Un pueblo abandonado a su suerte

Los antirretrovirales se quedan en Tucupita, la capital del estado Delta Amacuro, ubicada a 11 horas de las comunidades indígenas afectadas por la epidemia de VIH. El Estado está presente solo en costoso material POP, y de vez en cuando, en giras que más bien parecen turísticas.
Lea la primera, segunda
y tercera entrega de este trabajo periodístico: Una epidemia de sida está
diezmando a los warao, Viaje al fondo de una etnia enferma y El HIV trasmutó
hasta los matrimonios warao.
No es solo contraer la
cepa mortal del VIH-Sida y vivir a la vera de los caños que forman el delta del
río Orinoco en el estado Delta Amacuro. El estado no tiene la infraestructura
para entregar el tratamiento a los pacientes. Tampoco hay muchos médicos que los
atiendan. Cuando la persona sale positivo en las pruebas debe acudir al Hospital
Luis Razzeti, en Tucupita, para ser atendido por el infectólogo que asiste dos
jueves al mes. El infectólogo es de Maturín, capital del estado Monagas que se
encuentra a unas tres horas de Tucupita; y también atiende en Puerto Ordaz,
estado Bolívar.
Zenaida Matteus,
coordinadora de enfermería del Programa ITS/VIH en Delta Amacuro, cuenta que
antes la Dirección Regional de Salud les daba estadía de una semana a estas
personas para que asistieran a la consulta y que a veces los alojaban en un ala
del hospital. Ahora esto no funciona y cuando vienen tienen que quedarse con
familiares o amistades.
Los antirretrovirales,
que se entregan a la población de forma gratuita, llegan desde Caracas a
Tucupita los quince de cada mes y que generalmente hay una buena dotación del
medicamento.
Pero donde existe la
falla mortal es en la distribución. “Realmente nosotros le prestamos atención al
que viene porque ni siquiera contamos con vehículo para ir al hospital. Usted
sabe El Cierre, donde está la venta de comida, bueno de Volcán viniendo a
Tucupita hay unas casas indígenas y nosotros no hemos ido para allá y es aquí
mismo. Entonces realmente no se está haciendo el trabajo que se debe hacer”,
denuncia la doctora Mar Medina, coordinadora del Programa Nacional de ITS/VIH.
No hay embarcaciones
para distribuir el tratamiento en las comunidades del bajo delta. A finales de
noviembre de 2014 Medina y su equipo en el puerto de Volcán desde las seis de la
mañana. Se suponían que ya las lanchas estaban preparadas pero a las once de la
mañana le dijeron que el motor no arrancaba. La doctora rememora el
momento:
—Pero cómo si hace tres
días estaba todo bien.
—Bueno doctora si se
quiere ir con un motor.
—¡Cómo! ¿Pero tú eres
loco? ¿Con qué me auxilio después si se me apaga el motor?”.
El viaje estaba
planificado para Guayo donde entregarían 80 frascos con Viraday, uno de los
antirretrovirales.
Ante esta situación
Medina responde que los pacientes van a Tucupita a buscar los medicamentos: “Por
ejemplo hay un paciente de San José de Amacuro [una comunidad más distante que
Guayo] que cuando viene nosotros lo tomamos de transporte y le pedimos que lleve
tratamiento a los otros. Se supone que deben de venir cada mes pero ellos como
son de allá se les distribuye por hasta tres meses”.
“Los que no vienen es
porque no han asumido el conocimiento de la enfermedad, tienen otra cultura,
dicen que es brujería”, argumenta, por su parte, Zenaida Matteus

Los primeros 15 casos de VIH se conocieron en el año 2007. Ahora se trata de una epidemia en 26 comunidades del extremo oriental de Venezuela. Foto: Minerva Vitti.
El infierno queda en Tucupita
Otra es la realidad de
los caños: “Si le dices a un warao que debe buscar el tratamiento en Tucupita es
como si le mencionaras el infierno. Incluso algunos se han ido de la consulta.
No tienen dinero para el pasaje, no tienen dinero para la logística que implica
moverse”, comenta el doctor Luis José Rodríguez.
“No tenemos un
transporte para garantizar que la persona se mueva, aunque en 2009 el ministerio
facilitó 20 lanchas pequeñas para todos los centros de salud, pero hoy en día no
queda ninguna, están desaparecidas; y sobretodo porque hay desgaste de los
motores y todo eso ha afectado la movilización. Lo mínimo es que cada comunidad
tuviera su lancha, para moverse y ver si el paciente está recibiendo su
tratamiento, porque si no hay garantía de que ese doctor o enfermero pueda ir,
es mentira que ese paciente va mejorar su estado de salud”, dice Yaneth Ypuana,
directora de la Dirección de Salud Indígena, ente adscrito al ministerio del
Poder Popular para la Salud.
En lo que va de año los
médicos no han recibido tratamiento para administrar entre los que tienen VIH en
Guayo y otras comunidades. Luce inexplicable que el Programa, teniendo una lista
de las personas con VIH en los caños, y sabiendo que no cuentan con embarcación,
no haya aprovechado la oportunidad para enviar los antirretrovirales con los
doctores este julio de 2015 cuando estaban en Tucupita o cada vez que alguno de
ellos sale de permiso.
“Nuestras limitaciones
de acceso a las zonas indígenas siempre son dificultades logísticas:
movilización de recursos, médicos, medicamentos, pacientes. En este momento con
el costo de los lubricantes y los repuestos se nos ha incrementado el problema”,
se une al coro de penurias Yajaira Segovia, jefe de atención médica y
coordinadora de la red hospitalaria de la Dirección Regional de Salud.
Pese a que algunas
autoridades argumentan que los warao sí se trasladan a Tucupita a buscar el
tratamiento todo demuestra lo contrario, la realidad es otra: el warao muere por
no tener medicamentos y más al estar contagiado con una cepa más mortal que la
normal.
El riesgo del embarazo
Las warao embarazadas
con VIH tampoco están recibiendo tratamiento. En ellas el riesgo se incrementa
debido a su desconocimiento de la enfermedad, y a la falta de un control
prenatal que permita proporcionar los medicamentos específicos de acuerdo al
tiempo de gestación, y posteriormente practicar cesárea para reducir las
probabilidades de contagio del niño. Por ejemplo, las embarazadas no pueden
tomar Viraday, un antirretroviral, en las primeras 15 semanas de embarazo porque
produce malformaciones en el embrión o feto. En cambio deben tomar zidovudina y
lamiduvina, que en 2014 presentaron fallas de suministro en todo el país, al
igual que ciertos reactivos para aplicar las pruebas de VIH.
En ese momento
interrumpe una mujer warao que viene a pedir leche maternizada. Ella tuvo un
niño que diagnosticaron con VIH cuando nació. Para su segundo embarazo habían
programado una cesárea pero se le adelantó el parto y la hicieron tenerlo por
parto natural. “Los obstetras pelotean a las pacientes VIH embarazadas. Muchos
piensan que van a salir positivos, pero hay niños que han nacido y no se han
contagiado de milagro”. En el estante de al lado reposa un kit quirúrgico para
cesárea y cirugía general. Ahora el niño debe ser enviado al Instituto Nacional
de Higiene en Caracas para que le hagan el examen de reacción de polimerasa en
cadena (PCR), estudio específico para descartar el contagio por VIH.
“La gobernación nos
ayudaba a trasladar a Caracas a los bebes que nacen con VIH para los exámenes
porque la Dirección Regional de Salud no hacía nada. Les daba el traslado, todo.
Incluso llegamos a lograr que le dieran los viáticos a una secretaria del
programa para que se fuera con el grupo y se encargara de arreglar todo en
Caracas. Este año solo han ido tres y porque los padres tuvieron pagaron el
traslado”, denuncia Mar Medina.

Uno de cada tres niños warao muere antes de los cinco años. Foto: Ignacio Murga
Una combinación mortal
Zenaida Matteus tiene
las estadísticas de la incidencia del sida en el bajo delta. “En Guayo hay 58
casos de los cuales 25 reciben tratamiento”, afirma. Dice que algunas de estas
personas fueron diagnosticadas desde 2006 y que han ido al infectólogo. Matteus
prosigue: “Curiapo 9 casos registrados, Nabasanuka 9 casos, San José de Amacuro
7 casos, Tucupita 14 casos”. También dice que de 2010 a 2015 se han reportado 14
fallecidos en Guayo, y que en 2015 murieron dos en el Hospital Luis Razetti de
Tucupita, también procedentes de Guayo.
Solo basta un viaje a
estas comunidades para confirmar que muchas de las personas registradas han
muerto y que hay nuevos casos de contagio. Ha pasado un día y hay contradicción
entre los números facilitados por Matteus y las declaraciones de Mar Medina: “Yo
le puedo decir que Guayo puede que tenga alguna comunidad indemne, porque
existen comunidades donde si hay 100 familias, el 90% tiene a alguien con VIH.
Nosotros no le podemos dar la lista a la gente, qué familia ni cuál es el
nombre, pero si le podemos decir ‘hay tantos indígenas, tantos niños’. Los
médicos que están allá ahorita vinieron alarmados. Todos los que trajeron ya
nosotros los tenemos registrados, por eso es que yo me opongo a que estén
haciendo estudios en los indígenas a cada rato. Lo bueno sería que a nosotros
como nos dieran las herramientas para poder ir y evaluar, porque ¿qué hace uno
sacándole la sangre a quien ya está diagnosticado?”.
En Delta Amacuro hay
una autoridad única en salud. El director regional de salud es el representante
del Ministerio de Salud y de la rectoría de salud de la gobernación.
Recientemente el médico Martín Márquez fue designado como rector de salud en el
Delta y hasta ahora no se ha pronunciado sobre la situación de los warao. En dos
oportunidades se intentó concertar una entrevista pero por motivos de viaje y
agenda fue complicado. Del mismo modo se solicitaron cifras de personas con VIH
en Delta Amacuro a través de una dirección de correo electrónico facilitada por
la funcionaria Yajaira Segovia sin respuesta.
Según el Ministerio del
Poder Popular para la Salud para 2012 se calculaba que 110.000 personas con VIH
vivían en Venezuela. De acuerdo con Claudia Morón, viceministra de redes de
salud colectiva, había 101.867 pacientes infectados con VIH-Sida 2013. De esa
cantidad 42.936 son los que están acudiendo a recibir el tratamiento.
Estas cifras contrastan
con las de informes presentados por organizaciones no gubernamentales. Una de
estas, Stop-VIH, señala que en el país existen cerca de 220 mil personas con
VIH, de las cuales el Ministerio de Salud atiende a 44 mil que ya han sido
diagnosticadas.
En una ocasión los
doctores de Guayo necesitaban la lista de las personas VIH-positivas de
las comunidades para contactarlas y el Programa no quería dárselas. Finalmente
solo proporcionaron los nombres de la gente de Guayo y Nabasanuka.
También ha habido
fallas de coordinación. Según Matteus a veces los doctores han traído listados
sin número de cédula o a veces los indígenas se cambian el nombre.
“El bajo delta es como
una zona de guerra y en Tucupita prefieren tener un muerto antes que falte una
cédula, una fecha de nacimiento o un nombre. O incluso han exigido muestras de
sangre que deben llegar en menos de 24 horas, conociendo las dificultades que
existen con la gasolina. Caiga quien caiga el requisito debe estar completo.
Prefieren tener una ficha completa en lugar de resolver”, dice con resignación
el doctor Alfredo Silva y recuerda que en Murako murió una niña de 12 años,
porque no les dieron el tratamiento para la tuberculosis por no tener en el
momento su fecha de nacimiento.

Las comunidades indígenas están a 11 horas en lancha de Tucupita, la capital de la entidad. Foto: Minerva Vitti.
Un gobierno de un médico
En noviembre de 2012
dos médicos se disputaban la gobernación del estado Delta Amacuro. Resultó
reelecta la médico cirujano y candidata del gobierno por el Partido Socialista
Unido de Venezuela (Psuv), Lizeta Hernández Abchi. Los warao continuaron
muriendo.
Como reza en la página
de la gobernación, Hernández ya había pasado por distintos cargos en el área de
salud en la entidad: en el año 2005 fue designada directora de salud del
ejecutivo regional. Cuatro meses más tarde es nombrada Rectora de Salud y
Desarrollo Social; cargo que desempeña hasta enero de 2008, cuando “atendiendo
el llamado de su pueblo” acepta participar en las elecciones internas del PSUV
como candidata a la Gobernación del Estado Delta Amacuro.
A principios de julio
de este año la gobernadora visitó Guayo en compañía de Amado Heredia, candidato
del PSUV por el circuito uno, que comprende los municipios Casacoima y Antonio
Díaz. También iban con ella Edgar Guzmán, alcalde del municipio Casacoima; Ramón
Antonio Yánez, diputado regional; Fátima Salazar y Evaristo Rodríguez,
presidente del Instituto Regional de Atención al Indígena. Un medio de la
entidad reseñó: “A la caravana fluvial fueron asistidos, originarios de todas
partes del municipio, contando con más de 200 embarcaciones fluviales que casi
arropan las aguas de San Francisco de Guayo”. Pero al parecer ni la gobernadora
ni ninguna de las autoridades se percataron que la comunidad tenía más de cuatro
meses sin luz, tampoco funcionaban los generadores eléctricos del hospital y ni
siquiera tenían una ambulancia fluvial.
En 2013 Dalia Herminia
Yanez, diputada oficialista y coordinadora de la Comisión de Pueblos Indígenas y
Etnias del Parlamento Latinoamericano, Grupo Venezolano, dijo que en las zonas
del bajo delta había un problema muy serio. Uno de los dirigentes, Emilio
Valenzuela, había denunciado casos de VIH-SIDA. También dijo que era un asunto
casi silencioso, que nadie se escapaba de eso pero que aún no había podido
recorrer a la zona: “Han muerto indígenas de sida, pero no tengo el número
exacto de cuántos están contagiados. También de tuberculosis. A pesar que hay la
atención hay una desconexión de instituciones”. Un año después en otra
entrevista la diputada de la etnia warao declaró no tener información al
respecto, pero denunció la falta de coordinación de las instituciones del Estado
que deben velar por los derechos de los indígenas.
“A lo mejor con la Cruz
Roja hubiésemos podido frenar la epidemia pero las autoridades sanitarias y
civiles los echaron de los caños porque estaban alarmando”, señala Mar Medina.
Para 2015 el Ministerio
de Salud recibió 38 mil 705 millones 374 mil 057 bolívares, un incremento de 29%
con relación al año 2014. De ese dinero 598.752.120 bolívares se destinaron para
el fortalecimiento de los servicios regionales que atienden pacientes con:
VIH/Sida/ITS, enfermedades respiratorias, tuberculosis (TBC), asma; enfermedades
pulmonares, obstructivas y crónicas (Epoc), hepatitis y bancos de sangre; la
cantidad solo representa 1,54 % del presupuesto total.
En 2013, el presupuesto
para esas enfermedades fue de 517 millones de bolívares y se pretendía atender a
1.551.052 personas. En 2014 bajó la atención a 750.000 pacientes con 598
millones de bolívares presupuestados.
Al revisar la memoria y
cuenta de 2013 y compararla con la de 2014 se advierte el progresivo desinterés
del Estado por la suerte de los warao afectados con VIH. En 2013 existía la
Dirección Regional de Salud del estado Delta Amacuro. Dentro de sus líneas y
planes de acción para 2014 no había referencias a la prevención de VIH-SIDA en
comunidades warao ni en criollos. Dentro de sus actividades mencionan 586
consultas a pacientes con VIH/ITS/SIDA y 382 educación sanitaria sobre VIH/SIDA,
pero no identifican si los beneficiados eran warao o no warao.
Sin embargo, presentan
obstáculos que dejan por escrito la situación sanitaria y sustentan las demandas
de algunas autoridades sanitarias: falta de embarcaciones, de médicos, de
vehículos para supervisar la red ambulatoria y hospitalaria. En la memoria y
cuenta de 2014 desaparece esta dirección regional. Así sobreviven o mueren los
warao. El Estado está presente solo en costoso material POP, y de vez en cuando
en giras que más bien parecen turísticas. Ellos siempre “están planificando su
próximo viaje al bajo delta”, pero nada mejora. Y mientras tanto solo las aguas
del Orinoco lloran la muerte de este grupo indígena que continúa sumergido en
una epidemia de sida.
(*) Este trabajo es el
último de cuatro entregas desarrolladas a lo largo del Diplomado de Periodismo
de Investigación, que dicta el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) en alianza
con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

La ambulancia fluvial de la zona está oxidada y arrumada. Foto: Minerva Vitti.