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Se van los niños venezolanos, y se van solos

Desde que comenzó la migración masiva de venezolanos a través de las fronteras terrestres han salido del país más de un millón de niños, de los que cerca de 25.000 lo han hecho a Colombia y Brasil sin la compañía de algún representante o familiar. Parten escasos de cualquier recurso, muchas veces buscando al padre o la madre que los dejó atrás o simplemente en pos de un trabajo que les permita conseguir un sustento. Las motivaciones para esta silenciosa Cruzada Infantil son tan poderosas como para que los menores de edad superen el temor natural a un recorrido de miles de kilómetros por lo desconocido y amenazante.

02/02/2020 0:00:00

Español

Cuando Jesús* llegó al albergue de la Fundación Colombo Venezuela Nueva Ilusión, en el departamento colombiano de Norte de Santa a mediados de 2019, estaba desorientado, hambriento y sin papeles. Con solo nueve años y una mochila casi vacía recorrió más de 800 kilómetros desde el estado venezolano Aragua en busca de su padre, que se había marchado a Cali.

No avisó a nadie. Hizo la travesía solo y no es el único. Los niños, niñas y adolescentes venezolanos que se desplazan sin acompañamiento por el sur de América como consecuencia de la crisis socioeconómica del país ya no son un fenómeno aislado. Lo que fue una excepción hoy es una situación alarmante que se registra con frecuencia.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que desde el año 2015 más de 25.000 menores de edad han migrado de Venezuela no acompañados y/o separados y podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con las evaluaciones realizadas por el Sistema de Naciones Unidas en 2019. Un número que, en proporción, es como si todos los habitantes de Ortiz, en el estado llanero de Guárico, hubiesen abandonado el pueblo. Una especie de reedición de Casas Muertas, la obra de Miguel Otero Silva que narra la huida de un mísero lugar debido al boom petrolero. Solo que este boom no tiene nada de desarrollo en su concepto, solo la onda expansiva del hambre y la pobreza.

Los datos de ACNUR contabilizaban para finales de 2019 la migración de 1,1 millones de menores de edad salidos de Venezuela con necesidades de protección, en situación de riesgo y bajo amenazas durante todo el ciclo de desplazamiento. De ese número, 2,3% son niños y niñas no acompañados y/o separados, unos 25.000. En España se les conoce por las siglas de “Mena”: “Menores de edad no acompañados”.

Esta es una fracción del total de refugiados y migrantes que sobrepasa los 4,7 millones de venezolanos, según la actualización más reciente de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial (R4V), publicada el 5 de diciembre de 2019, una iniciativa de Naciones Unidas en la que participan 41 organizaciones. La información de los reportes de gobiernos anfitriones, sin embargo, no consideran a los ciudadanos sin estatus migratorio regular, con lo cual, el número es probablemente más alto.

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Estimado de la población venezolana que ha migrado, según datos de Acnur.

A buscar trabajo

Aunque el porcentaje luce reducido, basta imaginarse las circunstancias que empujan a un menor de edad a tomar camino solo para que el fenómeno se convierta en un reflejo ineludible de fracaso y abandono.

Como Jesús, los menores de edad que viajan solos y comienzan a contabilizarse al otro lado de la frontera cuentan que él y su familia están pasando hambre y que “deben trabajar” para ayudar en la casa. Provienen de hogares empobrecidos y no tan conscientes de sus capacidades y derechos parecen dispuestos a trabajar incluso en condiciones de esclavitud y maltrato infantil, dentro y fuera del territorio venezolano.

Son también parte del fenómeno de “niños dejados atrás”, cuyos padres -uno o ambos- han emigrado para garantizar algún ingreso que puedan enviar mientras los hijos quedan al cuidado de algún familiar, en el mejor de los casos. Otros son atendidos por terceros sin vínculos filiatorios y los más grandes han quedado solos.

El psicólogo y coordinador adjunto del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), Abel Saraiba, señala que en Venezuela esta movilidad forzada supone que en 2019 al menos “1 de cada 5 migrantes dejó un niño atrás”, lo que incrementó la cifra de niños dejados atrás a 930.020. Específicamente 81.000 niños, niñas y adolescentes más que en 2018.

Al respecto, Acnur apunta como uno de los motivos para que los niños migren solos el deseo de “reunirse con sus padres o familiares que salieron de Venezuela anteriormente”, según Olga Sarrado, oficial de comunicaciones de la agencia. Hace referencia expresa que “trabajan de forma conjunta con las autoridades nacionales de los distintos países para facilitar la reunificación familiar de una forma segura y evitar la exposición del menor a riesgos de protección”.

Un apoyo que la institucionalidad venezolana no otorga. “Los niños y adolescentes requieren una atención especializada y no reciben ningún tipo de apoyo psicosocial para enfrentar esta situación”, señaló Saraiba.

Jesús, contra todo pronóstico, llegó a su destino. La fundadora y presidenta de la organización Nueva Ilusión, Nelsy Patricia Salguero, una colombiana que vivió en Venezuela hasta el 2015, narró que se hicieron las gestiones para contactar a su papá. El niño fue enviado al Albergue Avivamiento, en Los Vados, muy cerca del primer refugio y allí pasó la noche. Por intermedio del pastor del pueblo, el papá envió el dinero para un ticket de pasaje y el menor siguió su viaje en bus.

Los refugios de la ruta entre Los Patios y Tunja, a 115 kilómetros al noreste de Bogotá, se han organizado en una red humanitaria que se mantienen en constante comunicación y levantan las “alertas” de casos en un grupo de WhatsApp.

Salguero levanta su celular uno de los días de enero de este año y lee que en el refugio del páramo de Berlín -una meseta a 3.200 metros de altura en el camino hacia el departamento Santander- una madre venezolana embarazada dejó abandonados a sus dos hijos de 1 y 3 años. Advierte que cada vez es más frecuente encontrarse con estos casos.

Hasta diciembre de 2019 funcionaban 14 albergues pero, sin recursos para operar en enero de 2020 cerraron cinco, entre ellos, el de Los Vados que disponía de pernocta. En estos lugares es obligatorio mostrar un documento para poder recibir alimentos, un kit humanitario (primeros auxilios y aseo personal) y pasar la noche. Es en ese momento cuando los menores de edad no acompañados son identificados por los voluntarios de los refugios. Algunos adultos expresamente admiten que no existe ninguna relación con los niños que los acompañan en el trayecto.

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Uno pasivo, otro rebasado

El Estado venezolano ha sido testigo pasivo ante migración de sus pobladores, especialmente frente a la niñez que se le escapa. El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) es el organismo al que le toca velar por los derechos de los menores de edad, creado en el 2007 después de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Lopnna).

Desde su fundación hasta el 2013, el Idenna ha sido responsabilidad burocrática de cinco ministerios hasta que aterrizó en el Despacho de la Presidencia, adscrito al Viceministerio de la Suprema Felicidad del Pueblo, una estructura estatal que se encarga de coordinar los programas sociales gubernamentales y que bajo la administración de Nicolás Maduro cuenta más fracasos que aciertos.

Cuando se visitó la sede del Idenna para este reportaje, no había vocero presente ni autorizado para dar declaraciones. La institución no cuenta con material informativo sobre las competencias actuales, programas activos o centros de atención especializada para la infancia que ha quedado sola, que está en crisis, o que quiera regresar.

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“No existe programa de localización familiar”, explica Saraiba referente a los niños, niñas y adolescentes que migran solos. En el Idenna, a lo sumo, señalan que cualquier deportación de menores desde otros países pasa por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Siendo Colombia el principal receptor de la migración venezolana, es visible una mayor y mejor organización para detectar y atenderla, aunque con las limitaciones y decisiones improvisadas que sobrevienen ante un fenómeno que se hizo masivo en muy poco tiempo. En Nueva Ilusión, aunque detectan a los menores no acompañados, no pueden retenerlos contra su voluntad. Los responsables de los refugios que quedan en la ruta de los migrantes apenas advierten la presencia de estos menores.

“No estamos preparados para afrontar este tipo de situaciones”, reconoce la abogada venezolana Vanessa Apitz, colaboradora de Nueva Ilusión. “Debido a los casos que nos han llegado ahora contamos con los contactos en Colombia de la Comisaría de Familia y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que tiene enlace directo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)”. Comenta que la recomendación que le han hecho algunos funcionarios colombianos es que “los deje ir”. La cantidad de NNA venezolanos migrantes ha rebasado las capacidades de atención del Estado colombiano.

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La Fundación Colombo Venezolana Nueva Ilusión, en el municipio Los Patios del departamento colombiano Norte de Santander, recibe a los migrantes venezolanos y retornados colombianos.

El ICBF es el organismo homónimo del Idenna, pero en Colombia. El coordinador del Grupo Especial de Niñez Migrante, Felipe Cortés Cleves, declaró a Armando.Info que “el Estado colombiano definió como prioritario el caso de los niños, niñas y adolescentes venezolanos” que se han desplazado hasta su país. Expuso que es una situación sin precedentes en la región y que la tendencia es que se duplique el próximo año.

Hasta octubre de 2019, el ICBF registró 212 menores de edad no acompañados, actualmente bajo protección y restablecimiento de derechos. El 35% de ellos viajó con documentos y el restante sin papeles, lo que suma complejidad al problema. “En 2018 fueron aproximadamente unos 50 niños y adolescentes que se desplazaban no acompañados”, puntualizó.

Cuando los menores de edad no acompañados y/o separados son detectados por alguna institución colombiana, agencias de cooperación u organizaciones que trabajan con migrantes, se  identifica si han sufrido la vulneración de algún derecho (violencia, maltrato, esclavitud laboral, trata de personas, explotación sexual comercial, reclutamiento) y se trabaja en las medidas de protección. Esto incluye la búsqueda familiar o cualquier otra contemplada en la Convención de Derechos del Niño.

En cuanto a la atención de niños, niñas y adolescentes venezolanos, el ICBF registra un incremento significativo en los últimos ocho años. En 2012 era de 501 beneficiarios y para el corte de octubre de 2019, la cifra era de 98.473 atendidos entre cero y 17 años, de los cuales, 8.121 eran mujeres gestantes.

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El ICBF sigue un protocolo cuando un NNA venezolano no acompañado y/o separado es detectado.

Para este año se estima que ingresen a Colombia 400.000 niños, niñas y adolescentes venezolanos y para el 2021 el pronóstico es de 800.000. “La gran mayoría son menores de cinco años, con necesidades de cuidado y educación inicial”, indicó Cortés, abogado que trabajó anteriormente con la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y lideró en Sri Lanka el establecimiento de la unidad de víctimas.

Un cálculo de la inversión hecha por el Estado colombiano en los programas de prevención a menores de edad provenientes de Venezuela es de 105.302.257.929,78 pesos colombianos (casi 32 millones de dólares). Este monto corresponde al cierre del 30 de octubre de 2019, calculado a tasa oficial del momento.

Los números ocultos

A principios de 2019, la Fundación Nueva Ilusión recién se había instalado en el local de Los Patios, a 10 kilómetros de La Parada en el departamento Norte de Santander, e iniciaba las modificaciones en su infraestructura. Sus trabajadores no esperaban que se prolongara tanto la crisis migratoria venezolana, así que empezaron a sistematizar su capacidad de atención y recalcular sus insumos. Algunos caminantes se quedaron y se convirtieron en voluntarios. Priorizaron la atención a menores de edad y mujeres.

“Empezamos a visualizar la situación, se acercaban muchos pidiendo comida y alojamiento, pero cada vez había más presencia de menores de edad”, explica Apitz.

A finales del primer trimestre del año pasado les llegó un grupo de cuatro jóvenes entre 12 y 17 años, tres varones y una adolescente.

“Nos impactó verlos solos. Eran las siete de la noche. Nosotros los sentamos y les preguntamos. Uno de los varones dijo que se iban a trabajar, porque la mamá se había quedado en Venezuela y el papá se había ido, desentendiéndose de ellos. Eran familias, unos hermanos y otros primos”, narró.

A pesar de las advertencias -“ustedes están a tiempo, no pueden estar solos, no pueden caminar a esta hora”- los menores le explicaron que su destino era Ecuador donde estaba el papá del mayor de los jóvenes. Le pidieron el número de teléfono y la responsable de Nueva Ilusión hizo contacto. Ninguno de los padres del adolescente de 17 años sabía de la travesía.

“La mamá en Venezuela estaba incomunicada por los problemas de luz”. El asombro arropaba a los trabajadores del refugio. “Nosotros no sabíamos cómo tratar el caso. Pedimos apoyo a un cura que nos dijo que lastimosamente ‘él hacía la vista gorda’, los albergaba, les daba comida y al día siguiente que se fueran. Había tenido mala experiencia con Bienestar Familiar porque no había condiciones para los niños colombianos, menos para los venezolanos”, recordó.

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Desde Nueva Ilusión se insistió en llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia, que integra el Sistema Nacional de Bienestar Familiar en Colombia, quienes asistieron el caso, levantaron el acta pero los dejaron ir. Admitían que no contaban con las herramientas para atender la situación.

Los jóvenes siguieron su camino y a los siete meses Apitz volvió a ver a dos de ellos, el de 12 y el de 15 años. En el mismo refugio.

El caso de los menores de edad que viajan solos representa un número difícil de precisar en el largo listado que llevan las agencias, instituciones gubernamentales y organizaciones que trabajan con el tema de niñez y adolescencia pues suelen pasar desapercibidos. Algunas fuentes consultadas para este reportaje confirmaron que manejan un subregistro de menores no acompañados y no se consolida como único.

Otras organizaciones como la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), que están trabajando en la situación de los NNA refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, indicaron que los datos que corresponden al desplazamiento de infantes y adolescentes no acompañados son “cifras oscuras identificadas” que se pierden en la marea de venezolanos que se desplazan hacia Colombia.

Desde 2015 hasta el 31 de octubre de 2019, el cálculo de migrantes venezolanos en Colombia fue de 1.630.903, según el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) en ese país. Este fue creado a finales de 2016 y está liderado por la ACNUR en conjunto con la OIM. Las organizaciones no gubernamentales han alertado de una Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela desde 2014 aunque ha habido un tardío reconocimiento internacional.

El GIFMM atienden en promedio 10.000 NNA migrantes venezolanos mensuales concentrados en 7 municipios de frontera. Mientras que el ICBF atiende la misma cantidad, principalmente en 20 municipios de frontera.

Save the Children es otra organización de atención a la infancia, especializada en los derechos de la niñez y que mantiene activos programas de educación y atención a los NNA migrantes venezolanos en situación pendular. Esto es, que viven en Venezuela y pasan a Colombia a estudiar o trabajar y regresan a territorio venezolano. Tiene presencia en dos puntos fronterizos, uno en La Guajira colombiana, al norte del país y, también en el departamento de Arauca, al sur de los llanos venezolanos.

Ellos también tienen un subregistro que supera la cifra arrojada por el ICBF en el Arauca y que es compartida por el GIFMM. Desde noviembre de 2018 a octubre de 2019, identificaron 136 niños casos de NNA no acompañados: 4 menores de un año, 5 niños entre 2 y 5 años, 13 niños hasta 11 años y el resto adolescente de 12 a 17 años. La mayoría eran varones. El mes en que se identificó más fue octubre. De estos 136 casos, el ICBF solo identificó a 66.

Jasec Moreno, coordinadora de Incidencia Política y Campañas Humanitarias de Save the Children, advierte la necesidad de hacer seguimiento al recorrido de estos menores de edad que se desplazan solos para tratar de garantizar sus derechos, sobre todo el de la reunificación familiar. Aunque un niño podría solicitar en los campamentos de la Cruz Roja y ACNUR estar con sus padres o abuelos, es difícil la ejecución de un protocolo de protección cuando los protagonistas no son conscientes de sus derechos. En eso han venido trabajando las organizaciones desde mediados de 2019.

“Han sido niños dejados atrás que se han encargado de sus hermanos menores. Incluso, a los 12 años ya están a cargo de los más pequeños y de sus primos”, comentó la vocera de Save the Children, que para este año elabora unas cartillas destinada a la población migrante, no para persuadirlos de emprender el viaje, sino para que sepan a lo que se enfrentan.

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Mapa del departamento colombiano de Arauca y los NNA no acompañados detectados.

Destino Sur

-Viajo con dos niños que no son mis hijos, uno de 3 y otro de 7 años. No tienen pasaporte.

-Si los niños no tienen pasaporte aplica el combo refugio. Este consta de traslado en vehículo particular hasta Pacaraima. Allí debe aguardar dos noches de hospedaje por el trámite del refugio de la frontera. Una vez cumplido ese paso, los trasladamos a Boa Vista donde pasarán otra noche mientras aguardan el vuelo hasta Foz de Iguazú (frontera con Argentina). De allí continúa el viaje en bus hasta Buenos Aires durante 20 horas.

- ¿Combo Refugio?

- Es un documento de identidad con foto que se tramita en la frontera con Brasil. Esto le permite al pasajero venezolano tomar vuelos dentro del territorio brasileño que viajan con niños que no poseen pasaportes, solo partida de nacimiento. Si viaja sin los padres, necesita un permiso emitidos por ellos, la Policía Federal no se complica si el documento no está apostillado, solo los ven. 

Esta fue una conversación telefónica con una agente de viajes que ofrecía alternativas para salir del Venezuela con niños que no tienen pasaportes.

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En las redes sociales se ofertan paquetes de viaje para trasladarse con NNA sin pasaporte y con permisos difíciles de verificar.

A principios de diciembre de 2019, la organización Human Rights Watch (HRW) emitió un informe sobre el estado de los derechos en la frontera entre Venezuela y Brasil arrojando un dato revelador: en seis meses de ese año contabilizaron 529 niñas y niños venezolanos no acompañados que se desplazaron hacia el estado brasileño de Roraima, según la Defensoría Pública Federal de Brasil.

Entre el 1 de mayo y el 21 de noviembre de 2019 los menores fueron detectados y entrevistados, casi el 90% de ellos tenían a la fecha entre 13 y 17 años. Cerca del 60% eran niñas, una cifra que incluye a las menores no acompañadas que llegaron al país con hombres con quienes mantienen una relación.

En el mismo período contabilizaron a 2.133 niños y niñas “separados” que viajaban con un familiar adulto que no es su tutor legal. El 43% llegó con su abuela, 19% con una tía y el resto con otros familiares, cita el informe. Nuevamente, cerca del 50% eran niñas. Aunque Armando.Info intentó contactar a voceros de Unicef, HRW y otras organizaciones de derechos humanos radicadas en Brasil para ampliar la información, a la fecha de la publicación no se obtuvo respuesta.

La ACNUR contestó sobre la situación de los menores de edad venezolanos que se desplazan a Brasil e indicó que desde julio de 2019, el Comité Nacional para los Refugiados (Conare) de Brasil aplicó “la definición ampliada de asilo recogida en la Declaración de Cartagena para analizar las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de ciudadanos venezolanos”, que contemplen la violación grave y generalizada de los derechos humanos.

La mayoría de las solicitudes reconocidas correspondían a mujeres, niños y niñas. Si se encuentra no acompañados o separados, les será asignado un tutor mientras realizan los trámites. Sobre aquellos menores de edad que viajan sin identificación, ACNUR advierte que “los menores de edad solicitantes de refugio tienen derecho a no ser investigados o multado por entrada irregular en territorio brasileño”.

Existe un protocolo provisional sobre las solicitudes de asilo de la niñez venezolana. “En Brasil nadie puede ver sus derechos restringidos por causa de ser menor de edad, ser mujer o por la orientación sexual ni por la religión”, comenta la vocera de ACNUR.

En el informe de Monitoreo del Flujo Migratorio Venezolano N° 2, emitido por la OIM en el 2018, se levantó la alerta de de “menores de edad (mayores de 15 años) sin acompañamiento de un adulto”. De las 3.785 personas entrevistadas 726 eran menores de edad, 27 de ellos se encontraban sin acompañamiento y 224 relataron que acompañaban niños y adolescentes que no eran sus hijos.

Sin vuelta a la patria

El programa de retorno al país ideado por las autoridades venezolanas y que llamaron “Vuelta a la Patria”, también incluía a NNA migrantes. Poco se conoce sobre el protocolo venezolano de repatriación en estos casos y la Cancillería venezolana se abstuvo de dar explicaciones para este reportaje.

Sin embargo, Felipe Cortés del ICBF explicó que en diciembre de 2018 se empezaron las conversaciones con Venezuela para ejecutar la repatriación de 44 niñas, niños y adolescentes no acompañados que se encontraban bajo resguardo de Colombia. La vía fue consular y también se estableció contacto con el Idenna.

“Desarrollamos un protocolo en conjunto con la Unicef: niño que manifestara su interés en irse, identificación del NNA, restablecimiento del contacto familiar, garantía del derecho de protección que la institución homóloga en Venezuela (Idenna) debía comprobar”, explicó.

Todo se paralizó tras el 23 de febrero de 2019, cuando Venezuela rompió relaciones consulares con Colombia en la pulseada política generada por la presidencia interina de Juan Guaidó, después de que el régimen de Nicolás Maduro acusara de “fascista” al gobierno colombiano y expulsara a los diplomáticos de ese país en 24 horas. Cualquier intento para que los menores regresaran a su país no llegó a concretarse y “hoy por hoy no existe ningún proceso de reunificación familiar que se haya dado con Venezuela”, indicó Cortés.

El proceso de reunificación familiar, establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) -suscrito por 194 países, entre ellos Venezuela- está expuesto en el artículo 10: “A los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva”.

Se han continuado con los intentos por atajar la situación de los infantes y adolescentes migrantes, incluso después de la asunción de Guaidó. El gobierno del presidente colombiano Iván Duque reconoció el mandato interino del venezolano -al igual que otros 50 países- y los nuevos representantes diplomáticos restablecieron los diálogos parciales sobre el tema, aunque sin mucho éxito para lograr los mecanismos de búsqueda y reunificación familiar.

De acuerdo con lo descrito por el vocero del ICBF, se concilió un equipo con los designados por Guaidó y se acordaron algunas rutas. Sobre este particular, las agencias de cooperación y organizaciones no gubernamentales han sumado esfuerzos para lograr el restablecimiento de derechos de los menores de edad migrantes venezolanos que se esparcen por la región.

Pero el tema escala sin condescendencia. En promedio 45.000 personas cruzan la frontera desde Venezuela todos los días, unos para quedarse en Colombia, otros para seguir. Van y vienen con morrales, cobijas y almohadas. Se amontonan sobre el Puente Internacional Simón Bolívar cada madrugada esperando cruzar el corredor donde los oficiales migratorios de Colombia observan y a discreción piden documentos. Unos llevan en las manos las hojas desgastadas y las Tarjetas de Migración Fronteriza (TMF).

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Son miles de rostros que se acompañan pero no tienen ninguna relación. Ese río humano es imperceptible para distinguir quién es quién. Cruzan niños en brazos, tapados hasta la cabeza y llevados en cochecitos. Algunos más grandes van arrastrados por la velocidad del adulto que los lleva. Los adolescentes parecen suficientemente mayores para cruzar solos y, al final, queda en manos del azar el destino de estos caminantes.

Alans Peralta es periodista venezolano y se fue a Colombia a trabajar. Allá ha desarrollado distintas actividades de ayuda a los migrantes venezolanos. Su iniciativa es la organización Caminante Tricolor y centraliza las donaciones a los albergues de la ruta humanitaria. Estima que el tope de caminantes venezolanos ha llegado a las 1.200 personas diarias.

En estos momentos, la migración venezolana no tiene comparación alguna en la región. Es el desplazamiento de personas vulnerables más rápido y numeroso del mundo, después de la crisis de Siria. Cada día el flujo migratorio aumenta y la acción gubernamental de los países del continente y de las agencias de cooperación es limitado a las proporciones.

Al cierre de 2019, Migración Colombia enciende la alarma cuando señala en sus estadísticas que casi el 50% de los venezolanos que ingresan al país son irregulares.

De la misma forma, el ICBF expone que 2.411 menores de edad venezolanos se encuentran bajo protección y responsabilidad del Estado colombiano. No todos estaban solos pero sí con alguna vulneración de derechos. De estos, el 65% está indocumentado. El ICBF distingue a 533 que están en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y 1.878 ingresaron al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) por motivo de maltrato. El 50% de los PARD se abren por violencia sexual y omisión o negligencia, niñez no acompañada, y trabajo infantil.

Nelson Villasmil, consejero de Derechos del Niño, Niña y Adolescente del municipio Sucre del estado Miranda, comentó que ha recibido casos de familiares interesados en conocer el proceso de repatriación de un menor de edad. “Les han pedido hasta 250 dólares por enviarle a su nieto que está en Perú”, le contó una señora que había recibido un mensaje de un policía local que había identificado al joven adolescente no acompañado.

Cada paso del camino

Daniel Pérez era el “representante” del grupo de seis jóvenes que decidieron salir de Venezuela. Es alto, delgado y moreno. Uno de sus antebrazos está tatuado y su cabello teñido de amarillo, al igual que un pequeño mostacho que se le asoma. Dice que tiene 21 años.

El destino era Barranquilla, o “un poco más allá”. Esta es la segunda vez que emprendía el viaje, al igual que una de sus acompañantes que trabajó en Medellín y Cúcuta, que tiene 19 años y a quien la asaltan los recuerdos de su bebé que murió. El resto, tres adolescentes de 17 años y uno de 16. Salieron por la noche del terminal de Valencia, estado Carabobo, en el centro norte de Venezuela.

Dos de ellos tienen familia en Barranquilla y Bogotá, pero no los esperan y ellos lo saben. Si llegan a sus casas, apenas esperan apoyo por unos días mientras encuentran trabajo. Todos asentaban cuando Daniel hablaba de lo difícil que es conseguir dinero “para ganarse la vida”. Si el silencio se prolongaba, él respondía.

“Nos vinimos con los pasajes. Conseguimos cinco dólares cada uno y pagamos 30 dólares por todos. Nos bajaron de una camioneta para montarnos en otra porque no teníamos el dinero completo”, dijo uno de ellos. Bajaron en el terminal de San Antonio del Táchira y allí empezaron su ruta de los caminantes. El mayor sabía por cuál trocha cruzar, había trabajado comprando y vendiendo productos en La Parada, un desorganizado y peligroso sector colombiano que se encuentra justo luego de pasar el Puente Internacional Simón Bolívar.

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En los albergues se hace necesario entregar identificación para los registros que permiten contabilizar las asistencias a migrantes. Es allí cuando se detectan a NNA no acompañados.

Todos acordaron que Daniel era quien hablaría cuando fuese necesario y se hizo indispensable en el momento en que le cobraron cinco mil pesos (1,5 dólares) a cada uno por dejarlos pasar la frontera. Él salía al paso cuando alguien se le acercaba a sus acompañantes femeninas.

El menor hablaba poco. En realidad aparentaba menos de los 16 años que dijo tener y, aunque aseguró que estudiaba, no precisó el nivel educativo. Acompañaba a su hermana de 17 que también estaba en ese grupo. Otra de las jóvenes, dejó de estudiar cuando salió embarazada a los 16 años, ahora su mamá cuida a su hijo de un año que quedó en Venezuela.

“Todos somos del mismo barrio, de La Florida”, dijo Daniel. Son vecinos de este sector que se encuentra en el sur oeste de la capital carabobeña y fue uno de los que recibió ayuda de la Cruz Roja cuando permitieron el ingreso humanitario, en 2018.

Viajaban con cédula, menos Daniel que solo tenía la copia. Una persona “que sabe meterse en esos sistemas” le gestionó a todos la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), documento que otorga el gobierno colombiano en línea para formalizar el ingreso de movilidad pendular. No recuerdan cuánto les costó el trámite ni haber entregado los requisitos exigidos.

Migración Colombia registra para septiembre de 2019, la entrega de 4.315.103 TMF y, en promedio, 32.000 entradas diarias de venezolanos con esta credencial.

-Nosotros viajamos para ayudar a nuestra familia. Cada uno somos la cabeza de cada familia-, comentó una de las jóvenes.

-Nosotros somos hermanos, salimos para ayudar a mi papá.

-Yo tengo una hermana. Esto es para ayudarla.

-¡Por mi hijo! Yo me regreso a Venezuela.

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Dicen que no piensan quedarse en Colombia, solo “conseguir un capital para trabajar por su cuenta” cuando regresen, así sea “viajando para Cúcuta por mercancía y luego vendiendo, como trabajan muchas personas”.

No saben qué harán cuando lleguen, pero se dejan convencer por las palabras de Daniel quien le contó su experiencia como “charlero” en el transporte público, vendiendo productos de manera ambulante. Eso fue lo que hizo la vez pasada.

La mayoría de los jóvenes del grupo había escuchado que debían cuidarse en la frontera, pero más temían a la xenofobia. Comenta Daniel que en los alrededores de Bucaramanga opera un grupo llamado “los hinchas”, que asaltan a los caminantes venezolanos con machetes, palos y cuchillos.

A principios de enero de 2020, dos adolescentes de 15 años del estado andino de Mérida fueron reportadas como desaparecidas. A los pocos días, enviaron un video desde Bogotá, en el que admitían que se habían ido “por voluntad propia”. La frontera más cercana del estado está a cuatro horas, Puerto Santander, y su cruce es menos transitado que el Puente Internacional Simón Bolívar y Ureña.

La vulnerabilidad de los menores venezolanos se hace cada vez más visible conforme aumenta la migración. En 2018 el descontrol fue tan visible y la migración venezolana hasta tal punto indetenible que el Tribunal Supremo de Justicia instaló una mesa técnica de trabajo continuo para “intercambiar información en cuanto a la forma en que son otorgados los permisos de viajes al exterior de niñas, niños y adolescentes, y así evitar irregularidades en este procedimiento”, según nota de prensa. Los niveles de control fueron más estrictos, igual que las formas de esquivarlos.

“Diariamente atendíamos entre 15 y 20 personas que solicitaron autorizaciones de viajes para NNA”, comentó Nelson Villasmil, consejero de derechos del NNA del municipio Sucre, del estado Miranda. A su juicio, el punto más álgido fue en el año 2016, sin embargo, el impacto regional de semejante movimiento poblacional no fue estimado ni vaticinado correctamente. Son cientos las historias de los caminantes, algunos niños y adolescentes que persiguen la ilusión del padre o de la madre que se fue. Otros siguen su camino.

Mientras tanto, activistas como Alans Peralta relatan sus recuerdos más impresionantes, como la historia de unos padres separados de sus hijos cuando hubo el cierre de frontera entre Ecuador y Colombia, “unos quedaron de un lado y otros, del otro” en el Puente Internacional de Rumichaca.

Este venezolano ahora residenciado en Cúcuta tampoco olvida a unas hermanas tachirenses de 5 y 7 años que cruzaron a Colombia junto a su madre, quien las “alquilaba” a un hombre mayor que las inducía en la mendicidad hasta que un día la madre no las buscó más. El hombre fue detenido y las niñas fueron atendidas por el ICBF. Meses después, la abuela hizo las gestiones con un cura para saber de ellas y poder reclamarlas, así llevarlas de regreso a casa.

En la ruta humanitaria supo de eventos desafortunados en que “olvidaban a uno de los niños o adolescentes en la vía” para poder correr detrás de un transporte público o camión de carga pesada que les ofrecía un aventón. A pesar de las tragedias, reconoce: “No hay duda que el Estado colombiano ha hecho un enorme esfuerzo por atender la situación”.

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Pequeño refugio para 20 personas en Pamplona. Fotógrafo: Mario Franco. Cortesía: Diario La Opinión de Cúcuta.

El esfuerzo siguiente, más allá de lo que ha hecho Colombia y Brasil para la atención de los menores no acompañados, apunta a que debe ser multilateral. La vocera de Acnur comentó que las acciones de la agencia están enfocadas en la identificación y respuesta temprana de NNA no acompañados, coordinado con las autoridades estatales para evitar mayor exposición a factores de riesgo.

“Se han asignado recursos y acciones concretas para la creación y el fortalecimiento de redes comunitarias de protección, compuestas de comunidad local y refugiados/migrantes de Venezuela, dirigidas a la prevención y protección de los niños y niñas no acompañados, y el fortalecimiento de los sistemas de protección de la niñez a nivel nacional y local”, expresó Sarrado.

Entre otras actividades, Acnur está trabajando en el terreno. Fortalece las rutas de referencias de casos para garantizar el principio de Interés Superior del NNA y facilita la integración local.

Su presencia es visible en algunos puntos de la frontera lo que busca limitar los posibles riesgos y la identificación de las personas que pueden requerir protección y servicios dedicados, como niños no acompañados y separados y mujeres embarazadas.

Por su parte, algunas iniciativas privadas que atienden el primer frente de atención humanitaria en la ruta de los caminantes, como el refugio Nueva Ilusión y los otros que conforman la red entre Los Patios y Tunja, han señalado que se está socializando la ruta que siguen para garantizar la mínima vulneración y máxima protección de los derechos, especialmente de NNA no acompañados.

Si tiene que hacerse alguna radiografía sobre cómo avanza la atención de estos menores que viajan solos, por ahora solo despuntan las dificultades que crecen al mismo tiempo que las políticas restrictivas de algunos gobiernos de la región. Estas dispersaron los escasos esfuerzos que se adelantaban mientras las acciones de los Estados siguen luciendo sido insuficientes para atajar el fenómeno, que a su vez y resulta sumamente costoso para las agencias de cooperación.

A finales de 2019, durante la reunión en Bogotá de los delegados de los 14 países que participan en el Proceso de Quito -iniciativa para evaluar los impactos de la migración venezolana-, Colombia presentó una propuesta para elaborar un Protocolo de Cooperación Regional para la protección de la niñez y adolescencia. Lo que busca es consolidar el compromiso de los Estados para articular acciones en pro de la atención de NNA. Ninguna de las representaciones existentes de Venezuela (ni la de Maduro ni la de Guaidó) aparecen firmando el documento.

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