Visa para una pesadilla

A principios de 2014, llegaron a Venezuela 22 de musulmanes de Trinidad y Tobago para tramitar el visado que los llevaría a una peregrinación a La Meca, según aseguraron. Su estancia se alargó más de lo esperado y comenzaron a levantar sospechas. A la fecha, cinco de ellos siguen presos en la sede de la policía política mientras enfrentan un juicio por terrorismo.
En marzo de 2014, en
pleno auge de las protestas callejeras o guarimbas que durante el primer semestre
de ese año pusieron en jaque al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, los
disturbios –que a la postre dejarían un saldo de 43 muertos y 800 heridos–
opacaron una noticia colindante con la política y con los sucesos policiales que
ocurrieron en simultáneo: un grupo de 22 turistas musulmanes de Trinidad y
Tobago, incluyendo niños, cayó en prisión tras una redada que llevó a cabo la
policía política venezolana, el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), y
el servicio migratorio en un hotel de bajo presupuesto en Sabana Grande, una
importante área comercial del centro-este de
Caracas.
Casi dos años después,
cinco de ellos siguen en prisión y enfrentan juicio bajo cargos de terrorismo.
El Helicoide, un edificio de arquitectura de vanguardia de los años 50 al oeste
de la ciudad, pero que nunca fue terminado y hoy sirve como una de las lóbregas
sedes del Sebin, terminó alojándolos. Fue el destino final de una excursión
turístico-peregrinatoria que debía llevarlos a La Meca, Arabia Saudí.
Ese marzo de 2014,
Pitilal Dominic, Battersby Andre, Charles Wade, Luqman Asim y Deslie Leslie
estaban hospedados, junto con sus familiares, en el hotel Plaza Palace de Sabana
Grande. Su itinerario aparente de viaje se desvió cuando los cuerpos de
seguridad recibieron, según se relata en el expediente del caso, denuncias
anónimas sobre grupo de extranjeros que vivían ilegalmente en el país.
En el allanamiento que
agentes del Sebin y del Saime –el Servicio Administrativo de Identificación,
Migración y Extranjería– practicaron en sus habitaciones, fueron incautados
aparatos electrónicos, dinero en efectivo (tanto de moneda extranjera como
local), una insignia con la inscripción de la Policía Municipal de Chacao, 66
pasaportes, una guerrera color verde con un emblema de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, así como ropa e implementos de la marca 5.11, que para los cuerpos
de operaciones tácticas es lo que Nike o Adidas para los amantes del
equipamiento deportivo. Uno de los aparatos electrónicos obtenidos fue un
teléfono celular propiedad de Pitilal Dominic que, de acuerdo a lo que recoge el
expediente, contenía un vídeo y fotografías donde se observaba a los trinitarios
mientras realizaban una práctica de tiro en un polígono de la Policía Nacional.
Las imágenes fueron los
elementos claves utilizados por las autoridades para mantener en prisión y
llevar a juicio a los cinco extranjeros, junto con tres venezolanos que han sido
señalados como colaboradores de los acusados.
¿Son o solo parecen?
En el acta de
investigación del 22 de marzo de 2014 el Sebin deja constancia de que dos de los
imputados, Pitilal Dominic y Luqman Asim, registran antecedentes en su país de
origen tras ser investigados por su participación en un complot para atentar en
2011 contra la anterior mandataria de Trinidad y Tobago. La prueba clave de ello
fue suministrada por el agregado militar de la Embajada de Venezuela en Puerto
España, contralmirante Alfredo Tovar Yáñez, gracias a la cual –se señala el
legajo– se puede “afirmar que nos encontramos en presencia de ciudadanos
vinculados al terrorismo en otro país”.
El ex ministro de
Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago informó públicamente en ese momento que
tenía pruebas de que Dominic y Asim, eran parte de un complot para asesinar a la
entonces primer ministro, Kamla Persad-Bissessar. La actual administración del
primer ministro Keith Rowley también se pronunció, luego de tomar el poder en
septiembre de este año, indicando que estaban investigando el caso pero sin dar
mayores detalles al respecto.
En comunicación por
correo electrónico, Eric Jeremías, de la Embajada de Trinidad y Tobago en
Caracas, ratifica que “dos (2) de los cinco (5) ciudadanos de referencia”, a
quienes no identifica, “fueron detenidos en el año 2011 en Trinidad y Tobago
bajo sospecha de haber estado involucrados en un complot (…) para cometer actos
delictivos. En lo que a la Embajada le concierne, no se hicieron acusaciones
formales y los hombres fueron liberados posteriormente”. El representante
diplomático se excusa de dar mayores detalles para acogerse a las “disposiciones
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, especialmente los
Artículos 3, 5 (i), 36 y 38”.
Los abogados de la
defensa en Caracas aseguran que ese tema ha sido desmentido en el juicio. “Eso
se manejó a nivel de actas policiales del Sebin. Pero se trataba de información
extraoficial. No había ningún documento oficial del gobierno de Trinidad y
Tobago acusándolos. Luego sí llegó una comunicación donde se negaba que ellos
eran partícipes del atentado contra la primer ministro.”, asegura el abogado
Germán Ponte.
Los medios de Trinidad
y Tobago, cuando ocurrió el hecho, también pusieron en duda la inocencia de los
detenidos en Caracas. El periodista Mark Bassant, a través de la cadena TV6,
indicó que entre los 66 pasaportes que decomisaron durante el allanamiento en
Caracas, algunos correspondían a combatientes de otros países que luchan junto a
tropas islamistas en el campo de batalla de Siria. "El Sebin, en documento
ultrasecreto enviado al Gobierno de Trinidad y Tobago, sostiene que existe
preocupación por el hecho de que Pitilal y sus compañeros, algunos de los cuales
no fueron detenidos, quizás estaban en Siria en este momento", dijo.
En abril de 2014, tras
los arrestos, el ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, Winston
Dookeran, se limitó a decir que no le quedaba otra opción que acatar las leyes
de Venezuela y que mantendrían los esfuerzos diplomáticos para conseguir la
liberación de cinco de sus ciudadanos detenidos.
En Trinidad y Tobago
hay una larga tradición de activismo musulmán armado. En julio de 1990, un
movimiento llamado Jamaat al Muslimeen protagonizó una sangrienta intentona de
Golpe de Estado.

Los extranjeros fueron detenidos en un hotel de Caracas, tras un allanamiento durante el que les despojaron computadoras portátiles, 66 pasaportes, 102.000 dólares en efectivo y una insignia del logo de una policía local.
En octubre de 2014, el
ministro de Seguridad, Gary Griffith, admitió que al menos dos ciudadanos de esa
nación del Caribe, a apenas diez kilómetros de la costa oriental de Venezuela,
se habían unido a las filas del Estado Islámico de Irak y el Levante, el
tenebroso ISIS (por sus siglas en inglés) o Daesh (por su acrónimo en árabe).
Caracas no es La Meca
De acuerdo a las
pesquisas de las autoridades, los cinco extranjeros imputados por terrorismo
entraron al país en fechas distintas, entre enero y marzo de 2014. Algunos
tenían más de dos meses en el territorio nacional, mientras que otros apenas un
par de semanas. Todos, en cualquier caso, se las arreglaron para coincidir en el
mismo hotel de Sabana Grande y en aquella práctica de tiro en una cancha que la
Policía Nacional Bolivariana tiene en Caricuao, una zona de clase media baja al
oeste de Caracas. Se trata de una actividad recreativa algo extraña para unos
turistas corrientes.
Sus abogados sostienen
que se encontraban en el país con la finalidad de obtener a través de la Agencia
de Viaje Lina Tour, ubicada en la capital venezolana, la visa para el Reino de
Arabia Saudita y así acudir a La Meca a una peregrinación. Por culpa de las
protestas y de la disminución de la oferta de boletos aéreos en Venezuela, sigue
la versión, quedaron atascados en Caracas por más tiempo del planeado.
Una chica que se
identifica solo como Elizandra, que se encarga de llevar la comida a los
detenidos trinitarios –algo que se acostumbra en las prisiones venezolanas– y
quien dice haberlos conocido en el hotel donde estaban hospedados, explica: “Sus
planes se retrasaron por el tema de las guarimbas. Ellos llegaron, vieron que
gracias al control cambiario todo les salía barato, y decidieron quedarse más
tiempo para comprar cosas. La gente empezó a notar la cantidad de dinero que
manejaban y como los musulmanes tienen fama de terroristas de allí se agarraron.
Pero, no se encontraron planos, ni armas, ni nada para decir eso”.
Otro de los puntos que
no ha quedado claro en el juicio es cuál es el acto de terrorismo por el cuál
acusan a los musulmanes, junto con sus presuntos colaboradores venezolanos.
“¿Cuál es el delito qué cometieron? ¿En contra de quién iban a atentar? ¿Qué
estaban planificando? Si estaban planificando un acto de terrorismo, ¿dónde
están las evidencias? Son baches en los que el equipo de defensores se afinca.
“Queda claro que no hay acto de terrorismo. Si no hay acto de terrorismo, pues
el delito no se configura”, explica otro de los abogados encargados del caso,
Flavio Mayorga.

En la Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas señalan que dos de los cinco ciudadanos imputados fueron detenidos en el año 2011 en su país bajo sospecha de haber estado involucrados en un "complot".
Traición a la Patria
Tres venezolanos
también se encuentran detenidos en la sede del Sebin por aparentemente haber
colaborado con los ciudadanos de Trinidad y Tobago en sus planes “terroristas”:
Se trata de Joseph Jules, de origen haitiano con nacionalidad venezolana, quien
les ofrecía su servicio de taxista y les facilitaba la comunicación a los que no
hablaban español; José Durán, funcionario del Sebin que les ofreció la
realización del entrenamiento y la práctica de disparo en el polígono; y José
Socorro, encargado del polígono de tiro donde se realizó el entrenamiento y
funcionario adscrito de la Unidad de Operaciones y Tácticas Especiales (UOTE) de
la PNB. A los venezolanos se les imputa por traición a la patria, un delito
previsto y sancionado en el artículo 140 del Código Penal Venezolano, por el que
se prevé una sanción de hasta 30 años de cárcel, la máxima que permite la
normativa venezolana.
Según reza en el
expediente, Jules trasladó a los cinco trinitarios a un comercio donde venden
ropa y accesorios de uso táctico marca 5.11. Allí conocen a Durán, con quien
acuerdan un entrenamiento y práctica de disparo en el polígono, a través de un
contacto suyo, Socorro. En los videos incautados aparecen todos los mencionados
manejando y accionando armas de fuego.
“Cada vez que veo en
una audiencia a las esposas de los venezolanos me dicen: ‘¿Cuándo será que va a
terminar esto?’ Es una injusticia”, se lamenta Elizandra, la única persona
cercana a los extranjeros presos en el país y quien también denuncia el trato
que les han dado en El Helicoide. “Los primeros cuatro meses no me dejaron
verlos por tratarse de un caso ‘peligroso’. Muchas veces les llevaba comida y no
se las daban a tiempo. Uno de ellos debe ver un odontólogo con urgencia”,
agrega.
El representante legal
del policía nacional imputado considera que se está frente a un caso de
violación a los derechos humanos. Primero, alega, porque las familias de los
musulmanes detenidos –incluyendo a mujeres y niños– quedaron confinadas durante
diez días en condiciones “no aceptables”. Segundo, por las irregularidades
durante el proceso preparatorio del juicio. “Si un terrorista va a buscar a
alguien que lo entrene, no va a buscar a un policía nacional”, desafía el
abogado Carlos Aponte la lógica del expediente.
La defensa ha enviado
comunicados a la Defensoría del Pueblo pidiendo sentencia absolutoria y libertad
plena a los imputados por “ser clara la inexistencia de pruebas que comprometan
la responsabilidad penal en el hecho”. También en las últimas audiencias se ha
solicitado que se le dé la debida atención médica, ya que uno de los extranjeros
tiene una lesión en la espalda y otro debe padece de afecciones en la dentadura.
El juicio que enfrentan
los cinco musulmanes y los tres venezolanos es oral y público. La cuarta y
última audiencia del año se realizó el pasado 10 de diciembre. Anteriormente, el
15 y 28 de octubre del 2015, los trinitarios tuvieron derecho de palabra y
negaron ante la jueza las acusaciones por las que se le
imputa.

La comunidad islámica de Trinidad y Tobago ha denunciado xenofobia en su contra. En una oportunidad protestaron en Puerto Espala a las puertas de la Embajada de Venezuela. Foto: V.S.