La Constituyente se aclimató en Los Andes para volver a España

Como misioneros de nuevo cuño, Viciano (Valencia, España, 1962) y Martínez (Teulada, España, 1970) vienen haciendo las Indias desde los años 90. Esparcen la buena nueva del neoconstitucionalismo mientras, a la vez, aprenden sobre la marcha pues, como dijera Viciano durante una charla en Caracas en 2009, es en este lado del Atlántico, en América Latina, donde se estaría “intentado recuperar el concepto genuino de Constitución”.

Los dos académicos, originarios del Levante español y titulares de la Universidad de Valencia, España, se ganaron la confianza de los liderazgos de las revoluciones progresistas de Venezuela, Bolivia y Ecuador, en ese orden, todas empeñadas en refundar sus respectivas repúblicas. También asesoraron a Manuel Mel Zelaya, a la postre derrocado presidente de Honduras, en su intento por acercar su régimen al eje bolivariano.

Sus servicios los prestaron bajo la marca del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), una fundación que crearon en 1993 como un programa de extensión del conocimiento universitario para “la transformación de la sociedad en una realidad más justa, democrática y solidaria”.

Las correrías del CEPS por América del Sur, no solo en las personas de Viciano y Martínez, sino de académicos, investigadores y cooperantes distintos que luego adquirirían otra notoriedad en su España natal, alimentó una leyenda negra acerca del think tank, que, a vista de muchos, pasó a ser el control maestro de la nueva oleada revolucionaria que estremeció al continente durante la primera década del siglo XXI. En el caso personal de Viciano, además, se vería obligado a refutar versiones de prensa que lo ligaban, de manera errónea, con la organización terrorista vasca ETA o con una militancia de juventud con el movimiento de ultraderecha Fuerza Nueva.

La eclosión del partido Podemos como un fenómeno electoral en España, a propósito de las elecciones europeas de mayo de 2014, obligó a volver a echar un vistazo al CEPS. Los dos principales líderes de Podemos, Pablo Iglesias Turrión e Íñigo Errejón Galván, estuvieron en la directiva del CEPS. Errejón, considerado el número dos de Podemos, tuvo parte en el proyecto de asesoramiento a la Constitución de Bolivia y, de hecho, su tesis doctoral saca partido a su paso por el altiplano durante las turbulencias del primer Gobierno de Evo Morales.

Iglesias, por un tiempo el tertuliano de moda en España y, hoy por hoy, aspirante a Presidente de Gobierno, es egresado como Errejón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, junto a la de Valencia, los dos viveros del nuevo progresismo español. Iglesias reconocía el pasado domingo, en una entrevista concedida al diario El Mundo de Madrid, que había estado tres veces en Venezuela, y que durante la tercera, “a instancias de un convenio entre la fundación CEPS y el Gobierno de Venezuela”, había preparado informes sobre política internacional para el régimen de Chávez, a cambio de los cuales percibía unas “dietas que se gastaban en el día”.

Si Venezuela y los otros regímenes progresistas de América del Sur financiaron o financian a Podemos, directamente o a través del CEPS, es un asunto todavía en disputa, que los dirigentes del joven partido –apenas completa un poco más de un año de registrado- niegan y que, por lo pronto, ya parece haberle costado su incipiente carrera política a Juan Carlos Monedero, el número tres de la agrupación(Monedero ha sido señalado de recibir en 2013 más de 400.000 euros como honorarios, que no informó, por un reporte sobre una moneda común para los países de la Alba, la liga de países bolivarianos). Lo indiscutible es que Podemos se convirtió de la noche a la mañana en una alternativa de poder en España, en liza con los tradicionales Notas de un constitucionalista perdido en Caracas, el jurista mexicano Pedro Salazar Ugarte del Partido Popular y el Partido Socialista. Este domingo 24 de mayo enfrenta su primera prueba de fuego, las elecciones regionales y municipales. Pero su gran apuesta está en las venideras generales del último trimestre de 2015, cuando podría convertirse en la mayor fracción parlamentaria para ganarse, así, la oportunidad de formar Gobierno.

En ese escenario Podemos tal vez pondría a prueba la que hasta ahora fue una de sus principales banderas políticas: el llamado a una Asamblea Constituyente. Hace una semana, en la misma entrevista con El Mundo, Iglesias reivindicaba que “necesitamos una nueva Constitución a partir de un nuevo proceso de discusión, un proceso constituyente, que constitucionalice las bases materiales de la soberanía que tienen que ver con los derechos sociales”.

Esa eventual Constituyente española, tal como la quiere Podemos, ¿se parecería a las que Viciano y Martínez vieron, aconsejaron y, en cierta forma, moldearon en América del Sur? ¿Fueron estas, presagios de lo que ocurrirá en España? Si bien parece excesivo señalar a CEPS como incubadora de Podemos, ¿las experiencias indianas en la fundación habrán dibujado los contornos del proyecto de Iglesias, Errejón, y su célula de académicos? De hecho, el énfasis en lo social es una de las señas de identidad del nuevo constitucionalismo por el que Viciano y Martínez abogaron y todavía abogan en América.

Bajo el subtítulo de Notas de un constitucionalista perdido en Caracas, el jurista mexicano Pedro Salazar Ugarte publicó en 2009 un testimonio de su visita a la capital venezolana en diciembre de ese año en ocasión del “I Congreso Internacional Décimo Aniversario de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, que organizó el Tribunal Supremo de Justicia, presidido entonces por Luisa Estela Morales. El relato, que va de lo desopilante a lo horripilante, narra con más estupor que ironía la seguidilla de enredos que dieron lugar al propio evento y, quizás como símil, a la revolución de Hugo Chávez.

Sin darle nombre, Salazar hace referencia un par de veces en el texto a un español que le provoca con preguntas punzantes durante una cena, y que luego haría las veces de coordinador de un encuentro celebrado en el Cuartel San Carlos, la antigua prisión militar, como parte de un esfuerzo para crear una red iberoamericana de nuevo constitucionalismo. Ese español era Roberto Viciano.

Sin duda Viciano tenía credenciales, no solo académicas, para participar en la conmemoración. Diez años antes estuvo presente, junto con Martínez, en la labor de parto de la nueva Constitución venezolana, reemplazante de la de 1961.

Ricardo Combellas, constitucionalista venezolano, que desde diciembre de 1998 acompañó al comandante Hugo Chávez desde una comisión ad hoc y, luego, como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, en el impulso de la nueva Constitución, recuerda haber conocido a Viciano y Martínez en un evento en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas. “Me impresionó mucho lo militantes que eran”,  rememora, “se notaba mucho más la pasión que sentían por la V República en Viciano que en Martínez. Después no los vi más. Ellos no tuvieron una participación relevante en la Constituyente”.

Los asesores españoles reportaban al primer Vicepresidente de la Constituyente, el abogado Julián Isaías Rodríguez, actual embajador de Venezuela en Roma, tras haber sido Fiscal General de la República y Vicepresidente Ejecutivo. Ya tenían antecedentes en Venezuela, sin embargo. “Habíamos trabajado en ámbitos académicos venezolanos durante tiempo atrás, fundamentalmente en la UCV, en el Instituto de Estudios Políticos, y conocíamos a varios de los investigadores de allá, incluido Luis Salamanca, en aquella época su director”, responde por correo electrónico Martínez Dalmau desde Bogotá, donde por estos días imparte un curso.

En noviembre de 1999, a pedido de Isaías Rodríguez, Viciano y Martínez, a nombre del CEPS, presentaron un dictamen elaborado sobre la marcha con otros 20 académicos españoles sobre el proyecto de Constitución que entonces se discutía en el seno de la Asamblea Constituyente. El documento fue publicado un año más tarde en el número 3 de la Revista de Derecho Constitucional, un volumen que circula cada semestre desde Caracas. En su presentación, los autores advierten que el análisis se ha hecho con premura, a pesar de que “este Centro de Estudios se esforzó desde noviembre de 1998 en que esta tarea se hiciera de manera sistemática y progresiva desde el inicio de los trabajos de la Asamblea Nacional Constituyente”, una tarea que, subrayan, se realizó “de manera altruista”.

Martínez Dalmau sostiene desde Colombia que “muchas indicaciones del dictamen se tuvieron en cuenta por los constituyentes”. El documento señala numerosos yerros de la redacción, a la que no vacila en calificar en determinados pasajes como “confusa” o “farragosa”. También cuestiona la estructura del proyecto. Aún más importante, se permite criticar aspectos doctrinarios o políticos, como la extensión a seis años del período presidencial, uno de los temas que Hugo Chávez había tomado para sí como innegociables, señala Ricardo Combellas, junto al “tema militar, los derechos indígenas, la denominación de Venezuela como una República Bolivariana, y la creación de un quinto poder, que él llamaba Moral, siguiendo las ideas de Simón Bolívar”.

Aparte de ese núcleo de puntos de honor, el debate fue amplio y abierto. De los 131 asambleístas, 124 fueron elegidos de las listas del chavismo. A pesar de ello, la improvisación con que el proceso se llevó adelante y el momento político, cuando Chávez todavía no se proclamaba socialista y precisaba, en cambio, de una alianza política de base ancha, inmunizaron a la Asamblea de cualquier tentación homogeneizadora. Luis Miquilena, el antiguo mentor político de Chávez y presidente de la Asamblea Constituyente, ha confirmado que al final de las deliberaciones, el líder revolucionario le reclamó, medio en chanza y medio en serio: “Luis, tú como que hiciste una Constitución para la oposición”.

“Podemos revisar título a título para demostrar que más de la mitad del proyecto de Constitución de Hugo Chávez no fue aprobado”. La cuenta la saca Herman Escarrá, constitucionalista, también miembro de la ANC, y brazo derecho del fallecido comandante durante el proceso constituyente. Escarrá asegura que los españoles del CEPS no tuvieron mayor influencia en el texto, y tiene con qué certificarlo: de las 21 comisiones temáticas que se conformaron en el seno de la Asamblea se elevaban propuestas a la Comisión Constitucional, que presidía Escarrá, donde se procedió a darle forma al cuerpo de redacción del texto constitucional, de su preámbulo y de su exposición de motivos. “En la comisión no tuvimos asesoramiento de ellos”.

Escarrá concede otras influencias españolas, como las de sus colegas y amigos, José Luis Cascajo Castro, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y del ya fallecido Íñigo Cavero. “Nuestro Consejo de Estado es el Consejo de Estado de la Constitución española”, admite. Pero aclara a la vez que fueron influencias ejercidas a través de debates académicos, nunca mediante consultorías pagadas.

Cabe subrayar que al final del proceso constituyente ya tanto Combellas, como Escarrá, dos de sus actores fundamentales, se habían distanciado de la revolución y de su caudillo. A Escarrá le tomaría años restañar las lesiones producidas durante ese agitado periodo, para volver a aproximarse al chavismo. Aun así, confirman que el efecto de la participación de Viciano y Martínez fue mínimo, si acaso hubo alguno. Con una salvedad: Escarrá confiesa que hace un esfuerzo de “vigilancia epistemológica” para hablar con objetividad de los españoles del CEPS. Se sintió desagradado por una afirmación hecha por Viciano y Martínez en su libro El proceso constituyente en Venezuela, según la cual los votos salvados del constitucionalista venezolano con respecto al texto final de la Constitución fueron producto de una posición personal. “Tengo 30 años estudiando estos asuntos”, dice Escarrá, “y si salvé mi voto, por ejemplo, en cuestiones como la eliminación del Senado o la reelección presidencial, se trató de convicciones doctrinarias”.

Martínez Dalmau no recuerda, en cambio, haber sido “excesivamente crítico con el trabajo del doctor Escarrá. La colaboración con él siempre fue fluida y de confianza mutua. Ayudábamos en lo que nos solicitaba; lo conocíamos desde antes de la Constituyente. Podíamos no estar de acuerdo con algunas cuestiones técnicas, pero las solucionábamos académicamente. Lo único que recuerdo que quizás no me pareció correcto fue cuando apenas se aprobó la Constitución en referéndum, el doctor Escarrá intentó una primera enmienda; tuve la oportunidad de decírselo personalmente”.

Para este reportaje, se intentó contactar con Roberto Viciano a través de su dirección de correo electrónico en la Universidad de Valencia. La gestión no obtuvo resultados.

Si bien Viciano y Martínez pudieron incidir poco en la Constitución venezolana, la experiencia se tradujo en aprendizajes y en un bullet point del currículo que ya capitalizarían en próximas oportunidades.

Por lo demás, la Venezuela chavista se convertiría en una veta de oro para el know how alternativo del CEPS. Muchos de sus integrantes actuaron como asesores de dependencias oficiales y como constantes observadores de las elecciones en las que Chávez fue relegitimando su poder. Pablo Iglesias figuró en 2006 como instructor en sendos cursos de formación ideológica para funcionarios de los ministerios del Interior y de las Telecomunicaciones. En febrero de 2015, una nota de The Wall Street Journal documentaba 3,7 millones de euros en pagos del Gobierno de Venezuela al CEPS.

En 2014 la vicepresidenta del CEPS, Fabiola Meco, anunciaba desde España la anulación de la colaboración con el Gobierno de Nicolás Maduro a principios de ese año debido a sus abusos “en la represión de manifestaciones". Sin embargo, en noviembre de 2014, el presidente de la entidad –y miembro y asesor de Podemos–, Alberto Montero, parecía contradecirla al afirmar al diario El Observador de Málaga que “ahora mantenemos solo un contrato en el Banco Central de Venezuela y otro en un centro de estudios sociológicos”, previsiblemente la Fundación Grupo de Investigación Social XXI (GIS XXI), que preside el actual ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón Escamillo.

En efecto, en noviembre de 2014 seguía vigente un contrato por un año suscrito entre Eudomar Tovar, a nombre del Banco Central de Venezuela (BCV), y Sergio Pascual Peña, por el CEPS. El documento, al que se tuvo acceso para este reportaje, contemplaba la producción de un informe mensual por parte del ente español sobre temas de integración regional y economía nacional. Por cada informe se pagarían 5.000 euros. Además, se preveía que el especialista español Manuel Carrizal Callizo se instalara en las oficinas del banco.

Alberto Montero fue contactado a través del correo electrónico, pero declinó la oportunidad de ofrecer declaraciones.

Con indisimulada ironía, el ex constituyente boliviano Jorge Lazarte afirmó, mientras sorbía un zumo de naranja: “Desde la Colonia nunca hubo, como en 2006 y 2007, tantos españoles en Bolivia llegados con el expreso propósito de influir en la política interna”.

Se refería a la presencia de varios profesionales españoles durante la Asamblea Constituyente que el país llevó adelante, de manera azarosa, entre 2006 y 2007, y que sirvieron como asesores al gobierno boliviano a través de la oficina de la Vicepresidencia. Su rol fue crucial.

La Asamblea Constituyente fue convocada en 2006 para “que refundara el país”. Ese fue el año en que el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, llegó al poder.

El grupo de asesores españoles estaba dirigido por Viciano y Martínez Dalmau y compuesto por José Luis Martínez, Albert Noguera y Alfredo Serrano Mancilla, entre los más destacados. Serrano, andaluz, es el autor del libro El pensamiento económico de Hugo Chávez, que el reciente 13 de diciembre de 2014 bautizaron Nicolás Maduro y el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, en un acto en el llamado Cuartel de la Montaña de Caracas, lugar donde repodan los restos de Chávez.

A ellos se sumó también Errejón, entonces un aventajado estudiante de doctorado de la Universidad Complutense que había decidido escribir su tesis sobre el “proceso boliviano”. Hoy Errejón es portavoz de Podemos y su número dos, además de vocal del CEPS.

Viciano y Martínez Dalmau venían avalados por su trabajo anterior en Venezuela. En Bolivia es una especie ampliamente aceptada que los españoles, entusiastas propulsores de la democracia participativa, habían traído de su banco de pruebas en Venezuela la idea de incorporar a la Carta Magna local la posibilidad de “revocar” a todas las autoridades, incluido el Presidente, por voto popular. Los españoles creían en que se debían potenciar las posibilidades de la democracia directa, por encima de la representativa.

Según cree Raúl Prada, un ex constituyente que fue elegido como integrante de las listas del Movimiento al Socialismo, MAS –el partido oficialista de Evo Morales–, y que conoció estrechamente a los asesores españoles, éstos llegaron al país a través de programas de apoyo de Venezuela, cuyo gobierno estaba interesado en la marcha del proceso constituyente boliviano.

Pero si en Venezuela el proceso de fabricar y aprobar una Constitución fue una relativa “taza de leche” que se consumió en cuatro meses –desde la inauguración de la Asamblea Constituyente, a principios de agosto de 1999, al referendo aprobatorio en diciembre de 1999–, la Constituyente boliviana resultaría una “sopa hirviente y picante” que solo se pudo tomar a grandes y apurados tragos. Para los asesores del CEPS, insertarse de manera eficiente en el proceso fue muy difícil, por no decir imposible. El premio por el esfuerzo les llegaría, en todo caso, al final.

Por los azares del proceso boliviano, a Viciano, Martínez Dalmau y compañeros les tocó, junto a un pequeño grupo de representantes del Gobierno boliviano dirigidos por el vicepresidente Álvaro García Linera, el papel de compilar, ordenar y redactar la versión final de la Constitución. Lo hicieron en diciembre de 2007, primero en una oficina de la Vicepresidencia y, después, nada menos que en el edificio de la Lotería Boliviana. Pero tardarían 16 meses para llegar allí.

En agosto de 2006, cuando se instaló la Asamblea, nadie podía prever cuán azarosa y complicada resultaría la aprobación del nuevo texto constitucional. El MAS, que entonces no tenía el control del Senado, tuvo que ceder ante las presiones de la oposición y por eso aceptó que la convocatoria a la Asamblea obligara a aprobar los artículos de la nueva Constitución por dos tercios de los votos de los asambleístas. Así, el MAS, que logró un poco más del 50% de los votos, tenía la mitad de los asambleístas. Un 35% estaba en manos de los partidos opositores Podemos, UN y MNR. Y un 15% se repartía entre una miríada de pequeñas agrupaciones y fuerzas políticas, muchas de ellas proclives al oficialismo, pero finalmente autónomas. Lograr dos tercios de los votos iba a ser muy difícil.

Los temores del principio se vieron rápidamente confirmados. Siete de los primeros doce meses de trabajo se quemaron en la discusión de un Reglamento de Debates. Como el oficialismo no lograba tener dos tercios de votos para aprobar nada, todo se detuvo. Todo.

Durante siete meses, por lo tanto, no se debatieron asuntos de fondo. Y durante siete meses, los profesores valencianos no podían ejercer su trabajo. Pero un poco antes del octavo mes de letargo, el MAS y la oposición alcanzaron un acuerdo. El 14 de febrero de 2007 se estableció que se respetaría que todos los artículos de la Constitución se aprobaran por dos tercios de votos, pero con una salvedad: los asuntos sobre los que no hubiera consenso (es decir que no obtuvieran respaldo de dos tercios) serían sometidos a referendo popular.

Las cosas se destrabaron así, pero para precipitarse en un desenlace todavía más dramático. Mientras se acercaba el mes de agosto de 2007, que era el plazo para terminar su labor, y contrastando con la exasperante lentitud de los primeros meses, el trabajo iniciado por las comisiones fue frenético. En muchos casos se trabajó sin descanso los fines de semana. Pero cada comisión de la Asamblea trabajaba sin coordinación y la dispersión persistía.

Entre junio y julio, las comisiones empezaron a entregar sus resultados, basados en los talleres regionales. En muchos casos las comisiones entregaron versiones de las propuestas de artículos de la nueva Constitución “por mayoría y minoría”, lo que significaba que no habían alcanzado consensos. Sus informes eran unos ampulosos, a veces mal escritos, y con frecuencia contradictorios, resúmenes de lo debatido.

Para entonces, además, al haber quedado claro que no se lograría una Constitución de consenso hasta el 6 de agosto de 2007, como lo indicaba la ley de Convocatoria de la Asamblea, el Gobierno negoció en el Parlamento, esforzadamente, la ampliación de las sesiones hasta diciembre.

El acuerdo se logró a principios de julio y permitió ampliar las sesiones hasta el 15 de diciembre, plazo final de la Asamblea. No habría más extensiones.

La Constituyente se reinstaló el 7 de agosto, con renovados bríos. Pero una semana después, el 15, su funcionamiento estalló por los aires. Ese día empezó la crisis definitiva de la Asamblea. Los asambleístas de la ciudad de Sucre –la antigua Chuquisaca–, apoyados por los opositores de todos los departamentos denominados de la Media Luna, es decir aquellos contrarios a Evo Morales y representantes de las zonas bajas y del sur de Bolivia, presentaron la propuesta de que Sucre debía tener la “capitalidad plena” de Bolivia. No solo la sede de la Corte Suprema, como había sido durante el último siglo, sino también del Ejecutivo y Legislativo.

Pese a que la demanda tiene raíces históricas (Sucre fue la capital de la Audiencia de Charcas y de Bolivia hasta fines del siglo XIX), el que la ciudad fuera la sede de Gobierno era una propuesta a todas luces imposible de lograr. En realidad se trataba, más que de una reivindicación histórica, de una estrategia para frenar a la Asamblea. Y fue efectiva: la Constituyente se paralizó por completo.

Los manifestantes contrarios al gobierno rodearon el recinto de la Asamblea en turnos de 24 horas, lo que impidió que se instalaran las sesiones. Los episodios de violencia fueron innumerables, amén de inevitables.

Y así pasaron las semanas y los meses. García Linera, desde su despacho de la Vicepresidencia en La Paz, veía cómo todas sus iniciativas, todas su ideas, todos sus planes, se estrellaban ante la tozudez opositora. Los asesores de la Universidad de Valencia lo visitaban para analizar la situación. Y el diagnóstico era crecientemente desmoralizador.

García Linera decidió entonces, en coordinación con el presidente Evo Morales, reunir a los asambleístas en otro inmueble, nada menos que un recinto militar. El 22 de noviembre de 2007, a tres semanas de la finalización de la Asamblea, el oficialismo fue a sesionar al Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade, a unos cinco kilómetros del centro de Sucre, pero dentro del municipio, como ordenaba la Ley de Convocatoria. Al lado del cuartel está ubicado un antiguo palacio republicano llamado La Glorieta.

El Gobierno resolvió que los asambleístas se hospedarían en el cuartel, en catres de campaña ubicados en dormitorios colectivos. Trabajaron allí el 23 y el 24 de noviembre, pero solo tuvieron tiempo de aprobar el índice de la Constitución, algo que no estaba previsto en el Reglamento de Debates que los propios constituyentes habían tardado tanto en preparar. Después, debido a que manifestantes contrarios al oficialismo empezaron a rodear el perímetro del Liceo Militar, los asambleístas tuvieron que abandonar el recinto en horas de la madrugada, caminar un largo trecho, cruzar un río a pie y luego abordar unos vehículos que los llevaron a Potosí.

En Sucre las pasiones se desbordaron. En las resultantes refriegas con uniformados, tres personas murieron y 300 resultaron heridas, en un evento que pasó a denominarse la Masacre de La Calancha, por el nombre del lugar donde murieron.

Después, el oficialismo aprobó en el Congreso una ley que le permitía a la presidenta de la Asamblea convocar nuevamente a los constituyentes, pero ya no en Sucre. Silvia Lazarte optó por Oruro, una localidad en pleno altiplano boliviano y situada a tres horas en bus de La Paz. La ciudad parecía la más adecuada considerando que era un reducto proclive al gobierno. La sesión fue convocada para el 8 de diciembre.

Ciertamente, había mucho trabajo por hacer. Los constituyentes tenían delante un cúmulo de más de 700 artículos que discutir, refinar y aprobar, y solo 12 días para hacerlo –el plazo que quedaba de los originales 16 meses dispuestos por ley–.

García Linera se puso manos a la obra. Hizo que la presidenta de la Asamblea convocara a una comisión que debía analizar esos artículos para que presentaran un texto más o menos coherente en la etapa final El vicepresidente pidió la ayuda de Viciano y Martínez Dalmau. Junto con un puñado de asambleístas y de abogados del oficialismo, los españoles trabajaron noche y día para escribir una Constitución.

“Los asesores españoles tuvieron presencia en esa comisión. Y en ella se inclinaron, por lo general, en lo que había presentado el Pacto de Unidad. Si hay un papel de ellos es ese, haber hecho un texto constitucional, digamos con la posición del Pacto”, dijo Prada. Se refería a la facción de la bancada oficialista relacionada a los movimientos indígenas y campesinos.

Coincide con él la ex asambleísta Rebeca Delgado: “En la comisión que trabajó reduciendo los 700 artículos de la Constitución, y que incluía cosas que eran contradictorias o merecían ser leyes específicas, los asesores españoles trabajaron junto con los abogados (Héctor) Arce, (José Luis) Gutiérrez Sardán y otros”. Y añade: “su trabajo no fue muy importante durante el desarrollo de la Asamblea Legislativa, pero al final hicieron esa labor de ajuste”.

Viciano y compañía terminaron a tiempo y concibieron un texto constitucional de 411 artículos. Fue aprobado en Oruro en solo 14 horas, prácticamente sin debate. Ningún artículo fue rechazado, reformado o reescrito.

Los españoles tuvieron todavía un trabajo adicional que hacer: los 411 artículos pasaron a una comisión de estilo y concordancia, que se reunió en La Paz entre el 11 y el 13 de diciembre, en el edificio de la Lotería. Allí los asesores volvieron a trabajar en el afinado final.

Rubén Martínez Dalmau, por vía del correo electrónico, sostiene que su trabajo en Bolivia consistió, como en Venezuela, en la elaboración de un dictamen, y califica la versión de que intervino con Viciano en la propia redacción como un “infundio terrible”: “No sé quién sostiene eso. La Constitución boliviana fue debatida democráticamente y públicamente y por televisión por los constituyentes elegidos democráticamente por el pueblo boliviano. Nunca durante casi un año que pasé en Bolivia en el periodo de la Constituyente mantuve una conversación, ni una sola vez, con el vicepresidente García Linera ni con el presidente Evo Morales. Por lo tanto, no hubo experiencia de trabajo con el vicepresidente García Linera”.

Y continúa Dalmau: “Imagino que el infundio viene porque el proceso de revisión técnica de la Constitución que se aprobó en grande en Oruro fue en el edificio de la Lotería, en La Paz. Yo trabajé unas horas en algunos puntos sobre los que me pidieron asesoría; en esa reunión estaban solo constituyentes, y sus decisiones fueron sobre la coherencia del texto. No estaban ni García Linera ni Evo Morales”.

Pero Delgado la ratifica: “Después de participar en la comisión que redujo los artículos a 411, los españoles también estuvieron en la de la Lotería”. El ex asambleísta y ex candidato presidencial opositor, Samuel Doria Medina, lo recuerda así: “Lo que se aprobó en Oruro pasó al equipo que trabajó en la Lotería y en esa tuvieron presencia los asesores españoles del CEPS”.

Según Doria Medina, los españoles no solo hicieron un trabajo formal. El cree que algunas ideas muy concretas de la Constitución boliviana, como el concepto de “justicia plural” (es decir de convivencia entre la justicia ordinaria y la comunitaria) y la elección de magistrados por voto popular, fueron influencia de Viciano y Martínez Dalmau.

“Esas son ideas que ellos trajeron. Lo mismo, su visión inflexible sobre los recursos naturales. Ellos impusieron la idea de que en caso de asociaciones con empresas privadas en la producción de hidrocarburos, si existen ganancias, se comparten con el Estado, y si hay pérdidas, la empresa es la que debe asumirlas en un 100 por ciento”, contó.  “Así, ¿quién va a invertir en Bolivia?”.

Franco Gamboa, que fue el representante en Sucre de la oficina de Naciones Unidas encargada del seguimiento a la Asamblea, coincide con ello. “Los españoles lograron jugar un papel ideológico y político importante en la Asamblea. Ellos influyeron en el tema de la elección popular de jueces y el pluralismo jurídico, pero también en el concepto de Plurinacionalidad, que está en el nombre oficial del Estado boliviano”, contó.

Prada mostró su desacuerdo con ello. “No me parece que hayan tenido esa influencia, excepto en el trabajo de la comisión final. Además, el concepto de Estado Plurinacional provino de los debates del Pacto de Unidad antes de que llegaran los españoles a Bolivia”, expresó.

Martínez Dalmau también lo niega: “Ni el tema de la justicia popular con la formal, ni la elección directa de los magistrados ha estado nunca, al menos en mi caso, en mi ámbito de interés. De hecho, cuando escuché sobre la elección directa de los magistrados (de la justicia ordinaria) en la Constituyente boliviana le vi más problemas que virtudes. No obstante, los constituyentes lo asumieron como una decisión propia”, dijo el constitucionalista al responder a un cuestionario enviado por correo electrónico. “Nosotros trabajábamos más en el ámbito técnico y, respecto a temas materiales, en las garantías de los derechos, los mecanismos de democracia participativa y los métodos de control al poder constituido, especialmente al Ejecutivo. Esos eran nuestros puntos fuertes”.

De cualquier manera el ex asambleísta Lazarte, que fue también vocal de la Corte Nacional Electoral dentro de un grupo que en Bolivia se conoce como “el grupo de notables”, prepara el lanzamiento del libro Reforma del ‘experimento’ constitucional en Bolivia - Para abrir un debate que nunca hubo. Insiste precisamente en ese tema: la caótica forma como se desarrolló la Asamblea en Bolivia impidió que hubiese algún debate para aprobar la nueva Constitución boliviana. Excepto en las oficinas de los asesores españoles, ironiza de nuevo, en las oficinas “de los españoles”.

Ecuador resultó un terreno fértil para los académicos españoles, desde la campaña electoral para los comicios de 2006.  Rafael Correa, elegido presidente a fines de ese año, tuvo como asesor de campaña al periodista José Alonso Seco, ex profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y enviado del CEPS. La siembra fructificó con creces: a partir de 2007, cuando inició su mandato, los convenios y contratos se multiplicaron para los asesores españoles.

La semilla germinó en la presidencia de la República, una vez ya obtenida por Correa, el 3 de julio del 2007. A través de un convenio, el CEPS se comprometía a asesorar al flamante régimen, en “el diseño e implementación de políticas generales de comunicación, estrategias de mejoramiento de la gobernabilidad y asesoramiento para sistemas de evaluación estratégica”, y, sobre todo, a otorgar asistencia en “materia jurídico constitucional”.

Por este trabajo el organismo recibió un pago mensual de 12.500 dólares, según el documento firmado por Alonso Seco, representante legal de CEPS. A este periodista de origen vizcaíno se lo identifica como uno de los responsables de que Correa remontara sus niveles de intención de voto del 7% en abril de 2006, a la aplastante victoria de fines de ese año. También estuvo tras bastidores en la campaña de Fernando Lugo, el exobispo que ganó la presidencia de Paraguay y que fue posteriormente derrocado.

Su desempeño abrió el paso para el arribo de otros teóricos, abogados, sociólogos y pensadores de la izquierda española, reconvertidos en asesores. Entre ellos, Viciano, Decio Machado, Marco Aparicio Wilhemi, Francisco Palacio Romero, Martínez Dalmau y Albert Noguera Fernández. ¿Su carta de presentación? Asesorías previas en las Constituyentes de Venezuela y Bolivia.

Finalmente llegaría la oportunidad para Ecuador. A la Asamblea de Montecristi, llamada así porque se instaló en una ciudad del litoral ecuatoriano de ese nombre, le tocó redactar la Constitución del Sumak Kawsay (“Buen Vivir” en kichwa o quechua del norte).

El CEPS tuvo un aporte puntual y técnico, según Alberto Acosta, quien presidió el organismo entre 2007 y 2008. “El trabajo de asesores extranjeros es parte de la leyenda urbana”, tranquiliza Acosta. “Se nos quiere hacer creer que la Constitución fue elaborada por extranjeros, lo que es falso. Había tres españoles que cumplían una tarea importante, pero no determinante. Se nos quiso ofrecer varias asesorías, que no acepté. Conocíamos la experiencia de Bolivia, donde les llenaron de consultores”.

Por esos días, políticos opositores a Correa denunciaban que los textos constitucionales eran redactados por los asesores españoles, con un guión similar al de Bolivia y Venezuela.

Albert Noguera Fernández fue uno de esos tres asesores directos del titular de la Asamblea durante seis meses. Por correo electrónico, negó haber participado en la redacción del texto constitucional. “Mi trabajo era la realización de informes sobre aquellos asuntos que se me solicitaban, así como la formación en técnica legislativa. Los reportes que elaboraba nunca contenían la redacción de articulado del texto”.

No obstante, su Currículum  Vítae Normalizado, colgado en la web, lo contradice. Entre las tareas que cumplió en apoyo a la Constituyente de Ecuador, enumera: Impartición de talleres de formación técnico/legislativa a los asambleístas y asesores; elaboración de documentos de debate para el pleno de la Cámara; elaboración de propuestas de articulado constitucional; y “participación en la comisión de redacción y armonización final del texto constitucional”.

“Mi salario durante los meses que estuve trabajando en Ecuador bordeaba entre los 1.800 y 1.900 euros mensuales”, afirma Noguera.

Tres académicos (Roberto Viciano, Marco Aparicio y Francisco Palacio) colaboraron con la Presidencia de la Asamblea a través de la figura de comisión de servicios, desde la Procuraduría del Estado, con la cual CEPS firmó otro convenio de cooperación. El costo del acuerdo fue de 12.000 euros mensuales. Cada asesor recibía como honorarios 2.900 euros. Los rubros correspondientes a boletos aéreos España-Ecuador, viáticos del experto y gastos de alojamiento, eran reembolsables.

Decio Machado, quien firmó el convenio en su calidad de apoderado del CEPS, recuerda que los desembolsos se transferían a la cuenta de esa organización, que a su vez pagaba los honorarios a los especialistas. Entre noviembre de 2007 y fines de 2009 Machado trabajó en la Asamblea y en la Presidencia de la República: fue consejero de Correa. Desde 2010 se pasó a la orilla crítica al régimen, y, siendo español de origen, está radicado en Ecuador como analista independiente.

Para los españoles, los procesos de Venezuela, Bolivia y Ecuador representaron a la vez un laboratorio de experimentación y un aula de clases. Entre sus aprendizajes: la gestación de liderazgos políticos fuertes, que surgieron en medio de una crisis de los partidos, y los pedidos de distintos sectores sociales de cambios radicales que se plasmaron en las asambleas constituyentes, opina Franklin Ramírez, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), con sede en Quito.

Para José María Guijarro, que llegó al país en 2010 para asesorar al entonces ministro coordinador de la Política y hoy Canciller, Ricardo Patiño, el trabajo del CEPS fue fructífero para ambas partes. “Ha sido una relación win-win, una conexión virtuosa, para aprovechar las potencialidades de mucha gente que como nosotros quería participar en política, pero en el bando de gobiernos progresistas”, sostiene Guijarro. Él fue asesor de la Cancillería y luego fue nombrado subsecretario para África, Asia y Oceanía. Actualmente está a cargo de liquidar el Centro en Ecuador.

Uno de los temas de interés principal para estos intelectuales se relaciona con teoría constitucional y el llamado neoconstitucionalismo, sobre el que dictaron talleres y cursos en varias dependencias del Estado, especialmente, en el Tribunal Constitucional, hoy Corte Constitucional.

Pero en Ecuador prendieron otras extensiones del CEPS. El actual número dos de Podemos, Iñigo Errejón, colaboró con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), un poderoso ente estatal que traza las líneas estratégicas de planificación del país con horizonte de largo alcance.

La asistencia del politólogo, quien también es profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Ecuador, tuvo un antecedente: el contrato de prestación de servicios, suscrito el 8 de julio de 2008, para apoyar los procesos de reforma democrática del Estado, financiado con un crédito no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 25.000 dólares. A la época el titular de la entidad fue René Ramírez. En una presentación de su trayectoria personal, Errejón destaca que fue asesor político de Ramírez, a cargo del área de comunicación política. Pero además formó parte del “comité coordinador de la estrategia comunicativa para el primer aniversario del intento de golpe de Estado contra el gobierno de Rafael Correa, el 30 de septiembre de 2010”.

Ramírez, actual Secretario (ministro) de Educación Superior Ciencia y Tecnología e Innovación, aparece como miembro del consejo consultivo de la fundación Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). Este es un tanque de pensamiento, con sede en Quito, del cual también es parte Juan Carlos Monedero.

Para este reportaje se pidió una entrevista con Ramírez, a través de su equipo de prensa, pero no se obtuvo ninguna respuesta.

Según su sitio en Internet, el Celag fue fundado a principios de 2014 y está radicado en la Escuela de Relaciones Internacionales José Peralta, del IAEN. Y mantiene alianzas con instituciones de Bolivia, Venezuela y Argentina. Está integrado por ecuatorianos, españoles, argentinos, venezolanos, bolivianos. Un español, Alfredo Serrano Mancilla, que también estuvo en Bolivia, aparece como su Director Ejecutivo.