Sammy Sosa “puyó” un negocio con una empresa pública

El ex grandeligas dominicano vendió a clientes venezolanos la quimera de una inyectadora sin aguja. La tecnología se mostró poco confiable y si llegó a los puertos del país, nunca sirvió a los pacientes del municipio San Francisco del estado Zulia. Pero dos embarques de la mercancía dieron acceso a un grupito al paraíso de los dólares preferenciales que obtuvieron, nada más y nada menos, que a través de una suerte de empresa de maletín del gobierno del alcalde Omar Prieto.
Funcionan
como una pistola de aire. El sistema de inyección sin aguja se creó hace más de
diez años en Alemania y llegó finalmente a Estados Unidos después que el ex
jugador de grandes ligas, el dominicano Sammy Sosa, comprara esa patente a fines
de 2012. En apariencia, es como un bolígrafo que lleva en su interior un resorte
con mucha presión que dispara el líquido con tal potencia que penetra la piel
sin necesidad de alguna aguja. Una revolución médica que evitaría el trauma
sicológico de niños y algunos adultos. El propio Sosa, cuando anunció su
incursión en el negocio en enero de 2013, dijo que lo hacía movido por la
oportunidad que percibía para ayudar a la gente: “Veo muchos usos para
dentistas, pediatras, diabéticos, gente alrededor de todo el mundo”, fue la
frase que le atribuyó el boletín de prensa que se distribuyó para el
lanzamiento, y del que se hicieron eco numerosos medios en Estados
Unidos.
Pero para
cuando hacía el anuncio, ya Sammy Sosa había vendido un primer embarque de
inyectadoras en Venezuela, no en Estados Unidos. Los dispositivos llegaron a
Venezuela a finales de 2012 tras la compra que hizo una empresa recolectora de
basura del municipio San Francisco –sur de Maracaibo, capital del estado de
Zulia, extremo occidental del país–. Sí, recolectora de
basura.
Un grupo
de empresarios y funcionarios radicados en el municipio aprovechó la importación
de esta novedad para conseguir acceso a las ventajas que ofrece el diferencial
del régimen de múltiples tasas de cambio, que entonces controlaba la Comisión de
Administración de Divisas (Cadivi).
En 2012
se vieron las caras en un aeropuerto los empresarios Julius Jessurun Arenas y
Pablo Ledezma. Jessurun, un empresario marabino acostumbrado a importar equipos
médicos a través de la empresa Inmeoca, le contó a su viejo conocido que estaba
sorprendido por la presentación que le había hecho su amigo José Sosa, el
hermano del ex beisbolista dominicano, en Miami, Florida, de la nueva tecnología
que se proponía comercializar en todo el continente.
Poco
antes, el 17 de julio de ese año, Sosa había registrado Riverhead Florida, LLC y
pronto registraría también Injex21, una combinación de las iniciales del sistema
de inyección y el número que usó durante muchos años en las Grandes Ligas del
béisbol y sobre todo durante esa extraordinaria temporada de 1998, cuando, con
el uniforme de los Chicago Cubs, disputó cabeza a cabeza con Mark McGwire no
solo el título de jonroneros de la Liga Nacional sino el longevo récord de todos
los tiempos para una campaña, impuesto en 1961 por el legendario Roger Maris de
los New York Yankees, que ambos rompieron. Desde entonces Julius Jessurun se
convirtió en el distribuidor exclusivo de ese producto en Venezuela a través de
un documento firmado por Robert Miller, director de la
compañía.
Para
octubre de 2012, cuando Julius Jessurun hizo la primera compra de las
inyectadoras, el precio del dólar en Venezuela era de 4,30 bolívares mientras
que en el mercado paralelo se cotizaba en 14 bolívares. Con una brecha de tres
veces el precio del controlado en el mercado abierto, resultaba un negocio
sencillo y de alta rentabilidad el de conseguir acceso a las divisas a precio
preferencial y venderlas en el mercado negro.
Jessurun
tenía la autorización de comercialización exclusiva, y ahora necesitaba el
dinero para comprar en grandes cantidades. Cada una de las inyectadoras tiene
precios de 650 dólares, pero es necesario comprar accesorios que aumentan la
suma a 1.000 dólares por unidad. Comprar el producto al mayor implicaba hacer
una gran inversión cuyos montos Jessurun no tenía. Pero sabía cómo
conseguirlos.
Pablo
Ledezma Naranjo, el hombre que coincidió con Jessurun en el aeropuerto, es el
Presidente de una contratista llamada Ingeniería, Proyectos y Vialidad C.A.
(Inprovial), cuya sede está ubicada en el piso cuatro del edificio General de
Seguros, avenida Bella Vista de Maracaibo, estado de Zulia. Su empresa se fundó
en 2002 y tiene, en promedio, tres empleados, además de un capital pagado de un
millón de bolívares. Llevó contratos con varios organismos del Estado de 2006 a
2012. En San Francisco se encargó de la construcción de cloacas y de aplicación
de contenedores. Tiene contratos con la alcaldía de Lagunillas, también en
Zulia, y con la Gobernación de ese estado. Hizo obras por petición de la
alcaldía del municipio Baralt y también hizo unos trabajos de asfaltado por
orden del Metro de Maracaibo. Hizo además más de 200 viviendas en el municipio
Baralt gracias a un contrato que tuvo en 2009 con el Ministerio de Obras
Públicas y Vivienda.

El prototipo de inyectadoras especiales que aun ofrece la empresa Injex21 en su página web. Foto: Injex21.com
Entre
2004 y 2012, Cadivi otorgó a esta empresa 1.327.951 dólares. De acuerdo a la
data de Importgenius.com, la empresa venezolana importa productos desde Estados
Unidos por transporte aéreo. Además de eso, Pablo Ledezma, para 2012, tenía
contacto directo con la Empresa Socialista Sanitaria del Sur. Siendo un
empresario privado y sin tener ningún cargo público, actuaba como un
funcionario. Así que Ledezma y Jessurun acordaron que, para comprar las
inyectadoras sin aguja, pedirían dólares preferenciales al Gobierno a través de
esa empresa municipal.
Triple play
Maracaibo
es la segunda ciudad más poblada del país y está administrada entre dos
municipios: Maracaibo y San Francisco. La primera es coto de Eveling Trejo de
Rosales –esposa del ex candidato presidencial opositor, exgobernador del estado
de Zulia y exalcalde, Manuel Rosales– y la segunda por Omar Prieto, una ficha
importante en las filas del chavismo regional que hoy aspira a ser diputado a la
Asamblea Nacional.
El
20 de julio de 2010, el alcalde Prieto publicó un decreto en la Gaceta Municipal
número 269 en la que anunciaba la creación de la Empresa Socialista Sanitaria
del Sur Compañía Anónima (Esosasur) con la colaboración de la Corporación para
el Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia). La empresa se dedicaría a la
recolección de basura en la región, además de la clasificación y el reciclaje.
El Registro de Información Fiscal de la Empresa estuvo vigente hasta el 28 de
enero de 2014. Pedro Herrera era su director general y Nectario Villalobos su
director ordinario, designado por el propio alcalde.
Poco
después, el mismo Pedro Herrera, en representación de la empresa, firmó un
convenio con Lesbia Candelaria Sánchez Barrios por ser ella la presidenta de la
Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Se llamó “Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre CVG Internacional, C.A. y la Empresa Socialista
Sanitaria del Sur, C.A., y se basaba en que CVG iba a gestionar toda la
documentación de Esosasur en el proceso de solicitud de divisas ante Cadivi a
cambio de una comisión. Así, el primer pedido a la CVG se hizo el 27 de
noviembre de 2012. Este procedimiento es legal y uno de los objetivos de la
subsidiaria de CVG desde su creación.
En
el documento, firmado por Herrera, se hacía esta solicitud de procura
internacional: dos mil 964 inyectadoras sin agujas, además de ampollas,
transportadores y adaptadores que se comprarían a Riverhead Advisors, único
represente de tales agujas en Estados Unidos y
Latinoamérica.
Pedro
Miguel Herrera Hernández y Pablo Rafael Ledezma Naranjo son amigos. De todo este
proceso tenía conocimiento Jessurun, representante original del producto.
Esosasur, que no manejaba presupuesto para importar o exportar, hizo la
solicitud sabiendo que el dinero necesario para comprar las agujas, en
bolívares, provendría de Jessurun. Era una inversión en la que todos resultarían
ganadores: a Jessurun le quedaba una ganancia al vender sus agujas, Ledezma
tendría comisión por facilitar la empresa, y la CVG, en apariencia ignorante de
todo proceso, tendría su comisión legal.
El
12 de diciembre de 2012, la CVG Internacional hizo su pedido a nombre de
Esosasur bajo el número 120002132. La empresa solicitaba 30 cajas de
inyectadoras libres de aguja –2.964 unidades–, 50 cajas de ampollas –2.964
unidades–, 20 cajas de transportadores –2.220 unidades–, 60 cajas de tres tipos
de adaptadores –744 unidades– y 50 cajas de accesorios –1.482 unidades–. La
cuenta total, en bolívares, fue de un poco menos de 16 millones de bolívares, y
al cambio en 4,30 bolívares, el monto superó los dos millones 700 mil
dólares.
Una
vez que la CVG Internacional completara la solicitud, se debían hacer los
depósitos bancarios en bolívares para que se pudiera tramitar la solicitud de
divisas a precio preferencial, pero ese dinero no salió de Esosasur.
Tanto Julius Jessurum como la empresa de Sosa buscaron el dinero. En este
caso, Juluis puso una cantidad e Injex 21 el resto, cerca de 240 mil dólares.
Esos 240 mil dólares se cambiaron al precio del paralelo, para entonces por un
valor de 14 bolívares, y se introdujeron en las cuentas del Banco del Tesoro y
el Banco de Venezuela de la CVG
Internacional.
Jessurun fuera de base
Poco
antes de hacer esta compra, llegó al país una pequeña cantidad de inyectadoras a
modo de muestra. Andrés Almeida, farmacéutico, explica que cuando las tuvo en
sus manos las evaluó y remitió a un endocrino, que trató de probarlas con sus
pacientes. Cuando los médicos tuvieron una conclusión, Jessurum rechazó el
negocio: la presión de las inyectadoras hacía que el vidrio estallara y la
velocidad del viaje del líquido no permitía saber a dónde llegaba, es decir, si
el medicamento aplicado se quedaba en la epidermis, la dermis o llegaba más
lejos. Cuando las nuevas
inyectadoras fallaron en pasar la prueba, ya Jessurun había depositado bolívares
en las cuentas de la CVG para el cambio al dólar preferencial. Era diciembre de
2012.
A finales
de 2012 todo parecía correr rápido. El 21 de diciembre Liliana Arias,
especialista en Comercialización de la CVG, envió un correo a Herrera y a
Villalobos explicando que habían hecho el pago fraccionado y no total del monto
a cambiar por dólares preferenciales. Requería el pago completo lo más pronto
posible. Pues bien, ese correo se envió también a Pablo Ledezma y Ledezma lo
rebotó a Julius Jessurun.
El temor
que Jessurun sentía al ver su inversión en algo parecido a la chatarra, lo
manifestó a su amigo José Antonio Sosa, su proveedor, y a Ledezma, su comprador,
pero este último le brindó tranquilidad al decirle que igual compraría las
inyectadoras, aunque no sirvieran. Y de hecho se compraron. Fueron enviadas a
Venezuela el 23 de enero de 2013 a través de la empresa Interamerican Export
según el recibo número 18668.
Consumada
la compra exploratoria, Jessurun fue dejado a un lado para la siguiente
negociación y Ledezma decidió tratar de manera directa con los hermanos Sosa.
Para la segunda compra, otra vez a través de CVG Internacional, ya no estaba
Jessurun. Esta compra entró en proceso el 3 de marzo de 2013, según la orden de
compra número 120002250 de la CVG.
Ni los
hermanos Sosa ni Pedro Herrera respondieron a la solicitud de entrevista para
este reportaje. En cambio, Nectario Villalobos se mostró muy interesado en dar
detalles.
Desde
agosto de 2013, Nectario Villalobos es el presidente de Sanear, el organismo de
recolección de basura y vertederos del estado de Nueva Esparta (provincia
insular en el Caribe). Antes de eso estuvo en los estados de Trujillo, Bolívar,
Anzoátegui, Miranda y Lara. Cuando en 2010 se fundó Esosasur,
Villalobos fue miembro de la directiva, integrada también por Rebecca del
Gallego y Richard Guanipa, entre otros. Según él, estuvo en esa directiva hasta
septiembre de 2012 y ya en octubre estaba al frente de las labores de
construcción del vertedero Cambalache, en el estado de Bolívar. Efectivamente,
para los primeros días de octubre de ese año ya Villalobos aparecía en las notas
de prensa como el hombre que cambiaría el botadero de Cambalache en un vertedero
sistematizado.
Villalobos
asegura que la Empresa Socialista Sanitaria del Sur se creó con el propósito de
entregarle la administración del vertedero La Ciénaga, que está ubicado en el
municipio Lossada pero que sirve a Maracaibo y San Francisco. Por eso, ya para
2011 Esosasur no era una empresa operativa. Tampoco tenía presupuesto ni
manejaba nómina, por lo tanto, según Villalobos, no tenía dinero en sus
manos.
Aunque
reconoció conocer a Pablo Ledezma, aseguró que él no formó parte de Esosasur.
“Es solo un empleado del municipio”. Se mostró extrañado e incluso sorprendido
con el tema de la importación de inyectadoras, porque según su experiencia, “una
empresa dedicada a administrar un vertedero no tendría que importar agujas a
casi 1.000 dólares”. Dijo desconocer todo movimiento al
respecto.
Pero los
documentos dicen lo contrario. No solo Villalobos mantenía contacto con Pablo
Ledezma, sino que para la CVG internacional seguía siendo uno de los directivos
y conocía muy bien el proceso de importación de las
inyectadoras.

Los dólares preferenciales fueron solicitados para una empresa pública de la Alacaldía de San Francisco, encabezada por el primero en la lista de candidatos a diputados que postuló el chavismo en el estado Zulia
El 17 de
enero de 2013 –Cuando ya Villalobos tenía más de un año de haber salido de
Esosasur–, la especialista de la CVG, Liliana Arias, le escribió un correo a
Nectario Villalobos y a Pablo Ledezma en el que explicaba que necesitaba el pago
completo de la transacción y no de forma fraccionada.
Tres días
antes Villalobos le había escrito un correo pidiendo que procesaran la orden con
el monto depositado hasta ese día, que era superior a los seis millones de
bolívares. “Y por favor, notifiquen a proveedor para que hagan los cambios
necesarios”. Villalobos participó, según los correos, en la segunda compra de
las inyectadoras.
Jessurun,
Ledezma y Sosa ya no tienen relaciones comerciales porque, durante la segunda
compra de las inyectadoras, el proveedor y el comprador sacaron del juego a
Jessurun, que era el distribuidor exclusivo para Latinoamérica. Cuando Julius
entendió la situación, demandó a la empresa de Sammy Sosa y exigió las
comisiones que le habrían correspondido como distribuidor en esa segunda compra.
Desde entonces, los documentos de todo el proceso reposan en el Circuito
Judicial del estado de Florida, en Estados Unidos. A Jessurun le pagaron su
comisión con la condición de retirar la demanda y abstenerse de ventilar el tema
por la prensa.