El hombre que calculaba el precio de la carne

Se llama Herald Crespo y era director de Agroflora, la empresa del Estado que resultó de la expropiación de la legendaria "Compañía Inglesa", o Vestey Farms, la ganadera más grande del país. Pero ahora está preso en Apure. La Fiscalía lo imputó por robo de ganado. Él no niega que vendía reses de la empresa estatal a precios no regulados (asegura que el ministro Yván Gil lo sabía), pero afirma que lo hacía para ayudarla a subsistir. Un caso que muestra las zonas grises y contradicciones generadas por los controles del mercado y que explican, en buena parte, la actual escasez de la carne.
“Uno nunca conoce bien
a alguien hasta que muestra sus carnes”.
Herald Crespo suelta la
frase y repara en la ironía que contiene, luego de sorber refresco de un vaso
plástico y pensar en sus antiguos jefes del Ministerio de Agricultura y Tierras
(MAT).
A las dos de la tarde
de un caluroso día de mediados de marzo el hombre, de 35 años, sentado a la
sombra de un árbol, conversa con soltura en el patio trasero de la Comandancia
de la Policía del estado Apure (en San Fernando, capital de ese estado llanero
del suroccidente de Venezuela). Allí se encuentra detenido desde hace tres meses
por comerciar ilegalmente, según el Ministerio Público, con los rebaños de
Agroflora, la empresa ganadera más grande y longeva del país, expropiada por el
Estado en 2011 y ahora investigada por el Sebin (Servicio bolivariano de
inteligencia, cuerpo de policía política del Estado). El hombre cuenta su caída
como directivo de la Agropecuaria Flora C.A. (conocida en la zona Agroflora o
Compañía Inglesa, la principal persona jurídica entre los activos adquiridos por
vía forzosa en 2011 a la centenaria empresa de carnes Vestey Farms), un descenso
que explica los resultados palpables hoy día de la socialización de los medios
de producción en Apure, estado que alguna vez fuera el primero en producción
pecuaria: escasez de carne y altos precios en todo el país, a pesar de las
regulaciones.
Crespo se defiende. “No
es cierto que vendí reses ilegalmente. Agroflora nunca presentó ni desfalco ni
déficit. Era una empresa modelo del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT).
Aun así, el Sebin me sacó de la empresa esposado como vil ladrón; más bien
deberían hacerme un monumento por haber demostrado que una empresa del Estado sí
puede ser eficiente”, esgrime sus argumentos.
Junto a seis personas
más, el administrador de 35 años de edad egresado de la Universidad Nacional
Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (Unerg), fue imputado por
peculado doloso contra el Estado y asociación para delinquir. A su antiguo
supervisor, el ex viceministro de Producción Agropecuaria Tomás Rodríguez, y al
tercer director, José David Cordero, los sigue solicitando la justicia por el
mismo caso. La supuesta venta ilegal de reses ocurrió en octubre, un mes después
de cambios clave en la cúpula del despacho del MAT para enfrentar “la
guerra económica”, de la que el Gobierno de Nicolás Maduro dice ser víctima. La
coincidencia agravó los hechos.
En septiembre de 2014,
el presidente Nicolás Maduro destituyó al entonces ministro del MAT, Yván Gil, y
nombró a José Luis Berroterrán. El agrónomo y profesor de la Universidad Central
de Venezuela (UCV), inició de inmediato una reestructuración del despacho
que comenzó con la intervención de la Corporación Venezolana de Alimentos
(CVAL), a la que están adscritas 163 unidades agropecuarias (entre ellas, los
hatos expropiados), 62 agroindustriales y 25 de mecanización. Así mismo,
destituyó a la junta directiva de Agroflora, integrada por Rodríguez, Crespo y
Cordero.
En medio de la
designación de una nueva junta –publicada en Gaceta Oficial el 8 de
octubre– Crespo realizó la venta por la que la Fiscalía le acusa de disminuir
los rebaños estatales de Agroflora (en 2011 representaban cerca de 6% del total
de cabezas de ganado del país), comercializar a discreción sin una estructura de
costos ni clasificación de precios de animales y focalizar las ventas a empresas
privadas.
Llamadas van y vienen
“Esa tarde del 14 de
octubre me entraron al celular unas 20 llamadas perdidas de Crespo. Yo estaba en
un lugar sin cobertura en el hato Turagua (municipio Muñoz, Apure) y había dado
la orden de que las novillas no salieran”, recuerda Gustavo Araujo,
administrador del hato, quien había trabajado con los ingleses y llevaba casi
dos años al mando de Crespo. “Ese día fue que reventó el problema. A mí esa
venta no me parecía”, recordó sentado en la oficina administrativa de Turagua,
uno de los 11 hatos pertenecientes a Agroflora.
El afán de Crespo
–desde Valencia, capital del estado Carabobo (centronorte de Venezuela) – por
hablar con Araujo se debía a que este objetaba la venta de 300 novillas para
cría que días antes había concretado con la empresa Agritecni Servicios. “Seis
días antes habían designado la nueva junta y ya él no tenía mando, aunque nos
dijo a los empleados que sí”, recordó Araujo.

Herald Crespo dirigía la empresa pública Agroflora. La Fiscalía dice que robó ganado y él responde que merece una estatua. Foto: Fabiola Zerpa.
La noticia de la
transacción corrió ese día como pólvora hasta Caracas, donde el recién designado
ministro Berroterán reaccionó con una orden de suspensión inmediata de
movilización y venta del ganado para todos los hatos de la empresa.
Reacio a los cambios,
Crespo insistió en que Araujo despachara el ganado desde Turagua y envió una
carta a la oficina del fundo responsabilizándose por la venta. “Tuve dos razones
para hacerlo”, explica Crespo desde su prisión apureña. “Una, el Tribunal
Superior Agrario de Aragua, responsable de la intervención estatal de Agroflora
en 2011, no había autorizado para el momento a la nueva directiva, como sucedió
cuando me nombraron a mí”. La segunda, la anuencia de los entrantes. “En la
primera reunión que tuve con ellos el 10 de octubre, los nuevos directivos me
dijeron que yo seguía mandando y que continuara con las operaciones. Cuatro días
después me dijeron que estaba robando ganado”, relata.
Lo que ocurrió luego
está descrito en las actas de la causa penal No 1C-19.962-14 del Juzgado Primero
de Primera Instancia en lo Penal de San Fernando de Apure. Seis gandolas –con 50
novillas cada una– fueron despachadas del hato Turagua hacia el centro del país.
La Guardia Nacional las detuvo (en Camaguán, estado Guárico, y Achaguas, estado
Barinas). La Fiscalía consideró varias irregularidades: la venta se había hecho
a espaldas de la nueva directiva; las guías de movilización no estaban firmadas
por esta; y las facturas indicaban que se vendía ganado de descarte (para
matadero, a 9.000 bolívares cada res, el equivalente a 46 dólares según la tasa
oficial Simadi de referencia) cuando se trataba de novillas para cría (a 20.000
bolívares cada res o 103 dólares por la misma tasa), según informe de perito.
El punto es esencial:
el kilo de res para matadero está regulado, las novillas no. Por esa razón la
Fiscalía identificó un daño al patrimonio del Estado, que habría dejado de
percibir 3,3 millones de bolívares (cerca de 17.000 dólares) por la venta. Tres
días después el Sebin aprehendió a Crespo en Valencia. El cargo de asociación
para delinquir está sustentado, según la Fiscalía, en la relación del ex
director de Agroflora con una empresa privada que regentaba el matadero de
Quíbor (estado Lara, centrooccidente de Venezuela), que comercializaba ganado de
la estatal sin que las ganancias fueran traspasadas al Estado.
La suma y la resta
El caso refleja que hay
una zona gris de distorsiones entre lo regulado y lo desregulado en una misma
cadena productiva. Fuentes en Caracas, así como en los estados Apure, Aragua y
Carabobo –de fuerte actividad pecuaria– indican que es allí donde muchos hacen
sus ganancias, a semejanza de los importadores con dólares preferenciales. El
esquema: empresas de relacionados –“enchufados” – a la directiva de Agroflora le
compraban ganado joven (novillas, mautes, mautas y toretes) a la estatal que
luego vendían a precio de mercado a mataderos de particulares en Maracay y
Valencia. “Los directivos pedían dos cheques: uno a nombre de Agroflora con el
monto correspondiente a los kilos de carne a precio publicado en la Gaceta
Oficial, y otro con la diferencia de precio con respecto al precio del
mercado”, indicó una fuente de una compañía agropecuaria. Cuando la noticia se
extendió en el medio, hubo un cambio de estrategia y los negocios se hacían con
mataderos estatales y empresas de maletín.
Crespo lo niega: “La
gente dice que yo tengo millones de dólares. No es así. No estuviera aquí”.
También niega los alegatos de la Fiscalía diciendo que lo que es descarte para
Agroflora es riqueza para otro productor. “Por criterios técnicos, unas novillas
que no engordan lo suficiente en un plazo perentorio, deben ser sacadas al
mercado”. En este punto concuerdan ganaderos consultados. “Como no están
reguladas, tú puedes vender novillas para cría en lo que te dé la gana”,
continúa Crespo. “Yo las vendí a un precio que le generó ganancias a Agroflora,
que no fue a precio del mercado negro (entonces entre 50 y 60 bolívares el kilo)
ni regulado (de 8,52 bolívares, según Gaceta Oficial de 2013), sino una
media calculada por mí luego de un análisis de indicadores macro y
microeconómicos de las principales ciudades del país”.
Ese precio era de 30
bolívares por kilo para el ganado en pie, apenas la mitad del precio que
imperaba en el mercado libre o negro. “Eso siempre tuvo la anuencia del ministro
Gil, que sabía cómo Tomás Rodríguez y yo determinábamos el precio. Gil sabía que
vender a precio de Gaceta Oficial era quebrar la compañía”. Afirma que
Rodríguez siempre se negó a abogar ante Gil por un alza en el precio oficial, y
así sincerar la situación. Argumentaba que no era pertinente porque podía
incidir en la ya alta inflación. Sin embargo, admitió que sus cálculos admitían
discrecionalidad. “Vendí a muchos militares retirados, que tienen fincas
privadas en Barinas y Apure pero no en las cantidades ni en los precios que me
pedían. Yo sí me los clavaba, a altos precios. Porque esta es la cuestión:
mientras que le vendía a la CVAL y la gobernación de Apure a bajo precio y
perdía, yo compensaba cuando le vendía caro al privado”.
“¿Cómo le puedes exigir
al privado que venda a precio regulado si la empresa principal del Estado no lo
hace? Es cínico”, admite. Pero explica que, por los volúmenes de producción que
colocaba en los mataderos, la empresa estatal era referencia para fijar el
precio nacional de la carne. “Es una especie de OPEP en materia cárnica”,
aventura una imagen. “Y yo tenía la alta responsabilidad ante la nación de
mantener los precios. Si no, el mercado se disparaba”.
Si cometió algún
delito, dice, pudo haber sido contra los Vestey, la dinastía inglesa que fundó
Agroflora en 1913 y que demandó a Venezuela ante el CIADl (el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, una institución
del Banco Mundial) por la expropiación de sus 11 hatos. El caso está activo: en
febrero las partes sostuvieron una audiencia en París. “Ellos podrían
demandarnos a mí y a Tomás Rodríguez por desviación de ganancias”, asoma, ya que
fueron depositadas en el Tesoro Nacional. “Lo hicimos con compromiso patrio y
plena conciencia de que no debimos hacerlo, ya que no ha habido expropiación
completa. ‘Si nos ganamos un peo, nos lo ganamos, pero con ese dinero el Estado
puede recuperar otras empresas’, nos dijimos”. Ni Vestey LTD en Londres ni la
representación legal de Agroflora en Valencia respondieron a las solicitudes de
entrevista realizadas para este trabajo. Tampoco lo hizo la oficina actual en el
Banco Agrícola de Yván Gil, ex ministro del MAT y entonces superior de Crespo.
Rescate y robo
“Por esa situación es
que estoy yo aquí”. Rogelio Aponte –sustituto de Crespo en la nueva directiva de
Agroflora designada por el ministro Berroterán– espera impaciente que se consuma
una venta de ganado, sentado en la sede administrativa del hato Turagua, a 200
kilómetros de San Fernando. “La visión es que todo lo que toca el Gobierno se
acaba y la verdad es que ha habido muchos malos administradores en estos hatos
del Gobierno y de Agroflora”. Esgrime un dato: Apure estuvo en primer lugar de
producción, ahora está de quinto.
Un secreto a voces es
que los jefes de las fincas están vendiendo reses para pagar la nómina, todo un
despropósito cuando la razón original de las expropiaciones fue la de
mejorar la producción ganadera y garantizar el consumo de carne a la población.
Las últimas Memorias y
Cuentas del MAT son fotografías parciales porque dejan por fuera la situación de
más diez hatos, solo en Apure. Aun así, reflejan el declive: el hato Marisela
(antiguo El Frío) produjo en 2012 66% menos, en volumen de carne, que en 2011;
Bravos de Apure (antiguo El Cedral), solo produjo 37% de lo pautado para 2012,
mientras que en 2014 logró 26% de lo planificado; el hato Santos Luzardo sí
cumplió la meta de kilos de carne en pie (1,5 millón), pero en materia de
reproducción no logró los objetivos. Otros hatos han reducido sus rebaños, como
El Porvenir (18.000 animales en 2011, 9.000 en 2013), y El Frío-Marisela (de
22.000 a 2.000), según personas relacionadas con sus antiguos dueños.

El antiguo Hato El Cedral fue expropiado en 2008 y transformado en La Empresa Socialista Ganadera Agroecológica Bravos de Apure. Foto: Fabiola Zerpa.
Aponte tiene
explicaciones para la escasez de la carne y los altos precios. “El abigeato es
una de las razones. Ocurre todas las noches. Aquí en Agroflora se ha llegado al
extremo de ver robos de rebaños por arreo por parte de personas con
fusiles”. Explica que el destino es la vecina Colombia, donde pagan el
kilo del ganado vivo en 200 bolívares, casi cuatro veces más que el precio
regulado y el doble del precio del mercado negro en el país. También se queja de
la práctica de los hatos del gobierno de “regalar” ganado a los poblados vecinos
y, en especial, a la Guardia Nacional, que es la que más pide. “Eso se tiene que
acabar porque ¡los reales no se ven!”.
La disparidad de
precios también complica y confunde la situación: es la zona gris donde Crespo
hizo sus cálculos. “Tengo dos meses en el cargo y tengo tres documentos
oficiales para vender la carne: la Gaceta Oficial; las resoluciones de la
Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Precios
Justos (Sundee); y los acuerdos entre las asociaciones de ganaderos y el MAT, el
último del 20 de febrero de 2015 . Ninguno se respeta”.
Aponte concede que
ninguna actividad económica se hace para perder, pero critica a los ganaderos
privados –que presionan al gobierno para un alza de los precios– por incluir
costos no necesarios para elevar la estructura de precios de la carne, como el
alambre para cercar. La cadena de comercialización también encarece el
producto, dice. Coloca su fe en que los precios bajarán una vez que se inaugure
el Matadero Industrial de San Francisco (municipio Muñoz de Apure), con
capacidad para procesar 500 reses al día y que lleva tres años en construcción.
Por ahora Aponte tiene
dos mandatos directos del interventor de la CVAL, José Leonardo Patiño. Uno es
concentrar las ventas en el pequeño productor; el segundo es no facturar a
particulares. “La CVAL fue creada para aportar a la seguridad y soberanía
agroalimentaria”, indicó una nota del MAT en enero, cuando se realizó la
discusión del Plan de Abastecimiento de Productos Cárnicos para combatir la
“guerra económica dirigida por la derecha venezolana”. El plan no es más que
acuerdos de producción, procesamiento y comercialización de los alimentos a
cargo de la institución.
Mafia conocida
Trabajadores de las
agropecuarias y diputados locales han apuntado sin temor a una supuesta “mafia
de la carne”, según la prensa local. En 2010 trabajadores del hato Marisela (El
Frío), denunciaron al entonces administrador Aníbal Espejo, por supuesto tráfico
de ganado ante la prensa. Espejo es diputado suplente ante la Asamblea Nacional
por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y fue uno de los
procesados –y sobreseídos– por los hechos violentos de Puente Llaguno el 11 de
abril de 2002, durante el Golpe de Estado que desalojó al presidente Chávez del
poder por 47 horas. También el diputado nacional (Apure) Orlando Zambrano ha
acusado a Juan Carlos Rodríguez Torres (hijo del alcalde de Guasdualito-Alto
Apure, Jorge Rodríguez Galvis, y hermano del ex ministro del Interior, Miguel
Rodríguez Torres), de estar vinculado al abigeato. El Frente Zamorano y el
Movimiento Campesino Bolívar-Maisanta, que han protagonizado invasiones a los
hatos, han lanzado acusaciones similares.
Voces que prefieren no
identificarse –veterinarios, ganaderos, políticos locales– nombran a ex
funcionarios de las gobernaciones de Apure y Barinas, ex funcionarios del MAT y
militares retirados como integrantes de ese círculo.
Los últimos cambios
emprendidos desde Caracas por el ministro Berroterán contra la ineficiencia del
sector, apuntarían a acabar con la supuesta corrupción en los hatos, lo que ha
reactivado una batalla por el control político de los mismos. El principal
escenario ahora es la Corporación Ganadera Bravos de Apure S.A., una entidad del
MAT creada en julio de 2014 y con sede en Mantecal (capital del municipio
Muñoz), cuyo objeto es lograr la “eficiencia del sector ganadero”. Su junta –de
la que Crespo era miembro– fue destituida y renovada en diciembre.

La carne escasea hasta en el estado que lideró la producción nacional hace unos años, Apure. Foto: Fabiola Zerpa.
La avidez radica en que
la corporación centralizará a los 19 hatos expropiados en el estado y será el
centro del Plan Cárnico nacional, proyecto que intentará levantar la producción.
Su presidente es Tulio Aguilera, anteriormente administrador del hato Bravos de
Apure, a quien nombran como “el rey del ganado”. Varios grupos asoman la cabeza
para tener vara alta allí: la gobernación, la alcaldía del Alto Apure, el
Instituto Nacional de Tierras y el Frente Campesino Zamorano. Las ganancias
serán dirigidas al Fondo de Eficiencia Socialista. Una de sus cláusulas trata
sobre la “aplicación de los principios socialistas”, y establece que el “fin
esencial de la producción” es la “justa satisfacción de las necesidades de todo
el pueblo venezolano”.
¡Hagan la cola que llegó la carne!
Mientras los cambios
bullen en Mantecal y el Sebin continúa investigando, en San Fernando no hay
carne a precio regulado. El mercado municipal –donde hace unos años se vendían
600 reses a la semana en 75 puestos– es una réplica de la situación en Caracas:
estantes vacíos. A lo sumo, carne de tercera (vísceras, asadera, bofe) que nadie
compra.
Una resolución emitida
por la alcaldía en marzo reciente abarató los precios aún más que el resto del
país –el kilo de carne de primera a 185 bolívares (o 95 céntimos de dólar),
mientras que en el resto del país estaba regulada a 220. Pero muy pocas personas
llegan a comprar a este o cualquier otro precio por los canales regulares: el
despacho de reses ha disminuido drásticamente y las filas para comprar son de
hasta tres horas. “¡Hagan la cola que viene la carne!”, grita un hombre. ¿Viene
la carne? “No sé, eso dicen”, comenta un visitante en medio del agolpamiento de
gente. “Hay carne cuando la alcaldía quiere enviar. Uno hace la cola y se acaba
rapidito”, dice otro comprador.
Nelson García,
carnicero del mercado municipal, dice que antes le ganaba 60% a la carne que
compraba en el matadero. “Ahora no más de 40%”. Una vaca sacrificada y colocada
en canal llega a pesar 180 kilos, por la cual se pagan 20.000 bolívares (103
dólares). Luego está el costo del traslado, explica. “Si compro diez vacas a un
productor en el interior, debo sumarle 6.000 bolívares en peajes: la guía de
inutilidad porcada animal, las copias de los permisos sanitarios del INSAI, y la
propina a la Guardia Nacional”.
Desde octubre una
cooperativa ligada a la alcaldía intermedia la compra y venta en el matadero
municipal de San Fernando, a precio regulado, y desplazó la venta a libre
mercado. Los carniceros y productores de ganado se quejan de que ahora pierden
dinero porque cuando van al matadero a sacrificar reses, la cooperativa paga la
mitad de los animales a precio oficial y el resto a precio de mercado, una
práctica similar a la que hacía Crespo. “Eso es discrecional e ilegal”, dice
García.
Los ganaderos privados
presionan por la alineación de los precios oficiales con la realidad del
mercado. En Caracas, el Consejo Venezolano de la Carne (Covecar) y Fedenaga
indican que, entre 2007 y 2015, los acuerdos con el MAT y el Ministerio de
Alimentación siempre fueron tardíos e insuficientes. En enero se instalaron
mesas técnicas para definir nuevos precios con el MAT, que no arrojaron
resultados. El gobierno terminó haciendo unos ajustes que no recogían las
sugerencias de los particulares y un crédito adicional por 2,45 millardos de
bolívares para importar 50.000 en los próximos 5 meses.
“Lo que está pasando
hoy es consecuencia de lo que sucedió hace 4 años atrás, cuando el ministro Juan
Carlos Loyo estuvo imprimiendo terrorismo agrario con una pistola en su guerra
contra el latifundio”, dice Carlos Rodríguez, directivo Convecar. “Tomará al
menos cuatro años más revertir la tendencia a la escasez de carne”, dice Otto
Gómez, presidente de la institución. Además de las expropiaciones y el rezago de
los precios, la creciente inflación generó desinversión en las empresas privadas
que quedaron en pie. El resultado es una baja productividad. En la actualidad,
Venezuela ya no es autosuficiente, como llegó a serlo en los años 90. Menos de
la mitad del consumo nacional (45%) queda cubierto con la producción local. El
resto es importación. Pero esa es una historia
paralela.

Carlos Domínguez, carnicero del mercado municipal de San Fernando, dice que la venta de carne menguó desde octubre, con la entrada de regulaciones de la alcaldía de la capital y coincidiendo con la intervención de Agroflora Foto: Fabiola Zerpa.