Contratistas internacionales participaron en la (pre)fabricación de elefantes blancos

Muchas viviendas en poco tiempo; tecnología y experiencia del extranjero: eran los atractivos de las casas prefabricadas como solución al déficit habitacional en Venezuela. En la danza de millones de dólares correspondiente a los contratos otorgados por el Gobierno, tomaron parte iraníes, uruguayos, portugueses y, según ahora aparece, hasta la empresa de la tesorera del club de fútbol Barcelona. Pero la improvisación y la falta de controles por parte de las autoridades desembocaron en retrasos, incumplimientos, pleitos judiciales y, en definitiva, la frustración del sueño de vivienda propia de miles de venezolanos.
El presidente
venezolano, Nicolás Maduro, ha sido enfático al afirmar en repetidas ocasiones
durante las últimas semanas, justo cuando las estrecheces en el flujo de caja
empiezan a apretar las cuentas públicas, cosas como esta: “Por cada apartamento
que recibe una familia, hay 60.000 dólares, quizás más”.
Que la cuenta esté
expresada en dólares no es casualidad. Como admite el propio presidente, son
importados al menos 40 por ciento de los componentes de una vivienda típica
construida para las misiones del Gobierno. Además, buena parte de estos
programas dependen de una “solidaridad” internacional muy bien remunerada con
petrodólares. Desconfiados, por su agenda política, del sector venezolano de la
construcción, Hugo Chávez y su sucesor, Maduro, prefirieron asignar los grandes
proyectos de vivienda a empresas privadas o estatales de “países amigos”, como
China, Rusia, Bielorrusia, Irán y Uruguay.
Pero los convenios
internacionales para la construcción de casas prefabricadas, una de las
alternativas a las que el Gobierno chavista ha echado mano como respuesta rápida
al déficit habitacional en Venezuela, no han funcionado del todo: los
incumplimientos de contratistas extranjeras y las fallas de planificación,
control y seguimiento de parte de las autoridades venezolanas, han dejado como
resultado muchas vigas y pocos techos, y amplios terrenos desmalezados sin
viviendas. Para esta fecha, debían estar listas más de 30.000 casas de ese tipo
a través de la ejecución de cuatro alianzas binacionales, pero hoy los avances
no alcanzan ni la cuarta parte de lo estipulado.
Los ingentes recursos
en juego, la frágil contraloría, el apremio y la asignación de proyectos a dedo,
conformaron juntos un bocado jugoso para la corrupción.
Nada más en marzo
pasado, en el marco de las indagaciones que autoridades españolas adelantan por
el presunto lavado de dineros negros por parte de exfuncionarios venezolanos en
la Banca PrivatD’Andorra y su filial Banco Madrid, el nombre de la contratista
Essentium figuró en un reportaje del diario español El Confidencial que
cita a la compañía, con base en un informe de inteligencia de junio de 2013 de
la Policía Nacional de ese país, de pagar comisiones millonarias para la
adjudicación de contratos públicos de construcción en Venezuela. “Los
movimientos bancarios sin duda evidencian el uso de maniobras habituales de
blanqueo”, afirma el diario, citando a una fuente.
Essentium es un
conglomerado de cementeras y materiales para la construcción, que se ha
extendido al sector inmobiliario en épocas recientes. A su cabeza aparece Susana
Monje, hija del empresario Valentín Monje, ambos –siempre según los medios
españoles– fichas cercanas al clan de Jordi Puyol, el presidente de la
Generalitat catalana que ahora pasa apuros bajo señalamientos de evasión de
impuestos y corrupción. Susana Monje es además tesorera del FC Barcelona y
considerada mano derecha de Sandro Rosell, ex presidente del Barca, procesado
ahora por el llamado Caso Neymar y señalado por prácticas corruptas, en
combinación con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo
Texeira, cuando Rosell fue presidente de la marca deportiva Nike en Brasil.
Essentium consiguió un
contrato a finales de 2011 para la fabricación de 3.662 viviendas de interés
social en Santa Teresa del Tuy (estado Miranda). Solo durante tres meses de
2012, El Confidencial rastreó depósitos de Pdvsa, la estatal petrolera
venezolana, a una cuenta de Essentium en el Banco Sabadell de Cataluña por 92,6
millones de dólares.

“Por cada apartamento que recibe una familia hay 60.000 dólares, quizás más", reiteró Maduro esta semana sobre los programas de viviendas de su gobierno. Foto: Flickr/Cancillería Venezuela.
Pero de esas viviendas,
que según el contrato debieron estar terminadas para mediados de 2013, hoy solo
hay un poco más de 200 construidas en el sector El Triplex de los Valles del
Tuy, como admite el ministerio del área en declaraciones oficiales.
Essentium también
figura en el informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias (Sepblac) de España –cuyo contenido se filtró por varios
medios españoles– como fuente de sobornos para ex funcionarios venezolanos, como
el ex director de los servicios de inteligencia de Venezuela, Carlos Aguilera,
de hasta 4,8 por ciento del costo de un contrato para la rehabilitación de la
Línea 1 del Metro de Caracas.
El caso no está siendo
visto por la justicia venezolana. Por ahora apenas aflora en la prensa española.
Pero, entre tanto, otros proyectos para la fabricación rápida de casas, con
contratistas internacionales, se han convertido en prematuros elefantes blancos,
en motivo de frustración para las familias que esperaban contar con viviendas
propias, y en materia de atención para organismos jurisdiccionales en Venezuela.
De la Banda Oriental a la nada
Una de estas historias
empieza en Tinaquillo, estado Cojedes –en la región llanera central del país,
patria chica de la primera combatiente, Cilia Flores–, donde el
expresidente Hugo Chávez presentó hace casi una década el primer modelo de casa
uruguaya prefabricada como una solución para el déficit habitacional.
Hoy, voceros
comunitarios de la localidad como Martín Garza, del Observatorio Cojedeño de la
Violencia, y el concejal Juan Carlos Villegas, dan testimonio del cementerio de
casas incompletas en distintas zonas de la entidad, a la vista de todos, como
recuerdo de la promesa de las 12.193 viviendas que la empresa uruguaya Unión
Metalúrgica Industrial del Sur S. A. (Umissa) debía instalar en territorio
venezolano. “Nosotros las llamamos las casas de cartón”, dice Garza,
quien denuncia el agrietamiento de algunas. La propia gobernadora de Cojedes,
Érika Farías, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se
vio en la obligación, en agosto de 2014, de anunciar la refacción de las pocas
unidades que se levantaron bajo el proyecto. “Fueron 500 casas que se iban a
hacer, se concretaron 300 y quedaron un conjunto de familias sin la casa y otras
con la casa mal hecha (…) Ya hoy están reconstruyéndose 278 y vamos a seguir
porque lo hemos asumido como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela”,
declaró. Tres años antes, el discurso oficial garantizaba calidad: María Elena
Villaquiran, presidenta del Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural
(Indhur) de Cojedes, destacaba la adaptabilidad al clima y durabilidad de los
kits uruguayos.
El acuerdo binacional
fue anunciado por el Gobierno en 2006 para su ejecución en distintas regiones
del país, en el marco de la campaña de sustitución de ranchos por “casas
dignas”. Cojedes, una de las regiones más pobres del país, sería el epicentro de
la experiencia.
El Registro Nacional de
Contratistas del Estado (RNC) reporta trabajos incompletos de instalación de
viviendas con material uruguayo, principalmente por parte de empresas que
funcionan bajo la figura de cooperativas. Benjamín Villegas, representante de la
Asociación Cooperativa Constructrans del Sur, del estado Apure (llanos
suroccidentales de Venezuela), asegura que la instalación de cada casa tardaba,
en los planes, aproximadamente 22 días, pero que ellos recibían la totalidad de
las piezas con tres o cuatro meses de retardo. Manuel Velázquez, de la
Cooperativa Lovirpa, explica algunos cambios en el proceso ante ese problema,
como el uso de techos nacionales de acerolit (lámina compuesta por dos películas
de aluminio y asfalto líquido) para sustituir las tejas uruguayas que no
llegaron. “Faltaron piezas de baño y hubo que adaptarles otras. También tuvimos
que mandar a hacer nosotros las tapajuntas, que son como una chapa de madera que
se coloca en forma de columna donde coinciden las paredes”, explica.
Ambas experiencias
corresponden a contratos desarrollados entre 2011 y 2012, aunque el problema se
advertía desde 2009, cuando la Contraloría General de la República (CGR) develó
que solo 11 de los 12.000 kits habían sido entregados pese al desembolso de
45,47 por ciento de los recursos. No había documentación suficiente sobre el
avance del proyecto, ni coordinación entre el Ministerio de Vivienda y Hábitat,
y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(Seniat), para la nacionalización de la mercancía. La Contraloría determinó,
además, debilidades de planificación, seguimiento y control
técnico-administrativo de las contrataciones y de la ejecución de los proyectos.
Por eso, contratos –por ejemplo– para la construcción de 260 viviendas en
Charallave y Santa Lucía (estado Miranda, en el centro norte del país), 130 en
cada zona, que se desarrollaban a finales de 2011, solo fueron ejecutados en 25
por ciento, en un caso, y un magro uno por ciento en el otro.
La cantidad de
viviendas prefabricadas que el contratista uruguayo debía entregar se ajustó
entonces a la baja, de 12.000 a 8.110 kits, por medio del Addendum III al
contrato, incorporado el 14 de agosto de 2009. Sin embargo, se conservaba el
monto inicial de la inversión, 155 millones 467 mil dólares, bajo el compromiso
de que Umissa asumiera el desembarque, transporte, almacenamiento, distribución
y asesoramiento de montaje de los kits. Pero la Contraloría General de la
República hizo un nuevo llamado de atención por ineficiencia en su informe de
2013: para 2011, año de culminación del contrato, solo 7.180 kits habían sido
entregados y la mayoría, 5.030 de ellos, estaban incompletos. Al momento de la
fiscalización, apenas 1.473 viviendas estaban terminadas. La inspección también
halló losas incompletas con fisuras y granos, y materiales deteriorados e
inservibles. Frente a este panorama, el Ministerio de Vivienda y Hábitat
rescindió unilateralmente el contrato en julio de 2013, aunque la contratista
uruguaya defendió su participación ante los medios –a través de su gerente
general, Gastón Tealdi– alegando retrasos portuarios y de instalación de los
kits en Venezuela. El Estado gastó 122 millones de dólares –casi 80 por ciento
del pago– en un acuerdo incompleto con viviendas de mala calidad.

Chávez presentó hace casi una década el primer modelo de casa uruguaya prefabricada como una solución para el déficit habitacional, pero las pocas que construyeron en Cojedes quedaron con el nombre de "casas de cartón". Foto: Cortesía Martín Rolando Garza.
Las consideraciones del
vocero uruguayo no estaban del todo desatinadas. Si bien la Memoria y Cuenta de
2010 del Ministerio de Vivienda y Hábitat garantizaba nuevos mecanismos para el
retiro oportuno de los contenedores del puerto, el documento reconoció otras
fallas de planificación de parte de Venezuela: algunos de los terrenos
seleccionados para la colocación de las viviendas no tenían la capacidad de
albergar la cantidad estipulada y en otros casos requerían una adecuación
previa, lo cual no estaba incluido en el presupuesto ni en los cronogramas, y
retrasaba la continuidad de las obras.
Los iraníes se vistieron de canadienses
A pocos kilómetros de
los vestigios del frustrado convenio con Uruguay, en la misma población de
Tinaquillo, fue inaugurada en 2012 una planta de estructuras metálicas para la
construcción de unidades habitacionales, en el marco de una alianza con la
República Islámica de Irán. “De la fábrica sale el kit completo de acero
galvanizado para viviendas de 80 metros cuadrados”, explicó el entonces ministro
de Industrias, Ricardo Menéndez, hoy vicepresidente para la Planificación y el
Conocimiento, y marido de la directora del canal TeleSur, la periodista
colombiana Patricia Villegas.
Esta planta y otras dos
más ubicadas en Cabimas, estado Zulia (sobre la costa oriental del Lago de
Maracaibo), y Temblador, estado Monagas (llanos orientales de Venezuela),
instaladas bajo el amparo de un acuerdo de 14,1 millones de dólares, debían
producir 8.544 kits de viviendas para septiembre de 2013, pero el informe de
2014 de la Contraloría General de la República precisó que solo se produjeron
180, o solo dos de cada 100 planificadas. A Tony Tovar, abogado de la empresa
canadiense Novatech, no le sorprende el déficit: hace un año había denunciado la
adquisición irregular de equipos para estas plantas por parte del Estado
venezolano a través de la compañía contratista iraní Tarasazeh Tabriz.
En febrero de 2012
Tarasazeh subcontrató a la canadiense Novatech para el suministro de equipos
para las tres fábricas, por 3,5 millones de dólares, de los que la Corporación
de Industrias Intermedias de Venezuela S. A. (Corpivensa) transfirió, ese mismo
año, 2,8 millones de dólares de manera directa a Novatech. Y no hubo más pago:
los persas de Tarasazeh decidieron rescindir el contrato y pedir la devolución
del monto depositado, medida rechazada por los canadienses, quienes abogan por
finiquitar el acuerdo. La disputa está hoy a cargo de la justicia venezolana,
luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitiera en mayo de 2012 una
querella en contra del presidente de Novatech. Tovar asegura que los cambios en
las negociaciones de Tarasazeh obedecieron al propósito de la contratista iraní
de adquirir otros equipos obsoletos, a menor costo.
Hamid Fazel,
representante de Tarasazeh Tabriz, afirmó a finales de 2013 al diario El
Universal que su empresa había traído al país equipos iraníes para la
edificación de las plantas y que su traslado supuso escalas en Turquía, Alemania
y Estados Unidos. Pero una serie de facturas exponen otra cosa:
maquinarias y piezas metálicas fueron compradas por la contratista persa a la
compañía canadiense Industrial Equipment Designs Inc. para Corpivensa. El
director de esa empresa, Dinesh Mangal, confirmó, vía telefónica, la venta para
Venezuela –a través de Tarasazeh– de equipos para la construcción de viviendas
en 2012, pero no dio mayores detalles: “Toda la información sobre el contrato es
confidencial. Si necesita información acerca de la maquinaria y el precio, por
favor póngase en contacto con el señor Fazel”. Se envió una petición de
entrevista al representante iraní, que no obtuvo respuesta.
La irregularidad de
esas adquisiciones se vislumbraba ya en agosto de 2012, cuando la coordinadora
de importaciones de Corpivensa envió un correo electrónico a la abogada de
Tarasazeh, preocupada –decía en el comunicado– por el arribo a Puerto Cabello
(principal puerto de Venezuela, en el estado Carabobo, centro-norte del país) de
contenedores sin la debida documentación. Los equipos fueron transportados,
según facturas de
embarque, por vía marítima
desde Toronto (Ontario, Canadá), a pesar de que la empresa iraní pidió en mayo
de 2012 un anticipo de 20 por ciento del contrato por el alegado traslado aéreo
de la mercancía. En total, fueron tres
envíos, con dos contenedores
cada uno, desde Canadá hacia Venezuela.

El gobierno venezolano ha encargado la construcción de viviendas a contratistas extranjeras de España, Irán, Portugal y Uruguay. Ninguna ha cumplido su compromiso. Foto: Minci.
Hoy las plantas
construidas con esos materiales no producen ni cerca de lo prometido, 60.000
viviendas al año. La Contraloría, por su parte, encontró fallas en materia de
ingeniería y operación de las máquinas. “No se cumplió con las fechas
programadas para el suministro, instalación y puesta en marcha de la línea LSF
en la planta Los Cabimos y de las otras dos plantas, Tinaquillo y Leonarda
Rivas, no se generaron actas de control perceptivo al momento de recibir los
equipos, ni se definieron hitos de control para el seguimiento de la ejecución
física de la instalación de las líneas de producción”, señala el reporte de la
Contraloría General de la República de 2014.
Mientras tanto, el
abogado Tovar insiste ante Corpivensa para que reciba las máquinas –ya pagadas
en 80 por ciento– de su cliente, la canadiense Novatech. “Nosotros queremos
terminar nuestro trabajo, pero sabemos que recibir estos equipos sería reconocer
que los otros no sirven”, dice.
La apuesta lusa
En los Valles del Tuy
del estado Miranda –región que se ha convertido en aliviadero industrial y
ciudad dormitorio de Caracas, a una hora de la capital venezolana–, el gobierno
inició en 2011 la construcción de 12.512 viviendas y dos plantas de elementos
prefabricados, esta vez con un aliado europeo: Portugal. Las fábricas fueron
inauguradas al año siguiente con una capacidad de producción de paneles y losas
suficientes para el levantamiento de 8.500 viviendas al año, según reportes del
Ministerio de Vivienda y Hábitat. Pero la primera meta de construcción de casas
aún no se cumple: el Registro Nacional de Contratistas apunta un avance de
apenas 33 por ciento de los trabajos, aunque su fecha prevista de culminación
era noviembre de 2014. Los proyectos habitacionales consisten en 4.260 viviendas
para el conjunto Ciudad Zamora, en Cúa, y 8.260 para el conjunto Lomas de
Guadalupe, en Ocumare del Tuy. En 2014, el Grupo Lena –que ha aparecido en la
prensa portuguesa en vinculación con el escándalo de presuntos pagos furtivos al
ex premier José Sócrates– entregó 1.260 apartamentos entre los dos urbanismos,
que, junto a los 840 completados en 2013, suman 2.100 viviendas listas.
El retraso, según el
director general de la compañía portuguesa Grupo Lena, Cardoso Marques, se debe
a problemas iniciales con la adquisición de cemento y a retardos en los pagos
del gobierno. “Pero ya está todo controlado. Avanzamos a buen ritmo. Tenemos una
relación muy cercana con el ministerio y con Pdvsa”, afirma Marques. La máxima
compañía estatal, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), fue contratada por el
Ministerio de Vivienda y Hábitat para el seguimiento de las obras. “Siempre hay
problemas, pero nuestro foco es reducirlos. Una cosa es discutir sobre los
problemas y otra es solventarlos”, dice el ejecutivo, que calcula la culminación
de todos los edificios para mediados de 2017.
La alianza
Venezuela-Portugal, que desde 2008 planteaba inicialmente el levantamiento de
50.000 apartamentos por el Grupo Lena, fue ciertamente promovida por el ex
presidente Hugo Chávez y el ex primer ministro portugués, José Sócrates, este
último detenido a finales de 2014 por corrupción, lavado de dinero y evasión
fiscal. Otra sombra de la relación bilateral fue la detención del ex
administrador del Grupo Lena, Carlos Santos Silva, por el mismo caso. La empresa
manifestó entonces en un comunicado que eso no tenía por qué afectar ni su
imagen ni sus trabajos.

José Sócrates, ex primer ministro de Portugal, se encuentra preso por un caso de corrupción, que involucra a uno de los directivos de la constratista lusa que Venezuela encargó dos urbanismos en el estado Miranda. Foto:Flickr.