El Club de los 35: cómo Venezuela compró la lealtad de sus generales
La “alianza cívico militar” que el chavismo ha impuesto como doctrina revolucionaria en la Fuerza Armada Nacional bolivariana tiene más de negocio que de ideología, al menos para un tercio de los generales del Ejército venezolano, que exhiben todo tipo de empresas para contratar con el Estado aunque las leyes lo prohíben expresamente. La siguiente investigación fue realizada por el Occrp (Organized Crime and Corruption Reporting Project), organización global de periodismo de investigación, y publicada por varios medios de comunicación venezolanos, entre los que se incluye Armando.info como parte de una alianza periodística para develar la corrupción.
Escasez
extrema de alimentos y medicinas, hiperinflación, represión política y
escándalos de corrupción: una crisis tan compleja podría haber doblegado a más
de un gobierno. Pero no al venezolano, donde altos oficiales del ejército han
sido recompensados por mantener el statu quo, incluso mientras el país se hunde
en una espiral de ruina económica.
Una
investigación de Occrp (Organized Crime and Corruption Reporting Project) expone
los nexos financieros entre la administración del presidente Nicolás Maduro y
una camarilla de generales que están detrás de empresas privadas que recibieron
lucrativos contratos estatales y otros beneficios. Para algunos analistas, este
tipo de retribuciones son clave para asegurar la lealtad al régimen de Maduro,
en medio de una situación política y económica que se deteriora.
Una
serie de documentos internos del Ejército Bolivariano, conocidos por Occrp,
fueron el punto de partida de la investigación. Un equipo de reporteros luego
revisó registros empresariales y de propiedad, tanto en Venezuela como en
Estados Unidos. También entrevistaron a varios oficiales con conocimiento sobre
empresas relacionadas con generales. Occrp tuvo además acceso a una copia
completa del Registro Nacional de Contratistas (RNC) del 2017, antes de que el
gobierno decidiera eliminar buena parte de la información que estaba
disponible.
Los
documentos revelan por primera vez que, para 2019, Venezuela contaba con 312
generales activos en el Ejército, la rama más poderosa de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (Fanb). Casi un tercio de estos altos oficiales están
vinculados a empresas que están habilitadas para hacer negocios con el gobierno.
De estos, 35 son socios o están en juntas directivas de compañías privadas que
aparecen en el RNC. La investigación se centró en este grupo, que OCCRP bautizó
como El
Club de los 35.
Los
miembros del Club de los 35 se relacionan con 41 empresas privadas habilitadas
para contratar con el Estado. Fueron fundadas a partir de 2004 y se concentran
en sectores económicos clave como la construcción, la alimentación, el
transporte y el petróleo. En total, obtuvieron 220 contratos a lo largo de los
años. También se han involucrado en actividades tan diversas como la publicidad,
la venta de equipos de salud, la importación de juguetes y el
turismo.
“Se
convierte en una especie de doctrina militar que algunos oficiales creen una
empresa”, dijo Pedro Mendoza, un ex teniente de la Guardia Nacional Bolivariana,
otra rama de las Fanb, que decidió abandonar su país en 2019 y cruzó la frontera
hacia Colombia.
Mendoza
describió la actitud de la administración Maduro hacia sus generales como: “Tú
me proteges, me mantienes en el poder y yo te doy a ti la posibilidad de que
tengas beneficios económicos”.

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro participa en un ejercicio militar en Fuerte Tiuna, un complejo militar en Caracas, el 24 de febrero de 2018. Crédito: REUTERS/Marco Bello / OCCRP
Las ventajas del club
Una
mirada más profunda muestra que el estilo de vida de los miembros del Club de
los 35 es incompatible con sus sueldos. Occrp tuvo acceso a nóminas del Ejército
Bolivariano, que en Venezuela no son públicas, y muestran que un teniente gana
en promedio 6,30 dólares mensuales, mientras que el salario de un general
alcanza sólo 8,90 dólares.
Como
en el resto de la economía venezolana, los salarios de los militares han venido
perdiendo su poder adquisitivo. Según el Fondo Monetario Internacional,
Venezuela es el país del mundo que sin estar en guerra o experimentando un
desastre natural, ha sufrido el mayor colapso económico en los últimos 50 años.
En 2019, se registró una hiperinflación de 9.585,50%. La proporción de la población que
vive en la pobreza extrema saltó de 10% en 2014 a 85% en 2018.
Estos
bajos salarios, frutos de la debacle económica, crearon un incentivo adicional
para que los oficiales completaran sus ingresos con empresas alternas, según
explicó Pedro Mendoza, el ex teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, que
ahora está en Colombia y cuyo corte de pelo austero y postura firme son signos
visibles de su pasado militar.

El entonces candidato presidencial Hugo Chávez con su esposa María Isabel, saludan a miles de simpatizantes en la clausura de su campaña en Caracas el 2 de diciembre de 1998.Crédito: AP Photo / Timothy Padek / OCCRP
“Lo que se percibe hoy en día por nómina, por sueldo
básico, no alcanza para nada”, dijo durante la entrevista realizada en
una pollería en el municipio de Villa del Rosario, que queda a solo 10 minutos
de la frontera con Venezuela. “Por eso, los altos oficiales tienen sus negocios
en paralelo”.
El
mismo ministro de defensa, el general Vladimir Padrino López, ganaba
oficialmente menos de 8 dólares al mes en septiembre del año pasado. Pero, según
una investigación de Occrp que es parte de esta serie, Padrino tiene vínculos
con una constelación de empresas y propiedades en Venezuela y en Estados Unidos
que valen varios millones de dólares.
Uno
de los miembros del Club de los 35, el general Hernán Akhnanton Noguera Mejía,
es quien concentra el mayor número de contratos estatales: 47. A través de su
empresa de catering, la Asociación Cooperativa Andina de Festejos, organizó un
asado para 600 funcionarios del Seniat, el servicio nacional de aduanas e
impuestos. En un acto de entrega de patrullas y motocicletas a policía
regionales en el marco de la Gran Misión A Toda
Vida Venezuela, le alquilaron carpas e incluso palmeras para la ceremonia. La
empresa fue fundada en 2010, solo un mes después de que lo ascendieran al
grado de teniente coronel.
Aunque,
según los registros filtrados a Occrp, Noguera solo gana alrededor de 9 dólares
mensuales, en su perfil de Facebook publicó información sobre vacaciones en el
extranjero, incluyendo viajes a Italia, España, Israel, Malta y Mónaco. En 2010,
estuvo en un crucero por el Mediterráneo.
Otro
de los miembros del Club de los 35 es el general Jesús Emilio Vásquez Quintero,
actual fiscal general de la Fiscalía General Militar, institución que ha sido
vinculada a la persecución judicial interna en las Fuerzas Armadas y que
incluso, cómo lo han denunciado ONG de derechos humanos, ha iniciado juicios
contra civiles. En 2005 se fundó la Asociación Cooperativa El Tepuy, en la que
él y su esposa Tibisay Villalobos aparecen con el 40% de las
acciones.
La
empresa obtuvo 41 contratos con numerosas instituciones estatales. Para la 51ª
Brigada Domingo Sifontes reparó equipos de vehículos y suministró materiales de
ferretería. Le vendió neveras y equipos médicos al Hospital Universitario de
Caracas, uno de los principales centros de salud del país. El ministerio para la
Cultura le compró fotocopiadoras Canon, mientras que el ministerio para el
Servicio Penitenciario adquirió materiales de ferretería de la compañía. Incluso
le entregó tambores de desengrasantes para uso mecánico y tambores de
solvente dieléctrico a la Industria Venezolana de
Aluminio.
Occrp
visitó las cuatro direcciones de la Asociación Cooperativa El Tepuy que figuran
en el RNC. En una funcionaba una tienda de repuestos de automóviles, otra
correspondía a un edificio residencial, en otra la empresa no figuraba en el
directorio del edificio, mientras que en la última no había signos de que ahí
funcionara la empresa.

Juan Guaidó habla con sus partidarios en un evento en Caracas, el 2 de marzo de 2019, poco después de haber sido nombrado presidente interino. Crédito: Leo Alvarez / Sputnik via AP / OCCRP
Según
la Constitución y la ley anticorrupción, es ilegal que funcionarios públicos
utilicen su cargo en beneficio personal, ya sea directamente o a través de un
tercero asociado, como un familiar. Eso incluye capitalizar las conexiones
personales para obtener contratos estatales.
“No
ha habido voluntad para revisar qué está pasando con esos oficiales que están
vinculados a un sector político y que manejan enormes cantidades de dinero”,
dijo el abogado de derechos humanos Alonso Medina Roa, quien ha defendido a
varios oficiales acusados de rebelarse contra el gobierno de Maduro.
“El
funcionario público tiene que ofrecer dedicación exclusiva, no puede contratar
con el Estado, no puedes generar otro tipo de actividad comercial”,
añadió.
Famiempresas
En
algunos casos, Occrp encontró pruebas de que los generales crearon empresas en
los mismos sectores económicos en los que se desenvuelven.
En
2011, cuando empezó a trabajar en el palacio presidencial de Miraflores, el
general Jesús Rafael Villamizar Gómez se convirtió en secretario y accionista de
la empresa de seguridad Asociación Cooperativa Seguridad y Protección Universal
1204. En 2016, fue nombrado comandante de la Brigada Especial de Protección y
Aseguramiento Presidencial, un puesto clave tras las repetidas denuncias de
conspiraciones para asesinar a Maduro (el general Villamizar no
contestó
a las preguntas enviadas).

FEl exsargento Harry Solano, contesta las preguntas de los reporteros.Crédito: Ramón Campos Iriarte / OCCRP
Sin
embargo, cuando Occrp visitó la sede de la empresa que figura en el RNC,
encontró una residencia privada. El vigilante de la unidad dijo que ahí no
opera, ni ha operado, ninguna compañía.
Algunos
de los miembros del Club de los 35 incluyeron a familiares en sus empresas para
mantener sus negocios en secreto. Occrp encontró por lo menos cinco generales
con parientes en puestos clave en sus compañías. El general Alejandro Ramón Maya
Silva, director del despacho del comandante general del Ejército, está vinculado
a dos empresas: Aquila Grupo Empresarial, C.A. y La Granja Integral, C.A. Esta
última, involucrada en el negocio agrícola, fue fundada en 2017 cuando Maya
Silva ya era general. En el consejo de administración figuran dos de sus
hijos.
En
algunos casos, las esposas de estos altos oficiales tienen sus propias
sociedades en el registro de contratistas. Es el caso del general Carlos
Alessandro Cestari Infantini, que en 2016 se convirtió en gerente general de
tecnología de información y comunicaciones del Seniat, el instituto nacional de
aduanas e impuestos. El alto oficial y su esposa, Mariangel Arruebarrena, son
dueños de Geringtel Inversiones, una empresa de informática, construcción y
publicidad que cuenta entre sus clientes al ministerio de Defensa, el Banco del
Tesoro y el Saime, el organismo de identificación y
migración.

Migrantes venezolanos en el puente Simón Bolívar, que conecta a Venezuela y Colombia y es el principal punto de entrada de cientos de personas que huyen del país tras el colapso económico. 14 de agosto de 2019.Crédito: Ramón Campos Iriarte / OCCRP
La
esposa de Cestari es además dueña de T.C.J. Inversiones, una empresa
constructora que cuenta entre sus clientes a Mercal, al ministerio de Defensa, a
la fundación de Desarrollo Nacional Aeroportuario y Portuario y al propio
Seniat.
Occrp
envió correos electrónicos a todos los miembros del Club de los 35. Únicamente
dos respondieron.
La
información sobre las compañías vinculadas a los generales viene del Registro
Nacional de Contratistas (RNC), al que las empresas se supone deben afiliarse
para obtener contratos con el Estado. Hasta hace tres años, una multitud de
datos estaban a disposición del público, incluyendo la dirección de las
empresas, la identidad de los accionistas, de los socios y de los miembros de la
junta directiva, así como detalles de los contratos públicos de dicha
empresa.
Pero
en agosto de 2017, el gobierno limitó severamente la información del RNC, y ya
no es posible saber qué personas tienen vínculos con las empresas contratistas
ni qué contratos han obtenido. De la noche a la mañana, Venezuela se volvió casi
tan opaca como una jurisdicción offshore.
"La
contratación del Estado es realmente una caja negra en Venezuela, no hay
acceso", explicó Andrés Cañizalez, investigador de la Universidad Católica
Andrés Bello y experto en temas de transparencia.
Occrp
pudo obtener una copia de la base de datos completa, tal y como estaba justo
antes de ser retirada. El gobierno declaró que tomó esa medida porque la
información del registro era usada por bandas criminales para extorsionar y
secuestrar.
Pero
Cañizalez dijo que el verdadero objetivo de la decisión es “impedir que se
siguieran haciendo investigaciones donde en varios casos se habían develado los
nexos familiares de contratistas del Estado con altos
funcionarios”.

Crédito: Midhat Kapetanović / OCCRP
La esencia del madurismo
La
incursión militar en la economía venezolana comenzó hace dos décadas, con el
ascenso al poder de Hugo Chávez, un ex teniente coronel del ejército que fue
elegido presidente en 1998.
Hasta
ese momento, después de que terminara el gobierno militar de 1958, las fuerzas
armadas cumplían con sus misiones habituales como la defensa nacional y el
control del orden público. Incluso estaba prohibido que votaran.
Chávez
impulsó una nueva alianza, que bautizó “cívico-militar” y lanzó el Plan Bolívar
2000 con un presupuesto de 114 millones de dólares, en el que miles de soldados
participaron en obras públicas como la reconstrucción de carreteras y
remodelación de escuelas. En virtud de la nueva Constitución, que se aprobó a
finales de 1999, los militares fueron encargados de impulsar el desarrollo
nacional y el presidente asumió la potestad de decidir sobre el ascenso de los
oficiales.
Tras
el fallido golpe de estado de 2002, Chávez incrementó la participación de
oficiales de su confianza en el manejo de la economía. Con el tiempo, altos
oficiales militares tomaron el control de los puertos, así como de la estatal
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la principal fuente de divisas del
país.
En
2005 entró en vigor la ley orgánica de las fuerzas armadas destinada a
"fortalecer la integración cívico-militar". Incluso se empezó a reclutar civiles
en un nuevo cuerpo militar híbrido: las Milicias Bolivarianas.
En
paralelo, altos oficiales empezaron a ganar protagonismo en el mundo de los
negocios. En 2005, según muestran los registros, los miembros del Club de los 35
inscribieron siete empresas, más que en cualquier año anterior o
posterior.
Cuando
el presidente Maduro asumió su cargo en 2013, tras la muerte de Chávez, amplió
aún más el papel de los militares en la vida civil. En 2018, siete de los 23
gobernadores de Venezuela son oficiales, activos o retirados. Además, nueve
militares eran parte de su gabinete. Los militares también dirigían por lo menos
60 empresas públicas.
Los
oficiales con intereses económicos constituyen la “esencia del madurismo”, según
Javier Corrales, catedrático de ciencia política y experto en Latinoamérica en
el Amherst College de Estados Unidos.
“Eso
es más importante hoy que en cualquier momento bajo Chávez, y eso que Chávez fue
el inventor de aquello de la alianza cívico-militar de los 2000”, dijo en un
correo electrónico.
Para
Corrales, hay tres tipos de “mili-empresarios”: los que dirigen empresas
estatales; los oficiales en servicio y retirados que tienen empresas privadas
que hacen negocios con el Estado; y militares involucrados en negocios ilegales.
“A ninguno de estos grupos les parece bien una transición hacia un régimen no
chavista”, señala Corrales.
Debido
a severas restricciones para realizar investigaciones periodísticas en
Venezuela, es difícil determinar si miembros del Club de los 35 estuvieron
involucrados en prácticas corruptas. Sin embargo, oficiales disidentes que
huyeron del país, han contado cómo empresas de generales venezolanos se
aprovechan de los fondos públicos.
Lealtad condicionada
Antes
de que Harry Solano cruzara la frontera con Colombia, era sargento de la Guardia
Nacional Bolivariana. Pero lo que calificó de corrupción endémica, que le tocó
ver de primera mano cuando trabajaba en empresas dirigidas por militares o en
programas gubernamentales, lo llevó a organizar el efímero levantamiento armado
de Cotiza en enero de 2019.
Cuenta
que en Sidor, el principal complejo siderúrgico del país, le ordenaron cargar
varillas de acero corrugado (cabillas) a camiones que eran de un general.
“La mafia que había con las cabillas, era impresionante”, le dijo Solano a
Occrp, hoy residente en el exterior. Huyó después de que el alzamiento
fracasara. Explicó que él sacaba las cabillas y el alto oficial las metía en su
empresa y luego las vendía y exportaba.
Fue
testigo de esquemas similares cuando era inspector de la Gran Misión Vivienda
Venezuela, un proyecto del gobierno para construir casas de interés social,
donde vio cómo se saquearon materiales de construcción importados de China.
“Empiezo a ver en la Misión Vivienda cómo se robaban los recursos, las cabillas,
las puertas, el cemento, se los robaban para bachaqueárselo (revenderlo) a las
empresas privadas. Llegaban cabillas de China, puertas principales de China para
las casas”, señaló.
“Te
digo, de 100 toneladas de cabilla que en un momento llegaron, una tonelada
solamente fue para la Misión Vivienda en el estado Anzoátegui. Las 99 toneladas
que faltaron, se perdieron”, dijo el exsargento.
Según
Solano, que fue escolta de varios generales, este tipo de corrupción explica por
qué los oficiales de alto rango todavía apoyan al gobierno. “Si el régimen cae,
los oficiales dejan de percibir dinero...No hay nada ideológico, todo es interés
del dinero”.
Otro
exteniente que huyó a Colombia, y que pidió no ser identificado por temor a
represalias contra sus familiares que viven en Venezuela, dijo que algunos
generales que dirigen programas de vivienda crean empresas que luego se ganan
contratos públicos con las diferentes “misiones” sociales.
"La lealtad hacia el régimen de Maduro es obtener algún
beneficio. Yo obtengo beneficios del régimen y yo estoy con el régimen”, indicó.
“Eso es la lealtad, por eso es que no se voltean”.
*Puedes leer el perfil de los 35 generales en el portal de Occrp.
***Esta investigación fue realizada por el Occrp (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y fue publicada en conjunto por varios medios de comunicación venezolanos, incluido Armando.Info, como parte de una alianza periodística para develar la corrupción.