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Un “compinche” preso, el otro liso en Argentina

El multimillonario esquema Ponzi de Francisco Illaramendi, objeto de un proceso judicial en Estados Unidos desde 2011 y donde se esfumaron cientos de millones de dólares de Pdvsa, fue fraguado según las autoridades de EE.UU. por egresados de la generación de 1986 del Colegio Los Arcos de Caracas, un instituto del Opus Dei. Pero justamente como por milagro, uno de sus exalumnos, amigo y socio de Illaramendi, salió bien librado de la investigación y terminó como empresario de la energía en Argentina. Su nombre: Piero Montelli.

14/11/2015 12:24:39

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En 49 páginas presentadas ante una corte en Estados Unidos en julio de 2013, el retrato que dibujan de Piero Montelli es el de un sujeto con múltiples artimañas. No solo recibió transferencias de un esquema fraudulento, sino que ayudó en su construcción y mantenimiento con la creación de empresas de papel y hasta habría tratado de tapar las trampas con falsificación de documentos. Todavía más: cuando la pirámide financiera se desmoronó, Montelli intentó poner a salvo su dinero antes de que las autoridades estadounidenses confiscaran los bienes a su amigo de la infancia y en ese momento socio de negocios, Francisco Illaramendi, presunto cabecilla de la trama.

Pero en diez meses ese retrato se desdibujó en la trastienda de un bufete del Centro Rockefeller de la ciudad de Nueva York. El 5 de mayo de 2014, el equipo del abogado John J. Carney, designado por la Corte de Connecticut como el síndico en el caso seguido contra Michael Kenwood Group (MKG), empresa financiera perteneciente a Francisco Illaramendi, en un texto no mayor a página y media, desistió del proceso en contra de Piero Enrique Montelli Torres, hasta ese instante señalado como cómplice del fraude perpetrado por el propietario de MKG, en contra de al menos unas 70 organizaciones y personas, por más de dos mil millones de dólares, entre ellas Pdvsa, estatal petrolera venezolana a quien habría estafado más de 560 millones según los documentos legales del caso.

La demanda de Carney solo se mantuvo desde entonces en contra del operador financiero de origen libanés y nacionalizado venezolano, Romeo Mouwad y su familia, quienes a través de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas recibieron recursos de los fondos de Illaramendi, pasando primero por las manos de Montelli y su casa de corretaje en Caracas, Inverplus.

“Solo 10% de lo que dice la demanda de Carney es cierto”, indica Montelli para explicar por qué su caso duró solo diez meses en la corte. En entrevista telefónica desde Buenos Aires, este contador venezolano, que se precia de mantener un bajo perfil al punto de nunca antes haber sido contactado por la prensa, niega haber entablado cualquier negociación con el síndico. Asegura que no recurrió al recurso de otros acusados en el caso, que accedieron a abrir fideicomisos a favor del representante de la Fiscalía de Estados Unidos para así evitar ir a prisión mientras se investigaba el fraude.

Montelli en cambio se duele de que el señalamiento en su contra y su relación con Illaramendi lo perjudicaron en su reputación,  así como en términos más tangibles como el tiempo que debió invertir para explicar a las autoridades de diferentes agencias de Estados Unidos cada una de las transacciones en las que se vio envuelto, y en el dinero que tuvo que pagar en los abogados para defenderse de las acusaciones en medio del esquema montado por su excompañero en el Colegio Los Arcos de Caracas, una institución educativa regentada por el Opus Dei.

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El reencuentro

Esa tarde de mediados de 2002, el reencuentro fue en Oripoto, al sureste de Caracas, una urbanización de clase media alta, compuestas por casas de uno y dos pisos, rodeada de una verde vegetación y un clima más fresco al del resto de la ciudad. El motivo de la fiesta era reunir a los excompañeros de clase del Colegio Los Arcos.

A ese sitio llegó con su chofer uno de los exalumnos. Era Francisco Illaramendi. A la larga, este chico venezolano, nacionalizado estadounidense, terminaría condenado a más de 13 años de cárcel en Estados Unidos. Pero el Francisco Illaramedi de aquella tarde era solo Pancho, el muchacho buena gente, solidario, caritativo, conversador y tan religioso que rezaba el Angelus todos los mediodías.  Para ese momento había adquirido una cualidad circunstancial que comenzó a forjarse en el verano de 1999, cuando se reunió con el presidente Hugo Chávez en Nueva York, como parte de una delegación de expertos financieros que fueron a hablar de la deuda venezolana. Esa tarde de 2003, muchos de sus compañeros sabían que estaba muy bien conectado con las esferas económicas del chavismo y que sus consejos eran escuchados por quienes manejaban las arcas de la nación, entre ellos el ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega, hoy prófugo de la justicia venezolana.

Uno de los participantes en el evento lo recuerda como si la película la proyectara en la pared del frente. Dice este exalumno que muchos se acercaron a saludar a Illaramendi. Otros, cómo él, según cuenta, mantuvieron una distancia que, sin ser hostil, buscaba proyectar el escaso agrado que les causaba la cercanía de Illaramendi con el Gobierno revolucionario. 

Entre quienes se mostraron más atentos con Illaramendi durante la velada, dice esta fuente que pidió no ser identificada, destacó Piero Montelli, hijo de un inmigrante italiano nacionalizado en 1957, dedicado a la construcción, quien junto a sus dos hermanas, su madre y su padre, vivía en un apartamento de la urbanización La Boyera, al sureste de Caracas.

“Montelli fue uno de los que más atención le brindó a Pancho. Creo que se acercaron más desde ese momento y comenzaron a hacer sus negocios. A Montelli le cambió la vida”, señala uno de los invitados al reencuentro.

Realmente Illaramendi solo estudió con ese grupo del Colegio de Los Arcos que se reencontraba esa tarde hasta sexto grado, debido a que su padre, Ramón Illaramendi, miembro del partido democristiano Copei, fue enviado como embajador a Estados Unidos en los ochenta durante el gobierno del presidente Luis Herrera Campins.

“Yo le perdí la pista a Illaramendi hasta que supe que tenía su fondo y lo contacté e hicimos las transacciones a través de la sociedad de corretaje que manejaba en Caracas (Inverplus)”, recuerda Montelli para tratar de zafarse de esa cercanía con Pancho, aunque los documentos de la corte y fuentes consultadas dicen lo contrario.

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El camino al ascenso

Montelli, tras comenzar a estudiar ingeniería en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) desertó y se cambió a Contaduría Pública, cuenta un amigo del bachillerato con quien habla muy eventualmente, pero quien prefirió reservar la identidad. Antes de culminar esa carrera laboraba en el call center del Banco Provincial y más tarde, ya con el grado de contador público, en la firma Espiñera, Sheldon y Asociados. A mediados de los noventa se movía en el pequeño mercado bursátil caraqueño con Interactivos Servicios Financieros, donde trabajó de 1986 a 1989 junto a un experto financiero como Alejandro Lara Anzola, así como con Julio César Polanco Fitzgerald, quien en la actualidad es su socio en negocios en Argentina.

Cuenta otro de los ex compañeros de clases que Montelli, tras sufrir un atraco, decidió emigrar a Canadá. Ya para entonces se había casado con Maribel Aizpun Vásquez, una joven cuyos padres eran propietarios de un pequeño colegio privado.

Regresó a Caracas y en 2003 se involucró en los primeros negocios con dólares que empezaron a realizarse en Venezuela en medio del control de cambio.  Ya para entonces parecía que la fortuna le había sonreído. “Siempre fue muy hábil y de buen olfato para los negocios”, dice la persona que lo conoció en primaria y secundaria.

“Es verdad que mi vida cambió”, responde al preguntársele por su ascenso social. “Hice buenos negocios, como muchos hicieron buenos negocios allá en Venezuela”, comenta para referirse a las oportunidades que el control de cambio y el mercado de las permutas ofreció a hombres de finanzas venezolanos desde 2003, año en que se implementó el sistema.

Los compinches

Documentos de la corte e información hallada en registros de empresas en el estado de Florida, Estados Unidos, revelan que la cercanía con Illaramendi no solo se enmarcó alrededor de MKG.  Desde abril de 2005, según la demanda impulsada por el síndico, Montelli e Illaramendi, trataron de asociarse con Manuel Oliver y Javier Marín, también ex alumnos del Colegio Los Arcos, en la junta directiva de una empresa denominada Weston International Bakery LLC, que era la propietaria de la franquicia Don Pan en Florida. 

De acuerdo con el síndico, en 2005, desde el inicio del fraude, comenzaron las operaciones de Pancho y Montelli en torno a los fondos administrados por el primero, creando una serie de empresas de papel e incluso falsificando documentos para tapar el hueco financiero. Allí se desatan los nudos de una historia común, que se rompería en 2011.

“Para 2005 yo no tenía una casa de corretaje”, apunta Montelli, quien insiste en destacar que la demanda del síndico presenta hechos exagerados para tratar de presionar la recuperación de la mayor cantidad de recursos posibles.

Como parte de su argumentación, Carney –quien, a raíz del esquema Ponzi de Illaramendi, se ha convertido en un verdadero cazador de inversionistas venezolanos– promovió como prueba el extracto del intercambio de correo del 7 de diciembre de 2006, en el que Montelli solicita la cancelación de una suma de dinero proveniente de las ganancias de los negocios de ambos, para pagar una deuda que mantenía con su suegro, quien le prestó para la compra de un apartamento. Ante esta solicitud Illaramendi respondió: “Compinche, yo hago otras transferencias que deben salir mañana. Yo puedo hacer esto por ti la próxima semana, pero solo para que quede claro, en esta operación no había dinero para ‘participación en las ganancias’. No va a haber dinero para la participación en las ganancias hasta que el otro se recupere”. Su amigo le respondió: “Yo sé que no hay una participación en las ganancias… Pero esto es parte de una conversación en la que de manera amistosa acordó enviar una actualización.... Si el problema es el título, lo llaman el lavado de dinero o una estructura financiera de un tercer mundo”. Para el síndico esa última frase fue una evidencia que Montelli sabía a lo que jugaba.

Según la información proporcionada por Carney en el escrito presentado en la Corte del Distrito de Connecticut en julio de 2013, Montelli, en el transcurso del fraude envió correos electrónicos y llamó regularmente a Illaramendi y a otros miembros y empleados MKG y High View Point Partners, la otra firma del hombre de finanzas venezolano nacionalizado estadounidense, “con el fin de negociar y ejecutar las transferencias a su nombre, los demandados y otros, y participa en otros negocios, tratos en nombre de sí mismos y de sus asociados”, entre ellos Romeo Mouwad y la esposa e hijos de este.

Dice el síndico que en ocasiones Montelli se comunicaba con Illaramendi a través de un correo electrónico personal y lo llamaba “Uniqua Backyardigan”, “nombre que deriva del viejo dibujo animado transmitido por Nickelodeon”.

Mientras esto ocurría en las conversaciones privadas reveladas en la corte, a los fondos de Illaramendi seguían ingresando recursos como los de un ex compañero de estudios, Antonio Sinopoli, quien le confió 850.000 dólares, o los seis millones de la empresa Vertra, fundada por el ex ministro copeyano de Energía y Minas, Humberto Calderón Berti, amigo de su papá, todos a la espera de un rápido y sustancial retorno.

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Pero entre diciembre de 2010 se vino abajo la pirámide que ya en diciembre de 2005, con un hueco financiero inicial de un poco más de cinco millones de dólares, se tambaleaba soportada sobre decisiones que solo lograron retardar la caída. En su derrumbe arrastró consigo pérdidas para al menos 70 personas y empresas, entre ellas la más afectada Pdvsa, que reclamó un poco más de $560 millones, la mayoría de ellos recursos provenientes de los fondos de pensiones de trabajadores y jubilados de la petrolera estatal, administrados por el ex vicepresidente de Finanzas, Eudomario Carruyo, y su cercano colaborador Juan Montes. El presidente de Digitel, Oswaldo Cisneros, desistió de reclamar más de $170 millones debido a su cercana relación con Illaramendi.

En enero de 2011, Illaramendi se hallaba bajo el cercano escrutinio de la Fiscalía de Estados Unidos y de la Security Exchange Commision (SEC, por sus siglas en inglés; el equivalente a la Comisión Nacional de Valores), pero aún así, de acuerdo con Carney, Montelli seguía cooperando con su amigo, tratando de salvaguardar recursos mientras las autoridades estadounidenses continuaban indagando. En marzo de 2011, Illaramendi se declaró culpable.

“Pancho no volvió a hablar con Montelli”, afirma una persona cercana a Illaramendi, quien asegura que el hombre, hoy sentenciado a 13 años de cárcel, no generó ninguna pérdida a Pdvsa, ni afectó a las otras personas que depositaron recursos en los fondos de MKG y HVP Partners. “Se declaró culpable porque estaba mal asesorado”, ha manifestado su padre, Ramón Illaramendi, en otras ocasiones.

El 13 de octubre de este año, la Corte del Distrito de Connecticut pidió a los abogados de la firma Baker&Hostetler, asistentes del síndico Carney, retirar los documentos del caso Illaramendi o de lo contrario serían destruidos. El sentenciado promovió el 23 de octubre una solicitud para evitar la eliminación de esos papeles porque debe revisarlos para preparar su apelación. “De pronto allí están las evidencias que comprueban las negociaciones realizadas por Montelli para salirse del caso”, comenta la persona allegada al hoy prisionero. Pero desde el otro lado del teléfono, Montelli reafirma que no tuvo ninguna negociación. Expresa que lo de Carney fue un relato exagerado para tratar de recuperar la mayor cantidad de recursos posibles. “Cómo una demanda tan extensa se resuelve en menos de un año”.

El redactor de esta nota escribió a dos de los abogados del síndico y al correo de la página de Carney, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió una respuesta acerca de las razones que llevaron a desestimar, en 10 meses, el caso contra Montelli.

Mejores Aires

El proceso contra Montelli lo siguió, aunque por un breve tiempo, al país que escogió como destino en 2011, justo cuando Illaramedi caía en desgracia: Argentina. En octubre de 2013, Carney presentó un exhorto en contra de Montelli en una Corte Mercantil de Buenos Aires. Solicitó información de migración y otros datos del contador venezolano que ya para ese momento llevaba tres años en el negocio eléctrico argentino.

Entre diciembre de 2010 y noviembre de 2013 asumió participación como directivo en tres empresas, junto a su esposa Maribel Aizpun de Montelli y su socio Julio César Polanco Fitzgerald. En 2011, acordó con el también venezolano y quien fuera su vecino en La Boyera en la época de la adolescencia, Miguel Alfredo Mendoza, asociarse para la compra de tres empresas pertenecientes a la norteamericana AES, las distribuidoras Edelap y Edes, más la generadora Central Dique, por un monto estimado en 20 millones. Pero en la actualidad, pese a que sus oficinas funcionan en el mismo edificio, Montelli asegura que ya no trabaja con Mendoza, un abogado graduado en la Ucab, con amplia experiencia en el sector de la energía eléctrica gracias a su trabajo en la transnacional Ashmore. Afirma que mantuvo en operación durante tres años una unidad generadora por la cual el Estado argentino le cancelaba un servicio. Pero como parte del convenio ya entregó el equipo a la autoridad eléctrica del sur, por lo que se encuentra en búsqueda de otros negocios. Desde agosto de 2014 no viaja a Caracas.

Montelli y sus socios venezolanos tuvieron nexos con Alejandro Ivanissevich, un empresario argentino con buena entrada al todopoderoso ministro de obras públicas en los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Julio De Vido. Sin embargo, niega cualquier vinculación con los sectores políticos argentinos o venezolanos, si bien reconoce que en Argentina todo cambia muy rápido, aunque quizás no tanto como evolucionó su caso en la Corte de Connecticut, donde pasó de ser un cómplice fundamental en una estructura fraudulenta a una persona libre de juicio o condena.