Contratistas internacionales participaron en la (pre)fabricación de elefantes blancos

Pero los convenios internacionales para la construcción de casas prefabricadas, una de las alternativas a las que el Gobierno chavista ha echado mano como respuesta rápida al déficit habitacional en Venezuela, no han funcionado del todo: los incumplimientos de contratistas extranjeras y las fallas de planificación, control y seguimiento de parte de las autoridades venezolanas, han dejado como resultado muchas vigas y pocos techos, y amplios terrenos desmalezados sin viviendas. Para esta fecha, debían estar listas más de 30.000 casas de ese tipo a través de la ejecución de cuatro alianzas binacionales, pero hoy los avances no alcanzan ni la cuarta parte de lo estipulado.

Los ingentes recursos en juego, la frágil contraloría, el apremio y la asignación de proyectos a dedo, conformaron juntos un bocado jugoso para la corrupción.

Nada más en marzo pasado, en el marco de las indagaciones que autoridades españolas adelantan por el presunto lavado de dineros negros por parte de exfuncionarios venezolanos en la Banca PrivatD’Andorra y su filial Banco Madrid, el nombre de la contratista Essentium figuró en un reportaje del diario español El Confidencial que cita a la compañía, con base en un informe de inteligencia de junio de 2013 de la Policía Nacional de ese país, de pagar comisiones millonarias para la adjudicación de contratos públicos de construcción en Venezuela. “Los movimientos bancarios sin duda evidencian el uso de maniobras habituales de blanqueo”, afirma el diario, citando a una fuente.

Essentium es un conglomerado de cementeras y materiales para la construcción, que se ha extendido al sector inmobiliario en épocas recientes. A su cabeza aparece Susana Monje, hija del empresario Valentín Monje, ambos –siempre según los medios españoles– fichas cercanas al clan de Jordi Puyol, el presidente de la Generalitat catalana que ahora pasa apuros bajo señalamientos de evasión de impuestos y corrupción. Susana Monje es además tesorera del FC Barcelona y considerada mano derecha de Sandro Rosell, ex presidente del Barca, procesado ahora por el llamado Caso Neymar y señalado por prácticas corruptas, en combinación con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Texeira, cuando Rosell fue presidente de la marca deportiva Nike en Brasil.

Essentium consiguió un contrato a finales de 2011 para la fabricación de 3.662 viviendas de interés social en Santa Teresa del Tuy (estado Miranda). Solo durante tres meses de 2012, El Confidencial rastreó depósitos de Pdvsa, la estatal petrolera venezolana, a una cuenta de Essentium en el Banco Sabadell de Cataluña por 92,6 millones de dólares.

Pero de esas viviendas, que según el contrato debieron estar terminadas para mediados de 2013, hoy solo hay un poco más de 200 construidas en el sector El Triplex de los Valles del Tuy, como admite el ministerio del área en declaraciones oficiales.

Essentium también figura en el informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) de España –cuyo contenido se filtró por varios medios españoles– como fuente de sobornos para ex funcionarios venezolanos, como el ex director de los servicios de inteligencia de Venezuela, Carlos Aguilera, de hasta 4,8 por ciento del costo de un contrato para la rehabilitación de la Línea 1 del Metro de Caracas.

El caso no está siendo visto por la justicia venezolana. Por ahora apenas aflora en la prensa española. Pero, entre tanto, otros proyectos para la fabricación rápida de casas, con contratistas internacionales, se han convertido en prematuros elefantes blancos, en motivo de frustración para las familias que esperaban contar con viviendas propias, y en materia de atención para organismos jurisdiccionales en Venezuela.

Una de estas historias empieza en Tinaquillo, estado Cojedes –en la región llanera central del país, patria chica de la primera combatiente, Cilia Flores–, donde el expresidente Hugo Chávez presentó hace casi una década el primer modelo de casa uruguaya prefabricada como una solución para el déficit habitacional.

Hoy, voceros comunitarios de la localidad como Martín Garza, del Observatorio Cojedeño de la Violencia, y el concejal Juan Carlos Villegas, dan testimonio del cementerio de casas incompletas en distintas zonas de la entidad, a la vista de todos, como recuerdo de la promesa de las 12.193 viviendas que la empresa uruguaya Unión Metalúrgica Industrial del Sur S. A. (Umissa) debía instalar en territorio venezolano. “Nosotros las llamamos las casas de cartón”, dice Garza, quien denuncia el agrietamiento de algunas. La propia gobernadora de Cojedes, Érika Farías, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se vio en la obligación, en agosto de 2014, de anunciar la refacción de las pocas unidades que se levantaron bajo el proyecto. “Fueron 500 casas que se iban a hacer, se concretaron 300 y quedaron un conjunto de familias sin la casa y otras con la casa mal hecha (…) Ya hoy están reconstruyéndose 278 y vamos a seguir porque lo hemos asumido como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela”, declaró. Tres años antes, el discurso oficial garantizaba calidad: María Elena Villaquiran, presidenta del Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural (Indhur) de Cojedes, destacaba la adaptabilidad al clima y durabilidad de los kits uruguayos.

El acuerdo binacional fue anunciado por el Gobierno en 2006 para su ejecución en distintas regiones del país, en el marco de la campaña de sustitución de ranchos por “casas dignas”. Cojedes, una de las regiones más pobres del país, sería el epicentro de la experiencia.

El Registro Nacional de Contratistas del Estado (RNC) reporta trabajos incompletos de instalación de viviendas con material uruguayo, principalmente por parte de empresas que funcionan bajo la figura de cooperativas. Benjamín Villegas, representante de la Asociación Cooperativa Constructrans del Sur, del estado Apure (llanos suroccidentales de Venezuela), asegura que la instalación de cada casa tardaba, en los planes, aproximadamente 22 días, pero que ellos recibían la totalidad de las piezas con tres o cuatro meses de retardo. Manuel Velázquez, de la Cooperativa Lovirpa, explica algunos cambios en el proceso ante ese problema, como el uso de techos nacionales de acerolit (lámina compuesta por dos películas de aluminio y asfalto líquido) para sustituir las tejas uruguayas que no llegaron. “Faltaron piezas de baño y hubo que adaptarles otras. También tuvimos que mandar a hacer nosotros las tapajuntas, que son como una chapa de madera que se coloca en forma de columna donde coinciden las paredes”, explica.

Ambas experiencias corresponden a contratos desarrollados entre 2011 y 2012, aunque el problema se advertía desde 2009, cuando la Contraloría General de la República (CGR) develó que solo 11 de los 12.000 kits habían sido entregados pese al desembolso de 45,47 por ciento de los recursos. No había documentación suficiente sobre el avance del proyecto, ni coordinación entre el Ministerio de Vivienda y Hábitat, y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), para la nacionalización de la mercancía. La Contraloría determinó, además, debilidades de planificación, seguimiento y control técnico-administrativo de las contrataciones y de la ejecución de los proyectos. Por eso, contratos –por ejemplo– para la construcción de 260 viviendas en Charallave y Santa Lucía (estado Miranda, en el centro norte del país), 130 en cada zona, que se desarrollaban a finales de 2011, solo fueron ejecutados en 25 por ciento, en un caso, y un magro uno por ciento en el otro.

La cantidad de viviendas prefabricadas que el contratista uruguayo debía entregar se ajustó entonces a la baja, de 12.000 a 8.110 kits, por medio del Addendum III al contrato, incorporado el 14 de agosto de 2009. Sin embargo, se conservaba el monto inicial de la inversión, 155 millones 467 mil dólares, bajo el compromiso de que Umissa asumiera el desembarque, transporte, almacenamiento, distribución y asesoramiento de montaje de los kits. Pero la Contraloría General de la República hizo un nuevo llamado de atención por ineficiencia en su informe de 2013: para 2011, año de culminación del contrato, solo 7.180 kits habían sido entregados y la mayoría, 5.030 de ellos, estaban incompletos. Al momento de la fiscalización, apenas 1.473 viviendas estaban terminadas. La inspección también halló losas incompletas con fisuras y granos, y materiales deteriorados e inservibles. Frente a este panorama, el Ministerio de Vivienda y Hábitat rescindió unilateralmente el contrato en julio de 2013, aunque la contratista uruguaya defendió su participación ante los medios –a través de su gerente general, Gastón Tealdi– alegando retrasos portuarios y de instalación de los kits en Venezuela. El Estado gastó 122 millones de dólares –casi 80 por ciento del pago– en un acuerdo incompleto con viviendas de mala calidad.

Las consideraciones del vocero uruguayo no estaban del todo desatinadas. Si bien la Memoria y Cuenta de 2010 del Ministerio de Vivienda y Hábitat garantizaba nuevos mecanismos para el retiro oportuno de los contenedores del puerto, el documento reconoció otras fallas de planificación de parte de Venezuela: algunos de los terrenos seleccionados para la colocación de las viviendas no tenían la capacidad de albergar la cantidad estipulada y en otros casos requerían una adecuación previa, lo cual no estaba incluido en el presupuesto ni en los cronogramas, y retrasaba la continuidad de las obras.

A pocos kilómetros de los vestigios del frustrado convenio con Uruguay, en la misma población de Tinaquillo, fue inaugurada en 2012 una planta de estructuras metálicas para la construcción de unidades habitacionales, en el marco de una alianza con la República Islámica de Irán. “De la fábrica sale el kit completo de acero galvanizado para viviendas de 80 metros cuadrados”, explicó el entonces ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, hoy vicepresidente para la Planificación y el Conocimiento, y marido de la directora del canal TeleSur, la periodista colombiana Patricia Villegas.

Esta planta y otras dos más ubicadas en Cabimas, estado Zulia (sobre la costa oriental del Lago de Maracaibo), y Temblador, estado Monagas (llanos orientales de Venezuela), instaladas bajo el amparo de un acuerdo de 14,1 millones de dólares, debían producir 8.544 kits de viviendas para septiembre de 2013, pero el informe de 2014 de la Contraloría General de la República precisó que solo se produjeron 180, o solo dos de cada 100 planificadas. A Tony Tovar, abogado de la empresa canadiense Novatech, no le sorprende el déficit: hace un año había denunciado la adquisición irregular de equipos para estas plantas por parte del Estado venezolano a través de la compañía contratista iraní Tarasazeh Tabriz.

En febrero de 2012 Tarasazeh subcontrató a la canadiense Novatech para el suministro de equipos para las tres fábricas, por 3,5 millones de dólares, de los que la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela S. A. (Corpivensa) transfirió, ese mismo año, 2,8 millones de dólares de manera directa a Novatech. Y no hubo más pago: los persas de Tarasazeh decidieron rescindir el contrato y pedir la devolución del monto depositado, medida rechazada por los canadienses, quienes abogan por finiquitar el acuerdo. La disputa está hoy a cargo de la justicia venezolana, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitiera en mayo de 2012 una querella en contra del presidente de Novatech. Tovar asegura que los cambios en las negociaciones de Tarasazeh obedecieron al propósito de la contratista iraní de adquirir otros equipos obsoletos, a menor costo.

Hamid Fazel, representante de Tarasazeh Tabriz, afirmó a finales de 2013 al diario El Universal que su empresa había traído al país equipos iraníes para la edificación de las plantas y que su traslado supuso escalas en Turquía, Alemania y Estados Unidos. Pero una serie de facturas exponen otra cosa: maquinarias y piezas metálicas fueron compradas por la contratista persa a la compañía canadiense Industrial Equipment Designs Inc. para Corpivensa. El director de esa empresa, Dinesh Mangal, confirmó, vía telefónica, la venta para Venezuela –a través de Tarasazeh– de equipos para la construcción de viviendas en 2012, pero no dio mayores detalles: “Toda la información sobre el contrato es confidencial. Si necesita información acerca de la maquinaria y el precio, por favor póngase en contacto con el señor Fazel”. Se envió una petición de entrevista al representante iraní, que no obtuvo respuesta.

La irregularidad de esas adquisiciones se vislumbraba ya en agosto de 2012, cuando la coordinadora de importaciones de Corpivensa envió un correo electrónico a la abogada de Tarasazeh, preocupada –decía en el comunicado– por el arribo a Puerto Cabello (principal puerto de Venezuela, en el estado Carabobo, centro-norte del país) de contenedores sin la debida documentación. Los equipos fueron transportados, según facturas de embarque, por vía marítima desde Toronto (Ontario, Canadá), a pesar de que la empresa iraní pidió en mayo de 2012 un anticipo de 20 por ciento del contrato por el alegado traslado aéreo de la mercancía. En total, fueron tres envíos, con dos contenedores cada uno, desde Canadá hacia Venezuela.

Hoy las plantas construidas con esos materiales no producen ni cerca de lo prometido, 60.000 viviendas al año. La Contraloría, por su parte, encontró fallas en materia de ingeniería y operación de las máquinas. “No se cumplió con las fechas programadas para el suministro, instalación y puesta en marcha de la línea LSF en la planta Los Cabimos y de las otras dos plantas, Tinaquillo y Leonarda Rivas, no se generaron actas de control perceptivo al momento de recibir los equipos, ni se definieron hitos de control para el seguimiento de la ejecución física de la instalación de las líneas de producción”, señala el reporte de la Contraloría General de la República de 2014.

Mientras tanto, el abogado Tovar insiste ante Corpivensa para que reciba las máquinas –ya pagadas en 80 por ciento– de su cliente, la canadiense Novatech. “Nosotros queremos terminar nuestro trabajo, pero sabemos que recibir estos equipos sería reconocer que los otros no sirven”, dice.

En los Valles del Tuy del estado Miranda –región que se ha convertido en aliviadero industrial y ciudad dormitorio de Caracas, a una hora de la capital venezolana–, el gobierno inició en 2011 la construcción de 12.512 viviendas y dos plantas de elementos prefabricados, esta vez con un aliado europeo: Portugal. Las fábricas fueron inauguradas al año siguiente con una capacidad de producción de paneles y losas suficientes para el levantamiento de 8.500 viviendas al año, según reportes del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Pero la primera meta de construcción de casas aún no se cumple: el Registro Nacional de Contratistas apunta un avance de apenas 33 por ciento de los trabajos, aunque su fecha prevista de culminación era noviembre de 2014. Los proyectos habitacionales consisten en 4.260 viviendas para el conjunto Ciudad Zamora, en Cúa, y 8.260 para el conjunto Lomas de Guadalupe, en Ocumare del Tuy. En 2014, el Grupo Lena –que ha aparecido en la prensa portuguesa en vinculación con el escándalo de presuntos pagos furtivos al ex premier José Sócrates– entregó 1.260 apartamentos entre los dos urbanismos, que, junto a los 840 completados en 2013, suman 2.100 viviendas listas.

El retraso, según el director general de la compañía portuguesa Grupo Lena, Cardoso Marques, se debe a problemas iniciales con la adquisición de cemento y a retardos en los pagos del gobierno. “Pero ya está todo controlado. Avanzamos a buen ritmo. Tenemos una relación muy cercana con el ministerio y con Pdvsa”, afirma Marques. La máxima compañía estatal, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), fue contratada por el Ministerio de Vivienda y Hábitat para el seguimiento de las obras. “Siempre hay problemas, pero nuestro foco es reducirlos. Una cosa es discutir sobre los problemas y otra es solventarlos”, dice el ejecutivo, que calcula la culminación de todos los edificios para mediados de 2017.

La alianza Venezuela-Portugal, que desde 2008 planteaba inicialmente el levantamiento de 50.000 apartamentos por el Grupo Lena, fue ciertamente promovida por el ex presidente Hugo Chávez y el ex primer ministro portugués, José Sócrates, este último detenido a finales de 2014 por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal. Otra sombra de la relación bilateral fue la detención del ex administrador del Grupo Lena, Carlos Santos Silva, por el mismo caso. La empresa manifestó entonces en un comunicado que eso no tenía por qué afectar ni su imagen ni sus trabajos.