La Constituyente se aclimató en Los Andes para volver a España

Podemos, el partido de moda en España, vivió sus pininos revolucionarios en América del Sur. Sus líderes trabajaron como asesores para los Gobiernos ‘bolivarianos’ y ‘progresistas’ en Venezuela, Bolivia y Ecuador a nombre del Centro de Estudios Políticos y Sociales, CEPS. Precisamente los creadores del CEPS, los juristas Roberto Viciano y Rubén Martínez Dalmau, trajeron sus ideas sobre un nuevo constitucionalismo popular, cuando participaron en la elaboración de las Constituciones de esos tres países. Y ahora una de las consignas de Podemos es hacer una Asamblea Constituyente. Esta es la historia de cómo un experimento en Los Andes tal vez prefigure el futuro de España.
Caracas, La Paz,
Quito.- Un profesor de
Derecho Constitucional, en especial si es europeo, puede pasarse toda una vida
sin participaren la hechura de una Constitución –o sin presenciarla, siquiera-.
Un astrónomo tiene más probabilidades de volver a ver el paso del cometa Halley
por las vecindades de la Tierra.
Pero, gracias al brote
de populismos bolivarianos en la región andina durante la primera década del
siglo XXI, dos catedráticos españoles, Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez
Dalmau, no solo han tenido la oportunidad de participar en la redacción de tres
Constituciones; en al menos una de ellas, la boliviana de 2007, se dice –aunque
no lo acepten- que su rol resultó decisivo.
Como misioneros de
nuevo cuño, Viciano (Valencia, España, 1962) y Martínez (Teulada, España, 1970)
vienen haciendo las Indias desde los años 90. Esparcen la buena nueva del
neoconstitucionalismo mientras, a la vez, aprenden sobre la marcha pues, como
dijera Viciano durante una charla en Caracas en 2009, es en este lado del
Atlántico, en América Latina, donde se estaría “intentado recuperar el concepto
genuino de Constitución”.
Los dos académicos,
originarios del Levante español y titulares de la Universidad de Valencia,
España, se ganaron la confianza de los liderazgos de las revoluciones
progresistas de Venezuela, Bolivia y Ecuador, en ese orden, todas empeñadas en
refundar sus respectivas repúblicas. También asesoraron a Manuel Mel
Zelaya, a la postre derrocado presidente de Honduras, en su intento por acercar
su régimen al eje bolivariano.
Sus servicios los
prestaron bajo la marca del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), una
fundación que crearon en 1993 como un programa de extensión del conocimiento
universitario para “la transformación de la sociedad en una realidad más justa,
democrática y solidaria”.
Las correrías del CEPS
por América del Sur, no solo en las personas de Viciano y Martínez, sino de
académicos, investigadores y cooperantes distintos que luego adquirirían otra
notoriedad en su España natal, alimentó una leyenda negra acerca del think
tank, que, a vista de muchos, pasó a ser el control maestro de la nueva
oleada revolucionaria que estremeció al continente durante la primera década del
siglo XXI. En el caso personal de Viciano, además, se vería obligado a refutar
versiones de prensa que lo ligaban, de manera errónea, con la organización
terrorista vasca ETA o con una militancia de juventud con el movimiento de
ultraderecha Fuerza Nueva.
La eclosión del partido
Podemos como un fenómeno electoral en España, a propósito de las elecciones
europeas de mayo de 2014, obligó a volver a echar un vistazo al CEPS. Los dos
principales líderes de Podemos, Pablo Iglesias Turrión e Íñigo Errejón Galván,
estuvieron en la directiva del CEPS. Errejón, considerado el número dos de
Podemos, tuvo parte en el proyecto de asesoramiento a la Constitución de Bolivia
y, de hecho, su tesis doctoral saca partido a su paso por el altiplano durante
las turbulencias del primer Gobierno de Evo Morales.
Iglesias, por un tiempo
el tertuliano de moda en España y, hoy por hoy, aspirante a Presidente de
Gobierno, es egresado como Errejón de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, junto a la de Valencia, los
dos viveros del nuevo progresismo español. Iglesias reconocía el pasado domingo,
en una entrevista concedida al diario El Mundo de Madrid, que había
estado tres veces en Venezuela, y que durante la tercera, “a instancias de un
convenio entre la fundación CEPS y el Gobierno de Venezuela”, había preparado
informes sobre política internacional para el régimen de Chávez, a cambio de los
cuales percibía unas “dietas que se gastaban en el día”.
Si Venezuela y los
otros regímenes progresistas de América del Sur financiaron o financian a
Podemos, directamente o a través del CEPS, es un asunto todavía en disputa, que
los dirigentes del joven partido –apenas completa un poco más de un año de
registrado- niegan y que, por lo pronto, ya parece haberle costado su incipiente
carrera política a Juan Carlos Monedero, el número tres de la
agrupación(Monedero ha sido señalado de recibir en 2013 más de 400.000 euros
como honorarios, que no informó, por un reporte sobre una moneda común para los
países de la Alba, la liga de países bolivarianos). Lo indiscutible es que
Podemos se convirtió de la noche a la mañana en una alternativa de poder en
España, en liza con los tradicionales Notas de un constitucionalista perdido en
Caracas, el jurista mexicano Pedro Salazar Ugarte del Partido Popular y el
Partido Socialista. Este domingo 24 de mayo enfrenta su primera prueba de fuego,
las elecciones regionales y municipales. Pero su gran apuesta está en las
venideras generales del último trimestre de 2015, cuando podría convertirse en
la mayor fracción parlamentaria para ganarse, así, la oportunidad de formar
Gobierno.

A nombre de una fundación del partido Podemos, Roberto Viciano Pastor fue uno de los juristas que asesoró a los gobiernos de Chávez, Correa y Morales. Esta vez, sin embargo, no quiso hablar sobre el tema. Foto: Flickr/REDCLA.
En ese escenario
Podemos tal vez pondría a prueba la que hasta ahora fue una de sus principales
banderas políticas: el llamado a una Asamblea Constituyente. Hace una semana, en
la misma entrevista con El Mundo, Iglesias reivindicaba que “necesitamos
una nueva Constitución a partir de un nuevo proceso de discusión, un proceso
constituyente, que constitucionalice las bases materiales de la soberanía que
tienen que ver con los derechos sociales”.
Esa eventual
Constituyente española, tal como la quiere Podemos, ¿se parecería a las que
Viciano y Martínez vieron, aconsejaron y, en cierta forma, moldearon en América
del Sur? ¿Fueron estas, presagios de lo que ocurrirá en España? Si bien parece
excesivo señalar a CEPS como incubadora de Podemos, ¿las experiencias indianas
en la fundación habrán dibujado los contornos del proyecto de Iglesias, Errejón,
y su célula de académicos? De hecho, el énfasis en lo social es una de las señas
de identidad del nuevo constitucionalismo por el que Viciano y Martínez abogaron
y todavía abogan en América.
En Venezuela: Incidencia por mampuesto
Bajo el subtítulo de
Notas de un constitucionalista perdido en Caracas, el jurista mexicano
Pedro Salazar Ugarte publicó en 2009 un testimonio de su visita a la capital
venezolana en diciembre de ese año en ocasión del “I Congreso Internacional
Décimo Aniversario de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”,
que organizó el Tribunal Supremo de Justicia, presidido entonces por Luisa
Estela Morales. El relato, que va de lo desopilante a lo horripilante, narra con
más estupor que ironía la seguidilla de enredos que dieron lugar al propio
evento y, quizás como símil, a la revolución de Hugo Chávez.
Sin darle nombre,
Salazar hace referencia un par de veces en el texto a un español que le provoca
con preguntas punzantes durante una cena, y que luego haría las veces de
coordinador de un encuentro celebrado en el Cuartel San Carlos, la antigua
prisión militar, como parte de un esfuerzo para crear una red iberoamericana de
nuevo constitucionalismo. Ese español era Roberto Viciano.
Sin duda Viciano tenía
credenciales, no solo académicas, para participar en la conmemoración. Diez años
antes estuvo presente, junto con Martínez, en la labor de parto de la nueva
Constitución venezolana, reemplazante de la de 1961.
Ricardo Combellas,
constitucionalista venezolano, que desde diciembre de 1998 acompañó al
comandante Hugo Chávez desde una comisión ad hoc y, luego, como miembro
de la Asamblea Nacional Constituyente, en el impulso de la nueva Constitución,
recuerda haber conocido a Viciano y Martínez en un evento en la Universidad
Central de Venezuela (UCV), en Caracas. “Me impresionó mucho lo militantes que
eran”, rememora, “se notaba mucho más la pasión que sentían por la V
República en Viciano que en Martínez. Después no los vi más. Ellos no tuvieron
una participación relevante en la Constituyente”.
Los asesores españoles
reportaban al primer Vicepresidente de la Constituyente, el abogado Julián
Isaías Rodríguez, actual embajador de Venezuela en Roma, tras haber sido Fiscal
General de la República y Vicepresidente Ejecutivo. Ya tenían antecedentes en
Venezuela, sin embargo. “Habíamos trabajado en ámbitos académicos venezolanos
durante tiempo atrás, fundamentalmente en la UCV, en el Instituto de Estudios
Políticos, y conocíamos a varios de los investigadores de allá, incluido Luis
Salamanca, en aquella época su director”, responde por correo electrónico
Martínez Dalmau desde Bogotá, donde por estos días imparte un curso.
En noviembre de 1999, a
pedido de Isaías Rodríguez, Viciano y Martínez, a nombre del CEPS, presentaron
un dictamen elaborado sobre la marcha con otros 20 académicos españoles sobre el
proyecto de Constitución que entonces se discutía en el seno de la Asamblea
Constituyente. El documento fue publicado un año más tarde en el número 3 de la
Revista de Derecho Constitucional, un volumen que circula cada semestre
desde Caracas. En su presentación, los autores advierten que el análisis se ha
hecho con premura, a pesar de que “este Centro de Estudios se esforzó desde
noviembre de 1998 en que esta tarea se hiciera de manera sistemática y
progresiva desde el inicio de los trabajos de la Asamblea Nacional
Constituyente”, una tarea que, subrayan, se realizó “de manera altruista”.
Martínez Dalmau
sostiene desde Colombia que “muchas indicaciones del dictamen se tuvieron en
cuenta por los constituyentes”. El documento señala numerosos yerros de la
redacción, a la que no vacila en calificar en determinados pasajes como
“confusa” o “farragosa”. También cuestiona la estructura del proyecto. Aún más
importante, se permite criticar aspectos doctrinarios o políticos, como la
extensión a seis años del período presidencial, uno de los temas que Hugo Chávez
había tomado para sí como innegociables, señala Ricardo Combellas, junto al
“tema militar, los derechos indígenas, la denominación de Venezuela como una
República Bolivariana, y la creación de un quinto poder, que él llamaba
Moral, siguiendo las ideas de Simón Bolívar”.
Aparte de ese núcleo de
puntos de honor, el debate fue amplio y abierto. De los 131 asambleístas, 124
fueron elegidos de las listas del chavismo. A pesar de ello, la improvisación
con que el proceso se llevó adelante y el momento político, cuando Chávez
todavía no se proclamaba socialista y precisaba, en cambio, de una alianza
política de base ancha, inmunizaron a la Asamblea de cualquier tentación
homogeneizadora. Luis Miquilena, el antiguo mentor político de Chávez y
presidente de la Asamblea Constituyente, ha confirmado que al final de las
deliberaciones, el líder revolucionario le reclamó, medio en chanza y medio en
serio: “Luis, tú como que hiciste una Constitución para la oposición”.
“Podemos revisar título
a título para demostrar que más de la mitad del proyecto de Constitución de Hugo
Chávez no fue aprobado”. La cuenta la saca Herman Escarrá, constitucionalista,
también miembro de la ANC, y brazo derecho del fallecido comandante durante el
proceso constituyente. Escarrá asegura que los españoles del CEPS no tuvieron
mayor influencia en el texto, y tiene con qué certificarlo: de las 21 comisiones
temáticas que se conformaron en el seno de la Asamblea se elevaban propuestas a
la Comisión Constitucional, que presidía Escarrá, donde se procedió a darle
forma al cuerpo de redacción del texto constitucional, de su preámbulo y de su
exposición de motivos. “En la comisión no tuvimos asesoramiento de ellos”.
Escarrá concede otras
influencias españolas, como las de sus colegas y amigos, José Luis Cascajo
Castro, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y del ya fallecido Íñigo Cavero.
“Nuestro Consejo de Estado es el Consejo de Estado de la Constitución española”,
admite. Pero aclara a la vez que fueron influencias ejercidas a través de
debates académicos, nunca mediante consultorías pagadas.
Cabe subrayar que al
final del proceso constituyente ya tanto Combellas, como Escarrá, dos de sus
actores fundamentales, se habían distanciado de la revolución y de su caudillo.
A Escarrá le tomaría años restañar las lesiones producidas durante ese agitado
periodo, para volver a aproximarse al chavismo. Aun así, confirman que el efecto
de la participación de Viciano y Martínez fue mínimo, si acaso hubo alguno. Con
una salvedad: Escarrá confiesa que hace un esfuerzo de “vigilancia
epistemológica” para hablar con objetividad de los españoles del CEPS. Se sintió
desagradado por una afirmación hecha por Viciano y Martínez en su libro El
proceso constituyente en Venezuela, según la cual los votos salvados del
constitucionalista venezolano con respecto al texto final de la Constitución
fueron producto de una posición personal. “Tengo 30 años estudiando estos
asuntos”, dice Escarrá, “y si salvé mi voto, por ejemplo, en cuestiones como la
eliminación del Senado o la reelección presidencial, se trató de convicciones
doctrinarias”.
Martínez Dalmau no
recuerda, en cambio, haber sido “excesivamente crítico con el trabajo del doctor
Escarrá. La colaboración con él siempre fue fluida y de confianza mutua.
Ayudábamos en lo que nos solicitaba; lo conocíamos desde antes de la
Constituyente. Podíamos no estar de acuerdo con algunas cuestiones técnicas,
pero las solucionábamos académicamente. Lo único que recuerdo que quizás no me
pareció correcto fue cuando apenas se aprobó la Constitución en referéndum, el
doctor Escarrá intentó una primera enmienda; tuve la oportunidad de decírselo
personalmente”.
Para este reportaje, se
intentó contactar con Roberto Viciano a través de su dirección de correo
electrónico en la Universidad de Valencia. La gestión no obtuvo resultados.
Si bien Viciano y
Martínez pudieron incidir poco en la Constitución venezolana, la experiencia se
tradujo en aprendizajes y en un bullet point del currículo que ya
capitalizarían en próximas oportunidades.
Por lo demás, la
Venezuela chavista se convertiría en una veta de oro para el know how
alternativo del CEPS. Muchos de sus integrantes actuaron como asesores de
dependencias oficiales y como constantes observadores de las elecciones en las
que Chávez fue relegitimando su poder. Pablo Iglesias figuró en 2006 como
instructor en sendos cursos de formación ideológica para funcionarios de los
ministerios del Interior y de las Telecomunicaciones. En febrero de 2015, una
nota de The Wall Street Journal documentaba 3,7 millones de euros en
pagos del Gobierno de Venezuela al CEPS.
En 2014 la
vicepresidenta del CEPS, Fabiola Meco, anunciaba desde España la anulación de la
colaboración con el Gobierno de Nicolás Maduro a principios de ese año debido a
sus abusos “en la represión de manifestaciones". Sin embargo, en noviembre de
2014, el presidente de la entidad –y miembro y asesor de Podemos–, Alberto
Montero, parecía contradecirla al afirmar al diario El Observador de
Málaga que “ahora mantenemos solo un contrato en el Banco Central de Venezuela y
otro en un centro de estudios sociológicos”, previsiblemente la Fundación Grupo
de Investigación Social XXI (GIS XXI), que preside el actual ministro de Energía
Eléctrica, Jesse Chacón Escamillo.

El español Roberto Viciano celebró en Caracas los 10 años de la Constitución Bolivariana de Venezuela en un congreso en el que -aún bajo la tarima y sin figurar en las fotos del alto gobierno- no pasó desapercibido para el jurista mexicano Pedro Salazar Ugarte. Foto: Psuv El Hatillo.
En efecto, en noviembre
de 2014 seguía vigente un contrato por un año suscrito entre Eudomar Tovar, a
nombre del Banco Central de Venezuela (BCV), y Sergio Pascual Peña, por el CEPS.
El documento, al que se tuvo acceso para este reportaje, contemplaba la
producción de un informe mensual por parte del ente español sobre temas de
integración regional y economía nacional. Por cada informe se pagarían 5.000
euros. Además, se preveía que el especialista español Manuel Carrizal Callizo se
instalara en las oficinas del banco.
Alberto Montero fue
contactado a través del correo electrónico, pero declinó la oportunidad de
ofrecer declaraciones.
Bolivia: La Constitución como lotería
Con indisimulada
ironía, el ex constituyente boliviano Jorge Lazarte afirmó, mientras sorbía un
zumo de naranja: “Desde la Colonia nunca hubo, como en 2006 y 2007, tantos
españoles en Bolivia llegados con el expreso propósito de influir en la política
interna”.
Se refería a la
presencia de varios profesionales españoles durante la Asamblea Constituyente
que el país llevó adelante, de manera azarosa, entre 2006 y 2007, y que
sirvieron como asesores al gobierno boliviano a través de la oficina de la
Vicepresidencia. Su rol fue crucial.
La Asamblea
Constituyente fue convocada en 2006 para “que refundara el país”. Ese fue el año
en que el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, llegó al poder.
El grupo de asesores
españoles estaba dirigido por Viciano y Martínez Dalmau y compuesto por José
Luis Martínez, Albert Noguera y Alfredo Serrano Mancilla, entre los más
destacados. Serrano, andaluz, es el autor del libro El pensamiento económico
de Hugo Chávez, que el reciente 13 de diciembre de 2014 bautizaron Nicolás
Maduro y el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, en un acto en el
llamado Cuartel de la Montaña de Caracas, lugar donde repodan los restos de
Chávez.
A ellos se sumó también
Errejón, entonces un aventajado estudiante de doctorado de la Universidad
Complutense que había decidido escribir su tesis sobre el “proceso boliviano”.
Hoy Errejón es portavoz de Podemos y su número dos, además de vocal del
CEPS.
Viciano y Martínez
Dalmau venían avalados por su trabajo anterior en Venezuela. En Bolivia es una
especie ampliamente aceptada que los españoles, entusiastas propulsores de la
democracia participativa, habían traído de su banco de pruebas en Venezuela la
idea de incorporar a la Carta Magna local la posibilidad de “revocar” a todas
las autoridades, incluido el Presidente, por voto popular. Los españoles creían
en que se debían potenciar las posibilidades de la democracia directa, por
encima de la representativa.
Según cree Raúl Prada,
un ex constituyente que fue elegido como integrante de las listas del Movimiento
al Socialismo, MAS –el partido oficialista de Evo Morales–, y que conoció
estrechamente a los asesores españoles, éstos llegaron al país a través de
programas de apoyo de Venezuela, cuyo gobierno estaba interesado en la marcha
del proceso constituyente boliviano.
Pero si en Venezuela el
proceso de fabricar y aprobar una Constitución fue una relativa “taza de leche”
que se consumió en cuatro meses –desde la inauguración de la Asamblea
Constituyente, a principios de agosto de 1999, al referendo aprobatorio en
diciembre de 1999–, la Constituyente boliviana resultaría una “sopa hirviente y
picante” que solo se pudo tomar a grandes y apurados tragos. Para los asesores
del CEPS, insertarse de manera eficiente en el proceso fue muy difícil, por no
decir imposible. El premio por el esfuerzo les llegaría, en todo caso, al final.
Por los azares del
proceso boliviano, a Viciano, Martínez Dalmau y compañeros les tocó, junto a un
pequeño grupo de representantes del Gobierno boliviano dirigidos por el
vicepresidente Álvaro García Linera, el papel de compilar, ordenar y redactar la
versión final de la Constitución. Lo hicieron en diciembre de 2007, primero en
una oficina de la Vicepresidencia y, después, nada menos que en el edificio de
la Lotería Boliviana. Pero tardarían 16 meses para llegar allí.
En agosto de 2006,
cuando se instaló la Asamblea, nadie podía prever cuán azarosa y complicada
resultaría la aprobación del nuevo texto constitucional. El MAS, que entonces no
tenía el control del Senado, tuvo que ceder ante las presiones de la oposición y
por eso aceptó que la convocatoria a la Asamblea obligara a aprobar los
artículos de la nueva Constitución por dos tercios de los votos de los
asambleístas. Así, el MAS, que logró un poco más del 50% de los votos, tenía la
mitad de los asambleístas. Un 35% estaba en manos de los partidos opositores
Podemos, UN y MNR. Y un 15% se repartía entre una miríada de pequeñas
agrupaciones y fuerzas políticas, muchas de ellas proclives al oficialismo, pero
finalmente autónomas. Lograr dos tercios de los votos iba a ser muy difícil.
Los temores del
principio se vieron rápidamente confirmados. Siete de los primeros doce meses de
trabajo se quemaron en la discusión de un Reglamento de Debates. Como el
oficialismo no lograba tener dos tercios de votos para aprobar nada, todo se
detuvo. Todo.
Durante siete meses,
por lo tanto, no se debatieron asuntos de fondo. Y durante siete meses, los
profesores valencianos no podían ejercer su trabajo. Pero un poco antes del
octavo mes de letargo, el MAS y la oposición alcanzaron un acuerdo. El 14 de
febrero de 2007 se estableció que se respetaría que todos los artículos de la
Constitución se aprobaran por dos tercios de votos, pero con una salvedad: los
asuntos sobre los que no hubiera consenso (es decir que no obtuvieran respaldo
de dos tercios) serían sometidos a referendo popular.
Las cosas se
destrabaron así, pero para precipitarse en un desenlace todavía más dramático.
Mientras se acercaba el mes de agosto de 2007, que era el plazo para terminar su
labor, y contrastando con la exasperante lentitud de los primeros meses, el
trabajo iniciado por las comisiones fue frenético. En muchos casos se trabajó
sin descanso los fines de semana. Pero cada comisión de la Asamblea trabajaba
sin coordinación y la dispersión persistía.
Entre junio y julio,
las comisiones empezaron a entregar sus resultados, basados en los talleres
regionales. En muchos casos las comisiones entregaron versiones de las
propuestas de artículos de la nueva Constitución “por mayoría y minoría”, lo que
significaba que no habían alcanzado consensos. Sus informes eran unos ampulosos,
a veces mal escritos, y con frecuencia contradictorios, resúmenes de lo
debatido.
Para entonces, además,
al haber quedado claro que no se lograría una Constitución de consenso hasta el
6 de agosto de 2007, como lo indicaba la ley de Convocatoria de la Asamblea, el
Gobierno negoció en el Parlamento, esforzadamente, la ampliación de las sesiones
hasta diciembre.
El acuerdo se logró a
principios de julio y permitió ampliar las sesiones hasta el 15 de diciembre,
plazo final de la Asamblea. No habría más extensiones.
La Constituyente se
reinstaló el 7 de agosto, con renovados bríos. Pero una semana después, el 15,
su funcionamiento estalló por los aires. Ese día empezó la crisis definitiva de
la Asamblea. Los asambleístas de la ciudad de Sucre –la antigua Chuquisaca–,
apoyados por los opositores de todos los departamentos denominados de la Media
Luna, es decir aquellos contrarios a Evo Morales y representantes de las zonas
bajas y del sur de Bolivia, presentaron la propuesta de que Sucre debía tener la
“capitalidad plena” de Bolivia. No solo la sede de la Corte Suprema, como había
sido durante el último siglo, sino también del Ejecutivo y Legislativo.
Pese a que la demanda
tiene raíces históricas (Sucre fue la capital de la Audiencia de Charcas y de
Bolivia hasta fines del siglo XIX), el que la ciudad fuera la sede de Gobierno
era una propuesta a todas luces imposible de lograr. En realidad se trataba, más
que de una reivindicación histórica, de una estrategia para frenar a la
Asamblea. Y fue efectiva: la Constituyente se paralizó por completo.
Los manifestantes
contrarios al gobierno rodearon el recinto de la Asamblea en turnos de 24 horas,
lo que impidió que se instalaran las sesiones. Los episodios de violencia fueron
innumerables, amén de inevitables.

Nicolás Maduro echándole flores al libro "El pensamiento económico de Hugo Chávez", del español y dirigente de Podemos, Alfredo Serrano Mancilla, quien sonríe a la izquierda de la foto junto al vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Foto: AVN.
Y así pasaron las
semanas y los meses. García Linera, desde su despacho de la Vicepresidencia en
La Paz, veía cómo todas sus iniciativas, todas su ideas, todos sus planes, se
estrellaban ante la tozudez opositora. Los asesores de la Universidad de
Valencia lo visitaban para analizar la situación. Y el diagnóstico era
crecientemente desmoralizador.
García Linera decidió
entonces, en coordinación con el presidente Evo Morales, reunir a los
asambleístas en otro inmueble, nada menos que un recinto militar. El 22 de
noviembre de 2007, a tres semanas de la finalización de la Asamblea, el
oficialismo fue a sesionar al Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade, a unos
cinco kilómetros del centro de Sucre, pero dentro del municipio, como ordenaba
la Ley de Convocatoria. Al lado del cuartel está ubicado un antiguo palacio
republicano llamado La Glorieta.
El Gobierno resolvió
que los asambleístas se hospedarían en el cuartel, en catres de campaña ubicados
en dormitorios colectivos. Trabajaron allí el 23 y el 24 de noviembre, pero solo
tuvieron tiempo de aprobar el índice de la Constitución, algo que no estaba
previsto en el Reglamento de Debates que los propios constituyentes habían
tardado tanto en preparar. Después, debido a que manifestantes contrarios al
oficialismo empezaron a rodear el perímetro del Liceo Militar, los asambleístas
tuvieron que abandonar el recinto en horas de la madrugada, caminar un largo
trecho, cruzar un río a pie y luego abordar unos vehículos que los llevaron a
Potosí.
En Sucre las pasiones
se desbordaron. En las resultantes refriegas con uniformados, tres personas
murieron y 300 resultaron heridas, en un evento que pasó a denominarse la
Masacre de La Calancha, por el nombre del lugar donde murieron.
Después, el oficialismo
aprobó en el Congreso una ley que le permitía a la presidenta de la Asamblea
convocar nuevamente a los constituyentes, pero ya no en Sucre. Silvia Lazarte
optó por Oruro, una localidad en pleno altiplano boliviano y situada a tres
horas en bus de La Paz. La ciudad parecía la más adecuada considerando que era
un reducto proclive al gobierno. La sesión fue convocada para el 8 de diciembre.
Ciertamente, había
mucho trabajo por hacer. Los constituyentes tenían delante un cúmulo de más de
700 artículos que discutir, refinar y aprobar, y solo 12 días para hacerlo –el
plazo que quedaba de los originales 16 meses dispuestos por ley–.
García Linera se puso
manos a la obra. Hizo que la presidenta de la Asamblea convocara a una comisión
que debía analizar esos artículos para que presentaran un texto más o menos
coherente en la etapa final El vicepresidente pidió la ayuda de Viciano y
Martínez Dalmau. Junto con un puñado de asambleístas y de abogados del
oficialismo, los españoles trabajaron noche y día para escribir una
Constitución.
“Los asesores españoles
tuvieron presencia en esa comisión. Y en ella se inclinaron, por lo general, en
lo que había presentado el Pacto de Unidad. Si hay un papel de ellos es ese,
haber hecho un texto constitucional, digamos con la posición del Pacto”, dijo
Prada. Se refería a la facción de la bancada oficialista relacionada a los
movimientos indígenas y campesinos.
Coincide con él la ex
asambleísta Rebeca Delgado: “En la comisión que trabajó reduciendo los 700
artículos de la Constitución, y que incluía cosas que eran contradictorias o
merecían ser leyes específicas, los asesores españoles trabajaron junto con los
abogados (Héctor) Arce, (José Luis) Gutiérrez Sardán y otros”. Y añade: “su
trabajo no fue muy importante durante el desarrollo de la Asamblea Legislativa,
pero al final hicieron esa labor de ajuste”.
Viciano y compañía
terminaron a tiempo y concibieron un texto constitucional de 411 artículos. Fue
aprobado en Oruro en solo 14 horas, prácticamente sin debate. Ningún artículo
fue rechazado, reformado o reescrito.
Los españoles tuvieron
todavía un trabajo adicional que hacer: los 411 artículos pasaron a una comisión
de estilo y concordancia, que se reunió en La Paz entre el 11 y el 13 de
diciembre, en el edificio de la Lotería. Allí los asesores volvieron a trabajar
en el afinado final.
Rubén Martínez Dalmau,
por vía del correo electrónico, sostiene que su trabajo en Bolivia consistió,
como en Venezuela, en la elaboración de un dictamen, y califica la versión de
que intervino con Viciano en la propia redacción como un “infundio terrible”:
“No sé quién sostiene eso. La Constitución boliviana fue debatida
democráticamente y públicamente y por televisión por los constituyentes elegidos
democráticamente por el pueblo boliviano. Nunca durante casi un año que pasé en
Bolivia en el periodo de la Constituyente mantuve una conversación, ni una sola
vez, con el vicepresidente García Linera ni con el presidente Evo Morales. Por
lo tanto, no hubo experiencia de trabajo con el vicepresidente García Linera”.
Y continúa Dalmau:
“Imagino que el infundio viene porque el proceso de revisión técnica de la
Constitución que se aprobó en grande en Oruro fue en el edificio de la Lotería,
en La Paz. Yo trabajé unas horas en algunos puntos sobre los que me pidieron
asesoría; en esa reunión estaban solo constituyentes, y sus decisiones fueron
sobre la coherencia del texto. No estaban ni García Linera ni Evo Morales”.
Pero Delgado la
ratifica: “Después de participar en la comisión que redujo los artículos a 411,
los españoles también estuvieron en la de la Lotería”. El ex asambleísta y ex
candidato presidencial opositor, Samuel Doria Medina, lo recuerda así: “Lo que
se aprobó en Oruro pasó al equipo que trabajó en la Lotería y en esa tuvieron
presencia los asesores españoles del CEPS”.
Según Doria Medina, los
españoles no solo hicieron un trabajo formal. El cree que algunas ideas muy
concretas de la Constitución boliviana, como el concepto de “justicia plural”
(es decir de convivencia entre la justicia ordinaria y la comunitaria) y la
elección de magistrados por voto popular, fueron influencia de Viciano y
Martínez Dalmau.
“Esas son ideas que
ellos trajeron. Lo mismo, su visión inflexible sobre los recursos naturales.
Ellos impusieron la idea de que en caso de asociaciones con empresas privadas en
la producción de hidrocarburos, si existen ganancias, se comparten con el
Estado, y si hay pérdidas, la empresa es la que debe asumirlas en un 100 por
ciento”, contó. “Así, ¿quién va a invertir en Bolivia?”.
Franco Gamboa, que fue
el representante en Sucre de la oficina de Naciones Unidas encargada del
seguimiento a la Asamblea, coincide con ello. “Los españoles lograron jugar un
papel ideológico y político importante en la Asamblea. Ellos influyeron en el
tema de la elección popular de jueces y el pluralismo jurídico, pero también en
el concepto de Plurinacionalidad, que está en el nombre oficial del Estado
boliviano”, contó.
Prada mostró su
desacuerdo con ello. “No me parece que hayan tenido esa influencia, excepto en
el trabajo de la comisión final. Además, el concepto de Estado Plurinacional
provino de los debates del Pacto de Unidad antes de que llegaran los españoles a
Bolivia”, expresó.
Martínez Dalmau también
lo niega: “Ni el tema de la justicia popular con la formal, ni la elección
directa de los magistrados ha estado nunca, al menos en mi caso, en mi ámbito de
interés. De hecho, cuando escuché sobre la elección directa de los magistrados
(de la justicia ordinaria) en la Constituyente boliviana le vi más problemas que
virtudes. No obstante, los constituyentes lo asumieron como una decisión
propia”, dijo el constitucionalista al responder a un cuestionario enviado por
correo electrónico. “Nosotros trabajábamos más en el ámbito técnico y, respecto
a temas materiales, en las garantías de los derechos, los mecanismos de
democracia participativa y los métodos de control al poder constituido,
especialmente al Ejecutivo. Esos eran nuestros puntos fuertes”.

Los asesores del CEPS en La Paz instalaron su oficina en el edificio de la Lotería Nacional. De allí salieron una serie de ideas, informes y negociaciones que dieron paso a la carta magna boliviana.
De cualquier manera el
ex asambleísta Lazarte, que fue también vocal de la Corte Nacional Electoral
dentro de un grupo que en Bolivia se conoce como “el grupo de notables”, prepara
el lanzamiento del libro Reforma del ‘experimento’ constitucional en Bolivia
- Para abrir un debate que nunca hubo. Insiste precisamente en ese tema: la
caótica forma como se desarrolló la Asamblea en Bolivia impidió que hubiese
algún debate para aprobar la nueva Constitución boliviana. Excepto en las
oficinas de los asesores españoles, ironiza de nuevo, en las oficinas “de los
españoles”.
Ecuador: Tres asesores y varios retoños
Ecuador resultó un
terreno fértil para los académicos españoles, desde la campaña electoral para
los comicios de 2006. Rafael Correa, elegido presidente a fines de ese
año, tuvo como asesor de campaña al periodista José Alonso Seco, ex profesor de
la Universidad Carlos III de Madrid y enviado del CEPS. La siembra fructificó
con creces: a partir de 2007, cuando inició su mandato, los convenios y
contratos se multiplicaron para los asesores españoles.
La semilla germinó en
la presidencia de la República, una vez ya obtenida por Correa, el 3 de julio
del 2007. A través de un convenio, el CEPS se comprometía a asesorar al flamante
régimen, en “el diseño e implementación de políticas generales de comunicación,
estrategias de mejoramiento de la gobernabilidad y asesoramiento para sistemas
de evaluación estratégica”, y, sobre todo, a otorgar asistencia en “materia
jurídico constitucional”.
Por este trabajo el
organismo recibió un pago mensual de 12.500 dólares, según el documento firmado
por Alonso Seco, representante legal de CEPS. A este periodista de origen
vizcaíno se lo identifica como uno de los responsables de que Correa remontara
sus niveles de intención de voto del 7% en abril de 2006, a la aplastante
victoria de fines de ese año. También estuvo tras bastidores en la campaña de
Fernando Lugo, el exobispo que ganó la presidencia de Paraguay y que fue
posteriormente derrocado.
Su desempeño abrió el
paso para el arribo de otros teóricos, abogados, sociólogos y pensadores de la
izquierda española, reconvertidos en asesores. Entre ellos, Viciano, Decio
Machado, Marco Aparicio Wilhemi, Francisco Palacio Romero, Martínez Dalmau y
Albert Noguera Fernández. ¿Su carta de presentación? Asesorías previas en las
Constituyentes de Venezuela y Bolivia.
Finalmente llegaría la
oportunidad para Ecuador. A la Asamblea de Montecristi, llamada así porque se
instaló en una ciudad del litoral ecuatoriano de ese nombre, le tocó redactar la
Constitución del Sumak Kawsay (“Buen Vivir” en kichwa o quechua
del norte).
El CEPS tuvo un aporte
puntual y técnico, según Alberto Acosta, quien presidió el organismo entre 2007
y 2008. “El trabajo de asesores extranjeros es parte de la leyenda urbana”,
tranquiliza Acosta. “Se nos quiere hacer creer que la Constitución fue elaborada
por extranjeros, lo que es falso. Había tres españoles que cumplían una tarea
importante, pero no determinante. Se nos quiso ofrecer varias asesorías, que no
acepté. Conocíamos la experiencia de Bolivia, donde les llenaron de
consultores”.
Por esos días,
políticos opositores a Correa denunciaban que los textos constitucionales eran
redactados por los asesores españoles, con un guión similar al de Bolivia y
Venezuela.
Albert Noguera
Fernández fue uno de esos tres asesores directos del titular de la Asamblea
durante seis meses. Por correo electrónico, negó haber participado en la
redacción del texto constitucional. “Mi trabajo era la realización de informes
sobre aquellos asuntos que se me solicitaban, así como la formación en técnica
legislativa. Los reportes que elaboraba nunca contenían la redacción de
articulado del texto”.
No obstante, su
Currículum Vítae Normalizado, colgado en la web, lo contradice. Entre las
tareas que cumplió en apoyo a la Constituyente de Ecuador, enumera: Impartición
de talleres de formación técnico/legislativa a los asambleístas y asesores;
elaboración de documentos de debate para el pleno de la Cámara; elaboración de
propuestas de articulado constitucional; y “participación en la comisión de
redacción y armonización final del texto constitucional”.
“Mi salario durante los
meses que estuve trabajando en Ecuador bordeaba entre los 1.800 y 1.900 euros
mensuales”, afirma Noguera.

Tras una retahíla de protestas e impases políticos, la Constituyente boliviana tuvo que mudarse a la ciudad de Oruro, donde finalmente hubo humo blanco. Foto: Creative Commons/Wikipedia.
Tres académicos
(Roberto Viciano, Marco Aparicio y Francisco Palacio) colaboraron con la
Presidencia de la Asamblea a través de la figura de comisión de servicios, desde
la Procuraduría del Estado, con la cual CEPS firmó otro convenio de cooperación.
El costo del acuerdo fue de 12.000 euros mensuales. Cada asesor recibía como
honorarios 2.900 euros. Los rubros correspondientes a boletos aéreos
España-Ecuador, viáticos del experto y gastos de alojamiento, eran
reembolsables.
Decio Machado, quien
firmó el convenio en su calidad de apoderado del CEPS, recuerda que los
desembolsos se transferían a la cuenta de esa organización, que a su vez pagaba
los honorarios a los especialistas. Entre noviembre de 2007 y fines de 2009
Machado trabajó en la Asamblea y en la Presidencia de la República: fue
consejero de Correa. Desde 2010 se pasó a la orilla crítica al régimen, y,
siendo español de origen, está radicado en Ecuador como analista independiente.
Para los españoles, los
procesos de Venezuela, Bolivia y Ecuador representaron a la vez un laboratorio
de experimentación y un aula de clases. Entre sus aprendizajes: la gestación de
liderazgos políticos fuertes, que surgieron en medio de una crisis de los
partidos, y los pedidos de distintos sectores sociales de cambios radicales que
se plasmaron en las asambleas constituyentes, opina Franklin Ramírez, profesor
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), con sede en Quito.
Para José María
Guijarro, que llegó al país en 2010 para asesorar al entonces ministro
coordinador de la Política y hoy Canciller, Ricardo Patiño, el trabajo del CEPS
fue fructífero para ambas partes. “Ha sido una relación win-win, una
conexión virtuosa, para aprovechar las potencialidades de mucha gente que como
nosotros quería participar en política, pero en el bando de gobiernos
progresistas”, sostiene Guijarro. Él fue asesor de la Cancillería y luego fue
nombrado subsecretario para África, Asia y Oceanía. Actualmente está a cargo de
liquidar el Centro en Ecuador.
Uno de los temas de
interés principal para estos intelectuales se relaciona con teoría
constitucional y el llamado neoconstitucionalismo, sobre el que dictaron
talleres y cursos en varias dependencias del Estado, especialmente, en el
Tribunal Constitucional, hoy Corte Constitucional.
Pero en Ecuador
prendieron otras extensiones del CEPS. El actual número dos de Podemos,
Iñigo Errejón, colaboró con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(Senplades), un poderoso ente estatal que traza las líneas estratégicas de
planificación del país con horizonte de largo alcance.
La asistencia del
politólogo, quien también es profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales
(IAEN) de Ecuador, tuvo un antecedente: el contrato de prestación de servicios,
suscrito el 8 de julio de 2008, para apoyar los procesos de reforma democrática
del Estado, financiado con un crédito no reembolsable del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) por 25.000 dólares. A la época el titular de la entidad fue
René Ramírez. En una presentación de su trayectoria personal, Errejón destaca
que fue asesor político de Ramírez, a cargo del área de comunicación política.
Pero además formó parte del “comité coordinador de la estrategia comunicativa
para el primer aniversario del intento de golpe de Estado contra el gobierno de
Rafael Correa, el 30 de septiembre de 2010”.
Ramírez, actual
Secretario (ministro) de Educación Superior Ciencia y Tecnología e Innovación,
aparece como miembro del consejo consultivo de la fundación Centro Estratégico
Latinoamericano de Geopolítica (Celag). Este es un tanque de pensamiento, con
sede en Quito, del cual también es parte Juan Carlos Monedero.
Para este reportaje se
pidió una entrevista con Ramírez, a través de su equipo de prensa, pero no se
obtuvo ninguna respuesta.
Según su sitio en
Internet, el Celag fue fundado a principios de 2014 y está radicado en la
Escuela de Relaciones Internacionales José Peralta, del IAEN. Y mantiene
alianzas con instituciones de Bolivia, Venezuela y Argentina. Está integrado por
ecuatorianos, españoles, argentinos, venezolanos, bolivianos. Un español,
Alfredo Serrano Mancilla, que también estuvo en Bolivia, aparece como su
Director Ejecutivo.

Íñigo Errejón, el número dos de Podemos, colaboró con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, un poderoso ente estatal que traza estrategias de planificación en Ecuador