no exista un debate abierto sobre la regulación de estos mercados en la región, otras con ideas contrarias también tienen las puertas abiertas.



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