Auge y (extraña) caída de la CVA

Cuando, desde Puerto Cabello, empezaba a esparcirse el vaho de los alimentos vencidos en contenedores, también dio inicio una vasta operación de maquillaje del negocio agroindustrial del Estado venezolano. La Corporación Venezolana Agraria (CVA), siguiendo a algunas subsidiarias que la precedieron en el proceso, fue puesta en liquidación. Hasta entonces se suponía que ese ente jugaría un rol clave en la revolución agrícola, al punto que le fue confiada la mayor tajada de las empresas expropiadas por decreto presidencial, le transfirieron filiales de Pdval, y servía de plataforma para empresas mixtas con Cuba, China y otros países. ¿Qué hay detrás de su repentino cierre?
En liquidación: Ese es el final que tendrá
el emprendimiento creado por el gobierno para organizar la producción agrícola
venezolana. Se trataba de un proyecto ambicioso, de un lugar que estaría a cargo
de la gestión empresarial del Estado para desarrollar este sector, una
iniciativa con una fuerte inversión, que terminó agrupando a un conjunto
importante de empresas venezolanas y que no llegó a cumplir diez años de
vida.
Con la publicación de la gaceta
extraordinaria 5.990 el jueves 29 de julio de 2010, el Instituto Autónomo
Corporación Venezolana Agraria (CVA) inició su proceso de
liquidación.
En el mes noviembre del año 2001 nació, y el
18 de mayo de 2005 se reformó a través de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
esta corporación con aspiraciones de gigante, que funcionó para crear y absorber
compañías del Estado vinculadas con el sector agrícola, pero también para quedar
a cargo de 31,3% de las empresas expropiadas por decreto presidencial entre
enero de 2007 y junio de 2010.
Hasta el momento de su liquidación, la CVA,
con sede en Barquisimeto, estado Lara, tenía como fin, según su página oficial,
“impulsar el aparato productivo agrario, coordinar y supervisar las actividades
empresariales del Estado para el desarrollo del sector agropecuario en el país”.
Pero también había servido como plataforma venezolana de la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a través de la creación de empresas
mixtas con el gobierno de la República de Cuba.
La lista de sociedades, que formaban parte
de la Corporación, está conformada según su espacio en Internet por 12 empresas:
CVA Lácteos, CVA Azúcar, CVA Café, CVA Cereales y Oleaginosas, Centro Técnico
Productivo Socialista Florentino, Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel
Zamora, Cacao Oderí, CVA Leander Carnes y Pescados, Café Venezuela S.A., Avícola
del Alba, Empresa Mixta Socialista Leguminosas del Alba y CVA Cultivos Varios
S.A. Pero esas no son todas las que son.
Estas empresas y las no incluidas en el
grupo que la CVA reconoce oficialmente –entre ellas, algunas sociedades creadas
por la Corporación, las transferidas por otros organismos del Estado y las
compañías expropiadas que se adjudicaron al ente- se verán afectadas con la Ley
de Supresión y Liquidación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria
(CVA).
Sabor cubano
Desde enero de 2007, el Instituto Autónomo
Corporación Venezolana Agraria (CVA) había realizado inversiones millonarias
para crear compañías relacionadas con distintos productos agrícolas: carne,
cacao, arroz, leguminosas, leche y azúcar, entre otros. En un periodo de 42
meses (3 años y medio) gastó BsF. 22.433.313 ($ 10.433.471, según el cambio
oficial vigente) para lograr esto y dar respuesta a la política agrícola
nacional, a través de nuevas “empresas de producción
social”.
Así surgieron 16 compañías, creadas por
decreto presidencial y puestas a cargo de este Instituto adscrito al Ministerio
del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. La inversión más fuerte se hizo
entre 2007 y 2008, años en los que tienen su partida de nacimiento 93,75% (15)
de estas empresas. Después de este momento, que coincide con la publicación del
Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista –PPS-en el año 2007,
solo una fue creada en 2010.
En ese plan de la Nación, que establece las
políticas de desarrollo económico y social entre 2007 y 2013, se define que “el
Modelo Productivo Socialista estará conformado básicamente por las Empresas de
Producción Social (EPS), que constituyen el germen y el camino hacia el
Socialismo del Siglo XXI, aunque persistirán empresas del Estado y empresas
capitalistas privadas”.
En este tiempo y a través del mecanismo de
creación de empresas, la CVA también fue plataforma de los acuerdos firmados
entre Venezuela y Cuba, que surgieron a partir de la Alianza Bolivariana para
los pueblos de Nuestra América (ALBA). 50% de las compañías creadas desde enero
de 2007 por esta corporación, tienen como aliado a la República de
Cuba.
Las ocho “empresas mixtas socialistas” que
surgieron por esta alianza binacional poseen un modelo común: 51% de las
acciones pertenecen al Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria y 49% a
una empresa de la República de Cuba. Todas, menos una, nacieron con un capital
inicial de BsF. 53.745 ($ 24.997,7).
La que sale del molde es la Empresa Mixta
Socialista Cacao del Alba, S.A. que, aunque tiene la misma distribución de
acciones, muestra un capital inicial de BsF. 5.300 ($
1.232,6).
De este modo, la inversión total de la
alianza suma BsF. 381.515 ($ 176.216,3) por el capital inicial de las empresas.
Esta alianza binacional abarca a las siguientes sociedades: Empresa Mixta
Socialista Arroz del Alba, Empresa Mixta Socialista Maderas del Alba, Empresa
Mixta Socialista Leguminosas del Alba, Empresa Mixta Socialista Lácteos del
Alba, Empresa Mixta Socialista Avícola del Alba, Empresa Mixta Socialista
Porcinos del Alba, Empresa Mixta Socialista Pesquera Industria del Alba y
Empresa Mixta Socialista Cacao del Alba; Venezuela colocó BsF. 194.563 ($
89.866,5) y Cuba BsF. 186.952 ($ 86.349,8).
Petróleo para comer
Otro mecanismo que terminó engrosando la
lista de empresas adscritas a la Corporación Venezolana Agraria (CVA), antes de
su liquidación, fue la transferencia de compañías de un organismo del Estado a
otro. Por esta vía, se sumaron al listado cuatro empresas que estaban
relacionadas con Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) y la Productora y
Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (Pdval).
En fecha tan reciente como el lunes 31 de
mayo de 2010 (es decir, dos meses antes de que se decretara la liquidación de la
CVA), a través del decreto 7.418 pasaron a manos de la CVA: Lácteos Los Andes
C.A. (Mérida), Industrias Diana C.A. (Valencia), Productos La Fina C.A.
(Valencia) e Indugram C.A. (Valencia). A excepción de Lácteos Los Andes,
relacionada con la producción de lácteos, las otras tres empresas estaban
dedicadas al procesamiento del aceite de palma.
La transferencia fue atribuida a la
necesidad de “concentrar en un solo órgano, la adscripción de todas las empresas
públicas vinculadas al sector agroalimentario, con el objetivo de asegurar y
garantizar, el óptimo ejercicio de sus actividades dentro de las competencias
que le han sido otorgadas”.
En esos días, aparecieron los primeros
contenedores con alimentos vencidos en Puerto Cabello, estado Carabobo, que
correspondían a la cadena de comercialización de Pdval. También el jueves 13 de
mayo (esto es, dos semanas antes de que Pdvsa transfiriera a CVA empresas bajo
su control), la Asamblea Nacional había sancionado la Ley de Supresión y
Liquidación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA). Una vez
publicada en Gaceta Oficial –dos meses después-, se iniciaría el proceso que
pondría fin a la empresa que absorbió las compañías antes a cargo de Pdval y
Pdvsa. En otras palabras: la muerte de CVA ya estaba decidida pero, no obstante
ello, Pdvsa prefirió pasar sus empresas agroalimentarias a una corporación que
tenía los días contados.
Expropiadas
En su trabajo como corporación, el Instituto
Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA) no solo creó y recibió empresas de
otros organismos del Estado. Su patrimonio fue engordando al engullir un grupo
importante de compañías expropiadas por decreto y relacionadas con el sector
agrícola.
De las 48 adquisiciones forzosas a causa de
utilidad pública o social establecidas por decreto presidencial entre enero de
2007 y junio de 2010, 15 (o 31,3%) fueron asignadas a compañías actualmente en
proceso de liquidación. Todas ellas llegaron a ser parte de la
CVA.
La mayoría de las empresas fueron afectadas
por el decreto de adquisición forzosa entre 2009 (33,3%) y 2010 (46,7%), poco
antes que se imprimiese la partida de defunción del Instituto Autónomo
Corporación Venezolana Agraria y sus empresas. Solo tres fueron expropiadas en
2007: Frutícola Caripe (Monagas), el Frigorífico Industrial Barinas (Barinas) y
el Frigorífico Industrial de Carnes de Perijá (Zulia).
En 2009 pasaron a manos de la CVA: la
Sociedad Mercantil Agropecuaria Miramar (Mérida), la Sociedad Mercantil
Almacenadora Pico El Águila (Mérida), Cargill de Venezuela (Portuguesa), la
Truchicultura Valle Rey (2009) y Conservas Alimenticias La Gaviota
(Sucre).
Por último, las correspondientes a 2010
fueron: la Industria Azucarera Santa Elena (Portuguesa), la Industria Azucarera
Santa Clara (Yaracuy), la Central Azucarera del Táchira (Táchira), la Central
Venezuela y Agrícola Torondoy del Complejo Agroindustrial Azucarero (Zulia), la
Agropecuaria La Batalla (Barinas) y Molinos Nacionales (Carabobo) –la
expropiación de esta última empresa se detuvo luego de un proceso de
negociación.
Un grupo importante de este lote de
empresas, que quedó a cargo de la CVA (33,3%), estaba vinculado con la
producción de azúcar. El resto trabajaba con otros productos como: el café, el
arroz, la carne, la leche, el pescado y las frutas.
Antes de la publicación de la Ley que puso
fin a la CVA, cinco sociedades de las 15 adscritas a esta Corporación habían
iniciado su propio proceso de liquidación decretado por el presidente de la
República el 1 de marzo de 2010, antes de la liquidación definitiva del
holding.
A cinco meses del inicio del proceso, y a un
mes de concluir el tiempo establecido para la liquidación de estas cinco
empresas que formaban parte de la CVA, su historia y la de las compañías
expropiadas pueden dar una idea de lo que podría ocurrir con todas las
sociedades de la Corporación, una vez iniciada su liquidación.
Antes del punto final
Las sociedades del Estado pertenecientes a
la CVA, que en marzo de 2010 recibieron su acta de defunción (antes de la
liquidación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria), tuvieron
pocos años de vida. Entre 2005 y 2008 fueron creadas para contribuir con el
desarrollo de sectores estratégicos, principalmente el agrícola y el ganadero.
Cuatro de ellas tuvieron su origen en decretos presidenciales y sumaron un
capital inicial de BsF. 110.000 ($ 51.162,8): CVA Cereales y Oleaginosas de
Venezuela S.A., CVA Lácteos S.A., CVA Leander Carnes y Pescados S.A. y CVA
Cultivos Varios S.A.
La quinta llegó a tener como accionista
mayoritario a una empresa china. Sin embargo, poco antes de su liquidación, en
diciembre de 2008, la CVA invirtió BsF. 4.150.000 ($ 1.930.232,6) para comprar
acciones y quedarse con la mayoría de la compañía.
Para esa fecha, la Empresa Agrícola Venchi,
S.A. había alcanzado un capital de BsF. 8.300.000 ($3.860.465,1) y luego de la
compra tenía como dueños a la CVA (70% de las acciones), al Fondo para el
Desarrollo del Estado Lara (20% de las acciones) y a la sociedad china Compañía
de Cooperación Económica y Tecnológica High Star S.A. del Grupo de Granjas
Estatales de Guanxy (10% de las acciones).
De las empresas expropiadas por decreto
presidencial, cinco fueron asignadas a este grupo de compañías, que formaban
parte de la CVA y que iniciaron su liquidación en marzo de 2010.
CVA Leander Carnes y Pescados, S.A.
La Truchicultura Valle Rey, el Frigorífico
Industrial Barinas (Fribarsa), el Frigorífico Industrial de Carnes de Perijá
(Fricapeca) y Conservas Alimenticias La Gaviota (empresa que en 1997 alcanzó un
capital de Bs. 624.000.000 -$ 1.307.080) quedaron a cargo de CVA Leander Carnes
y Pescados, creada por decreto presidencial el 7 de febrero de 2007. Esta
empresa del Estado había anunciado –antes de su liquidación- que exportaría su
modelo a Ecuador a raíz de unos acuerdos firmados entre Venezuela y
Ecuador.
En el caso de la Truchicultura Valle Rey, la
Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria fue el respaldo legal bajo el cual se
llevó a cabo la medida que culminó con la expropiación de la empresa de Isidro
Rodríguez.
El decreto presidencial 6.942, publicado en
la Gaceta Oficial el 23 de septiembre de 2009, estableció de manera oficial la
adquisición forzosa de los bienes muebles, inmuebles y bienhechurías, aunque el
proceso había comenzado un día antes cuando un grupo de oficiales llegó al
sector Monterrey Alto en Mérida para realizar un proceso de inspección y
fiscalización de la truchicultura.
Solo diez meses después de esa expropiación
“originaria”, el 20 de julio de 2010, un nuevo grupo de oficiales castrenses y
funcionarios visitaron las instalaciones de la empresa, para notificar a su
personal que la Truchicultura Valle Rey ya no estaría en manos de CVA Leander
Carnes y Pescados y que pasaría a otro organismo del Estado. El hecho coincidió
con el cuarto mes del proceso de liquidación de CVA Leander Carnes y Pescados,
ejecutado por una junta liquidadora.
Hasta el momento, los propietarios iniciales
de la truchicultura manifestaron que no habían recibido oferta alguna ni, por
supuesto, pago de indemnización por sus activos.
Por su parte, el Frigorífico Industrial
Barinas (Fribarsa) y el Frigorífico Industrial de Carnes de Perijá (Fricapeca)
fueron expropiados el 21 de junio de 2007 para contribuir con el “Desarrollo
Socialista de Servicios Públicos de la Cadena Cárnica”. Un año después, el
Estado anunció la inversión en Fricapeca de BsF. 16.642.945 ($7.740.904,7) para
la “recuperación del frigorífico”.
En el caso de Fribarsa, tres meses después
de iniciado el proceso de liquidación de CVA Leander Carnes y Pescados y a tres
años de la expropiación, sus trabajadores denunciaron en junio de 2010 a los
medios de comunicación, la pérdida de 40 toneladas de carne por fallas
eléctricas en los depósitos.
CVA Cereales y Oleaginosas, S.A.
La suerte de todas las empresas no fue la
misma. Lo ocurrido con la asignada a CVA Cereales y Oleaginosas, S.A., reveló
otro destino de una empresa cuyo decreto de adquisición forzosa había sido
publicado el 12 de mayo de 2010 en la Gaceta Oficial.
Para ese momento, CVA Cereales y Oleaginosas
de la CVA llevaba ya dos meses en liquidación. Por lo tanto, Molinos Nacionales,
C.A. (Monaca) había sido asignada a una sociedad en liquidación. También fue
diferente su final, pues un proceso de negociación puso freno a la expropiación
de Monaca, compañía que hasta el momento de su expropiación pertenecía en su
mayoría al poderoso grupo agroindustrial mexicano Gruma (accionista
mayoritario), teniendo como accionista minoritario a Ricardo Fernández Barrueco
(banquero actualmente preso). “Ellos han propuesto la posibilidad de una empresa
mixta y lo estamos estudiando, pero ya en este momento eso está bajo
administración del gobierno”, anunció el 14 de julio, frente a un grupo de
periodistas, el vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua.
En septiembre de 2010 se debería completar
la liquidación de las cinco empresas adscritas al Instituto Autónomo Corporación
Venezolana Agraria y que iniciaron el proceso antes de la publicación de la Ley
que acabará con la propia CVA. Aunque en el decreto no se hace mención directa a
las expropiadas –que habían quedado a cargo de las empresas de la CVA-, su
futuro lo determinará la junta liquidadora de cada
sociedad.
Esta primera liquidación, establecida en el
decreto 7.235 del 1 de marzo de 2010, buscaba promover un sistema centralizado
para la política agroindustrial e “integrar criterios y políticas que conlleven
al cumplimiento efectivo de los objetivos de la Corporación Venezolana Agraria
(CVA) a los fines de continuar de manera eficaz con el nuevo modelo de
relaciones sociales de producción y articulación efectiva de la agroindustria
para satisfacer las necesidades de la población
venezolana”.
Ese día y en la misma Gaceta, se anunció la
creación de una empresa que cumpliría funciones similares a la CVA: la
Corporación Venezolana de Alimentos, S.A. (CVAL), que sería la “empresa matriz
tenedora de las acciones de empresas del Estado del sector agrícola, cuando para
el funcionamiento de estas se requiera una vinculación entre ellas, o sean
creadas con la finalidad del desarrollo de actividades específicas con el objeto
de dicha empresa”.
Cuatro meses después, se inició el proceso
de liquidación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria
(CVA).
Después de la liquidación
Un año, a partir del 29 de julio de 2010, es
el tiempo programado para ejecutar la liquidación de la CVA. En ese periodo
quedará establecida la suerte de los bienes del organismo, así como de sus
empresas. Una junta liquidadora, integrada por un presidente, cuatro miembros
principales y sus respectivos suplentes –nombrados por el Ministerio del Poder
Popular para la Agricultura y Tierras-; determinará su
futuro.
El artículo 10 de la Ley de Supresión y
Liquidación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA) asoma
algunas pistas de lo que le podría suceder a las compañías que formaban parte de
la CVA. Se presentan dos posibilidades.
La primera, es su supresión y liquidación
por orden de un decreto presidencial y la transferencia de sus bienes a: un
“ente descentralizado que ordene crear el Ejecutivo Nacional y cuyo objeto
principal está relacionado con actividades de producción, industrialización,
distribución e intercambio de productos alimenticios agrícolas, ejecución,
mantenimiento o rehabilitación de infraestructura de apoyo a la actividad
agrícola; así como el desarrollo de nuevas agroindustrias estatales y su
operación como casa matriz”. Es decir, un organismo creado que realice
actividades parecidas a las que tenía la empresa
liquidada.
La segunda, es la transferencia de los
bienes, derechos o intereses de la CVA, según un orden de prioridades, a cargo
del ministro de Agricultura y Tierras.
El traspaso de las empresas de la CVA a otro
organismo del Estado o su posible liquidación ocurrirá en los próximos meses.
Será entonces cuando se sabrá lo que sucederá con cada una de las compañías que
se fueron sumando a una corporación que buscaba ser un gigante empresarial a
través de transferencias, creación de sociedades o empresas expropiadas: el
Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA), completando así un
cambalache empresarial, que suma ya varios millones de
Bolívares.