Un trabuco de negocios con el Estado al que le faltan los trofeos

Durante las dos primeras temporadas el equipo apenas funcionaba. El hijo del almirante Zeltzer figuraba en las alineaciones como el arquero titular de la oncena. El presupuesto era exiguo y las victorias no abundaban, aunque fueron suficientes para su promoción a la primera división. El debut en la categoría superior fue casi catastrófico: nuevo descenso a segunda.  Si el ambiente familiar de club de barrio podía tener su encanto, nada garantizaba su duración en medio de un pobre desempeño deportivo y financiero. Fue vendido a un grupo de empresarios que prometió su rescate. 

En 2011, el suboficial que siempre está entre las gradas -pero desaparece cuando el equipo está perdiendo-, Vidal Acevedo, se asoció al equipo de forma discreta. Para ello optó por usar como vehículo la Fundación Hijos de Bolívar que fundó junto a su socia, Rosa Elena Rondón Meza, en 2010, y su esposa, Luisa Emilia Gómez Carmona.

El equipo detrás del equipo lo conformaron otros seis accionistas, amigos entre sí la mayoría desde la adolescencia: Rubén Villavicencio, Rafael Cid Montes, Jacky Koenig Taranto. También Jorge Andrés Sandia Bracho, José David Palm Rojas y Eddy Ezra Silvera Douer formaron parte de esta nueva directiva. El almirante Franklyn Zeltzer permaneció como segundo vocal. 

La banda de amigos tal vez se divierta en la gestión del equipo y, aunque siga en deuda en la tarea de mejorar el palmarés del club -su mayor logro ha sido jugar la primera fase de la Copa Sudamericana en 2017-, ya acumula otros trofeos: entre todos sus miembros y a través de diferentes combinaciones, son socios de al menos 29 empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

El Atlético Venezuela CF en sus inicios era considerado un equipo ascensor de la parte baja de la tabla, que se debatía entre subidas y bajadas de la primera a la segunda división constantemente.

Los nuevos propietarios se propusieron cambiar esa historia con dinero. Mucho dinero, para los estándares de la precaria liga venezolana. Lo suficiente para que el equipo no solo cambiara desde adentro, sino que se permitiera además patrocinar y refaccionar las instalaciones donde jugaba. 

En ese ascenso lo primero fue cambiar la imagen. Salazar Acevedo depuso las armas por amor a los negocios, pero con su nuevo equipo le hizo un tributo a su vieja alma máter, la Academia Militar. Ordenó cambiar los colores negro y naranja de la camiseta para  uniformar a los jugadores de azul y rojo, los colores del escudo del Ejército venezolano. Otro guiño: convirtió Fuerte Tiuna, el mayor cuartel militar del país, al suroeste de Caracas, en su vivero de talentos y centro de entrenamiento.

Así comenzó a crear lo que denominaron la raza atlética, con ventajas muy visibles rápidamente: Adidas vistió a los jugadores desde 2011 al 2018 y comenzó el fichaje de deportistas criollos de mayor vuelo. Entre sus jugadores más prominentes destaca el delantero y goleador Edder Farías desde el año 2018, un futbolista que pasó por los equipos União da Madeira (Portugal), Once Caldas (Colombia) y Junior de Barranquilla (Colombia). También Jesús La Pulga Gómez, quien firmó por dos años en diciembre de 2019 y que viene de jugar con Delfines, Dorados, Necaxa, Atlante y Oaxaca en México, en Raja Casablanca de Marruecos y Al Ittihad Aleppo en Siria.

Salazar Acevedo también siguió la tradición del fundador y así fue cómo su hijo, José Daniel Salazar Gómez, llegó a formar parte de la plantilla de jugadores del Atlético.

La directiva del Atlético Venezuela CF se negó a responder a las consultas efectuadas para este reportaje sobre sus costos de operación. Aseguró que los números estaban asentados en la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). Pero el ente federativo también se rehusó a facilitar la información, asegurando que la responsabilidad en la transparencia de las finanzas recae directamente en el equipo de fútbol, la empresa deportiva.

 “El club se ha financiado consiguiendo patrocinios, intercambios, aportes de los asociados. Posteriormente por pagos de derechos de formación de jugadores, cláusula por responsabilidad de formación de jugadores, derechos de televisión, participación en copas internacionales, y lo más importante, la venta de jugadores”, respondió la directiva a Armando.Info a través de correo electrónico.

Para los equipos venezolanos, los ingresos por las vías de traspasos y juegos internacionales son la excepción. Pero el Atlético Venezuela se ganó el loto en 2017. Entonces vendió la ficha del juvenil Yangel Herrera al Manchester City de la Liga Premier inglesa. Herrera ha brillado esta temporada jugando a préstamo, con opción a compra, para el Granada de la Primera División española.

Medios especializados aseguraron en ese momento que la venta se completó por 1,7 millones de dólares. Aunque el Atlético Venezuela se negó a revelar el monto de la transacción, amparado por una cláusula de confidencialidad, sostiene que ese ingreso pagó la operación del equipo por dos años, incluyendo refacciones en el histórico estadio Brígido Iriarte de Caracas, su sede oficial, y en el Centro de Entrenamiento de Fuerte Tiuna. La fórmula habría sido tan exitosa, siguen argumentando desde la oficina del club, que se dispone a hacer otro tanto con el 25% de los derechos de venta de Herrera que el Atlético Venezuela todavía conserva. Si fuera comprado por otro club o inversionistas por los 20 millones que, creen, ahora se pagarían por Herrera, a la oncena venezolana le corresponderían otros cinco millones de dólares.

Solo el día del traspaso de Yangel Herrera, el suboficial Salazar Acevedo mostró su cara firmando el contrato. Salió de las sombras de la fundación para figurar en el logro más notable de la organización deportiva.

Los números, sin embargo, no cuadran del todo, incluso si se considera el filón todavía productivo de Herrera.

Según las cláusulas de un contrato al que tuvo acceso Armando.Info, los honorarios promedio de un jugador del Atlético Venezuela rondan los 180.000 dólares al año, sumados a bonos de 500 dólares por cada gol, y un bono adicional de 5.000 dólares por 32 partidos completados. El equipo también adquiere el compromiso de pagar bonos de 10.000 dólares si se clasifica a la Copa Libertadores y 8.000 si se clasifica a la Sudamericana. El costo del césped remozado del Brígido Iriarte está en torno a los 420.000 dólares. El sistema de iluminación, 480.000 dólares. Son cifras que siguen apilando en la columna de costos y que, si bien en su totalidad apenas representan un pellizco en el presupuesto de algún equipo de clase mundial como el Real Madrid o el Bayern de Múnich, son relevantes en el marco de una liga pobre de un deporte apenas popular en un país que atraviesa una catástrofe económica casi sin precedentes en la historia moderna. Aún más si se trata de una franquicia segundona, todavía lejos de los laureles conquistados por divisas como el Deportivo Táchira o el Caracas FC.

Desde el club contestan: “Hemos utilizado la maquinaria, personal y talento del holding de empresas que forma parte Atlético Venezuela CF. Esto último nos ha ahorrado mucho flujo de caja”.

La directiva del Atlético Venezuela insiste en que los fondos inyectados por los dueños, además de los patrocinios, son parte del sustento económico que mantiene al equipo. Pero en la práctica unos y otros están estrechamente ligados.

El suboficial Jesús Salazar Acevedo dejó de ser el asistente del general Carlos Acosta Pérez -actual presidente de la Industria Venezolana de Aluminio (Venalum)- para dedicarse a seguir su propia ruta de negocios.

Entre los patrocinantes se encuentran al menos dos empresas de Salazar Acevedo y Villavicencio, como la Constructora Vidalsa 27 C.A. También la empresa Ferry Jet Marine, creada en desde 2015 y en la que el suboficial se asoció con Villavicencio, en una proporción de 80% y 20%, respectivamente. En 2017, Salazar Acevedo se quedó con el cien por ciento de las acciones de la empresa que, desde el año pasado, ofrece la ruta desde la costa continental del estado Anzoátegui hasta la isla de Margarita, en el Caribe del Oriente de Venezuela.

Constructora Vidalsa 27 C.A., fue investigada por la ex fiscal Luisa Ortega Díaz por beneficiarse de contrataciones con el gobierno de Hugo Chávez Frías. Esta empresa obtuvo 38,1 millones de dólares de la entonces Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) a través de 31 solicitudes para obtener divisas en pleno auge del régimen de control de cambio.

Ese mismo año, Salazar Acevedo se hizo socio del ingeniero Alfonso Karam en la empresa AMK Construcciones C.A. que constituyó en 1999 con su esposa. Salazar Acevedo obtuvo 50% de las acciones de esta empresa con el argumento que era parte de pago de una deuda que mantenía con él la esposa de Karam, Mariana Díaz.

A partir de ese momento los negocios con el Estado venezolano solo crecieron. Ambas empresas obtuvieron al menos 42 contratos con el Estado según lo reportado ante el RNC. Entre las que contrataciones destacan asignaciones del Instituto Nacional de Vivienda (Inavi), y de la estatal petrolera Pdvsa,  para construir viviendas en Charallave, estado Miranda; Bejuma, estado Carabobo; y Maturín, estado Monagas.

El consorcio de Salazar Acevedo fue encargado de la remodelación de dos sedes en Caracas del organismo tributario nacional, Seniat, dirigido por José David Cabello, hermano del segundo a bordo del partido oficialista y presidente de la segunda versión chavista de Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Igualmente, cuando el actual ministro de Información, Jorge Rodríguez, era alcalde de la capital, el organismo adscrito a su despacho, Fundacaracas, le otorgó contratos para hacer movimientos de tierra en urbanismos. En 2017 le fue adjudicado un contrato para ello en el sitio donde se construiría el Estadio Nacional de Fútbol -diseño de sir Richard Rogers- dentro del Parque Hugo Chávez, ubicado en el sector La Rinconada de Caracas.

Su socia, Rosa Elena Rondón Meza, no quedó por fuera del Atlético Venezuela CF. Ella era la cara visible de la Fundación Hijos de Bolívar -el socio nominal del club- y empezó por ser tesorera de la organización deportiva. Rondón Meza también es directora de la empresa panameña Westin Investment Holding que le pertenece también a Salazar Acevedo. También es socia del Consorcio Argentum 20-21 de Venezuela, que se dedica a la exportación, importación y comercialización de oro, plata, platino y metales asociados. Las oficinas que reporta la socia del Atlético Venezuela CF ante el RNC son las misma que ocupaba la empresa Derwick Associates en la Torre Kyra de El Rosal, Caracas.

Derwick Associates es una empresa registrada originalmente en Panamá, luego en Barbados, Venezuela, España y EEUU. Entre octubre de 2009 y diciembre de 2010 recibió 12 contratos para obras eléctricas y por los que obtuvieron una adjudicación de 2.500 millones de dólares, pese a su escasa experiencia en el sector. Están siendo investigados en Suiza, Estados Unidos y Venezuela por presunto blanqueo de capitales. Hoy, las oficinas que fueron allanadas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en diciembre de 2017, están vacías.

Salazar Acevedo controla al menos seis empresas inscritas en el RNC de Venezuela, nueve empresas en Estados Unidos y dos en Panamá.

A pesar de todas estas contrataciones y adjudicaciones de divisas, la directiva del equipo insistió en comunicación vía correo electrónico con Armando.Info que “con el gobierno venezolano no tenemos vínculo, lo que nos une al estado venezolano son dos comodatos”.

“Hay mucha gente que está hablando de la lavadora y una gran cantidad de cosas, porque son ignorantes de dónde vienen los recursos de Atlético Venezuela. Se les olvida que este club vendió a Yangel Herrera y que lo renovó, lo que genera unos recursos”, dijo Rubén Villavicencio en una entrevista el 10 de enero de este año al medio Balonazos.com

Insistía en la entrevista en que “el dinero del equipo no proviene de la chequera de su dueño”, en singular. Pero el Atlético Venezuela CF tiene ocho socios detrás, también con sus conexiones y con el Gobierno como principal cliente.

La sociedad entre Salazar Acevedo y Rubén Villavicencio es de mucha confianza. El presidente de la Liga de Fútbol Venezolana funge como asesor jurídico en la Fundación Hijos de Bolívar, creada en 2010, y mantiene una sociedad con Salazar en una empresa con sede en Panamá llamada Blue Investiment. Villavicencio, además, mantiene por su parte cuatro empresas inscritas en el RNC: Cantata Café & Concert C.A, de servicio de catering; RRR Logística de Alimentación, de empaquetado de comida; Asociación Cooperativa P & V R.L, de publicidad; y Comunalia PV, de construcción.

Al negocio Cantata Café & Concert, C.A se le adjudicaron 363.970 dólares a través de subastas de Dicom el 10 de agosto de 2017 para importar materia prima, sin mayores especificaciones.

Los amigos que hizo Villavicencio en el estado Mérida, en los Andes del suroccidente de Venezuela, cuando era adolescente, también fueron llamados a participar como inversionistas del Atlético Venezuela. Cid Montes y David Palm Rojas son de sus más cercanos, inmortalizados en su cuenta de Instagram con un retrato donde aparecen todos visiblemente más jóvenes y delgados, en la década de los 90.

Tanto Montes como Palm pasaron por la directiva del Atlético Venezuela CF en 2011, cuando decidieron “salvar” al equipo de la quiebra.  Tenían ya negocios con el Gobierno o con intenciones de tenerlas, según se evidencia en la base de datos del RNC.

Enrique Rafael Cid Montes es un economista de 43 años de edad que también formó parte de la directiva desde 2011. Ha constituido empresas de objetivos sin duda diversos: construcción, industria farmacéutica, transporte, publicidad, asesoría jurídica y, por último, presentó especial interés en la explotación del turismo de diferentes maneras. Con su amigo de la adolescencia, Rubén Villavicencio, mantiene sociedad en la empresa RRR Logísticas de Alimentación. Con otro miembro de  la segunda directiva, Jorge Andrés Sandia Bracho, comparte la empresa de construcción y venta de inmuebles Alarsan C.A.

Con la empresa Construcciones Erac 22, que compró ya constituida en el año 2012 -cuya razón social incluía desde construcción de obras civiles hasta confección de ropa, pasando por comprar ganado y ofrecer asesoría jurídica- obtuvo el contrato de remodelación del Hotel Alba Caracas, antiguo Caracas Hilton, al año siguiente con un presupuesto de 80 millones de dólares bajo la gestión de Andrés Izarra en el Ministerio de Turismo. Desde entonces continuó la buena racha al obtener, en 2014, otros catorce contratos con la Corporación de Miranda para construir y mejorar sistemas eléctricos en los Valles del Tuy, en el estado Miranda, y hacer rehabilitaciones viales.

En 2017 amplió su razón social para operar con servicios turísticos y aumentó su capital de cinco millones de bolívares, con el que se creó cuatro años atrás, a más de 850 millones de bolívares, equivalente a unos 324.496 dólares según la tasa oficial del momento. Dos meses después de este cambio, la ministra de Turismo, Marlenys Contreras, esposa de Diosdado Cabello, le entregó la concesión para operar y rehabilitar el Hotel y Marina Venetur Morrocoy, en el estado Falcón.

El nombre de Cid Montes salió a relucir en diciembre de 2017 en un juicio contra los empresarios Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, hallados culpables por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por lavar 100 millones de dólares a funcionarios de Venezuela. En ese juicio, la empresa Miami Equipment & Export, que pertenece a los Díaz, dejó al descubierto la estructura usada por el Consorcio KCT Cumaná Internacional III para triangular los dineros públicos y convertirlos en fortunas salvadas en paraísos fiscales con el apoyo de contactos en Pdvsa, Cadafe y Corpoelec para la asignación de contratos.

Siete años después de aquellas adjudicaciones salieron a la luz una serie de nombres y empresas que cobraron dinero sin prestar servicios. Cid Montes fue uno de ellos, junto con el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez; el ex viceministro de Energía Eléctrica, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas; el médico nombrado por su hermano Rafael Ramírez Carreño como director médico de Pdvsa, Fidel Ramírez Carreño y otras 24 personas. Montes fue acusado de comprar inmuebles en Miami con dinero de comisiones que recibió de contratistas venezolanas cuando trabajaba como asesor del ex ministro de Energía y Minas, Jesse Chacón.

En el reciente mes de septiembre de 2019, el Atlético Venezuela CF recuperó algo de su aura de empresa familiar. Jesús Salazar Acevedo, que un año antes había asumido abiertamente con su nombre y apellido el cargo de Secretario de la Junta, lo dejó. Rubén Villavicencio volvió a la presidencia del equipo luego de casi dos años de ausencia. Pero al unísono se incorporaron a la directiva el hijo futbolista de Salazar, José Daniel Salazar Gómez, junto con su hermana, Gabriela Salazar Gómez. Su esposa Luisa Emilia Gómez Carmona asumió la vicepresidencia; su sempiterna socia, Rosa Elena Rodón Meza, pasó a ser la Secretaria. La Fundación Hijos de Bolívar se desincorporó finalmente de la directiva. Cid Montes, Palm, Sandia Bracho, Zapelli, Ezra y Koenig no aparecen ya entre los asociados. Pero Salazar Acevedo sigue detrás de los patrocinantes y en las gradas.